Medir la violencia en tiempos del Mundial

Por Carolina Jasso, investigadora de Early Institute
Publicación original de Nexos

¿Qué muestran los registros sobre la violencia sexual y familiar? La evidencia internacional sugiere que los grandes eventos deportivos, como las copas mundiales de futbol, pueden exacerbar ciertas formas de violencia, en particular la violencia familiar y la sexual. El grueso de esa investigación corresponde a contextos anglosajones y el fenómeno carece de evaluación sistemática en América Latina. Este artículo examina si algo semejante ocurrió en México durante el Mundial de futbol de 2026, analizando tanto la tendencia general como la violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes.

Para ello se examinan las series mensuales de incidencia delictiva y de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero de 2015 y julio de 2026, las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los registros de lesiones de la Secretaría de Salud que consignan la fecha y la hora de ocurrencia.

En la literatura se sostienen dos hipótesis. La primera atribuye a estos eventos un aumento de la trata con fines de explotación sexual por la demanda del turismo, y las evaluaciones no la respaldan. Antes del Mundial de Alemania 2006 se anticipó el traslado de miles de personas, sobre todo mujeres, con ese fin; la evaluación posterior concluyó que la estimación carecía de sustento y que el incremento no ocurrió, en parte porque la trata exige logística e inversión previas que un evento breve difícilmente vuelve rentable. Investigaciones en otros contextos llegaron al mismo resultado. Ninguna de ellas niega el fenómeno y lo que descartan son los incrementos extraordinarios atribuidos a los eventos, no su ocurrencia.

La segunda, con mayor respaldo, asocia los partidos de futbol con incrementos de la violencia familiar. En la revisión sistemática de Kirsty Forsdike, publicada en Health Soc Care Community, diez de doce estudios encuentran asociación positiva. Los reportes de violencia de pareja aumentan entre 10% y 38% según el resultado del encuentro, desde una derrota inesperada del equipo local de futbol americano en Estados Unidos hasta 26% tras una victoria o un empate de la selección inglesa y 38% tras una derrota, y con datos horarios se ha observado que los casos disminuyen durante el partido y aumentan después, sobre todo los asociados al alcohol. Se trata, sin embargo, de eventos distintos entre sí en público, duración y carga emocional, y la propia revisión advierte que los resultados son mixtos.

El análisis abarca la serie mensual completa de cada delito, de modo que junio y julio de 2026 se comparan con once años de esa misma serie y no solo con el año previo. Desde enero de 2026 el SESNSP aplica la nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, y las series son comparables una vez agregadas conforme a su nota metodológica. Además, cada delito se cuenta en el mes de apertura de la carpeta, no en el de los hechos.[1] Dos condiciones limitan la lectura. La primera es el subregistro, pues la cifra oculta nacional alcanza 93.2 % de los delitos y supera 99 % en la violencia sexual contra las mujeres, de modo que los registros miden denuncias y no incidencia. La segunda es que algunas series estatales cambian de nivel antes del torneo, como en Nuevo León, donde las carpetas por violencia familiar superan a las de 2025 desde enero, por lo que la comparación parte del promedio de enero a mayo de 2026.

El procedimiento (análisis de series de tiempo) descompone cada serie en una tendencia de largo plazo, un patrón estacional que se repite cada año y un componente irregular, que recoge la variación excepcional. La serie nacional de violencia familiar (Figura 1) lo muestra, pues su estacionalidad es marcada, con máximos recurrentes entre marzo y julio, de manera que un aumento en los meses en los que se llevó a cabo el Mundial es esperable.

Figura 1. Carpetas de investigación por violencia familiar, nacional, enero de 2015 a julio de 2026

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a), reagregados conforme a SESNSP (2026b).

La pregunta es si el componente irregular de junio y julio de 2026 se aparta de lo que esa serie registró en los once años previos, y no lo hace. En los seis delitos examinados, incluidos aquellos cuyas víctimas son por definición niñas, niños y adolescentes, las desviaciones son menores a 0.6 (Figura 2 y Tabla 1).[2]

Figura 2. Desviación de junio y julio de 2026 respecto del patrón estacional de cada serie, nacional

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). Se muestran los cuatro delitos de mayor volumen. La banda interior corresponde a ±2 desviaciones estándar del componente irregular 2015–2025, el rango de variación normal de cada serie; la exterior, a ±4.

Varios delitos registraron más carpetas en junio y julio de 2026 que en 2025. La violencia familiar aumentó 8.1 % y la corrupción de menores 15.4 %. La pregunta relevante no es si subieron, sino si subieron más de lo que acostumbran, y eso mide la última columna de la tabla 1, que expresa cuánto se apartó cada mes del comportamiento propio de su serie una vez descontadas tendencia y estacionalidad. Un valor que rebasa dos desviaciones estándar se considera atípico.[3] Ninguna serie se acerca a ese umbral y la mayor desviación, en trata durante julio, llega a 0.55. Los aumentos existen, pero son los que estos delitos registran cada año en junio y julio.

Tabla 1. Carpetas de investigación en junio y julio, nacional, 2025 y 2026

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). La violación agrupa las modalidades simple y equiparada.

Otro elemento que apunta en la misma dirección es la ausencia de un patrón propio de las sedes. El incremento de violencia familiar fue mayor fuera de las entidades sede (+9.1 %) que en ellas (+4.9  %), y las tres se movieron en direcciones distintas, pues en la Ciudad de México las carpetas cayeron 24 %, en Jalisco subieron 11.2% y en Nuevo León 48.1 %. La comparación formal (un modelo de diferencias en diferencias) sigue mes a mes a los municipios de las tres zonas metropolitanas sede y a 198 municipios urbanos sin partidos. Si ser sede hubiera importado, ambos grupos se habrían separado en junio, y no lo hacen en ningún delito. El mismo ejercicio en 2023, 2024 y 2025 produce diferencias equivalentes.

Para descartar que el resultado se deba a la casualidad se aplicó una prueba de permutación, que simula lo que habría ocurrido sin el Mundial. El azar pudo generar aumentos de hasta 5.8 % en violencia familiar y de 15.3 % en abuso sexual, mientras que los documentados para eventos comparables, de entre 26 % y 38 %, son varias veces mayores y habrían resultado inconfundibles. En la trata la inferencia no es viable por el volumen, pues con quince carpetas en las entidades sede ningún incremento sería distinguible del azar, y la serie nacional se mantuvo estable, con 367 y 370 carpetas en enero-julio de 2025 y 2026.

En lo que respecta a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, el registro del RNID permite por primera vez desagregar por edad a nivel municipal y muestra su centralidad en estos delitos, pues la mitad de las víctimas de abuso sexual y cuatro de cada diez víctimas de violación tienen entre 0 y 17 años, y más de 80 % de ellas son niñas y adolescentes mujeres. En violencia sexual la desagregación por edad comienza apenas en 2026, así que se emplea como aproximación la violación equiparada, figura que cubre a niñas, niños y adolescentes víctimas y cuya serie llega a 2015.

Figura 3. Desviación de junio y julio de 2026 respecto del patrón estacional, indicadores de niñas, niños y adolescentes, nacional

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). Series de víctimas de 0 a 17 años, salvo violación equiparada, que corresponde a carpetas de investigación.

Ninguna de las cinco series se aparta de su patrón (Tabla 2 y Figura 3). La mayor desviación es de 0.45, en violación equiparada durante julio, frente a un ruido habitual de 10 % en esa serie. Los aumentos de junio y julio entre niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar y de violación, cercanos a 12 %, fueron similares dentro y fuera de las entidades sede. Lo que la serie larga sí revela es un crecimiento sostenido e independiente del Mundial, pues entre 2015 y 2026 las carpetas por violación equiparada aumentaron 204 % y las de corrupción de menores 110 %, de 823 a 1726.

Tabla 2. Niñas, niños y adolescentes en junio y julio, nacional, 2025 y 2026

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). La desagregación de víctimas por edad existe desde 2015 sólo para los delitos de los bienes jurídicos vida e integridad corporal, libertad personal, patrimonio y sociedad; para violencia familiar y los delitos sexuales comienza con el RNID en 2026, por lo que esas dos filas carecen de comparación con 2025 y se emplea la violación equiparada como aproximación a la violencia sexual contra personas menores de edad.

Con la información disponible a julio de 2026, los registros administrativos no muestran ningún incremento atribuible al Mundial en la violencia familiar, la violencia sexual, la corrupción de menores o la trata, ni en el agregado nacional, ni en las sedes, ni entre niñas, niños y adolescentes. El resultado es consistente con la evidencia internacional sobre trata. La de violencia familiar exige una escala más fina, pues el efecto se concentra en los días de partido. Los registros de lesiones de la Secretaría de Salud (2026) permiten esa prueba en junio, mes en el que su captura alcanza el nivel de 2025.[4] En los diez días con partido en sedes mexicanas las lesiones por violencia familiar quedaron 0.3 % por encima del resto del mes, con un intervalo de −7.3 % a +8.6 %, y los partidos de México en la Copa Oro de 2025 dan +5.2 %, tampoco significativo.

Donde la cifra oculta de la violencia sexual supera 99 %, la ausencia de señal debe leerse con la cautela que se exigiría ante un aumento. El seguimiento de estos delitos no debería depender de eventos de gran visibilidad. Mientras la discusión pública se concentró en veinticinco días, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes siguió creciendo, pues entre 2015 y 2026 las carpetas por violación equiparada se triplicaron y las víctimas de corrupción de menores se duplicaron. El hallazgo no es que no ocurra nada, sino que lo que ocurre es sostenido y ajeno al calendario deportivo, y que en más de ocho de cada diez casos de violencia sexual contra la infancia las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. Ése es el problema que la política de prevención tiene que atender.

[1] De los hechos ocurridos entre un 11 de junio y un 5 de julio, al cierre de julio se encuentra registrado 91% de la violencia familiar, 82 % del abuso sexual y 79 % de las violaciones. La estimación se apoya en las 13,205 carpetas de esos delitos cuyos hechos cayeron en esa ventana entre 2019 y 2023 en la Ciudad de México, única entidad que publica ambas fechas, de modo que constituye una aproximación.

[2] Como contraste se examinaron también el homicidio doloso, las lesiones dolosas y la extorsión, delitos ajenos a la hipótesis pero sensibles a cambios en la movilidad, en la actividad económica y en la práctica de registro. Sus desviaciones en junio y julio de 2026 van de −0.5 a +0.6, el mismo rango que los delitos examinados. Una alteración general del registro o de la propensión a denunciar durante el torneo se habría reflejado también en ellos.

[3] El umbral de dos desviaciones estándar corresponde a la convención habitual para señalar un valor atípico. Los procedimientos de detección automática en series estacionales ajustan el punto de corte a la longitud de la serie y, para 139 observaciones, lo sitúan cerca de cuatro desviaciones estándar.

[4] El subsistema de Lesiones y Causas de Violencia registra la atención por lesiones en unidades de la Secretaría de Salud y consigna la fecha y la hora en que ocurrió el hecho, no la de su registro, además de codificar la intencionalidad y el parentesco del agresor. Esas características lo convierten en la única fuente mexicana que permite contrastar una hipótesis formulada en días y en horas. El censo de egresos hospitalarios no lo permite, pues asienta la fecha de ingreso y capta únicamente los casos que derivan en internamiento, una fracción reducida y no representativa de la violencia familiar. La prueba se restringe a junio porque en ese mes la captura de 2026 alcanza entre 0.90 y 1.03 del volumen de 2025 y en julio desciende a 0.70. El modelo emplea el total diario de lesiones como denominador, de modo que el nivel de captura no sesga la estimación.

IV Conferencia de la Declaración de Casablanca — México 2026

En la Revista Proceso se aborda el planteamiento de Patricia Olamendi Torres, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, sobre México como mercado de bajo costo, y el de Abraham Madero Márquez, director ejecutivo de Early Institute, sobre el uso del lenguaje comercial por parte de las clínicas privadas.

Consulta la nota aquí.

 

Por Cándido Pérez, investigador de Early Institute
Publicación original de El Sol de México

Hace casi cien años, John Dewey —renombrado filósofo estadounidense— abordaba lo que hoy conocemos como políticas públicas para hablar de “lo público y sus problemas”.

En donde lo público, que surge de las relaciones privadas, tiene consecuencias que afectan a terceros y, por lo tanto, se requiere de políticas para intervenir. Demanda la conformación de un Estado y del desarrollo de una ciudadanía democrática.

En el mismo tenor, Wayne Parsons afirmaba, muchos años después, que una de las razones por las que las políticas públicas han demostrado ser tan difíciles de comprender es que se refieren a la propiedad de todos y de nadie, pues así es la naturaleza de los problemas públicos.

Entendiendo dicha complejidad, durante decenas de años los Estados, a través de los gobiernos, han puesto en marcha innumerables mecanismos —políticas públicas—, mediante los cuales se pretende ya no solo resolver problemas sino impulsar el desarrollo social. Y si bien hemos facultado a los gobiernos a que hagan propias tales políticas, en países democráticos su construcción es propiedad de todos.

Los actuales planes, programas, estrategias y todo el accionar que establecemos como “público” son obras en las que en esencia todos tenemos parte, con independencia de que seamos una población directamente afectada o beneficiada.

Así como muchas otras políticas públicas, con esa idea se elaboró la recientemente publicada Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (2026-2030), la ENAPI, que según se expresa en la publicación oficial “se construye bajo los principios del humanismo mexicano, la igualdad sustantiva, la corresponsabilidad social…”. Para esto último integra una Comisión con la participación de entidades públicas, organizaciones sociales y organismos internacionales.

Para quienes trabajamos por el beneficio de la primera infancia esta política pública es el referente más claro de la apuesta que hace el gobierno federal por atender problemas graves, y a partir de las voces escuchadas trazar un camino y objetivos a alcanzar.

Este ejercicio colectivo dio frutos, entre otros, respecto a la priorización de la Ruta Integral de Atenciones —que marca la pauta de atenciones y servicios a los que deben acceder las niñas y niños, y que son implementados por la ENAPI—.

En la ENAPI se dedica parte importante al diagnóstico de la situación actual y al trazado de metas, con el apoyo de 15 indicadores (dentro de ellos tres indicadores de gestión y 12 sustantivos) que prometen medir, año con año, los avances a alcanzar. Esto también es un gran paso hacia adelante con respecto a la anterior ENAPI, pues por primera vez cada indicador viene acompañado de una ficha técnica que precisa lo que mide, el valor de línea base, la fuente de información, la fórmula para el cálculo, la meta para 2030, entre otros datos para el monitoreo. Hago este énfasis pues un sinfín de políticas públicas en nuestro país no están motivadas ni interesadas en trazar objetivos, metas y vías para su seguimiento. Muy por el contrario, procuran eliminar o dificultar toda posibilidad de escrutinio público.

Al replicar los cálculos con las bases de datos públicas que el propio documento cita, cuatro de los 12 indicadores sustantivos coinciden de forma exacta con lo publicado, mientras que otros seis quedan a menos de un punto y medio porcentual de diferencia. En este sentido, se puede confiar en tomar el dato y corroborarlo con la fuente pública, lo cual es plausible.

Sin embargo, la ENAPI también deja ver limitaciones serias. La manera en que fueron construidas las líneas base presenta deficiencias relevantes. Ocho de los 12 indicadores sustantivos agrupan varios años en una sola estimación y luego se expresa como una fotografía anual. Por ejemplo, se dice que el porcentaje de niñas y niños de uno a cinco años expuestos a disciplina violenta fue de 52.7 por ciento en 2021, 2022, 2023 y 2024. Lo mismo pasa con el dato de sobrepeso en niñas y niños menores de cinco años, que según el documento se estacionó en 7.7 por ciento cuatro años seguidos, al igual que la baja talla o desnutrición crónica, que se dice permaneció en 14 por ciento los mismos años. La línea base no es una cuestión menor, pues es el dato que sirve como punto inicial o de referencia para medir los cambios. En estos casos, claramente los datos no se estancaron, sino que se repitió un dato sin la debida precisión anual.

Por otro lado, se observaron indicadores como control prenatal y vacunación en los que no se declaran el numerador y denominador con los que fueron calculados, lo que imposibilita verificarlos. Inclusive cuando se intenta reproducir el dato de control prenatal con la fuente pública correspondiente, el resultado difiere del publicado.

Asimismo, a pesar de que la propia ENAPI dedica páginas completas a explicar que en diversas situaciones la desigualdad y los focos rojos se encuentran al observar la condición indígena, discapacidad, ámbito rural o sexo de las niñas y niños, la información en los indicadores pasa por alto el desglose correspondiente. Tampoco se establecen indicadores de seguimiento ni metas a alcanzar en problemáticas tan importantes como la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la atención del parto por personal capacitado y el peso al nacer, a pesar de que el propio documento reconoce como centrales.

A estas omisiones se suma el hecho de que las metas trazadas carecen de fundamento; son más bien líneas entre el dato de partida y una cifra estimada para 2030, sin razones en las que se base la progresión. En otros indicadores, como el de asistencia a educación inicial, la meta apenas se mueve, al pasar de 4 por ciento en 2026 a 4.5 por ciento en 2030, medio punto porcentual en todo el periodo. O como en el caso del indicador de vacunación donde la meta se estima en 90 por ciento en 2026, sin cambios en ninguno de los años siguientes.

Finalmente, la ENAPI nuevamente llega tarde; pareciera que ya nos hemos acostumbrado a que es una estrategia que no alcanza el sexenio, pues se publica casi dos años después de la entrada del actual gobierno federal y eso acorta sus posibilidades. Esta situación debería llamarnos a la acción en tanto cada uno de los temas que abarca la ENAPI nos concierne a todos, no solo porque la primera infancia se refiere a una etapa prioritaria, sino porque cada problema público y su posible solución nos pertenece a cada uno de nosotros.

La corresponsabilidad no termina con la elaboración de una política, sino que exige también la participación de la sociedad en su seguimiento y evaluación. Tenemos poco tiempo para confirmar si el rumbo es el correcto y si la ruta trazada nos lleva al destino deseado.