Seguramente la primera mujer que asumirá la presidencia de la República el mes próximo a estas alturas es plenamente consciente de que en México existen más de 67 millones de mujeres, de las cuales casi 40 millones son madres de familia.
Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso
En ocasiones escribir sobre cuestionamientos públicos resulta una tarea compleja, más aún cuando el contexto de la agenda del país se encuentra inserto en una vorágine de coyunturas y hechos sin precedentes. La cantidad de temas abiertos desde la arena pública cada vez es mayor, como también lo es la polarización propiciada sin el menor recato y prudencia por los actores políticos del momento.
Lo cierto es que 2024 será un año para digerir y que con el paso del tiempo habrá de recordarse por las verdaderas dimensiones y el calado de las decisiones políticas tomadas desde el poder político, que en cierta medida a muchos nos retrotraen a la fotografía de aquel México controlado por un partido hegemónico que únicamente dialogaba consigo mismo y que dábamos ya por superado.
Entre la reforma al Poder Judicial de la Federación, la desaparición de organismos constitucionales autónomos, las tensiones entre las relaciones bilaterales con Estados Unidos y Canadá –tomando como ariete de los desencuentros la captura de criminales– así como el restablecimiento de un régimen centralizado en la agenda personal del presidente saliente, se avizora una transición inédita que inevitablemente colocará todos los reflectores y expectativas en los hombros de la presidenta Sheinbaum a partir del 1 de octubre.
A pesar de la agenda impuesta por su partido y la figura predominante de su predecesor –cuyas narrativas hasta ahora ha asumido como propias–, la doctora Claudia Sheinbaum contará con una oportunidad única para forjarse un estilo personal de gobernar a partir desde luego de sus credenciales técnicas que resultan innegables, pero también desde una cualidad que no debe desvanecerse a razón de los factores que la llevaron al poder y de la efervescencia del cierre de este gobierno.
Me refiero a no perder de vista que se tratará de la primera mujer en asumir la titularidad del Ejecutivo Federal en México y a que dicho bono debe significar un golpe de timón en la forma y sensibilidad para ejercer el poder político en un país tan históricamente desigual con las mujeres, adolescentes y niñas.
Claudia Sheinbaum representa naturalmente esta oportunidad porque –si así lo decide– su gobierno tendrá todas las herramientas políticas, normativas e institucionales para articular una agenda de desarrollo social profunda y transversal a favor de las mujeres. Ello invariablemente traerá aparejado también beneficios directos e inmediatos para millones de familias y en especial para la atención prioritaria de los derechos de la primera infancia cuya protección reforzada hemos apuntalado aquí de manera reiterada.
Sería una agenda profunda y de impacto si el nuevo gobierno logra superar el discurso de sus propios datos para, en su lugar, con el rigor científico de la información sustentada en evidencia, trazar planes sectoriales de nueva generación –con el apoyo de las nuevas tecnologías y sistemas de información– que permitan atender, orientar el gasto y medir el avance en temas cruciales para las mujeres y sus familias, como es el caso de la salud, nutrición, prevención de violencia e igualdad laboral.
Sería transversal si, del mismo modo, el gobierno federal capitaliza las inmejorables condiciones de cooperación federal que tendrá en sus manos para armonizar las políticas públicas con al menos 24 gobiernos estatales afines. Este escenario, más que un factor para la crítica política, representará para muchos analistas del federalismo mexicano una extraordinaria veta de oportunidad a la que habrá darse seguimiento con especial interés durante el próximo sexenio. Como nunca las condiciones estarán puestas para que la coordinación intergubernamental se ejecute de forma eficiente sin pretextos ni cortapisas.
Seguramente la primera mujer que asumirá la presidencia de la República el mes próximo a estas alturas es plenamente consciente de que en México existen más de 67 millones de mujeres, de las cuales casi 40 millones son madres de familia. Esta cifra, si bien genérica, abraza un dato de enorme significancia para el país, el cual no exige mayor interpretación técnica y que por sí mismo debería dar pie a la priorización de fuertes intervenciones de su gobierno para el beneficio de esta importante base social.
La reflexión es muy clara. México es un país mayoritariamente compuesto por mujeres que son madres, muchas de ellas sostén de familia y que viven en condiciones de vulnerabilidad al tiempo que representan el sustento para sus hogares y se esfuerzan por sacar adelante con dignidad a sus hijas e hijos.
Para ponerlo en lo cotidiano, un tema clave del tipo de impactos que podrían generarse si esta agenda es atendida y entendida de raíz por el gobierno entrante sería por ejemplo la atención de la salud materna. Hoy día, la salud de las madres, especialmente durante el embarazo, el parto y el postparto, es determinante para el bienestar de millones de niñas y niños durante la gestación y en edades tempranas.
Garantizar el acceso universal y gratuito a servicios de salud de calidad para todas las mujeres en edad reproductiva, con especial énfasis en mujeres embarazadas, particularmente en áreas rurales y comunidades marginadas, representaría una acción estratégica para el gobierno de Claudia Sheinbaum, a mi juicio sería el “programa de programas sociales” ahora que este tipo de forma de gobernar resulta tan rentable.
En este eje, por ejemplo, la prevención y atención de factores como la alta mortalidad materna en México –cuya razón anual hoy ronda en 34.55 muertes por cada 100 mil nacidos vivos– implicaría realizar mejoras sustanciales a los esquemas de atención prenatal, obstétrica y postnatal, pues la mortalidad materna está vinculada a factores prevenibles como hemorragias, hipertensión gestacional y sepsis, además de intervenciones estructurales en niveles de desigualdad socioeconómica, la falta de atención a emergencias obstétricas, la insuficiencia de infraestructura médica o la disparidad entre zonas urbanas y rural.
Si se realiza con orden y visión de Estado, la atención integral, sin ideologías y no fragmentada de temas como éstos, definitivamente representarían un cambio de paradigma hasta lo ahora realizado por cualquier gobierno federal del que se tenga registro.
Durante el mes de julio, en las rondas de presentación de su gabinete, una declaración de la presidenta electa me despertó la expectativa de que dicho escenario no sólo es factible, sino que es importante para la legitimidad de una mandataria y no resulta un disparate el proponerlo e idealizarlo desde estas líneas a pesar de la bruma que sugiere el encono político actual.
Es por ello que vale la pena citarla textualmente: "Históricamente quienes hemos hecho el trabajo del hogar, quienes hemos cuidado a los hijos, somos las mujeres. Ahora hay una visión que se llama el sistema de cuidados, en la idea de que el Estado también ayude a esos cuidados para que la mujer pueda salir a trabajar y que haya guarderías o centros de educación inicial, para que las mujeres podamos dejar a los hijos en un lugar bien cuidados y tengamos nuestra autonomía económica."
Que así sea. Por el bien de México tan castigado por la demagogia.
