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Labores de cuidado: trabajo invisibilizado

La más reciente edición de Estados #ConLupaDeGénero del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que ninguna entidad federativa ofrece condiciones laborales óptimas para que las mujeres entren y permanezcan en el mercado laboral

Por: Valeria González Ruiz, Ejecutiva de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

La más reciente edición de Estados #ConLupaDeGénero del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que ninguna entidad federativa ofrece condiciones laborales óptimas para que las mujeres entren y permanezcan en el mercado laboral. A través de 15 indicadores, analizó las condiciones que enfrentan las mujeres y concluyó qué los Estados con mejor desempeño en el ranking tienden a tener más mujeres preparadas y una menor desigualdad en la repartición de tareas del hogar y de cuidados. Por ejemplo, Ciudad de México, Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco y Yucatán tienen un nivel de desempeño alto, principalmente porque en promedio tienen una menor proporción de mujeres ocupadas en empleos informales (47%), y en pobreza laboral (29%), lo que implica que hay menos mujeres con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. Sin embargo, Guanajuato ocupa el último lugar del ranking, principalmente por tener la mayor proporción de mujeres que trabajan jornadas largas -es decir, más de 48 horas semanales-. Además, observa una mayor desigualdad en términos del trabajo no remunerado, pues las mujeres de la entidad dedican 79% más tiempo que los hombres a estas actividades, lo que acapara o limita el tiempo que pueden ofrecer en el mercado laboral.

Como se puede observar, las labores de cuidado y tareas del hogar son determinantes en nuestra sociedad, no solo por su valor sino también por los efectos que pueden generar en las personas que las realizan. En esta ocasión me gustaría detenerme ahí e invitarles a reflexionar sobre lo siguiente:

  • Las labores de cuidado y tareas del hogar son la columna vertebral de la sociedad. Se trata de una necesidad colectiva prioritaria pues brinda a quien está en situación de dependencia desarrollo integral, autonomía y bienestar. Todas y todos hemos estado en esa situación en algún momento de nuestras vidas, sin estas labores nuestra sociedad no se sostendría.
  • Predominantemente las mujeres son las responsables exclusivas de estas labores. De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 del INEGI la composición por sexo de las personas cuidadoras en el país es mayoritariamente femenina, por poner un ejemplo, el 96.0% de personas responsables del cuidado de la población infantil son mujeres.
  • Estas labores representan un trabajo. De acuerdo con la misma encuesta, las mujeres dedican a las labores de cuidados 38 horas a la semana, 12 horas más que los hombres. Pero no solo es el tiempo, sino también el tipo de actividades que las mujeres desempeñan al ejercer cuidados: ellas arrojaron porcentajes más altos en actividades como “dar de comer o ayudar a hacerlo” con 63.8% y “ayudar o apoyar en bañar, asear, peinar o ir al baño” con 58.7%. A diferencia de los hombres cuidadores que participaron en mayor medida en “jugar, realizar actividades de esparcimiento, hacer compañía y estar al pendiente”.

Estas labores no reciben remuneración, reconocimiento como un trabajo formal ni acceso a la seguridad social. Socialmente se romantizan como actividades que se hacen por amor (especialmente cuando vienen de las madres y abuelas) y se pagan a lo mucho con agradecimientos y electrodomésticos en días festivos. Bajo esa lógica, “las buenas madres” son las que entregaron su vida al cuidado de los suyos o las que se partieron en mil para cuidar y mantener un trabajo remunerado.

Se entienden como funciones implícitas en la maternidad y, consecuentemente, carecen de acceso a la seguridad social pues en México para ser sujeto asegurado dentro de una institución de seguridad social se requiere contar con un empleo formal. Desafortunadamente, esto también implica que las mujeres cuidadoras no remuneradas no tienen pensión y que sus hijas e hijos tampoco cuentan con la protección de la seguridad social, especialmente los derechos de salud, cuidado y educación; un ejemplo de esta situación es que, ante un contexto de empleo informal sin seguridad social, si la mujer muere su hijo no podría acceder a una pensión por orfandad.

  • Se trata de un modelo profundamente injusto cuyas barreras son prácticamente imposibles de superar para las mujeres. De acuerdo con la ENASIC 2022, el 68.4 % de las mujeres no económicamente activas reconoció que deseaban trabajar por un ingreso, pero no lo hacían por “no tener quien le cuide a sus hijas(os)”; es decir, se trata de un trabajo que es muy difícil de realizar sin apoyo a la par de otro fuera del hogar. Esta situación genera que no exista un salario o ingreso constante de dinero, e inevitablemente una dependencia económica de alguien más -generalmente un hombre-, lo que mantiene las condiciones de desigualdad de género a las que nos enfrentamos actualmente.

Así pues, se recrea un círculo vicioso que genera explotación y dependencia económica por un lado y, por el otro, dificultad enorme de acceder al empleo formal y permanecer en condiciones de igualdad como se mencionó en un principio.

  • Reconocer la injusticia en este modelo será el primer paso para que las condiciones cambien, basta de santificar a las mujeres que trabajan sin paga, no esperemos que asuman el costo de cargarlo todo. Mientras las labores de cuidado se releguen como una condición de carácter privado, las mujeres seguirán estando en desigualdad frente a los hombres y en situación de vulnerabilidad.
  • Reequilibremos. El trabajo de reproducción, crianza de las hijas e hijos, cuidado de las personas con discapacidad y personas mayores es una “responsabilidad social”. En ese sentido, debe existir una responsabilidad compartida entre la sociedad, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar su acceso libre y universal.
  • Reivindiquemos el trabajo que no se ve, ese que sostiene a la sociedad, exijamos su protección e impulsemos a toda costa la corresponsabilidad de los hombres. Las labores de cuidado son un bien social, pero también un trabajo digno de ser remunerado y garantizado por la seguridad social.
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Más notas

El suicidio en adolescentes crece en México
Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Sol de México

De los temas que se abordan en torno a la infancia y adolescencia, el del suicidio es uno de los más difíciles de entender, pues se evidencian fallas de toda índole en la protección de niñas, niños y adolescentes.

En el reciente Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio cifras sobre las defunciones registradas en México por esta causa durante 2025.

Lamentablemente ocurrieron 8,709 defunciones por suicidio en México, lo que representa una tasa nacional de 6.7 por cada 100 mil habitantes. Del total de casos, 79.9% correspondió a hombres y 20.1% a mujeres. El organismo detalló que la población de 15 a 29 años presentó la tasa más alta de todos los grupos de edad, con 10.2 suicidios por cada 100 mil personas, y que el suicidio es ya la tercera causa de muerte entre los jóvenes de ese rango de edad en el país.

Por si fuera poco, al comparar la última década, el Inegi documentó un incremento sostenido, ya que la tasa nacional pasó de 5.1 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 6.7 en 2025. Esto es un fenómeno que debe atenderse y no pretender que se solucionará por sí solo.

De hecho, los especialistas coinciden en que no existe un factor único que explique la problemática, sino que hay una combinación de condiciones familiares, sociales, económicas, laborales y emocionales. Esto hace más difícil su abordaje, pero no imposible.

Una de las regiones con esta triste situación es Hidalgo, cuya secretaria de Salud estatal, Vanesa Escalante Arroyo, dijo que la entidad acumula más de 40 muertes por suicidio en lo que va de 2026. Si bien se trata de una cifra que, según las propias autoridades, representa una disminución frente a los registros de años anteriores, sigue siendo un foco rojo. Tan sólo en 2025, los servicios de salud de Hidalgo atendieron 1,020 intentos de suicidio, de los cuales 340 correspondieron a adolescentes entre 15 y 19 años.

Al respecto, las autoridades señalaron que más de la mitad de las personas atendidas presenta algún diagnóstico o problemática asociada, como ansiedad, depresión, separaciones, duelos, rechazo, violencia, bullying, problemas económicos o laborales, enfermedades, discapacidades y dolor crónico.

En cuanto a la atención brindada para prevenir este tipo de acciones, en Hidalgo se reconoce la respuesta institucional, pero es todavía insuficiente. Por ejemplo, el estado cuenta con servicios gratuitos de atención a la salud mental, a través de seis Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), y programas como “ABC de las emociones”, dirigido a adolescentes, para detectar señales de riesgo; sin embargo, por las características geográficas de la entidad se deja de cubrir amplias zonas, lo que representa un reto para acercar la atención a quienes más la necesitan.

En Early Institute sabemos que la prevención es una de las mejores formas para disminuir problemáticas tan lacerantes como ésta. En particular, creemos que la salud mental debe ser un aspecto de la vida humana sumamente cuidado para procurar que niñas, niños y adolescentes no recurran a métodos que pongan en riesgo sus vidas.

Las cifras que arroja el Inegi dan cuenta de un panorama en el que se ha descuidado la protección de los más vulnerables y es fundamental estar atentos a las mínimas señales que pudieran reflejar un estado desesperanzador o desesperado. Esto es esencial para acompañar y ofrecer intervenciones oportunas que den alternativas a quienes piensan —a su corta edad— que el suicidio es lo más conveniente.

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Restricción de uso de dispositivos móviles en escuelas: el primer paso
Por Rafael Vincent Morfín Calvo, abogado de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México El ciclo escolar 2026-2027 recibió el pasado 31 de agosto a cerca de 23 millones de niñas, niños y adolescentes dentro de las aulas, por lo que el uso de dispositivos electrónicos por parte de las y los menores se ha posicionado como uno de los tópicos prioritarios de atención

Al día de la redacción de la presente columna, martes 22 de septiembre del 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el que se establece la restricción del uso de dispositivos móviles en escuelas por parte de niñas, niños y adolescentes.

Tal y como fue anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante diversas conferencias “mañaneras” en los meses de julio y agosto, oficialmente se ha dado inicio a la etapa de evaluación de uso de dispositivos móviles por parte de la niñez y la adolescencia desde diversas materias, siendo la acción más reciente, la concerniente al ámbito educativo.

El ciclo escolar 2026-2027 recibió el pasado 31 de agosto a cerca de 23 millones de niñas, niños y adolescentes dentro de las aulas, por lo que el uso de dispositivos electrónicos por parte de las y los menores se ha posicionado como uno de los tópicos prioritarios de atención de cara a la potencial definición de nuevas reglas para su uso y/o restricción.

En un primer momento se celebró la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, en la que se contó con la participación de aproximadamente 1.2 millones de docentes; durante dichas jornadas, uno de los temas nodales se centró en la consulta realizada para recabar la opinión del personal educativo respecto de las necesidades específicas de protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

Los resultados de dicho ejercicio se darán a conocer el 25 de septiembre y se espera que estos consideren directrices adicionales de pronta implementación para la regulación de uso de dispositivos móviles por parte los educandos.

En tanto, el Secretario de Educación Pública en México, Mario Delgado, informó que durante una reunión el pasado viernes 18 de septiembre, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas aprobó por unanimidad la implementación de una estrategia nacional para restringir el uso de teléfonos celulares y tabletas en las aulas de todo el país, particularmente en los niveles de primaria y secundaria.

En ese sentido, el acuerdo publicado en el DOF oficializa la restricción de uso de dispositivos móviles para los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, al tiempo que sugiere el fomento de uso responsable para los niveles de educación medio superior y superior, limitando su uso no pedagógico durante la jornada escolar. En ambos casos, se consideran excepciones por situaciones de emergencias personales, motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o uso para fines educativos previamente programados.

En tanto, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el Senador Higinio Martínez, emitió en días recientes una excitativa a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, para que presenten el dictamen de la iniciativa que plantea prohibir el uso de dispositivos móviles en escuelas de educación básica. Con esta acción, el Legislativo federal se suma al debate nacional para la definición de reglas sobre la materia en comento.

Lo anterior vislumbra de manera clara que la primera fase de la política pública en materia de regulación de entornos digitales y de su acceso por parte de niñas, niños y adolescentes, se centrará en la restricción de uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar, salvo en los casos de necesidades específicas planteados en el acuerdo de la SEP.

Desde Early Institute hacemos un llamado a que las directrices en proceso de implementación únicamente marquen un primer paso en el camino de una regulación integral del entorno digital, es decir, que las disposiciones no se limiten únicamente a restringir el uso de dispositivos móviles por parte del alumnado, sino que centremos los esfuerzos en crear un ecosistema integral de acceso moderado, responsable y seguro.

Recordamos que existen múltiples áreas de intervención prioritaria adicionales que sugerimos sean tomadas en consideración para alcanzar los objetivos de una política pública moderna, vanguardista y proteccionista hacia la niñez y la adolescencia mexicana: 1) Moderación de contenidos, algoritmos y diseño estructural de plataformas; 2) Alfabetización digital desde edades tempranas; 3) Acompañamiento, controles parentales y alfabetización a padres, madres y cuidadores; 4) Uso de la Inteligencia artificial; 5) Tipificación unificada de ciberdelitos; y 6) Fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de denuncia y regulación de plataformas tecnológicas.

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Abolir la explotación reproductiva
Por Abraham Madero, director ejecutivo Early Institute
Publicación original de Proceso La gestación subrogada devela dos realidades sustentadas en evidencia: representa una manera de explotación y cosificación de mujeres con fines reproductivos y, al mismo tiempo, un mecanismo para la gestación de bebés como si se tratasen de un producto comercializable y fabricable.

Desde hace más de tres décadas, la llamada “gestación subrogada” o “vientres de alquiler” se convirtió en una opción cada vez más recurrente a nivel mundial para parejas o personas que no pueden lograr un embarazo y desean tener una hija o hijo, pues en apariencia representa la única vía biológica disponible en contraste con figuras como la adopción o los tratamientos de fertilidad tradicionales.

No obstante, la evidencia acumulada a lo largo de los últimos años respecto al comportamiento de la industria de los vientres de alquiler, intersecta dilemas filosóficos, bioéticos y legales en el ámbito específico de los derechos humanos de las mujeres que intervienen en esta práctica, así como de las niñas y niños que nacen a través de esta vía.

A pesar de la convergencia de todas estas nociones que parecieran sugerir un asunto de enorme complejidad y abierto al debate, la realidad acorde a los datos disponibles es que no debería ser un tema como tal “polémico” si se apela al más elemental sentido común de la perspectiva de los derechos humanos.

Hoy es bien sabido que la práctica de la gestación subrogada devela dos realidades sustentadas en evidencia: representa una forma de explotación y cosificación de mujeres con fines reproductivos y al mismo tiempo un mecanismo para la gestación de bebés como si se tratasen de un producto comercializable y fabricable, a pesar de las prohibiciones expresas establecidas por el Derecho Internacional, concretamente en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños con fines de explotación.

Precisamente, doce años atrás Early Institute publicó el primer reporte en su tipo para documentar la presencia de esta industria en México y generar recomendaciones de incidencia a nivel nacional para evitar abusos de las mujeres quienes por necesidad se ven orilladas a rentar sus vientres, especialmente a raíz de que el estado de Tabasco se convirtió en un paraíso prolijo para este negocio al ser la primera región de América Latina en legalizar la práctica en el año de 1997.

En aquel entonces, el instituto documentó como la industria de la subrogación habilitó principalmente en el sur y centro del país un mercado de clínicas dedicadas profesionalmente a la búsqueda de mujeres en situación de vulnerabilidad para su renta y a generar servicios a la carta de niñas y niños para su comercialización, incluso ofreciendo características fenotípicas específicas a las personas solicitantes, en su mayoría personas extranjeras de países en donde – paradójicamente – esta práctica se encuentra expresamente prohibida por las razones anteriormente expuestas.

Dicho primer informe nos llevó a la necesidad de diseñar e impulsar ante el Congreso la Unión una seria de propuestas legislativas encaminadas a prohibir sin titubeos ni eufemismos, de manera expresa con el lenguaje que merece el término de explotación reproductiva -  tal y como lo han hecho países desarrollados como Alemania, Francia, España -  en diversas ordenamientos como la ley de trata, ley de salud, el código penal federal, código civil y la legislación relativa a prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Desde entonces Early Institute no ha dejado de denunciar la explotación reproductiva a través de campañas de comunicación estratégicas; iniciativas locales con grupos de mujeres; foros y parlamentos abiertos; audiencias con ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo ello para visibilizar los abusos que han padecido cientos de mujeres sometidas a esta práctica así como las violaciones a las que se enfrentan miles de niñas y niños cuyos derechos a la salud, identidad y no discriminación son sistemáticamente vulnerados.

El pasado 3 y 4 de septiembre, Early Institute y la Universidad Panamericana fuimos sede de la IV Conferencia de la Declaración de Casa Blanca; esta decisión no fue accidental ni producto de la coyuntura. Se trató de un llamado urgente por abolir de manera absoluta la explotación reproductiva en nuestro país, al representar uno de los escenarios más estratégicos y representativos sobre el debate global de la maternidad subrogada y sus riesgos.

Mas allá del foro académico, la iniciativa convocó a 34 especialistas de 9 países: México, España, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Francia y Suiza, integrados por relatores y ex integrantes de órganos de tratados de Naciones Unidas, magistrados, juristas, académicos, médicos, bioeticistas y activistas. El objetivo común de este grupo fue claro y no admite diatribas: la explotación reproductiva debe abolirse de manera universal e inmediata, pues las mujeres no se rentan y los niños no se venden. Jamás esta práctica podrá considerarse una forma de progreso humano, mucho menos de falsas libertades y autonomías.

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