Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión
Hace unos días, desde el Ejecutivo Federal se hizo la siguiente declaración:
“Estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos, porque cuando se deducen impuestos por donativos, son ingresos que no llegan a la Hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del país.”
Esta declaración se realizó en el marco de una extensa presentación en la que la Unidad de Inteligencia Financiera expuso, durante “la mañanera”, información fiscal de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
El titular de dicha Unidad, Pablo Gómez, reveló datos personales, incluyendo los ingresos de directivos, periodistas y colaboradores de esa organización. Sin embargo, no profundizaré en la evidente violación al derecho a la protección de datos personales que ocurrió durante la presentación de Pablo Gómez.
Me referiré más bien a las iniciativas mencionadas por el presidente que podrían resultar en la limitación de los donativos de las personas mediante la imposición de barreras para su deducibilidad.
Lo primero que debemos aclarar es que la deducibilidad de los donativos busca precisamente incentivar la contribución de particulares y empresas para resolver problemas sociales, educativos y de salud pública.
Desde hace más de un siglo, el llamado tercer sector se ha consolidado, y esto ha sucedido porque, como sociedad, hemos comprendido que en todas las naciones son necesarias organizaciones que, más allá de las capacidades del gobierno, contribuyen al bienestar de las personas.
Las organizaciones donatarias autorizadas, más de 10,000 en nuestro país, deben cumplir con requisitos legales y presentar al SAT los ingresos, egresos y resultados del uso de los recursos que reciben.
Estas organizaciones no son antagonistas ni contrapesos del gobierno, sino una forma en la que los ciudadanos nos sumamos a causas que nos interesan. Por ello, la política fiscal debe incentivar que las personas deseen aportar a través de ellas.
Hoy, las organizaciones de la sociedad civil, más que realizar campañas, trabajan por los migrantes, por las víctimas de la violencia, por niñas y niños que han sido abandonados, y también vigilan que las cuentas del gobierno sean claras. Por esta razón, su función es primordial para tener una sociedad más justa y democrática.
