Cándido Pérez, investigador de Early Institute, habla sobre los factores que pueden derivar en muertes maternas. La entrevista fue en el programa de Con Ortega a las 10 a cargo de la periodista Sofía Villalobos.
https://x.com/ElFinanciero_Mx/status/2087770097163325790?s=20
México tiene una gran deuda con las mujeres embarazadas y sus hijos e hijas por nacer, ya que la atención a su salud está siendo deficiente. El informe, editado por Early Institute, Atención a la salud materno-infantil y a las emergencias obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio en México, da cuenta de diversos retos que presenta el sistema de salud en este tema y que ponen en riesgo la vida de miles de mujeres, niñas y niños.
Según el documento, 19% de los egresos hospitalarios en México corresponde a este tipo de situaciones y tan solo en 2023 murieron 4,871 personas (mujeres y bebés) por una inadecuada atención en este sentido.
La investigación señala que nuestro país tiene un sistema de salubridad fragmentado y con déficit graves en infraestructura y en personal, pese a que desde 2009 existe un Convenio nacional que busca garantizar la atención integral a toda mujer que presente una emergencia, durante su embarazo, sin importar si está o no afiliada a un esquema de salud.
También se identificó que en 2023 había solo 469 unidades médicas adscritas a ese Convenio, cuando deberían existir 1,311, según estándares de la Organización Mundial de Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Esto significa un déficit de 842 unidades. Entre las principales causas de muerte materna se ubican: hemorragias posparto, preeclampsia y eclampsia; y en el caso neonatal, sepsis y prematuridad. Todos estos padecimientos son prevenibles, de ahí la relevancia por abordar esta problemática.
Sin duda, el Convenio es un avance sustancial y de suma valía, sin embargo, su aplicación es limitada. Cada estado de la República Mexicana posee sus propios criterios de atención y esta falta de homologación perjudica las metas trazadas. No obstante, hay casos que rescata el informe como el de Guanajuato, donde se tiene registro de buenos resultados debido a varios factores. Entre ellos se habla de que hay una infraestructura organizada y ubicada estratégicamente por regiones; existe una comunicación eficaz entre instituciones; se implementan protocolos de atención con equipos de respuesta inmediata; hay capacitación continua y una permanente vigilancia y monitoreo. La combinación de todos estos elementos genera que la atención antes, durante y después del embarazo sea óptima y se reduzcan los riesgos.
En Early Institute proponemos una serie de recomendaciones para hacer que las emergencias obstétricas sean asistidas en beneficio de la población que resulta afectada. Primero hay que convertir el Convenio en una red nacional obligatoria; actualizar el catálogo de emergencias obstétricas que son atendidas a través de este instrumento, porque hoy excluye al 35.5% de las causas que deberían estar cubiertas; ampliar y capacitar al personal médico en todos los niveles de atención y mirar casos como el de Guanajuato que pueden ser buenos referentes. Hoy ya no es posible la pérdida de vidas ante situaciones que son totalmente prevenibles y al tratarse de un embarazo los esfuerzos se deben redoblar. No olvidemos que el derecho a la salud materno-infantil está reconocido en el marco jurídico mexicano e internacional y es obligación del Estado proveer y facilitar su acceso, eliminando cualquier desigualdad y aplicando lo mejor posible los recursos con los que hasta ahora se cuenta.
En días pasados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025. De acuerdo con el organismo, esta encuesta es “una herramienta estadística de vanguardia diseñada para capturar la dimensión subjetiva de la realidad social en México”.
Antes de señalar los hallazgos, es importante detallar los conceptos que se utilizaron para definir las dimensiones que se tomaron en cuenta. Los rubros fueron: a) satisfacción con la vida (cómo se sienten las personas con su vida en un momento determinado); b) balance anímico (estado emocional que resulta de contrastar cinco estados de ánimo positivos y cinco negativos); y c) sentido de vida (sentido de propósito y significado de la vida).
La encuesta fue aplicada del 7 de julio al 29 de agosto de 2025, con una cobertura gráfica nacional; en total fueron 37 065 viviendas las que conformaron la muestra.
En cuanto a los resultados arrojados por la población de 18 años y más: el promedio de satisfacción con la vida actual de las personas fue de 8.62 (siendo 10 la escala mayor); el promedio del balance anímico, a nivel nacional, fue de 5.29, es decir, que se registran más emociones favorables que negativas; y sobre el sentido de propósito, 79.1% dijo sentir una misión en la vida.
Quizá las cifras pudieran tener mayor significado si se les compara con los datos de 2021, fecha en la que se levantó por primera vez la ENBIARE. En ese año, todavía inmersos en los desafíos de la pandemia, el promedio de satisfacción con la vida fue de 8.45; y el promedio de balance anímico se colocó en 5.07. En ese entonces no se midió el rubro del significado de la vida y aunque se incluyó el tema de salud mental no fue hasta esta edición cuando se ampliaron las preguntas en torno a dicho tópico.
Es cierto que la medición del bienestar es subjetiva, ya que lo que ocasiona gratificación a uno puedo no serlo para otro, pero hay elementos entre la población mexicana que podrían demostrar que en términos generales se experimenta una sensación optimista.
¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de las circunstancias económicas y sociales, hombres y mujeres mayores a los 18 años conservan un ánimo positivo. Entre otros factores influye en esta percepción el nivel de estudios, las prácticas en las que se ayuda al prójimo, las condiciones de salud, la interacción con familia y amigos, etcétera. Dice el Inegi: “El estado de salud físico y mental, las redes de apoyo, así como la convivencia de las personas de 18 años y más, se relacionan de forma directa con la satisfacción con la vida y el balance anímico”.
En conclusión, la lectura de estos resultados debe ser orientador, pero también cauteloso ya que la intención es dar evidencia que guíe la toma de decisiones para elevar la calidad de vida de la población mexicana buscando su bienestar integral.
En Early Institute apoyamos la generación de información que contribuye a la implementación de políticas públicas y subrayamos que la continuidad de este tipo de instrumentos es fundamental para perfeccionar no solo aspectos metodológicos, sino para evaluar con mayor precisión las inquietudes y lo que da calma a la ciudadanía.
Durante las últimas semanas, la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha declarado durante su conferencia matutina su intención por abrir la puerta a un debate de gran relevancia para la agenda pública nacional: el uso de dispositivos electrónicos, redes sociales e inteligencia artificial (IA) por parte de niñas, niños y adolescentes.
Lo anterior coloca la mira en una situación que es tan fructífera como problemática, a saber, el uso que los menores dan a estos dispositivos para diversas actividades como el aprendizaje, la investigación, la interacción y la recreación, pero reconociendo también que en muchas ocasiones esto puede derivar en un uso excesivo y desmedido, sin cuidados parentales y en el cual se pueden enfrentar a situaciones de alto riesgo para ellos.
Bajo este tenor, hace sentido el analizar la problemática en aras de generar armonizaciones legislativas que garanticen un acceso seguro a los entornos digitales para niñas, niños y adolescentes, y que estos puedan convertir a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en aliados estratégicos para su desarrollo integral, y no en fuente de potenciales problemáticas para ellos.
No obstante, es importante que, al momento de iniciar las deliberaciones y el debate parlamentario, se tomen en consideración las diferentes perspectivas para asegurar el diseño de políticas públicas novedosas, vanguardistas y, sobre todo, que atiendan de manera integral las problemáticas que aquejan a niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, se presentan seis recomendaciones a considerar para el estudio de las futuras políticas públicas sobre las TIC:
En relación con el uso de dispositivos móviles, se recomienda lo siguiente:
En relación con el uso de redes sociales y plataformas digitales, se recomienda lo siguiente:
En relación con el uso de inteligencia artificial, se recomienda lo siguiente:
En conclusión, el abordaje de estas temáticas debe realizarse bajo una óptica integral que coloque a niñas, niños y adolescentes en el centro del debate, en el que no solo se legisle bajo un enfoque reactivo para la solución inmediata de problemáticas existentes, sino que sean políticas públicas preventivas, novedosas y con proyección de vigencia para el mediano y largo plazo.
Desde Early Institute, invitamos a que este debate se lleve a cabo con responsabilidad, tomando en consideración la evidencia vigente, observando las recomendaciones de organismos internacionales y la experiencia de otras naciones, en una prevalencia del interés superior de niñas, niños y adolescentes como sujetos merecedores de protección reforzada por parte del Estado mexicano.
Hoy la discusión sobre el uso de los dispositivos móviles y las plataformas digitales, en niñas, niños y jóvenes está siendo protagonista en distintos países. Por su importancia, en México ya son varios los pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar mesas de análisis que pudieran orientar una posible regulación en esta materia.
Si bien la tecnología es una herramienta de gran apoyo en distintas etapas de la vida humana, han surgido cuestionamientos sobre las ventajas y desventajas en la población de menor edad. En muchos de los casos se habla de una serie de efectos nocivos ya documentados en los últimos años que van desde riesgos en la salud mental y bienestar emocional hasta el desarrollo integral de la niñez y adolescencia.
En este sentido, la mandataria mexicana ha señalado tres áreas vinculadas con el tema: 1) el uso de pantallas; 2) las redes sociales y plataformas digitales; y 3) la inteligencia artificial. El principal objetivo sería establecer reglas para la protección de niñas, niños y adolescentes.
Actualmente, solo el estado de Querétaro, a través de su Congreso local y disposiciones en su Código penal, cuenta con un marco normativo que prohíbe el uso de redes sociales a la población menor de 14 años.
Lo que hizo la entidad con esta legislación fue ubicarse como el primer y único estado mexicano que cuenta con una regulación precisa enfocada en prevenir el acceso temprano a redes sociales, en tanto ni a nivel federal existen lineamientos de esta magnitud. Lo que sí hay son varias iniciativas en las Cámaras legislativas, pero siguen siendo poco atendidas.
Hay que decir que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay un registro preocupante en el uso problemático de las redes sociales, principalmente entre la población adolescente. Según la organización, más de 1 de cada 10 adolescentes (11%) mostró signos de comportamiento problemático en redes sociales, con dificultades para controlar su uso y consecuencias negativas, siendo las mujeres quienes presentan niveles más altos de uso problemático que los hombres (13% frente a 9%).
También la OMS ha dicho que más de un tercio (36%) de los jóvenes reportó tener contacto constante con amigos en línea, y las tasas más altas se registraron entre las adolescentes de 15 años (44 %).
La exposición en redes sociales abre también la puerta a problemas de otra índole como es ser víctima de alguna forma de violencia, lo cual es más probable sin la debida vigilancia ya sea en casa o escuela.
Simplemente en México, durante el año 2020, 24.4 % de los adolescentes de entre 12 y 17 años que utilizó internet fue víctima de ciberacoso, siendo las mujeres las más vulnerables a las agresiones (Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2020).
Abrir espacios para debatir sobre lo que más conviene a la niñez y adolescencia en nuestro país es un asunto relevante y más cuando se trata de los avances tecnológicos que pudieran no ser tan favorables para dichos grupos sociales.
En Early Institute apoyamos que se esté dando una apertura para discutir el tema y tomar acuerdos basados en evidencia, pero sobre todo, motivados por crear entornos seguros que permitan un adecuado uso del internet en beneficio de los más vulnerables.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue publicada en febrero de 2007 para establecer mecanismos para prevenir y atender las formas de violencia que enfrentan las mujeres y que históricamente han sido normalizadas e invisibilizadas.
No obstante, a casi 20 años de su publicación, aún persisten múltiples formas de violencia que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres y que continúan siendo minimizadas e incluso desconocidas. Una de ellas es la discriminación que enfrentan durante el embarazo o el ejercicio de la maternidad, especialmente en el ámbito laboral.
Durante el mes de mayo, gracias al trabajo de Early Institute los congresos locales de Tlaxcala y Querétaro aprobaron reformas legislativas que tienen por objetivo visibilizar, prevenir y atender la discriminación que viven las mujeres con motivo del embarazo o la maternidad.
De acuerdo con el informe de Early Institute “La discriminación laboral por embarazo”, esta forma de violencia genera mayores niveles de estrés, emociones negativas e incluso depresión durante el embarazo y posparto. Además, puede afectar a su hija o hijo, al asociarse con riesgos como parto pretérmino, bajo peso al nacer y mayor sensibilidad al estrés.
Además, enfatiza que esta forma de violencia no implica únicamente el despido de una mujer por estar embarazada; también puede manifestarse mediante la solicitud de pruebas de embarazo, la negación de ascensos, la reducción de salarios, modificaciones arbitrarias de horarios, negación de permisos para ir al sanitario o para sentarse, o incluso el asignar actividades que ponen en riesgo su bienestar. En ocasiones estas conductas están tan normalizadas que pasan desapercibidas, lo que dificulta su denuncia y atención.
Las reformas aprobadas en Tlaxcala y Querétaro constituyen un paso relevante para nombrar y visibilizar la importancia social del embarazo y la protección reforzada que requiere la primera infancia. Sin embargo, aún hay mucho por hacer.
Por un lado, es necesario que estas reformas se traduzcan en acciones de política pública efectivas y accesibles para todas las mujeres; además, se requiere seguir fomentando una cultura en los ámbitos laborales que promuevan que la maternidad no es un obstáculo para la productividad ni tampoco una carga que le corresponde solo a las mujeres. Cuidar de la maternidad es una tarea de corresponsabilidad, entre el Estado, la sociedad, el ámbito privado y las familias.
Asimismo, estos avances no deben quedar en esfuerzos aislados o limitados a estas entidades federativas. Desde Early Institute, esperamos que el ejemplo de Tlaxcala y Querétaro sirva para que se extienda a más estados o incluso se consolide como una política de alcance nacional.
Garantizar que ninguna mujer sea discriminada por estar embarazada o ejercer su maternidad no constituye un privilegio o una concesión, sino una condición que es indispensable para construir una sociedad justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas.
La sociedad mexicana se encuentra hoy en día ante una problemática que crece día con día y que, de continuar con su tendencia actual, supondrá un panorama negativo para toda la población; el 2034 podría ser el año en que la población mayor de 60 años supere a la población menor de 12 años.
La ralentización en el crecimiento demográfico del país se vive hoy como una realidad vigente y como un potencial riesgo hacia el futuro, pues los datos nos demuestran que nos encontramos ante una tendencia sostenida de menos nacimientos de mexicanos que hace medio siglo.
De acuerdo con el recientemente publicado Programa Nacional de Población 2026-2030, se da cuenta de que de 2018 a 2023, el porcentaje de mujeres sin hijos y sin deseo de tenerlos aumentó de 31.3% a 50.1%, lo que representa una señal de que la decisión de formar una familia está siendo influida por circunstancias y/o problemáticas políticas, económicas, laborales y sociales, que hacen más complejo asumir la maternidad como una ruta de vida.
Una desaceleración en el crecimiento poblacional puede obedecer a diversos factores, uno de ellos, un manejo deficiente en las políticas públicas de fomento y apoyo a la maternidad y a la figura familiar, así como de protección a la primera infancia, en donde no se toma en consideración las potenciales consecuencias de descuidar el balance de reemplazo poblacional necesario para mantener condiciones sociales sanas para cualquier nación.
Esta desaceleración tiene múltiples y significativas consecuencias para una sociedad; por ejemplo, en el mediano y largo plazo, a menores nacimientos, corresponde una menor inclusión de personas al mercado laboral, lo cual, a su vez, cuenta con múltiples consecuencias relacionadas con diversos ámbitos.
Indudablemente, la mayor carga de presión se generaría sobre el sistema de pensiones y los servicios de salud, donde la población laboralmente activa funciona como pilar para financiar las prestaciones de quienes ya se retiraron y satisfacer las necesidades básicas en materia de seguridad social de la población en lo general.
Así mismo, un escenario que ya hemos comenzado a vivir hoy en día es una crisis en el sector educativo, pues escuelas tanto públicas como privadas han denunciado una reducción sostenida del alumnado a lo largo de los niveles de educación básica, media superior y superior.
En ese sentido, es preocupante que, ante este panorama, aún no contemos con estrategias integrales de atención y prevención de la desaceleración en el crecimiento poblacional.
Resulta urgente reconocer y visibilizar esta problemática, así como tomar medidas desde los diversos niveles y organismos del Estado para contrarrestar sus efectos nocivos y, de esta manera, prevenir problemáticas sociales y estructurales futuras que puedan aquejar a la población.
Desde Early Institute, invitamos a personas tomadoras de decisiones para invertir en planes, políticas y programas que se centren en brindar una protección reforzada a la maternidad desde los ámbitos laboral, de salud, educativo, de seguridad y de crecimiento económico. Esto contribuirá a que más mujeres puedan considerar la maternidad como un proyecto de vida compatible con sus aspiraciones personales y profesionales.
Así mismo, consideramos que invertir en la primera infancia, infancia y adolescencia, es fundamental para favorecer la formación y consolidación de nuevas familias como un pilar fundamental de la sociedad. Fomentar la existencia de mejores condiciones para niñas, niños y adolescentes desde los ámbitos educativo, de salud y laborales, también quitaría un punto de presión sobre quienes desean ser padres y madres, mismos que sabrán que pueden confiar en los servicios estatales como coadyuvantes activos en su desarrollo familiar.
Por lo anterior, insistimos en que la protección de la primera infancia y el núcleo familiar representa el camino hacia un mejor futuro como nación, e instamos a que las personas tomadoras de decisiones vean en la infancia un recurso humano fundamental, de gran necesidad y valor para la sociedad mexicana y como un tópico en el cual vale la pena invertir.
Hace unos días, la sociedad mexicana se indignó con un caso muy lamentable en el que un menor de tres años perdió la vida de manera trágica.
Me refiero a lo sucedido con Vicente, quien fue abandonado al interior de un carro en Mexicali, Baja California, durante 12 horas.
Se señala que su madre, Roxana “N”, después de llegar de una fiesta familiar, decidió dejar a su hijo amarrado a su silla de seguridad para que siguiera durmiendo en el auto; sin embargo, con el paso del tiempo, a la mujer se le olvidó que el niño seguía en el vehículo.
Se tiene la evidencia de que, después de darse una ducha, Roxana bebió alcohol y se dedicó a interactuar en sus redes sociales hasta la madrugada.
A la mañana siguiente, cuando se dio cuenta de que Vicente no estaba en su habitación, descubrió que el niño seguía en el lugar donde lo dejó, pero ya sin signos vitales.
De acuerdo con las autoridades, la víctima falleció por un golpe de calor y por quemaduras de primer grado en su cuerpo, ya que la temperatura al interior de un vehículo, en sitios como Mexicali, puede llegar hasta los 45 grados.
El descuido fue brutal y las consecuencias funestas. Un niño perdió la vida y su madre podría alcanzar hasta 50 años de prisión debido a la gravedad de las omisiones.
Sin duda no hay palabras para calificar lo sucedido; sin embargo, es muy claro que se debe exigir que la seguridad de los niños y las niñas sea una prioridad.
En este lamentable hecho, se conjugaron varios factores que no justifican el acto y que ejemplifican lo que no debe ocurrir cuando se cuida a un menor.
Para empezar, la vigilancia de un niño o niña tiene que ser plena y consciente: no debe haber cosa de mayor relevancia que garantizar su protección.
Cabe mencionar que los padres del menor estaban peleando su custodia e incluso el papá no veía al niño desde noviembre pasado por una medida cautelar impuesta por un juez.
Se habla de que la mujer no quiso despertar al niño, pero la realidad es que pareciera estar más enfocada en su propia comodidad: darse un baño, seguir bebiendo e interactuar en sus redes sociales.
Asimismo, se está apelando a que se revise su estado emocional, en tanto sus abogados han dicho que la mujer sufría de depresión.
Serán las propias autoridades quienes determinen la sentencia de Roxana, pero es un tema para reflexionar, y para seguir impulsando la gran responsabilidad que tienen los padres y/o los cuidadores en el cuidado de los niños y las niñas.
Es inaceptable el sufrimiento que vivió Vicente y eso debería ser una llamada de atención para no perder de vista la vigilancia de los más vulnerables.
Desde Early Institute, afianzamos nuestro compromiso con la niñez mexicana y alzamos la voz para que nunca más vuelva a pasar algo así.
Es muy triste evidenciar casos como este porque muestran profundas deficiencias en el entorno que debiera ser el más seguro para la primera infancia, así como vacíos en las leyes que tendrían que priorizar el interés superior de los menores.
Las niñas y los niños merecen respeto y todas las garantías de que su vida y bienestar son lo más importante.
Recientemente se celebró el Día del Niño y la Niña en México, y aunque debiera ser una fecha de alegría y festejo, la realidad en la que viven miles de infantes no es precisamente de felicidad. Al contrario, los estamos defraudando.
Lamentablemente en nuestro país las niñas y los niños no están desarrollándose en entornos seguros. Así lo demuestran los últimos datos de delitos cometidos en su contra en lo que va de este año.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a febrero de 2026, un total de 24 mil 436 personas de entre 0 y 17 años fueron víctimas de algún delito, siendo los más comunes los de tipo sexual y la violencia familiar.
Cada una de estas cifras representa una historia marcada por la vulnerabilidad, la falta de protección y la presencia de profundas secuelas, que posiblemente por años acompañará a las víctimas.
Del total de las personas afectadas, 52.6 por ciento se trata de mujeres y 38.6 por ciento son hombres, lo que evidencia una problemática diferenciada por género.
Entre los delitos más comunes, destacan los llamados “otros delitos sexuales”, que incluyen violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, así como rapto.
Tenemos un escenario aterrador que abarca también otros espectros violentos como la incidencia del crimen organizado.
En este sentido, se habla de que uno de cada 10 menores fue afectado por prácticas vinculadas a este tipo de delincuencia, siendo víctima de delitos como homicidios, feminicidios, lesiones dolosas, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, extorsión y narcomenudeo, entre otros.
En este rubro se contabilizaron 2 mil 249 víctimas, donde predominan los hombres (56.1 por ciento), aunque delitos como feminicidio, trata y pornografía infantil afectan principalmente a niñas y adolescentes.
Con esto hay evidencia contundente sobre la situación en la que vive gran parte de la población infantil en México, y que visiblemente denota que no se están garantizando las condiciones para que crezcan adecuadamente.
Otra forma de daño es el que se da en las propias casas de las víctimas. Según la oficina en el país del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en México, uno de cada dos niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años ha experimentado métodos de disciplina violenta, lo que representa al menos 20 millones de menores que han sufrido algún tipo de agresión dentro de sus hogares.
Según datos del sector salud, 70.8 por ciento de las lesiones atendidas por ataques en menores de edad ocurren en la vivienda donde habitan, un dato que muestra que la violencia se ejerce en el espacio donde se supone que hay seguridad y vigilancia.
En Early Institute lamentamos que las niñas y los niños sufran violencia de cualquier índole, cuando deberían disfrutar una etapa de vida fuera de amenazas y riesgos.
Tenemos una gran responsabilidad social para asegurarles protección y en fechas como estas de celebración, habría que reflexionar si estamos de verdad procurando su bienestar.
Las niñas y los niños tienen que ser nuestra prioridad en respeto, atención y cuidado y, por desgracia, les estamos fallando.