Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión
La mortalidad materna es uno de los indicadores más claros de las desigualdades sociales en México. Aunque en 2024 se registró una disminución del 18% respecto a 2023, especialistas señalan que este avance no puede atribuirse a mejoras en las políticas públicas de salud, sino a factores como la reducción del número de nacimientos y al esfuerzo invaluable de las parteras tradicionales.
En muchas comunidades, estas mujeres representan la única opción ante la ausencia de servicios médicos accesibles y funcionales, lo que evidencia las fallas estructurales del sistema de salud.
Las principales causas de muerte materna, como las hemorragias obstétricas y los trastornos hipertensivos, son evitables con acceso oportuno a atención médica de calidad para las mujeres embarazadas. Sin embargo, estados como Guerrero, donde la razón de mortalidad materna duplica el promedio nacional, reflejan la brecha territorial que condena a cientos de mujeres a enfrentar embarazos en condiciones de alto riesgo.
La realidad detrás de estas cifras es alarmante: las mujeres en contextos de pobreza, marginación y desigualdad estructural enfrentan mayores riesgos durante el embarazo. México, aún lejos de cumplir con los compromisos internacionales en este tema, evidencia una falta de políticas públicas sostenidas y soluciones basadas en evidencia para abordar las disparidades que perpetúan esta problemática.
Garantizar una disminución sostenida de la mortalidad materna requiere una transformación profunda del sistema de salud y una atención prioritaria a los determinantes sociales que perpetúan esta desigualdad. Invertir en infraestructura, capacitación y recursos médicos, atender emergencias obstétricas y fortalecer la partería como un eje estratégico son acciones imprescindibles.
Cada muerte materna es una tragedia evitable que nos recuerda que garantizar la vida de las mujeres no es un objetivo aspiracional, sino una obligación impostergable.
