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Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión
En días recientes, se revelaron casos de “salidas no autorizadas” de niñas, niños y adolescentes en albergues del estado de Chihuahua, lo que ha generado alarma en todo el sistema de protección infantil. En solo cinco meses, 29 menores abandonaron centros de asistencia social sin permiso, y 14 de ellos aún no han sido localizados.
Estos hechos evidencian no solo la fragilidad de los mecanismos de resguardo, sino que también despiertan serias sospechas sobre posibles delitos, como la trata de personas, en lugares que deberían ser espacios seguros para la niñez.
Entre los centros señalados, el albergue Unidas por Amor ocupa un lugar destacado. Desde septiembre, ocho adolescentes salieron de este lugar sin autorización, y tres de ellas aún permanecen desaparecidas. Paralelamente, investigaciones han revelado indicios de mendicidad forzada y maltrato infantil en el albergue.
Las circunstancias que rodean estas “salidas no autorizadas” ponen en entredicho tanto la gestión del albergue como la efectividad de la supervisión estatal.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México se registraron 53,862 niñas y niños viviendo en instituciones de asistencia social, lo que representa un incremento del 62% respecto a 2015, cuando la cifra apenas superaba los 33,000. El 70% de estos menores permanece más de un año en estas instituciones, y algunos pasan allí toda su infancia y adolescencia. Este panorama subraya la importancia de garantizar condiciones dignas en los albergues y trabajar para agilizar la reintegración familiar o social de los menores.
Las investigaciones en Chihuahua han arrojado preocupantes indicios, incluidos testimonios que apuntan a la posible existencia de redes criminales involucradas en la explotación de niños y adolescentes. Esto refuerza la necesidad de una respuesta inmediata y contundente para desarticular cualquier dinámica delictiva que se esconda bajo la fachada de asistencia social.
El caso de Chihuahua debe ser una llamada de atención para replantear las prioridades en las políticas públicas de protección infantil. No basta con gestionar los daños; es imprescindible prevenirlos mediante sistemas sólidos y un compromiso genuino con el interés superior de niñas y niños.
