Medir la violencia en tiempos del Mundial

Por Carolina Jasso, investigadora de Early Institute
Publicación original de Nexos

¿Qué muestran los registros sobre la violencia sexual y familiar? La evidencia internacional sugiere que los grandes eventos deportivos, como las copas mundiales de futbol, pueden exacerbar ciertas formas de violencia, en particular la violencia familiar y la sexual. El grueso de esa investigación corresponde a contextos anglosajones y el fenómeno carece de evaluación sistemática en América Latina. Este artículo examina si algo semejante ocurrió en México durante el Mundial de futbol de 2026, analizando tanto la tendencia general como la violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes.

Para ello se examinan las series mensuales de incidencia delictiva y de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero de 2015 y julio de 2026, las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los registros de lesiones de la Secretaría de Salud que consignan la fecha y la hora de ocurrencia.

En la literatura se sostienen dos hipótesis. La primera atribuye a estos eventos un aumento de la trata con fines de explotación sexual por la demanda del turismo, y las evaluaciones no la respaldan. Antes del Mundial de Alemania 2006 se anticipó el traslado de miles de personas, sobre todo mujeres, con ese fin; la evaluación posterior concluyó que la estimación carecía de sustento y que el incremento no ocurrió, en parte porque la trata exige logística e inversión previas que un evento breve difícilmente vuelve rentable. Investigaciones en otros contextos llegaron al mismo resultado. Ninguna de ellas niega el fenómeno y lo que descartan son los incrementos extraordinarios atribuidos a los eventos, no su ocurrencia.

La segunda, con mayor respaldo, asocia los partidos de futbol con incrementos de la violencia familiar. En la revisión sistemática de Kirsty Forsdike, publicada en Health Soc Care Community, diez de doce estudios encuentran asociación positiva. Los reportes de violencia de pareja aumentan entre 10% y 38% según el resultado del encuentro, desde una derrota inesperada del equipo local de futbol americano en Estados Unidos hasta 26% tras una victoria o un empate de la selección inglesa y 38% tras una derrota, y con datos horarios se ha observado que los casos disminuyen durante el partido y aumentan después, sobre todo los asociados al alcohol. Se trata, sin embargo, de eventos distintos entre sí en público, duración y carga emocional, y la propia revisión advierte que los resultados son mixtos.

El análisis abarca la serie mensual completa de cada delito, de modo que junio y julio de 2026 se comparan con once años de esa misma serie y no solo con el año previo. Desde enero de 2026 el SESNSP aplica la nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, y las series son comparables una vez agregadas conforme a su nota metodológica. Además, cada delito se cuenta en el mes de apertura de la carpeta, no en el de los hechos.[1] Dos condiciones limitan la lectura. La primera es el subregistro, pues la cifra oculta nacional alcanza 93.2 % de los delitos y supera 99 % en la violencia sexual contra las mujeres, de modo que los registros miden denuncias y no incidencia. La segunda es que algunas series estatales cambian de nivel antes del torneo, como en Nuevo León, donde las carpetas por violencia familiar superan a las de 2025 desde enero, por lo que la comparación parte del promedio de enero a mayo de 2026.

El procedimiento (análisis de series de tiempo) descompone cada serie en una tendencia de largo plazo, un patrón estacional que se repite cada año y un componente irregular, que recoge la variación excepcional. La serie nacional de violencia familiar (Figura 1) lo muestra, pues su estacionalidad es marcada, con máximos recurrentes entre marzo y julio, de manera que un aumento en los meses en los que se llevó a cabo el Mundial es esperable.

Figura 1. Carpetas de investigación por violencia familiar, nacional, enero de 2015 a julio de 2026

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a), reagregados conforme a SESNSP (2026b).

La pregunta es si el componente irregular de junio y julio de 2026 se aparta de lo que esa serie registró en los once años previos, y no lo hace. En los seis delitos examinados, incluidos aquellos cuyas víctimas son por definición niñas, niños y adolescentes, las desviaciones son menores a 0.6 (Figura 2 y Tabla 1).[2]

Figura 2. Desviación de junio y julio de 2026 respecto del patrón estacional de cada serie, nacional

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). Se muestran los cuatro delitos de mayor volumen. La banda interior corresponde a ±2 desviaciones estándar del componente irregular 2015–2025, el rango de variación normal de cada serie; la exterior, a ±4.

Varios delitos registraron más carpetas en junio y julio de 2026 que en 2025. La violencia familiar aumentó 8.1 % y la corrupción de menores 15.4 %. La pregunta relevante no es si subieron, sino si subieron más de lo que acostumbran, y eso mide la última columna de la tabla 1, que expresa cuánto se apartó cada mes del comportamiento propio de su serie una vez descontadas tendencia y estacionalidad. Un valor que rebasa dos desviaciones estándar se considera atípico.[3] Ninguna serie se acerca a ese umbral y la mayor desviación, en trata durante julio, llega a 0.55. Los aumentos existen, pero son los que estos delitos registran cada año en junio y julio.

Tabla 1. Carpetas de investigación en junio y julio, nacional, 2025 y 2026

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). La violación agrupa las modalidades simple y equiparada.

Otro elemento que apunta en la misma dirección es la ausencia de un patrón propio de las sedes. El incremento de violencia familiar fue mayor fuera de las entidades sede (+9.1 %) que en ellas (+4.9  %), y las tres se movieron en direcciones distintas, pues en la Ciudad de México las carpetas cayeron 24 %, en Jalisco subieron 11.2% y en Nuevo León 48.1 %. La comparación formal (un modelo de diferencias en diferencias) sigue mes a mes a los municipios de las tres zonas metropolitanas sede y a 198 municipios urbanos sin partidos. Si ser sede hubiera importado, ambos grupos se habrían separado en junio, y no lo hacen en ningún delito. El mismo ejercicio en 2023, 2024 y 2025 produce diferencias equivalentes.

Para descartar que el resultado se deba a la casualidad se aplicó una prueba de permutación, que simula lo que habría ocurrido sin el Mundial. El azar pudo generar aumentos de hasta 5.8 % en violencia familiar y de 15.3 % en abuso sexual, mientras que los documentados para eventos comparables, de entre 26 % y 38 %, son varias veces mayores y habrían resultado inconfundibles. En la trata la inferencia no es viable por el volumen, pues con quince carpetas en las entidades sede ningún incremento sería distinguible del azar, y la serie nacional se mantuvo estable, con 367 y 370 carpetas en enero-julio de 2025 y 2026.

En lo que respecta a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, el registro del RNID permite por primera vez desagregar por edad a nivel municipal y muestra su centralidad en estos delitos, pues la mitad de las víctimas de abuso sexual y cuatro de cada diez víctimas de violación tienen entre 0 y 17 años, y más de 80 % de ellas son niñas y adolescentes mujeres. En violencia sexual la desagregación por edad comienza apenas en 2026, así que se emplea como aproximación la violación equiparada, figura que cubre a niñas, niños y adolescentes víctimas y cuya serie llega a 2015.

Figura 3. Desviación de junio y julio de 2026 respecto del patrón estacional, indicadores de niñas, niños y adolescentes, nacional

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). Series de víctimas de 0 a 17 años, salvo violación equiparada, que corresponde a carpetas de investigación.

Ninguna de las cinco series se aparta de su patrón (Tabla 2 y Figura 3). La mayor desviación es de 0.45, en violación equiparada durante julio, frente a un ruido habitual de 10 % en esa serie. Los aumentos de junio y julio entre niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar y de violación, cercanos a 12 %, fueron similares dentro y fuera de las entidades sede. Lo que la serie larga sí revela es un crecimiento sostenido e independiente del Mundial, pues entre 2015 y 2026 las carpetas por violación equiparada aumentaron 204 % y las de corrupción de menores 110 %, de 823 a 1726.

Tabla 2. Niñas, niños y adolescentes en junio y julio, nacional, 2025 y 2026

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). La desagregación de víctimas por edad existe desde 2015 sólo para los delitos de los bienes jurídicos vida e integridad corporal, libertad personal, patrimonio y sociedad; para violencia familiar y los delitos sexuales comienza con el RNID en 2026, por lo que esas dos filas carecen de comparación con 2025 y se emplea la violación equiparada como aproximación a la violencia sexual contra personas menores de edad.

Con la información disponible a julio de 2026, los registros administrativos no muestran ningún incremento atribuible al Mundial en la violencia familiar, la violencia sexual, la corrupción de menores o la trata, ni en el agregado nacional, ni en las sedes, ni entre niñas, niños y adolescentes. El resultado es consistente con la evidencia internacional sobre trata. La de violencia familiar exige una escala más fina, pues el efecto se concentra en los días de partido. Los registros de lesiones de la Secretaría de Salud (2026) permiten esa prueba en junio, mes en el que su captura alcanza el nivel de 2025.[4] En los diez días con partido en sedes mexicanas las lesiones por violencia familiar quedaron 0.3 % por encima del resto del mes, con un intervalo de −7.3 % a +8.6 %, y los partidos de México en la Copa Oro de 2025 dan +5.2 %, tampoco significativo.

Donde la cifra oculta de la violencia sexual supera 99 %, la ausencia de señal debe leerse con la cautela que se exigiría ante un aumento. El seguimiento de estos delitos no debería depender de eventos de gran visibilidad. Mientras la discusión pública se concentró en veinticinco días, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes siguió creciendo, pues entre 2015 y 2026 las carpetas por violación equiparada se triplicaron y las víctimas de corrupción de menores se duplicaron. El hallazgo no es que no ocurra nada, sino que lo que ocurre es sostenido y ajeno al calendario deportivo, y que en más de ocho de cada diez casos de violencia sexual contra la infancia las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. Ése es el problema que la política de prevención tiene que atender.

[1] De los hechos ocurridos entre un 11 de junio y un 5 de julio, al cierre de julio se encuentra registrado 91% de la violencia familiar, 82 % del abuso sexual y 79 % de las violaciones. La estimación se apoya en las 13,205 carpetas de esos delitos cuyos hechos cayeron en esa ventana entre 2019 y 2023 en la Ciudad de México, única entidad que publica ambas fechas, de modo que constituye una aproximación.

[2] Como contraste se examinaron también el homicidio doloso, las lesiones dolosas y la extorsión, delitos ajenos a la hipótesis pero sensibles a cambios en la movilidad, en la actividad económica y en la práctica de registro. Sus desviaciones en junio y julio de 2026 van de −0.5 a +0.6, el mismo rango que los delitos examinados. Una alteración general del registro o de la propensión a denunciar durante el torneo se habría reflejado también en ellos.

[3] El umbral de dos desviaciones estándar corresponde a la convención habitual para señalar un valor atípico. Los procedimientos de detección automática en series estacionales ajustan el punto de corte a la longitud de la serie y, para 139 observaciones, lo sitúan cerca de cuatro desviaciones estándar.

[4] El subsistema de Lesiones y Causas de Violencia registra la atención por lesiones en unidades de la Secretaría de Salud y consigna la fecha y la hora en que ocurrió el hecho, no la de su registro, además de codificar la intencionalidad y el parentesco del agresor. Esas características lo convierten en la única fuente mexicana que permite contrastar una hipótesis formulada en días y en horas. El censo de egresos hospitalarios no lo permite, pues asienta la fecha de ingreso y capta únicamente los casos que derivan en internamiento, una fracción reducida y no representativa de la violencia familiar. La prueba se restringe a junio porque en ese mes la captura de 2026 alcanza entre 0.90 y 1.03 del volumen de 2025 y en julio desciende a 0.70. El modelo emplea el total diario de lesiones como denominador, de modo que el nivel de captura no sesga la estimación.

La ENAPI, entre avances y tropiezos

Por Cándido Pérez, investigador de Early Institute
Publicación original de El Sol de México

Hace casi cien años, John Dewey —renombrado filósofo estadounidense— abordaba lo que hoy conocemos como políticas públicas para hablar de “lo público y sus problemas”.

En donde lo público, que surge de las relaciones privadas, tiene consecuencias que afectan a terceros y, por lo tanto, se requiere de políticas para intervenir. Demanda la conformación de un Estado y del desarrollo de una ciudadanía democrática.

En el mismo tenor, Wayne Parsons afirmaba, muchos años después, que una de las razones por las que las políticas públicas han demostrado ser tan difíciles de comprender es que se refieren a la propiedad de todos y de nadie, pues así es la naturaleza de los problemas públicos.

Entendiendo dicha complejidad, durante decenas de años los Estados, a través de los gobiernos, han puesto en marcha innumerables mecanismos —políticas públicas—, mediante los cuales se pretende ya no solo resolver problemas sino impulsar el desarrollo social. Y si bien hemos facultado a los gobiernos a que hagan propias tales políticas, en países democráticos su construcción es propiedad de todos.

Los actuales planes, programas, estrategias y todo el accionar que establecemos como “público” son obras en las que en esencia todos tenemos parte, con independencia de que seamos una población directamente afectada o beneficiada.

Así como muchas otras políticas públicas, con esa idea se elaboró la recientemente publicada Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (2026-2030), la ENAPI, que según se expresa en la publicación oficial “se construye bajo los principios del humanismo mexicano, la igualdad sustantiva, la corresponsabilidad social…”. Para esto último integra una Comisión con la participación de entidades públicas, organizaciones sociales y organismos internacionales.

Para quienes trabajamos por el beneficio de la primera infancia esta política pública es el referente más claro de la apuesta que hace el gobierno federal por atender problemas graves, y a partir de las voces escuchadas trazar un camino y objetivos a alcanzar.

Este ejercicio colectivo dio frutos, entre otros, respecto a la priorización de la Ruta Integral de Atenciones —que marca la pauta de atenciones y servicios a los que deben acceder las niñas y niños, y que son implementados por la ENAPI—.

En la ENAPI se dedica parte importante al diagnóstico de la situación actual y al trazado de metas, con el apoyo de 15 indicadores (dentro de ellos tres indicadores de gestión y 12 sustantivos) que prometen medir, año con año, los avances a alcanzar. Esto también es un gran paso hacia adelante con respecto a la anterior ENAPI, pues por primera vez cada indicador viene acompañado de una ficha técnica que precisa lo que mide, el valor de línea base, la fuente de información, la fórmula para el cálculo, la meta para 2030, entre otros datos para el monitoreo. Hago este énfasis pues un sinfín de políticas públicas en nuestro país no están motivadas ni interesadas en trazar objetivos, metas y vías para su seguimiento. Muy por el contrario, procuran eliminar o dificultar toda posibilidad de escrutinio público.

Al replicar los cálculos con las bases de datos públicas que el propio documento cita, cuatro de los 12 indicadores sustantivos coinciden de forma exacta con lo publicado, mientras que otros seis quedan a menos de un punto y medio porcentual de diferencia. En este sentido, se puede confiar en tomar el dato y corroborarlo con la fuente pública, lo cual es plausible.

Sin embargo, la ENAPI también deja ver limitaciones serias. La manera en que fueron construidas las líneas base presenta deficiencias relevantes. Ocho de los 12 indicadores sustantivos agrupan varios años en una sola estimación y luego se expresa como una fotografía anual. Por ejemplo, se dice que el porcentaje de niñas y niños de uno a cinco años expuestos a disciplina violenta fue de 52.7 por ciento en 2021, 2022, 2023 y 2024. Lo mismo pasa con el dato de sobrepeso en niñas y niños menores de cinco años, que según el documento se estacionó en 7.7 por ciento cuatro años seguidos, al igual que la baja talla o desnutrición crónica, que se dice permaneció en 14 por ciento los mismos años. La línea base no es una cuestión menor, pues es el dato que sirve como punto inicial o de referencia para medir los cambios. En estos casos, claramente los datos no se estancaron, sino que se repitió un dato sin la debida precisión anual.

Por otro lado, se observaron indicadores como control prenatal y vacunación en los que no se declaran el numerador y denominador con los que fueron calculados, lo que imposibilita verificarlos. Inclusive cuando se intenta reproducir el dato de control prenatal con la fuente pública correspondiente, el resultado difiere del publicado.

Asimismo, a pesar de que la propia ENAPI dedica páginas completas a explicar que en diversas situaciones la desigualdad y los focos rojos se encuentran al observar la condición indígena, discapacidad, ámbito rural o sexo de las niñas y niños, la información en los indicadores pasa por alto el desglose correspondiente. Tampoco se establecen indicadores de seguimiento ni metas a alcanzar en problemáticas tan importantes como la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la atención del parto por personal capacitado y el peso al nacer, a pesar de que el propio documento reconoce como centrales.

A estas omisiones se suma el hecho de que las metas trazadas carecen de fundamento; son más bien líneas entre el dato de partida y una cifra estimada para 2030, sin razones en las que se base la progresión. En otros indicadores, como el de asistencia a educación inicial, la meta apenas se mueve, al pasar de 4 por ciento en 2026 a 4.5 por ciento en 2030, medio punto porcentual en todo el periodo. O como en el caso del indicador de vacunación donde la meta se estima en 90 por ciento en 2026, sin cambios en ninguno de los años siguientes.

Finalmente, la ENAPI nuevamente llega tarde; pareciera que ya nos hemos acostumbrado a que es una estrategia que no alcanza el sexenio, pues se publica casi dos años después de la entrada del actual gobierno federal y eso acorta sus posibilidades. Esta situación debería llamarnos a la acción en tanto cada uno de los temas que abarca la ENAPI nos concierne a todos, no solo porque la primera infancia se refiere a una etapa prioritaria, sino porque cada problema público y su posible solución nos pertenece a cada uno de nosotros.

La corresponsabilidad no termina con la elaboración de una política, sino que exige también la participación de la sociedad en su seguimiento y evaluación. Tenemos poco tiempo para confirmar si el rumbo es el correcto y si la ruta trazada nos lleva al destino deseado.

La protección de las infancias nos corresponde a todas y todos

Por Sandra Espinosa, abogada de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México

Actualmente se sabe que la niña, tras haberle cometido un aborto, se encuentra bajo el resguardo del DIF estatal, como parte de las medidas de protección determinadas para garantizar su seguridad, y que el agresor sexual está vinculado a proceso

A principios del mes de agosto conocimos el caso de una niña de 11 años, de Matamoros, Tamaulipas, a quien, tras recibir atención médica, se detectó que tenía cinco meses de embarazo.

Actualmente se sabe que la niña, tras haberle cometido un aborto, se encuentra bajo el resguardo del DIF estatal, como parte de las medidas de protección determinadas para garantizar su seguridad, y que el agresor sexual está vinculado a proceso.

Sobre este caso se han dado diversos testimonios; por un lado, la madre señaló en algún momento que había hombres que entraban a la casa cuando la niña estaba sola; por otro, algunos vecinos y familiares señalaban directamente a Sirenio Ruiz como el presunto violentador sexual. También hay versiones que dicen que él publicaba fotografías de ambos presentándola como una especie de pareja.

Y aunque algunos de los hechos de este caso aún están por ser reconfirmados por las autoridades, y solo hay una persona vinculada a proceso, debemos preguntarnos, ¿cómo es que una niña puede vivir una situación de violencia sexual hasta llegar a los cinco meses de embarazo? ¿Qué hicieron todas las personas adultas que formaban parte de su entorno?

Aclarando un punto: la responsabilidad por una agresión sexual es de la persona que ejerce la violencia, y las posibles omisiones en el entorno no disminuye la responsabilidad de quien la ejerció. Además, hasta el momento no se tiene conocimiento de que exista una investigación penal en contra de otras personas, además de la investigación contra Sirenio Ruiz.

Sin embargo, no debemos dejar de visibilizar que la red de protección falló; y esto no involucra solo a la madre o a las personas de su familia más cercanas, sino también a todas las personas que estaban a su alrededor, al Estado y a la sociedad en general.

El cuidado y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes nos corresponde a todas y todos, desde la posición en la que nos encontremos y sin importar qué tan cercanos a nosotros son. A esto se le llama corresponsabilidad, y es un principio rector en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Esta obligación corresponsable recae en la familia, al Estado y a la sociedad en general; así se señala en el artículo 6 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo que lo anterior no es solo una obligación moral, es también un mandato jurídico hacia todas las personas.

El artículo 12 de dicha ley establece que es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos o de alguna forma de violencia, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes.

También, el Código Nacional de Procedimientos Penales indica, en su artículo 222, que toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo.

Lo anterior nos obliga a mirar este caso más allá de la responsabilidad individual que pudieran tener las personas a su alrededor. Si una niña atraviesa una situación de violencia hasta llegar a un embarazo de cinco meses sin que su entorno lograra detectarla o detenerla, debemos analizar qué señales no fueron identificadas, qué alertas fueron normalizadas y qué oportunidades de prevención o intervención se perdieron.

Todas las personas, desde nuestra posición, tenemos un papel en la protección de niñas, niños y adolescentes. Para algunas personas, ese deber puede consistir en identificar una situación y comunicarla a las autoridades; para otras, en activar los mecanismos de protección, investigar, dar seguimiento o garantizar que una denuncia no quede sin respuesta. Como sociedad, implica dejar de normalizar la violencia, difundir información y conocer cuáles son nuestras obligaciones.

La prevención de la violencia sexual también significa asumir que la protección de niñas, niños y adolescentes nos corresponde a todas y todos.

Crianza positiva que niñas y niños merecen

Por Mary Carmen Reyes, área de Comunicación de Early Institute
Publicación original de El Sol de México

En cuestiones de crianza, cada familia adopta lo que le parezca más conveniente, pero ¿qué pasa cuando esas formas no son precisamente las más sanas? Si bien hoy se tiene más información sobre lo que implica la aplicación de ciertas maneras de educación, todavía hay que recalcar las desventajas cuando esas acciones se basan en métodos violentos e inseguros.

Es muy probable que se confunda la disciplina en términos de rudeza, cuando lo que se requiere es una orientación basada en el respeto y la ternura.

En este sentido, México tiene mucho qué modificar en tanto se registran altos porcentajes de niñas y niños que reciben tratos inadecuados que lo único que producen es bajo rendimiento escolar, afectaciones a la salud física y emocional y efectos nocivos a mediano y largo plazos.

Según el informe ¿Cómo vamos con la primera infancia?, editado por Early Institute, en 2025, la mitad de la población de niñas y niños menores de 5 años es educada con métodos de disciplina violenta. Dice el reporte: “Según datos de la Ensanut, en el periodo de 2021 a 2023, el porcentaje de niñas y niños de 1 a 4 años sometidos a algún método de disciplina vio­lenta pasó de 51.3% en 2021 a 50.4% en 2023”. Pese a la disminución, se está hablando de que la mitad de quienes registran estas edades fue violentada en aras de su educación.

Otro dato es sobre el cuidado inadecuado, que de acuerdo con el informe, esto se da cuando niñas y niños menores de 5 años son dejados solos(as) o al resguardo de otra persona menor a 10 años. “A nivel nacional, el porcentaje de esta población pasó del 8.1%, en 2022, a 9.2%, en 2023, lo cual implica un aumento del 13.6%”.

¿Qué significan estas cifras? Principalmente se visibiliza que las niñas y los niños en primera infancia, en México, están siendo tratados de manera no solo errónea, sino totalmente negligente.

Más allá del compromiso global que el país tiene con la Agenda 2030 para reducir significativamente todas las formas de violencia, tenemos una obligación con este grupo social. Nuestros cuidados deberían ser cariñosos, seguros y sensibles, en particular los que se dan en el hogar.

La crianza positiva debe ser un eje en todas las casas mexicanas; debe ser una forma de tratar a los más vulnerables para ayudar a que su desarrollo se dé en las mejores condiciones.

Esta manera de criar obedece a la evidencia recabada en los últimos tiempos sobre la importancia de generar entornos favorables que faciliten el crecimiento saludable de niñas y niños en sus primeros años de vida. Eso implica, según la Unicef, cuidar en un ambiente de respeto y sin violencia, pero sobre todo de manera sensible y cariñosa.

En Early Institute nos hemos enfocado a promover los cuidados y la crianza positiva desde un ángulo de corresponsabilidad, donde padres, madres, cuidadores, educadores y Estado tendrían que asumir su compromiso para proteger a las niñas y los niños. Ellas y ellos son prioridad y eso no se nos puede olvidar.

En el embarazo infantil y adolescente, la protección no puede depender de la edad

Por Sandra Espinosa Rizo, abogada del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México

Frente al embarazo de niñas y adolescentes, la pregunta no debería ser únicamente cómo atenderlas, sino qué ocurrió antes, qué derechos pudieron haber sido vulnerados y qué debe hacerse para garantizar su protección

El embarazo de niñas y adolescentes en México sigue siendo una de las expresiones más preocupantes de la violencia y la falta de protección de sus derechos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, tan solo en 2024 se registraron 92 mil 660 nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años y casi 8 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años.

Y para enfrentar esta realidad, es necesario reconocer que detrás de cada una de estas cifras hay niñas y adolescentes que enfrentan contextos de vulnerabilidad y distintas formas de violencia, entre ellas el abandono, las uniones forzadas, las relaciones de poder con personas adultas y otras agresiones sexuales.

La reforma tiene por objeto establecer expresamente que el embarazo en niñas menores de 14 años se considerará violencia sexual, por ser un indicio de ésta y, por tanto, debe investigarse con perspectiva de género y de infancia, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez y la protección integral de sus derechos.

Esta modificación representa un avance importante porque contribuye a romper con la normalización del embarazo en niñas y adolescentes. Lo anterior, ya que al incorporar expresamente esta situación en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece obligaciones concretas para que el Estado, en su papel de corresponsable para garantizar los derechos de niñas y adolescentes, active los mecanismos de protección correspondientes.

En esta tarea, instituciones como las de salud y de educación desempeñan un papel fundamental, pues con frecuencia son el primer contacto con niñas y adolescentes embarazadas. Así, es necesario complementar las leyes con protocolos claros que establezcan rutas de protección y coordinación con las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como autoridades especializadas en la protección de sus derechos.

Además, es importante señalar que esta reforma está incompleta, pues la propia legislación penal del estado de Oaxaca sanciona a las personas adultas por tener relaciones sexuales con personas menores de 18 años, tipificándolo como violación en el artículo 247 del Código Penal de Oaxaca.

A pesar de ello, esta reforma limita el reconocimiento expreso del embarazo como indicio de violencia sexual únicamente cuando se trata de niñas de hasta 13 años, dejando fuera a las adolescentes de 14, 15, 16 y 17 años, quienes también son personas menores de edad y tienen derecho a una protección reforzada.

Esta diferencia evidencia una falta de armonización normativa y, sobre todo, genera un riesgo en la actuación institucional. La respuesta del Estado no debería depender de si una adolescente tiene 13 o 15 años. Toda niña o adolescente menor de 18 años que esté embarazada o haya cursado un embarazo debería ser atendida bajo protocolos que permitan identificar posibles hechos de agresión sexual, valorar su contexto familiar y social, detectar otras formas de violencia y garantizar el acceso oportuno a medidas de protección.

Lo anterior no significa asumir de manera automática que todos los embarazos en adolescentes son consecuencia de un delito. Significa reconocer que, tratándose de personas menores de edad, el Estado tiene la obligación de investigar, al constituir un indicio de violencia sexual, y por lo tanto debe brindar una atención integral que coloque en el centro el interés superior de la niñez y la adolescencia.

Frente al embarazo de niñas y adolescentes, la pregunta no debería ser únicamente cómo atenderlas, sino qué ocurrió antes, qué derechos pudieron haber sido vulnerados y qué debe hacerse para garantizar su protección.

¿Qué hay detrás de la felicidad de la población mexicana?

Por: Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

El promedio de satisfacción con la vida actual de las personas fue de 8.62 (siendo 10 la escala mayor); el promedio del balance anímico, a nivel nacional, fue de 5.29, es decir, que se registran más emociones favorables que negativas; y sobre el sentido de propósito, 79.1% dijo sentir una misión en la vida.

En días pasados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025. De acuerdo con el organismo, esta encuesta es “una herramienta estadística de vanguardia diseñada para capturar la dimensión subjetiva de la realidad social en México”.

Antes de señalar los hallazgos, es importante detallar los conceptos que se utilizaron para definir las dimensiones que se tomaron en cuenta. Los rubros fueron: a) satisfacción con la vida (cómo se sienten las personas con su vida en un momento determinado); b) balance anímico (estado emocional que resulta de contrastar cinco estados de ánimo positivos y cinco negativos); y c) sentido de vida (sentido de propósito y significado de la vida).

La encuesta fue aplicada del 7 de julio al 29 de agosto de 2025, con una cobertura gráfica nacional; en total fueron 37 065 viviendas las que conformaron la muestra.

En cuanto a los resultados arrojados por la población de 18 años y más: el promedio de satisfacción con la vida actual de las personas fue de 8.62 (siendo 10 la escala mayor); el promedio del balance anímico, a nivel nacional, fue de 5.29, es decir, que se registran más emociones favorables que negativas; y sobre el sentido de propósito, 79.1% dijo sentir una misión en la vida.

Quizá las cifras pudieran tener mayor significado si se les compara con los datos de 2021, fecha en la que se levantó por primera vez la ENBIARE. En ese año, todavía inmersos en los desafíos de la pandemia, el promedio de satisfacción con la vida fue de 8.45; y el promedio de balance anímico se colocó en 5.07. En ese entonces no se midió el rubro del significado de la vida y aunque se incluyó el tema de salud mental no fue hasta esta edición cuando se ampliaron las preguntas en torno a dicho tópico.

Es cierto que la medición del bienestar es subjetiva, ya que lo que ocasiona gratificación a uno puedo no serlo para otro, pero hay elementos entre la población mexicana que podrían demostrar que en términos generales se experimenta una sensación optimista.

¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de las circunstancias económicas y sociales, hombres y mujeres mayores a los 18 años conservan un ánimo positivo. Entre otros factores influye en esta percepción el nivel de estudios, las prácticas en las que se ayuda al prójimo, las condiciones de salud, la interacción con familia y amigos, etcétera. Dice el Inegi: “El estado de salud físico y mental, las redes de apoyo, así como la convivencia de las personas de 18 años y más, se relacionan de forma directa con la satisfacción con la vida y el balance anímico”.

En conclusión, la lectura de estos resultados debe ser orientador, pero también cauteloso ya que la intención es dar evidencia que guíe la toma de decisiones para elevar la calidad de vida de la población mexicana buscando su bienestar integral.

En Early Institute apoyamos la generación de información que contribuye a la implementación de políticas públicas y subrayamos que la continuidad de este tipo de instrumentos es fundamental para perfeccionar no solo aspectos metodológicos, sino para evaluar con mayor precisión las inquietudes y lo que da calma a la ciudadanía.

Pantallas, redes sociales e inteligencia artificial: recomendaciones para un debate informado

Escrito por: Rafael Vincent MorfÍn Calvo, abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en  El Heraldo de México

Lo anterior coloca la mira en una situación que es tan fructífera como problemática, a saber, el uso que los menores dan a estos dispositivos para diversas actividades como el aprendizaje, la investigación, la interacción y la recreación

Durante las últimas semanas, la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha declarado durante su conferencia matutina su intención por abrir la puerta a un debate de gran relevancia para la agenda pública nacional: el uso de dispositivos electrónicos, redes sociales e inteligencia artificial (IA) por parte de niñas, niños y adolescentes.

Lo anterior coloca la mira en una situación que es tan fructífera como problemática, a saber, el uso que los menores dan a estos dispositivos para diversas actividades como el aprendizaje, la investigación, la interacción y la recreación, pero reconociendo también que en muchas ocasiones esto puede derivar en un uso excesivo y desmedido, sin cuidados parentales y en el cual se pueden enfrentar a situaciones de alto riesgo para ellos.

Bajo este tenor, hace sentido el analizar la problemática en aras de generar armonizaciones legislativas que garanticen un acceso seguro a los entornos digitales para niñas, niños y adolescentes, y que estos puedan convertir a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en aliados estratégicos para su desarrollo integral, y no en fuente de potenciales problemáticas para ellos.

No obstante, es importante que, al momento de iniciar las deliberaciones y el debate parlamentario, se tomen en consideración las diferentes perspectivas para asegurar el diseño de políticas públicas novedosas, vanguardistas y, sobre todo, que atiendan de manera integral las problemáticas que aquejan a niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, se presentan seis recomendaciones a considerar para el estudio de las futuras políticas públicas sobre las TIC:

En relación con el uso de dispositivos móviles, se recomienda lo siguiente:

En relación con el uso de redes sociales y plataformas digitales, se recomienda lo siguiente:

En relación con el uso de inteligencia artificial, se recomienda lo siguiente:

 

En conclusión, el abordaje de estas temáticas debe realizarse bajo una óptica integral que coloque a niñas, niños y adolescentes en el centro del debate, en el que no solo se legisle bajo un enfoque reactivo para la solución inmediata de problemáticas existentes, sino que sean políticas públicas preventivas, novedosas y con proyección de vigencia para el mediano y largo plazo.

Desde Early Institute, invitamos a que este debate se lleve a cabo con responsabilidad, tomando en consideración la evidencia vigente, observando las recomendaciones de organismos internacionales y la experiencia de otras naciones, en una prevalencia del interés superior de niñas, niños y adolescentes como sujetos merecedores de protección reforzada por parte del Estado mexicano.

Hay que regular las redes sociales en menores de edad

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

En México ya son varios los pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar mesas de análisis que pudieran orientar una posible regulación en esta materia.

Hoy la discusión sobre el uso de los dispositivos móviles y las plataformas digitales, en niñas, niños y jóvenes está siendo protagonista en distintos países. Por su importancia, en México ya son varios los pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar mesas de análisis que pudieran orientar una posible regulación en esta materia.

Si bien la tecnología es una herramienta de gran apoyo en distintas etapas de la vida humana, han surgido cuestionamientos sobre las ventajas y desventajas en la población de menor edad. En muchos de los casos se habla de una serie de efectos nocivos ya documentados en los últimos años que van desde riesgos en la salud mental y bienestar emocional hasta el desarrollo integral de la niñez y adolescencia.

En este sentido, la mandataria mexicana ha señalado tres áreas vinculadas con el tema: 1) el uso de pantallas; 2) las redes sociales y plataformas digitales; y 3) la inteligencia artificial. El principal objetivo sería establecer reglas para la protección de niñas, niños y adolescentes.

Actualmente, solo el estado de Querétaro, a través de su Congreso local y disposiciones en su Código penal, cuenta con un marco normativo que prohíbe el uso de redes sociales a la población menor de 14 años.

Lo que hizo la entidad con esta legislación fue ubicarse como el primer y único estado mexicano que cuenta con una regulación precisa enfocada en prevenir el acceso temprano a redes sociales, en tanto ni a nivel federal existen lineamientos de esta magnitud. Lo que sí hay son varias iniciativas en las Cámaras legislativas, pero siguen siendo poco atendidas.

Hay que decir que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay un registro preocupante en el uso problemático de las redes sociales, principalmente entre la población adolescente. Según la organización, más de 1 de cada 10 adolescentes (11%) mostró signos de comportamiento problemático en redes sociales, con dificultades para controlar su uso y consecuencias negativas, siendo las mujeres quienes presentan niveles más altos de uso problemático que los hombres (13% frente a 9%).

También la OMS ha dicho que más de un tercio (36%) de los jóvenes reportó tener contacto constante con amigos en línea, y las tasas más altas se registraron entre las adolescentes de 15 años (44 %).

La exposición en redes sociales abre también la puerta a problemas de otra índole como es ser víctima de alguna forma de violencia, lo cual es más probable sin la debida vigilancia ya sea en casa o escuela.

Simplemente en México, durante el año 2020, 24.4 % de los adolescentes de entre 12 y 17 años que utilizó internet fue víctima de ciberacoso, siendo las mujeres las más vulnerables a las agresiones (Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2020).

Abrir espacios para debatir sobre lo que más conviene a la niñez y adolescencia en nuestro país es un asunto relevante y más cuando se trata de los avances tecnológicos que pudieran no ser tan favorables para dichos grupos sociales.

En Early Institute apoyamos que se esté dando una apertura para discutir el tema y tomar acuerdos basados en evidencia, pero sobre todo, motivados por crear entornos seguros que permitan un adecuado uso del internet en beneficio de los más vulnerables.

Feliz Día del Padre, mucho festejo y cero cambios

Por Cándido Pérez, investigador de Early Institute 
Publicación original de El Sol de México

Cada año, el Día del Padre, se ha vuelto el momento idóneo para hablar de la licencia de paternidad. En medios de comunicación, espacios de debate y análisis e incluso en la conversación pública se describe su relevancia. Es el día en que se hacen comparativas internacionales y se muestra el rezago de nuestro país es esta política.

Alrededor del Día del Padre se publican innumerables artículos de divulgación y se presentan, ya por tradición, iniciativas de ley acompañadas de declaraciones y promesas de mejora. Y luego, como ha ocurrido durante más de una década, todo vuelve a la calma. El permiso -no licencia- sigue siendo un beneficio con alcances muy limitados.

Desde que en 2012 se incorporó a la Ley Federal del Trabajo el permiso de paternidad —que permite a los padres trabajadores gozar de cinco días laborales para el cuidado de un hijo o hija recién nacido o adoptado—, han pasado catorce años, decenas de iniciativas legislativas y cero reformas a nivel federal.

Lo que sí ha cambiado, y vale la pena reconocerlo, ha ocurrido a nivel estatal. Varios gobiernos han extendido este derecho para trabajadores del sector público: Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Puebla y Yucatán, entre otros, otorgan entre 10 y 15 días de permiso. Querétaro, Michoacán y Tamaulipas reconocen 20 días. Chiapas llega a 30. El Estado de México, Tlaxcala y Zacatecas amplían el período a 45 días, y Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo a 60. El caso más notable del país es Baja California Sur, donde los trabajadores del Estado tienen derecho a 90 días de licencia de paternidad pagada —la más larga registrada en el territorio nacional.

Estos avances estatales son significativos y son muestra que, a nivel federal, el Congreso a través de sus integrantes, no ha tomado el tema con la seriedad debida para extender ese piso mínimo a todos los trabajadores del país.

Por si fuera poco, muchos padres desconocen el derecho que tienen a un permiso de paternidad, y en otros tantos el permiso es negado o no se goza por miedo a repercusiones laborales. En aquellos “afortunados” que pueden hacer uso de él, la expectativa es aprovechar tanto como sea posible este muy corto periodo de tiempo para cuidados, acompañamiento e involucramiento paterno.

Estudios realizados en países con mayor trayectoria en políticas de licencias parentales demuestran que la duración del permiso tiene un impacto directo no solo en el vínculo afectivo entre padres e hijos, sino en indicadores de largo plazo: se reducen las tasas de violencia contra niñas y niños, mejora su desempeño académico, su salud, y su desarrollo físico y cognitivo. También hay efectos positivos sobre la autoestima infantil y sobre la redistribución de las tareas de cuidado al interior de los hogares.

Este último punto es especialmente relevante en México. Según datos del INEGI, en la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic) 2022, las mujeres son las principales cuidadoras (96.0 por ciento), en su mayoría son madres (86.3 por ciento) y abuelas (7.6 por ciento), que dedican un promedio de 14.6 horas a la semana a los cuidados directos de niños de 0 a 5 años, mientras que los hombres dedican solo seis horas.

Esa brecha es el resultado de años de políticas que no han incentivado la participación paterna ni cuestionado la provisión del cuidado como una responsabilidad exclusivamente femenina y, claramente, un permiso de cinco días es insuficiente para transformar esta situación.

Por eso resulta difícil no ser escéptico cuando el Día del Padre detona el tema con un renovado optimismo. Hemos visto iniciativas presentadas con mucho ímpetu por legisladores de distintos partidos —propuestas de ampliación que van desde 20 o 30 días hasta meses de permiso con goce de sueldo— que terminan en los archivos de las comisiones correspondientes o aprobadas en una cámara y olvidadas en la otra.

La transformación cultural que el país requiere se incentiva con el ejemplo en el espacio público. Con políticas que “tiren línea”, que den una muestra clara que el cuidado de niños y niñas es un lugar común a todos, es corresponsabilidad.

Una licencia de paternidad digna les dice a los padres que quieren estar presentes desde el primer día que el Estado los respalda, que la paternidad activa no es una aspiración, sino un derecho.

Hoy ya no es terreno de debate el impacto del involucramiento paterno en el desarrollo infantil. Los datos son consistentes y contundentes; cuando los padres participan activamente en la crianza desde los primeros meses, los beneficios para niñas y niños son duraderos. No hay razón técnica ni económica que justifique seguir postergando permisos parentales igualitarios, bien remunerados y financiados desde la seguridad social.

Este Día del Padre es una buena oportunidad para que el Congreso rompa con una tradición que no le hace honor a la fecha. Año tras año se prometen mejoras a la licencia de paternidad y año tras año se desvanecen. Si la voz de los padres no se ha escuchado aún, que no se ignore la de las niñas y los niños que los necesitan presentes.

La protección a la maternidad avanza con pasos firmes

Por: Valeria González Ruiz , directora de Vinculación e Incidencia en Early Institute
Publicación original en El Heraldo de México

Todavía a muchas mujeres les son exigidas pruebas de maternidad para poder ser contratadas o para continuar con su trabajo

A pesar de los enormes avances que hemos tenido en materia de derechos humanos, hoy las mujeres seguimos padeciendo de discriminación y violencia por el simple hecho de ser mujeres. Se nos penaliza socialmente por nuestro género, pero adicionalmente, se nos castiga por ser madres, por ser esposas y por cada hija o hijo que tenemos.
Todavía a muchas mujeres les son exigidas pruebas de maternidad para poder ser contratadas o para continuar con su trabajo. A otras tantas, les disminuyen el sueldo por estar embarazadas y a otras más les son asignadas tareas y trabajos más pesados que afectan el desarrollo de su bebé.
Se trata pues, de una forma de violencia que se ejerce sólo contra las mujeres, un problema estructural que atenta contra el bienestar de las trabajadoras, pero también de sus hijas e hijos. Las consecuencias no son solamente de carácter laboral, se ha demostrado que afectan de forma directa la salud y vida de sus hijas e hijos también. El estrés y las condiciones adversas sufridas en el trabajo durante el embarazo están asociadas a bajo peso al nacer, mayor reactividad al estrés, mayor riesgo de parto pretérmino y abortos espontáneos.
Es por eso que desde el año 2020, en Early Institute decidimos dejar de ser espectadores y lanzamos un programa decidido a visibilizar y erradicar todas las prácticas que vulneran la maternidad en México.
Nuestro enfoque ha sido integral, con énfasis especial en los dos espacios donde más se vulnera esta etapa: el laboral y el de la salud. Iniciamos con una investigación rigurosa sobre la discriminación laboral por embarazo: revisamos literatura científica internacional, recopilamos testimonios reales de mujeres mexicanas y analizamos a fondo el marco normativo vigente. Lo que encontramos es preocupante: el sistema jurídico actual, lejos de proteger, sigue propiciando que estas violaciones se repitan una y otra vez.
Gracias a ese diagnóstico profundo, pudimos diseñar propuestas concretas de incidencia en política pública. Desde entonces, hemos llevado nuestra investigación y recomendaciones a tomadoras y tomadores de decisión que realmente están comprometidos con un cambio estructural en el país.
Hoy tenemos buenas noticias que celebrar: tres entidades federativas -Sonora, Querétaro y, más recientemente, Tlaxcala- ya reformaron sus leyes para reconocer la discriminación laboral por embarazo como una forma específica de violencia que afecta únicamente a las mujeres y a sus hijas e hijos. Estas reformas no solo visibilizan el problema, sino que otorgan a las víctimas una protección reforzada y atención especializada: asesoría jurídica y atención médica.
Pero esto es solo el comienzo. Actualmente impulsamos estas mismas reformas en el Congreso de la Unión, así como en los congresos de Chihuahua, Estado de México, Puebla y otras entidades. No pararemos hasta que la maternidad deje de ser vulnerada y se convierta en un derecho plenamente garantizado.
Nuestro trabajo en Early Institute está diseñado para generar transformaciones profundas y sostenibles en el mediano y largo plazo, cambiando no solo las leyes, sino también las prácticas culturales y empresariales que siguen castigando la maternidad. Cada reforma, cada caso visibilizado y cada política pública que logremos incidir representa un paso hacia una sociedad más justa, donde las mujeres puedan ejercer su maternidad sin miedo a perder su empleo, su estabilidad o su salud.
Llamamos a todas las personas e instituciones comprometidas con la igualdad a unirse a esta causa. Porque una sociedad que cuida y protege a la maternidad es una sociedad justa, estable y próspera.