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Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en: El Sol de México 

Hace 3 años, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicó el Diagnóstico sobre los Derechos de la Infancia y Adolescencia en México, documento que además de brindar un panorama sociodemográfico sobre cómo viven las niñas y niños mexicanos desde la primera infancia, la etapa escolar y la adolescencia, dio a conocer una serie de recomendaciones para avanzar en la protección efectiva de sus derechos.

Una de las conclusiones del diagnóstico enfatizaba la necesidad de mejorar el acceso y calidad de los servicios que afectan especialmente a los niños de los hogares más pobres y marginados del país en políticas como salud, alimentación, educación y prevención de la violencia.

Si bien la recomendación de UNICEF admite amplísimos márgenes de acción, es evidente que la prestación de servicios sociales de calidad hacia la infancia y adolescencia devela – en el fondo – que es imperativo fortalecer la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, al tiempo que asegurar la dotación de recursos suficientes para emprender políticas públicas de alto nivel, especialmente en los estados y municipios.

Sería ingenuo pensar que por el simple hecho de estar previstos en la ley, los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, funcionan por arte de magia y de manera automática. En la práctica se ha comprobado que su puesta en marcha requiere poco más que la voluntad legislativa y la participación de los colectivos sociales.

La realidad es que a 7 años de haberse creado los mecanismos de protección previstos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes estatales, su funcionamiento y efectividad ha sido precario e intermitente; en algunas regiones del país prácticamente es nulo.

Revertir esta situación no solo es tarea de la federación y las políticas centrales. Creemos, existe un actor clave que puede ser factor determinante para superar esta especie de “inacción pública” que se observa en la protección integral de la infancia mexicana. Nos referimos a los gobernadores de los estados.

El gobernador de cualquier entidad federativa es una pieza clave en el engranaje del sistema político nacional como responsable de los intereses generales de los estados y de la población en las localidades; posee el carácter de mandatario del mismo y funge también como un líder de gestión y dirección de asuntos de diversa índole que se hacen valer ante la Federación, los municipios, congresos y otras instituciones o personas jurídicas públicas o privadas.

Además de sus funciones esencialmente políticas, en la práctica los gobernadores cuentan con atribuciones suficientes para articular e imprimir dinamismo entre su gabinete y demás actores sociales involucrados en los sistemas de coordinación locales, como es el caso de los sistemas y procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes.

De los gobernadores depende, en buena medida, que dichos espacios dejen de ser meras figuras decorativas o burocracias adicionales, para convertirse en auténticas mesas de trabajo con el impulso presupuestal suficiente desde las cuales se diseñen, implementen y evalúen las políticas orientadas a la protección de la infancia.

En pocas semanas, 15 entidades de la república habrán de elegir precisamente a sus nuevos gobernadores, casi la mitad del gobierno territorial del país. Con ello se abre una nueva oportunidad de replantear las prioridades y la configuración de las agendas públicas.

Quienes estamos convencidos de que 40 millones de niñas, niños y adolescentes representan la mejor inversión para México, habremos de depositar en esta nueva generación de ejecutivos estatales un voto de confianza, pero al mismo tiempo, un margen de fiscalización ciudadana a su acción de gobierno si esta agenda no es atendida.

Son tiempos en donde se requiere volver a lo esencial y las nuevas generaciones nos necesitan, quizá, más que nunca.

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