Por: Valeria González, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
En días recientes hemos visto amenazadas varias instituciones y programas que tienen por objeto garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) es uno de ellos.
En 2015 se formalizó la creación del SIPINNA, por mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de coordinar las acciones del gobierno y vigilar que todas las políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes se cumplan. Este Sistema representa una estrategia prometedora, que opera en muchos otros países como por ejemplo Ecuador, El Salvador y Uruguay. Surge como respuesta a la necesidad de que exista un responsable cuyas facultades sean transversales para poder -eficazmente- coordinar las acciones de todos los sectores y órdenes gubernamentales.
Desaparecerlo no es una opción, no olvidemos que antes de su creación -en 2006- el Comité de los Derechos del Niño manifestaba su preocupación porque las leyes no se aplicaban correctamente debido a la complejidad de la estructura federal de México y urgía a tomar medidas para su aplicación efectiva.
Mandar sus facultades a una institución enfocada en la asistencia social tampoco es una opción. Lo cierto es que, aunque el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el SIPINNA centran sus esfuerzos en proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, sus objetivos, funcionamiento y -sobre todo- sus atribuciones no son los mismos. Independientemente del presupuesto destinado, la decisión sobre el futuro de estos dos Sistemas debe estar enfocada prioritariamente en garantizar el bienestar y sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes en México.
El SIPINNA es perfectible, tiene muchos aspectos que se pueden mejorar, pero eliminarlo y “enviar” sus facultades a una institución que no tiene la capacidad ni atribuciones para implementarlas sería un grave error y mandaría un mensaje equivocado de que nuestra infancia no es prioridad en la agenda pública.
No olvidemos que, además, al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, México asumió el compromiso de crear las condiciones jurídicas, institucionales, sociales y económicas para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en ella.
Más que nunca debemos de asegurarnos que existan todas las vías y mecanismos necesarios para proteger a las niñas, niños y adolescentes en México; país donde cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio según datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Es necesario que sumemos esfuerzos para garantizar el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, no disminuirlos, solo así mejoraremos como sociedad y país. Recordemos que la infancia es el futuro de nuestro país, la forma en la que la protegemos nos define.
