Derecho a la educación, supeditado a la violencia

En riesgo, el reemplazo generacional
24 septiembre, 2024

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Culiacán, como muchas otras ciudades en México, se encuentra en el centro de una crisis de seguridad que afecta no solo a la población adulta, sino también a los más vulnerables: niñas y niños. En los últimos días, la violencia entre grupos criminales ha escalado a tal grado que cientos de escuelas, desde nivel básico hasta superior, han tenido que suspender clases.

En cualquier sociedad democrática, garantizar la seguridad es un requisito fundamental para el funcionamiento pleno de sus actividades cotidianas. Sin embargo, los hechos recientes en Culiacán han demostrado que este principio, una vez más, está en entredicho.

La paralización de las escuelas es solo uno de los muchos indicadores del profundo temor que se ha apoderado de la población. A pesar de los operativos policiales y la intervención de las fuerzas federales, los resultados han sido insuficientes. Los bloqueos, enfrentamientos y ejecuciones no cesan.

Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto que esta crisis tiene en la educación de niñas y niños. Aunque la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa ha promovido el regreso a clases presenciales, la realidad es que muchos padres simplemente no están dispuestos a exponer a sus hijos mientras continúe el conflicto.

La puesta en marcha del operativo llamado Proximidad en Centros Escolares, en el que participan la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal, con rondines alrededor de las escuelas para proteger a los estudiantes, es solo un paliativo ante la situación.

El miedo a salir a las calles no solo ha afectado la asistencia a las escuelas, sino también el desarrollo de otras actividades esenciales, como las laborales, deportivas y culturales.

En definitiva, la crisis de seguridad en Culiacán deja en evidencia que la violencia en nuestro país condiciona el acceso no solo al derecho de vivir en paz, sino también a otros tan fundamentales como el derecho a la educación.

Los esfuerzos policiales y militares son importantes, pero sin una estrategia integral y una colaboración efectiva entre los diferentes actores, será difícil recuperar la tranquilidad. Mientras tanto, los estudiantes de Culiacán seguirán enfrentando una educación intermitente y limitada.

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