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Atender las prioridades

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en El Financiero

Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, se aprobó en Argentina la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, el pasado 30 de diciembre de 2020. Es sorprendente que viviendo la contingencia sanitaria más devastadora de los últimos tiempos no sólo por sus implicaciones de salud, sino por los efectos en la economía, el descontrol social, la desesperación de muchos sectores por sobrevivir, etcétera, el hecho fuera abordado y, además, fuera motivo de celebración.

El aborto es y siempre ha sido una práctica que no resuelve los problemas de fondo. Es una amenaza a la salud de las madres gestantes y significa la terminación de una vida. ¿Cómo puede eso festejarse? Sucedió en Argentina, pero también en nuestro país, en donde actores de la vida política se unieron a la celebración, cuando su atención debe estar puesta en otros rubros más apremiantes.

En las últimas semanas la despenalización en Argentina ha sido colocada en la discusión nacional, exigiendo que el tema sea retomado dentro de la agenda pública como una supuesta prioridad también para el caso mexicano. Pero las urgencias son otras.

México hoy carece de un sistema de salud robusto que haga frente no sólo a lo derivado por la pandemia, sino a otras situaciones que demanda la población, como el tratamiento del cáncer en niños. Es indignante que se coloque sobre la mesa el tema cuando existen, en realidad, otras necesidades con un peso mayor. Más lamentable es que se busque que el aborto sea considerado como un derecho de primera atención, cuando los requerimientos básicos de salubridad están muy lejos de ser cubiertos.

El asunto no es menor, en tanto al menos hay 12 iniciativas que se discuten hoy en el Congreso de la Unión para despenalizar el aborto, impulsadas por partidos como Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.

Estos partidos incluyeron en su agenda legislativa 2020-2021 la promoción de iniciativas a favor del aborto, mismas que no han prosperado y sigue pendiente su dictaminación.

Incluso, el 7 de enero de 2021 la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que se discutan en el siguiente periodo las iniciativas referentes al aborto.

Hay que recordar que el próximo periodo legislativo será del primero de febrero al 30 de abril de 2021, y se seguirá efectuando bajo el panorama del Covid-19. En ese sentido, los asuntos que deberían ser privilegiados son los relativos a la garantía de servicios adecuados de salud, el impulso de la economía, la mejora en la calidad de la educación, la cobertura alimentaria, el combate a la corrupción, la seguridad, entre otros, que son las herramientas con las que México podrá salir adelante de los estragos que está dejando la pandemia.

Por todo esto, en Early Institute hacemos un llamado a dirigir nuestro esfuerzo y trabajo al bienestar colectivo, principalmente, al cuidado y protección de las familias mexicanas, que están siendo afectadas profundamente por las condiciones de confinamiento y la crisis sanitaria.

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Más notas

Ir más allá de la limitación de celulares en las escuelas
Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero A dos semanas de entrar en vigor el Acuerdo educativo, el camino apenas empieza y habrá que estar atentos a su primera evaluación, en seis meses.

No hay duda de que estamos frente a retos que no teníamos previstos con los avances tecnológicos. Hoy uno de los fenómenos con mayores repercusiones es el uso de celulares y dispositivos móviles, cuyo alcance dio pie a que niñas, niños y adolescentes comenzaran a emplearlos con pocas reglas.

La situación es que se está demostrando que el uso prematuro o inadecuado de estos aparatos lejos de beneficiar a esta población perjudica su desarrollo, e incluso facilita que sea víctima de algún delito.

La preocupación surgió a nivel mundial y el gobierno de México también ha decidido actuar con instrumentos que ayuden a mitigar los efectos negativos en este sector. Por ello, hace unas semanas entró en vigor un Acuerdo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió para restringir el uso de los celulares en los horarios escolares, como una forma de protección y salvaguarda de los estudiantes.

Si bien la medida tiene su lado positivo, el Acuerdo se queda corto. Para empezar organismos como México Evalúa prevén que su implementación no será tan inmediata por la forma en que está organizada, ya que hay ciertas condiciones según el nivel educativo que se está refiriendo. En el caso del nivel básico se permitirá el uso de los dispositivos siempre y cuando obedezcan a un objetivo escolar. Si no hay razón de ser, el celular debe quedarse en casa. Pero para el nivel medio superior se habla de que los celulares podrán resguardarse en un sitio donde el plantel lo permita.

Estas primeras líneas organizativas propician confusiones y poca contundencia en las medidas que se quieren instaurar. Entre los asuntos que faltarían es una protección integral y, sobre todo, una enseñanza en el uso apropiado de los dispositivos, pero no sólo dirigido a niñas, niños y adolescentes, sino a toda la comunidad.

México Evalúa habla de una Alfabetización digital, entendida como “reglas de uso y de materiales pedagógicos que desarrollen habilidades digitales desde edades tempranas y en el personal docente. […] debe incluir de manera explícita a madres y padres, con materiales y canales”. Sin este componente, la restricción quizá será acatada, pero sin el sustento para convertirse en un cuidado real.

A dos semanas de entrar en vigor el Acuerdo educativo, el camino apenas empieza y habrá que estar atentos a su primera evaluación, que está prevista en seis meses. En ella se reflejará cómo se adaptó la comunidad escolar y los puntos de mejora.

En Early Institute coincidimos que una medida de restricción no es suficiente sin una educación digital, en la que esté involucrada toda la sociedad. Reconocemos los esfuerzos en los que distintos órdenes del gobierno buscan atender este tipo de problemática, pero de igual manera hay que señalar que esta línea tecnológica es una de las tantas que se necesita vigilar para procurar la seguridad integral de los más vulnerables. Vayamos más allá de la limitación de celulares y abordemos con mayor profundidad las amenazas a las que están expuestos niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

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Hacia la armonización de los códigos penales frente a la violencia sexual infantil
Por Sandra Espinosa, Abogada de Asuntos públicos

Publicación original en El Heraldo de México

Esto significa que, en México, el 39.9% de todas las víctimas de delitos de carácter sexual son niñas, niños o adolescentes; es decir, cuatro de cada 10 víctimas

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una problemática estructural que afecta de manera grave sus derechos y bienestar. Durante el primer semestre de 2026, diariamente se iniciaron, en promedio, 97 carpetas de investigación por hechos en los que una persona menor de 18 años fue víctima de violencia sexual.

Esto significa que, en México, el 39.9% de todas las víctimas de delitos de carácter sexual son niñas, niños o adolescentes; es decir, cuatro de cada 10 víctimas. Lo anterior, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Estas cifras deben indignarnos como sociedad. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, una de las poblaciones que enfrenta mayores condiciones de vulnerabilidad y que requiere de una protección reforzada, bajo el principio de corresponsabilidad.

Por esta razón, desde Early Institute, a través del programa Alumbra, trabajamos para fortalecer el marco legal y las políticas públicas en materia de prevención, atención y sanción de la violencia sexual contra la niñez y adolescencia en México.

Así, hemos desarrollado una investigación en la que identificamos y analizamos los delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes contenidos en los códigos penales del país. A partir de un análisis minucioso de los códigos penales de las 32 entidades federativas y del Código Penal Federal, en Alumbra presentamos una radiografía de la situación normativa, la cual nos permite reconocer tanto los aciertos como las problemáticas en la tipificación de estos delitos.

En México, existen más de 50 delitos distintos relacionados con la violencia sexual contra la niñez y adolescencia. Sin embargo, las conductas que pueden sancionarse y la forma de hacerlo varían según el código penal de cada entidad federativa, lo que genera disparidades entre los estados: mientras que en Colima se tipifican 18 delitos de violencia sexual, en Querétaro y Guerrero se establecen siete en cada uno.

Podría pensarse que cuantos más delitos existan, mayor será la protección. No obstante, se muestra que la multiplicidad de tipos penales que no están armonizados tiene diversas consecuencias para las víctimas, incluyendo: 1) que ciertas conductas no se investiguen o sancionen de la misma manera en todo el país; 2) se favorezcan interpretaciones subjetivas; 3) se establezcan delitos sin perspectiva de niñez, y; 4)  exista dificultad para medir y conocer la magnitud real de esta violencia.

Además, a través de esta investigación, hemos identificado que una misma conducta se sanciona mediante delitos distintos y con penas diferentes en cada estado. Un ejemplo claro: ¿sabías que, si una persona adulta mantiene una relación sexual con una persona adolescente de 14 años, el delito y la sanción puede ser distinta dependiendo de la entidad federativa en la que ocurra?

Si esta conducta ocurre en Chiapas, el delito se denomina pederastia, y se sanciona con hasta 30 años de prisión. En Aguascalientes, se consideraría violación equiparada, con una pena máxima de 22 años. Mientras tanto, en Guanajuato, el delito sería estupro, siempre y cuando haya mediado seducción o engaño, y la pena máxima sería de seis años de prisión.

Estas disparidades se deben a que cada entidad federativa, a través de su Congreso, determina el contenido y alcance de sus códigos penales. Sin embargo, la consecuencia más grave recae en las víctimas, quienes están sujetas a la jurisdicción de la entidad en la que se encuentran y, por tanto, al marco normativo que determina el nivel de acceso a la justicia que pueden alcanzar.

Desde Alumbra ponemos esta información a disposición de las personas tomadoras de decisiones, especialmente de los congresos locales, con el objetivo de avanzar progresivamente hacia la mejora y armonización de los códigos penales del país. De esta manera, buscamos contribuir a eliminar una de las primeras barreras que enfrentan las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual para acceder a la justicia.

Te invitamos a visitar nuestra página web, alumbramx.org, que ofrece información actualizada, datos, herramientas de prevención, análisis y recomendaciones de políticas públicas, todo presentado de forma accesible y gratuita para promover acciones que contribuyan a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes.

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Reclutamiento forzado en niñas, niños y adolescentes: un grave pendiente en México
Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero México carece de una estrategia articulada para frenar el reclutamiento de menores por grupos delictivos, mientras miles de niñas, niños y adolescentes están en riesgo

Hoy México es un escenario amenazante para niñas, niños y adolescentes por diferentes problemáticas. Una de ellas es la captación de este grupo vulnerable por las células delictivas, que han encontrado en este sector el semillero idóneo en la comisión de delitos.

Las cifras son de verdad alarmantes: la organización civil Tejiendo Redes Infancia estima que entre 35,000 a 45,000 personas menores de edad son reclutadas de manera forzada cada año; por su parte la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) estima que son entre 145,000 y 250,000 las niñas, los niños y los adolescentes en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos.

La situación es insostenible y hoy ni siquiera el reclutamiento forzado se considera delito federal, pues apenas el 20 de octubre de este año, el Congreso mexicano aprobó incorporarlo a la Ley General en materia de Trata de Personas. La minuta pasó al Senado y está en comisiones para su análisis y posible aprobación. Si bien algunas entidades federativas ya han legislado en este tema, como Hidalgo y Aguascalientes, hay otros estados como Tamaulipas, Ciudad de México y Michoacán en donde sus iniciativas están en curso. Esto significa que las acciones para combatir este delito no están articuladas ni avanzan al mismo tiempo, mientras miles de familias sufren los estragos de tener una hija o un hijo en manos de criminales.

Una muestra más del retraso del combate a este triste fenómeno es lo que dice el Informe sobre Trata de Personas 2026 del Departamento de Estado de EU, el cual señala que México no concluyó el plan nacional 2025-2030 para prevenir el reclutamiento de menores. Sin duda estas omisiones traen profundas repercusiones ya que no se está protegiendo a una parte vulnerable de la población mexicana.

La misma REDIM, que agrupa a cerca de 80 organizaciones civiles, ha documentado el fenómeno en su Balance 2025 junto con el Observatorio Nacional Ciudadano y entre sus hallazgos destacó la presencia de causas estructurales que propician que las personas menores de edad sean víctimas de la delincuencia. Se habla de aspectos como pobreza, violencia, abandono escolar y ruptura del tejido social los que crean ese terreno fértil para que el crimen ofrezca pertenencia, dinero e identidad.

El reto no es fácil, pero tenemos que actuar y para ello, desde Early Institute nos unimos a las organizaciones que han levantado la voz para exigir la tipificación del delito a nivel federal; creación de entornos seguros; garantías para la permanencia escolar, y campañas eficientes de prevención, por mencionar algunas recomendaciones.

Por otro lado, es indispensable un registro oficial que dé claridad sobre la magnitud del problema, ya que las cifras son estimaciones de la sociedad civil. Sabemos que lograr esto amerita cooperación y voluntad.

La protección de niñas, niños y adolescentes en un contexto tan adverso como el nuestro, nos obliga a redoblar esfuerzos y a asumir responsabilidades no sólo gubernamentales sino en los entornos familiares, educativos y sociales. Por años, la evasión del tema lo único que ha dejado es la oportunidad para la delincuencia organizada de fortalecerse a costa del sufrimiento de los menos favorecidos y es momento de hacer frente a este grave pendiente.

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