Entre la amnistía y los reclamos urgentes

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Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute

Publicación original en El Financiero

¿Qué tan necesario puede ser aprobar en estos momentos la Ley de Amnistía? ¿Qué tan positivo resulta legislar un asunto de esta relevancia al vapor? El sentido común precisa mayor responsabilidad para discutir las implicaciones de la amnistía, pero la urgencia por liberar delincuentes, ante la pandemia, parece tener mayor peso en México.

Ayer, en medio de una contingencia sanitaria, que reclama ser atendida por todos los niveles de gobierno, el Senado de la República estaba por aprobar la Ley de Amnistía. De hacerlo, se verían favorecidas las personas “en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas”, según la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la ley.

Si bien dicho ordenamiento ya fue avalado por la Cámara de Diputados, en 2019, para beneficiar a criminales relacionados con los delitos de aborto, homicidio en razón de parentesco, contra la salud, robo simple sin violencia, sedición y cualquier ilícito cometido por integrantes de pueblos indígenas que no hayan tenido un debido proceso, la premura por aprobarlo en el Senado y en los estados de la República Mexicana es inadmisible.

Sabemos que la modificación de leyes penales no permite decisiones a la ligera y que detrás de la tipificación de cualquier delito, se encuentran importantes valores sociales y de seguridad jurídica que el legislador debe analizar con absoluta responsabilidad y cautela.

En el caso del delito del aborto, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel federal hay doce hombres privados de la libertad por cometerlo, ya sea por incurrir a una negligencia médica o por forzar a una mujer a practicarse un aborto. Incluso, no hay ninguna mujer privada de su libertad por el delito de aborto en términos del Código Penal Federal.

¿Qué significa que sean los varones quienes estén encarcelados por este delito? Algo muy sencillo: que en nuestra sociedad prevalece la violencia hacia la mujer embarazada y un nulo respeto por la vida humana, lo cual no justifica otorgar perdón del Estado en ese caso, pues no hay ninguna mujer sentenciada por abortar.

De liberarlos se abonaría a la violencia de género, en tanto se da libertad –mediante decreto– a quienes cometieron actos de violencia en contra de mujeres embarazadas, o a quienes obligaron a mujeres a terminar con su embarazo para desatender sus obligaciones de paternidad. Esto, sin duda, es un enorme retroceso social que no debe ni puede ser admitido o normalizado, y menos en un país tan violento y desigual como el nuestro.

En Early Institute buscamos crear entornos seguros desde los primeros días de vida, por lo que es fundamental evitar la promoción de una agenda basada en ideologías –como en el caso del aborto– antes que ocuparse de las dramáticas prioridades de salud, economía, seguridad y otros tantos problemas graves que afectan a los mexicanos y que se agudizan por la pandemia.

Hoy más que nunca es necesario proteger a los más vulnerables y no a los delincuentes. Hoy necesitamos cuidar a quienes son los más afectados por decisiones poco estudiadas, caprichosas y que atentan contra el valor de la vida, el derecho a la salud, a la seguridad y al trabajo.

 

 

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