Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión
an comenzado las ya anunciadas reformas sobre la desaparición de organismos autónomos, la reforma judicial y la reforma electoral.
En particular, la primera de ellas, la relativa a la desaparición de organismos autónomos, fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados para su posterior discusión en el pleno, con miras a ser enviada al Senado.
Entre los organismos a eliminar se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que hasta ahora ha operado de manera independiente de los poderes del gobierno.
Antes de su posible desaparición, es importante recordar que, durante muchos años, fue imposible conocer aspectos como el salario de diputados, senadores, ministros o del presidente de la República. De igual manera, resultaba ilusorio obtener información sobre los gastos de campañas o de las Secretarías de Estado.
Sin embargo, la transición de nuestro país hacia una vida democrática trajo consigo la necesidad de hacer accesible la información. Gracias al esfuerzo de académicos, intelectuales, periodistas y activistas, se impulsaron cambios que culminaron en la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002.
Así se estableció la estructura necesaria, con unidades de enlace, órganos internos de control y comités que conformaron el primer cuerpo del entonces IFAI, que con el tiempo se transformó en el INAI, ampliando su alcance.
Hoy, el INAI es esencial no solo para garantizar el acceso a la información del gobierno federal, sino también de los estados, municipios y un sinfín de organismos y entidades que reciben y ejercen recursos públicos.
La propuesta de transferir sus funciones a dependencias federales eliminaría su autonomía, lo cual representa un retroceso en términos de transparencia y rendición de cuentas, construidos con tanto esfuerzo por generaciones. Regresaríamos a los tiempos en los que la sociedad civil y los ciudadanos no podían dar seguimiento a las acciones del gobierno ni exigir cuentas.
Décadas atrás ya vivimos el error de concentrar el poder de la información en el Ejecutivo Federal. Quitar ese poder y entregarlo a los ciudadanos fue un avance de enormes proporciones.
Nuestro país necesita instituciones fuertes, independientes y comprometidas con el interés público. La eliminación de estos organismos pone en riesgo los avances logrados en la construcción de una nación más justa y mejor gobernada.
El INAI no es un instituto más; es un organismo que nos recuerda que la información es un bien público y que acceder a ella es un derecho que no debe ser condicionado por ningún gobierno. Es nuestra única arma, especialmente cuando el gobierno afirma tener “otros datos”.