Voces infantiles silenciadas

Por: Adrián Zentella, Investigador de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

El inicio de todo nuevo sexenio representa una oportunidad importante para abordar temas pendientes y deudas sociales, y en México, probablemente, no hay deuda histórica más importante que la pendiente con las víctimas de la violencia.

En la reciente presentación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024), funcionarios del INEGI expusieron que, alrededor de 93% de los delitos cometidos 2023 no se denunciaron o la autoridad o no se inició una carpeta de investigación para procesarlos, dejándolos impunes. Los mismos funcionarios destacaron que, a pesar de los diversos esfuerzos realizados, las cifras relacionadas con la impunidad prácticamente no han cambiado en los últimos 10 años.

Bajo este contexto, uno de los temas más preocupantes es la alta impunidad que aún persiste cuando hablamos de delitos sexuales. De acuerdo con esta misma encuesta, la cifra de delitos no denunciados corresponde a 83.8% en el caso de violación y a 96.8% en el caso de hostigamiento o intimidación sexual.

De todos estos casos impunes, quizá no existen más impactantes que aquellos cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Según la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas, en México unas 600 mil personas son víctimas de delitos sexuales cada año. De todas ellas, 4 de cada 10 son menores de edad. Pero ¿qué podemos hacer?, si el problema es tan grave, ¿porque las víctimas no denuncian?

Al respecto la ENVIPE también ofrece algunas respuestas. Al consultar con las personas, por qué no denuncian los delitos de los que son víctimas, 6 de cada 10 mencionaron alguna razón relacionada con una mala percepción de las autoridades o los procesos de justicia. El 34.4% de la población que no denunció un delito del que fue víctima cree que denunciar es una pérdida de tiempo, el 12.7% no confía en las autoridades, el 9.8% considera que los trámites son muy largos o complicados, el 3% percibe una actitud hostil de las autoridades al momento de denunciar y un 1% es extorsionado cuando intenta hacerlo.

Para empeorar el panorama y tal vez confirmado las razones para no denunciar, la OCDE ha estimado que en México solo el 1% de los casos de abuso sexual infantil reciben sentencia. Ante esto, nos preguntamos ¿Cómo arreglar un sistema tan roto?, ¿cómo hacer que las víctimas hablen? ¿cómo pagar la deuda que se tiene con NNA víctimas de violencia sexual?

En primer lugar, es fundamental garantizar, en la práctica, el principio de mínima intervención y la no revictimización de NNA en procesos de acceso a la justicia, asegurando la participación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en todos los casos que involucren a un menor, así como la implementación del testimonio único cuando un NNA sea víctima o testigo en proceso de justicia. En el mismo sentido, también se debe fomentar la grabación de testimonios de menores en las primeras etapas de procesos judiciales para verificar su credibilidad, así como la adopción de herramientas para la obtención estos testimonios como ANTENAS, títeres digitales que permiten construir testimonios confiables sin revictimizar a los menores.

Además, también es necesario replantear la forma en la que el sistema de justicia interactúa con los NNA. Por ejemplo, algunos jueces no utilizan las recomendaciones de los protocolos especializados para juicios que involucran el testimonio de NNA, como el Protocolo para Juzgar con perspectiva de Infancia y Adolescencia, descartando sus testimonios por no ser creíbles, sin considerar si estos se generaron siguiendo los procedimientos adecuados, invalidando la voz de los menores y revictimizándolos. Para evitar esto, es necesario hacer obligatorio el uso de protocolos, convirtiéndolos en reglamentos que los jueces deban seguir en todos los casos que involucren, por ejemplo, el presunto abuso de un menor.

Acabar con la impunidad sólo será posible cuando las víctimas tengan una voz. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el desafío de reconstruir los sistemas de protección y justicia de la primera infancia, cambiando la forma en cómo estos interactúan con los niños, niñas y adolescentes, a fin de mejorar su acceso a la justicia y acabar con la impunidad. Y nosotros como hermanos, maestros, padres y cuidadores, tenemos la obligación de exigir que esta protección sea efectiva.