Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión
Comúnmente, no solemos diferenciar entre "la política" y "las políticas públicas", dos conceptos con implicaciones fundamentales para el quehacer gubernamental.
La política se refiere al proceso de luchas de poder, negociaciones y confrontaciones ideológicas. Por otro lado, las políticas públicas se enfocan en el diseño de soluciones concretas y basadas en evidencia para atender los problemas de una sociedad. Nos guste o no, necesitamos tanto política como políticas públicas en las decisiones del ámbito público.
Traigo esto a colación debido a la reciente eliminación de organismos autónomos como el INAI y el CONEVAL, lo cual ejemplifica las consecuencias de no distinguir adecuadamente entre estos conceptos.
La desaparición de estos organismos fue presentada como un acto de austeridad, combate a la corrupción y simplificación administrativa. Sin embargo, este hecho ilustra la tensión entre una política enfocada en concentrar el poder y las políticas públicas que deberían priorizar la efectividad en la resolución de problemas sociales.
Desde la perspectiva de la política, el gobierno actual ha logrado consolidar apoyos y avanzar en una narrativa de control centralizado, apelando a la eliminación de lo que considera burocracia innecesaria y excesos presupuestales. Sin embargo, desde el enfoque de las políticas públicas, estas decisiones deben sustentarse en evidencia. No basta con denunciar actos de corrupción, si los hubiera; es imprescindible demostrar con hechos la ineficacia de una institución para cumplir con su razón de ser.
Los organismos autónomos desempeñan funciones esenciales: vigilar el uso de recursos públicos, defender derechos ciudadanos y garantizar elecciones libres y justas. Al desaparecer o debilitar estas instituciones, no solo se pone en riesgo la calidad técnica de las decisiones públicas, sino también los principios de imparcialidad y profesionalismo que estos entes representan.
En lugar de fortalecer la capacidad del gobierno para responder a las necesidades sociales, estas decisiones podrían conducirnos a privilegiar intereses políticos, sacrificando el desarrollo de políticas públicas fundamentadas en criterios técnicos e independientes del poder en turno.
No distinguir entre política y políticas públicas tiene consecuencias profundas. En México, necesitamos un debate público que no se limite a estrategias de poder, sino que analice con rigor las repercusiones de las decisiones gubernamentales. Mientras que la política puede ser útil para ganar elecciones o consolidar partidos, las políticas públicas son las que verdaderamente transforman la vida de las personas mediante programas, planes y estrategias concretas.
En el caso de los organismos autónomos, priorizar el juego político sobre la implementación de políticas públicas efectivas amenaza con debilitarnos como sociedad, sacrificando instituciones que, a pesar de sus imperfecciones, han demostrado ser pasos hacia un México más democrático.
