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Medir la violencia en tiempos del Mundial

¿Qué muestran los registros sobre la violencia sexual y familiar? La evidencia internacional sugiere que los grandes eventos deportivos, como las copas mundiales de futbol, pueden exacerbar ciertas formas de violencia, en particular la violencia familiar y la sexual. El grueso de esa investigación corresponde a contextos anglosajones y el fenómeno carece de evaluación sistemática en América Latina. Este artículo examina si algo semejante ocurrió en México durante el Mundial de futbol de 2026, analizando tanto la tendencia general como la violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes.

Para ello se examinan las series mensuales de incidencia delictiva y de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero de 2015 y julio de 2026, las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los registros de lesiones de la Secretaría de Salud que consignan la fecha y la hora de ocurrencia.

En la literatura se sostienen dos hipótesis. La primera atribuye a estos eventos un aumento de la trata con fines de explotación sexual por la demanda del turismo, y las evaluaciones no la respaldan. Antes del Mundial de Alemania 2006 se anticipó el traslado de miles de personas, sobre todo mujeres, con ese fin; la evaluación posterior concluyó que la estimación carecía de sustento y que el incremento no ocurrió, en parte porque la trata exige logística e inversión previas que un evento breve difícilmente vuelve rentable. Investigaciones en otros contextos llegaron al mismo resultado. Ninguna de ellas niega el fenómeno y lo que descartan son los incrementos extraordinarios atribuidos a los eventos, no su ocurrencia.

La segunda, con mayor respaldo, asocia los partidos de futbol con incrementos de la violencia familiar. En la revisión sistemática de Kirsty Forsdike, publicada en Health Soc Care Community, diez de doce estudios encuentran asociación positiva. Los reportes de violencia de pareja aumentan entre 10% y 38% según el resultado del encuentro, desde una derrota inesperada del equipo local de futbol americano en Estados Unidos hasta 26% tras una victoria o un empate de la selección inglesa y 38% tras una derrota, y con datos horarios se ha observado que los casos disminuyen durante el partido y aumentan después, sobre todo los asociados al alcohol. Se trata, sin embargo, de eventos distintos entre sí en público, duración y carga emocional, y la propia revisión advierte que los resultados son mixtos.

El análisis abarca la serie mensual completa de cada delito, de modo que junio y julio de 2026 se comparan con once años de esa misma serie y no solo con el año previo. Desde enero de 2026 el SESNSP aplica la nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, y las series son comparables una vez agregadas conforme a su nota metodológica. Además, cada delito se cuenta en el mes de apertura de la carpeta, no en el de los hechos.[1] Dos condiciones limitan la lectura. La primera es el subregistro, pues la cifra oculta nacional alcanza 93.2 % de los delitos y supera 99 % en la violencia sexual contra las mujeres, de modo que los registros miden denuncias y no incidencia. La segunda es que algunas series estatales cambian de nivel antes del torneo, como en Nuevo León, donde las carpetas por violencia familiar superan a las de 2025 desde enero, por lo que la comparación parte del promedio de enero a mayo de 2026.

El procedimiento (análisis de series de tiempo) descompone cada serie en una tendencia de largo plazo, un patrón estacional que se repite cada año y un componente irregular, que recoge la variación excepcional. La serie nacional de violencia familiar (Figura 1) lo muestra, pues su estacionalidad es marcada, con máximos recurrentes entre marzo y julio, de manera que un aumento en los meses en los que se llevó a cabo el Mundial es esperable.

Figura 1. Carpetas de investigación por violencia familiar, nacional, enero de 2015 a julio de 2026

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a), reagregados conforme a SESNSP (2026b).

La pregunta es si el componente irregular de junio y julio de 2026 se aparta de lo que esa serie registró en los once años previos, y no lo hace. En los seis delitos examinados, incluidos aquellos cuyas víctimas son por definición niñas, niños y adolescentes, las desviaciones son menores a 0.6 (Figura 2 y Tabla 1).[2]

Figura 2. Desviación de junio y julio de 2026 respecto del patrón estacional de cada serie, nacional

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). Se muestran los cuatro delitos de mayor volumen. La banda interior corresponde a ±2 desviaciones estándar del componente irregular 2015–2025, el rango de variación normal de cada serie; la exterior, a ±4.

Varios delitos registraron más carpetas en junio y julio de 2026 que en 2025. La violencia familiar aumentó 8.1 % y la corrupción de menores 15.4 %. La pregunta relevante no es si subieron, sino si subieron más de lo que acostumbran, y eso mide la última columna de la tabla 1, que expresa cuánto se apartó cada mes del comportamiento propio de su serie una vez descontadas tendencia y estacionalidad. Un valor que rebasa dos desviaciones estándar se considera atípico.[3] Ninguna serie se acerca a ese umbral y la mayor desviación, en trata durante julio, llega a 0.55. Los aumentos existen, pero son los que estos delitos registran cada año en junio y julio.

Tabla 1. Carpetas de investigación en junio y julio, nacional, 2025 y 2026

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). La violación agrupa las modalidades simple y equiparada.

Otro elemento que apunta en la misma dirección es la ausencia de un patrón propio de las sedes. El incremento de violencia familiar fue mayor fuera de las entidades sede (+9.1 %) que en ellas (+4.9  %), y las tres se movieron en direcciones distintas, pues en la Ciudad de México las carpetas cayeron 24 %, en Jalisco subieron 11.2% y en Nuevo León 48.1 %. La comparación formal (un modelo de diferencias en diferencias) sigue mes a mes a los municipios de las tres zonas metropolitanas sede y a 198 municipios urbanos sin partidos. Si ser sede hubiera importado, ambos grupos se habrían separado en junio, y no lo hacen en ningún delito. El mismo ejercicio en 2023, 2024 y 2025 produce diferencias equivalentes.

Para descartar que el resultado se deba a la casualidad se aplicó una prueba de permutación, que simula lo que habría ocurrido sin el Mundial. El azar pudo generar aumentos de hasta 5.8 % en violencia familiar y de 15.3 % en abuso sexual, mientras que los documentados para eventos comparables, de entre 26 % y 38 %, son varias veces mayores y habrían resultado inconfundibles. En la trata la inferencia no es viable por el volumen, pues con quince carpetas en las entidades sede ningún incremento sería distinguible del azar, y la serie nacional se mantuvo estable, con 367 y 370 carpetas en enero-julio de 2025 y 2026.

En lo que respecta a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, el registro del RNID permite por primera vez desagregar por edad a nivel municipal y muestra su centralidad en estos delitos, pues la mitad de las víctimas de abuso sexual y cuatro de cada diez víctimas de violación tienen entre 0 y 17 años, y más de 80 % de ellas son niñas y adolescentes mujeres. En violencia sexual la desagregación por edad comienza apenas en 2026, así que se emplea como aproximación la violación equiparada, figura que cubre a niñas, niños y adolescentes víctimas y cuya serie llega a 2015.

Figura 3. Desviación de junio y julio de 2026 respecto del patrón estacional, indicadores de niñas, niños y adolescentes, nacional

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). Series de víctimas de 0 a 17 años, salvo violación equiparada, que corresponde a carpetas de investigación.

Ninguna de las cinco series se aparta de su patrón (Tabla 2 y Figura 3). La mayor desviación es de 0.45, en violación equiparada durante julio, frente a un ruido habitual de 10 % en esa serie. Los aumentos de junio y julio entre niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar y de violación, cercanos a 12 %, fueron similares dentro y fuera de las entidades sede. Lo que la serie larga sí revela es un crecimiento sostenido e independiente del Mundial, pues entre 2015 y 2026 las carpetas por violación equiparada aumentaron 204 % y las de corrupción de menores 110 %, de 823 a 1726.

Tabla 2. Niñas, niños y adolescentes en junio y julio, nacional, 2025 y 2026

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). La desagregación de víctimas por edad existe desde 2015 sólo para los delitos de los bienes jurídicos vida e integridad corporal, libertad personal, patrimonio y sociedad; para violencia familiar y los delitos sexuales comienza con el RNID en 2026, por lo que esas dos filas carecen de comparación con 2025 y se emplea la violación equiparada como aproximación a la violencia sexual contra personas menores de edad.

Con la información disponible a julio de 2026, los registros administrativos no muestran ningún incremento atribuible al Mundial en la violencia familiar, la violencia sexual, la corrupción de menores o la trata, ni en el agregado nacional, ni en las sedes, ni entre niñas, niños y adolescentes. El resultado es consistente con la evidencia internacional sobre trata. La de violencia familiar exige una escala más fina, pues el efecto se concentra en los días de partido. Los registros de lesiones de la Secretaría de Salud (2026) permiten esa prueba en junio, mes en el que su captura alcanza el nivel de 2025.[4] En los diez días con partido en sedes mexicanas las lesiones por violencia familiar quedaron 0.3 % por encima del resto del mes, con un intervalo de −7.3 % a +8.6 %, y los partidos de México en la Copa Oro de 2025 dan +5.2 %, tampoco significativo.

Donde la cifra oculta de la violencia sexual supera 99 %, la ausencia de señal debe leerse con la cautela que se exigiría ante un aumento. El seguimiento de estos delitos no debería depender de eventos de gran visibilidad. Mientras la discusión pública se concentró en veinticinco días, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes siguió creciendo, pues entre 2015 y 2026 las carpetas por violación equiparada se triplicaron y las víctimas de corrupción de menores se duplicaron. El hallazgo no es que no ocurra nada, sino que lo que ocurre es sostenido y ajeno al calendario deportivo, y que en más de ocho de cada diez casos de violencia sexual contra la infancia las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. Ése es el problema que la política de prevención tiene que atender.

[1] De los hechos ocurridos entre un 11 de junio y un 5 de julio, al cierre de julio se encuentra registrado 91% de la violencia familiar, 82 % del abuso sexual y 79 % de las violaciones. La estimación se apoya en las 13,205 carpetas de esos delitos cuyos hechos cayeron en esa ventana entre 2019 y 2023 en la Ciudad de México, única entidad que publica ambas fechas, de modo que constituye una aproximación.

[2] Como contraste se examinaron también el homicidio doloso, las lesiones dolosas y la extorsión, delitos ajenos a la hipótesis pero sensibles a cambios en la movilidad, en la actividad económica y en la práctica de registro. Sus desviaciones en junio y julio de 2026 van de −0.5 a +0.6, el mismo rango que los delitos examinados. Una alteración general del registro o de la propensión a denunciar durante el torneo se habría reflejado también en ellos.

[3] El umbral de dos desviaciones estándar corresponde a la convención habitual para señalar un valor atípico. Los procedimientos de detección automática en series estacionales ajustan el punto de corte a la longitud de la serie y, para 139 observaciones, lo sitúan cerca de cuatro desviaciones estándar.

[4] El subsistema de Lesiones y Causas de Violencia registra la atención por lesiones en unidades de la Secretaría de Salud y consigna la fecha y la hora en que ocurrió el hecho, no la de su registro, además de codificar la intencionalidad y el parentesco del agresor. Esas características lo convierten en la única fuente mexicana que permite contrastar una hipótesis formulada en días y en horas. El censo de egresos hospitalarios no lo permite, pues asienta la fecha de ingreso y capta únicamente los casos que derivan en internamiento, una fracción reducida y no representativa de la violencia familiar. La prueba se restringe a junio porque en ese mes la captura de 2026 alcanza entre 0.90 y 1.03 del volumen de 2025 y en julio desciende a 0.70. El modelo emplea el total diario de lesiones como denominador, de modo que el nivel de captura no sesga la estimación.

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Más notas

Datos intercensales y primera infancia
Por Carolina Jasso, investigadora de Early Institute
Publicación original de El Sol de México

Hace unos días, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Intercensal 2025. Las cifras confirmaron lo que anticipaban las proyecciones sociodemográficas: en México nacen menos niñas y niños, al tiempo que la población envejece.

La tasa global de fecundidad pasó de 2.0 en 2019 a 1.2 en 2024, muy por debajo del nivel de 2.1 necesario para mantener estable a una población. Frente a este panorama, la conversación pública se concentró en la baja fecundidad y en las razones por las que las personas no quieren tener hijos, y dejó de lado la discusión sobre la protección y los cuidados de las niñas y los niños, quienes más dependen de las políticas públicas.

En 2020, el Censo contó 12.2 millones de niñas y niños de cero a cinco años; en 2025, la Encuesta estima que había 9.4 millones, casi tres millones menos en cinco años.

Las implicaciones de la baja fecundidad son sociales y de largo plazo. Con generaciones cada vez más pequeñas y una población que envejece, habrá menos personas trabajando por cada persona jubilada, las pensiones serán más difíciles de financiar, el crecimiento económico dependerá de la productividad y no del número de trabajadores, y el cuidado de las personas mayores tendrá cada vez menos personas entre quienes distribuirse.

Por eso, una cohorte más pequeña no reduce las obligaciones del Estado, sino que cambia su escala. El valor de cuidar a la primera infancia no radica en la fuerza de trabajo que aportará dentro de veinte años, sino en lo que las niñas y los niños son y necesitan hoy, así como en el tipo de sociedad que resulta de atenderlos o desatenderlos.

El riesgo es interpretar la caída demográfica como una menor demanda y no como una oportunidad para cerrar rezagos acumulados durante años y ofrecer mejores condiciones a quienes, siendo menos, sostendrán a la sociedad en el futuro.

Los datos intercensales también nos permiten observar el panorama de la crianza y los cuidados. Dos de cada tres niñas y niños de cero a cinco años viven con su madre y su padre, y uno de cada cinco vive solo con su madre; esta última proporción va en aumento.

Cerca de 1.9 millones de niñas y niños de cero a cinco años dependen únicamente de su madre, en un país donde la mayoría de las mujeres no tiene un trabajo remunerado. Por eso, la agenda de cuidados es también una agenda de primera infancia, y es una agenda que se ha debilitado.

En 2019 desapareció el Programa de Estancias Infantiles y se sustituyó por una transferencia monetaria a las madres. Desde entonces, no se cuenta con información que permita conocer integralmente la atención que reciben las niñas y los niños. La Encuesta Intercensal no pregunta quién cuida a los menores de tres años ni si asisten a una guardería, una estancia o un centro de educación inicial.

El único registro nacional disponible, el de la educación inicial escolarizada de la SEP, cubre a menos de cuatro de cada cien niñas y niños de cero a dos años.

En preescolar, el avance es más frágil de lo que parece. La asistencia de las niñas y los niños de tres a cinco años subió de 61.9 a 70.4 por ciento, pero no porque haya más estudiantes en las aulas. La matrícula de la SEP en ese grupo de edad disminuyó; sin embargo, la tasa de asistencia mejoró porque la población de esas edades cayó más rápido que la matrícula.

Aun así, más de un millón de niñas y niños de tres a cinco años siguen fuera del nivel preescolar. No es un problema de cupo. La red de planteles y docentes apenas cambió durante el periodo y hoy hay menos niñas y niños por docente que hace cinco años. El rezago se concentra en los de tres años, de los cuales solo la mitad está inscrita en preescolar.

Las necesidades básicas muestran otro panorama. En cerca de 750 mil hogares con niñas, niños o adolescentes, al menos uno de ellos sintió hambre y no comió por falta de dinero durante los tres meses previos. En unos 650 mil hogares, alguno comió una sola vez al día o dejó de comer durante un día entero.

La encuesta recoge información por hogar, pero en esos hogares suele vivir más de un menor. Esto equivale a alrededor de 1.3 millones de niñas, niños y adolescentes que sintieron hambre y no comieron, unos 350 mil de ellos de cero a cinco años.

El Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI) confirma la magnitud del problema: en 2024, uno de cada siete niñas y niños de cero a cinco años vivía en hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa.

La salud completa el cuadro. Según el SIPI, la carencia por acceso a servicios de salud entre las niñas y los niños de cero a cinco años pasó de 17.6 por ciento en 2018 a 37.7 por ciento en 2024, más del doble. Este es uno de los mayores retrocesos que registra el sistema.

En el mismo periodo, la proporción de niñas y niños con el esquema básico de vacunación iniciado bajó de casi nueve a menos de ocho de cada diez. Mientras tanto, el consultorio de farmacia ya es el lugar de atención de 14 de cada cien personas.

La transición demográfica ya ocurrió y no se revierte por decreto. Una parte de la explicación de la baja fecundidad se encuentra también en estas condiciones, que dificultan la crianza de niñas y niños en entornos seguros y con acceso a servicios básicos.

Millones de ellos crecen todavía en condiciones socioestructurales adversas, y ese es el punto de partida. Una política pública que se preocupe por la natalidad debe comenzar por garantizar licencias de maternidad y paternidad efectivas, jornadas laborales compatibles con el cuidado, un sistema de cuidados que funcione desde el nacimiento y el cierre de las brechas de desigualdad que hoy determinan quién come, quién asiste a la escuela, quién recibe atención médica y quién cuida.

Una generación más pequeña también representa una oportunidad para impulsar agendas concretas en salud, educación y cuidados, con metas alcanzables para una población cuyo tamaño hoy conocemos con precisión.

Medir esas condiciones es el primer paso. Con ese propósito, Early Institute reúne en el SIPI 58 indicadores sobre salud, nutrición, educación y cuidados, seguridad y pobreza de las niñas y los niños de cero a cinco años, con series nacionales y por entidad federativa, para que la discusión sobre la natalidad no vuelva a dejar fuera a las niñas y los niños.

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Hacia una política mexicana integral en medios digitales
Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero Es verdad que hay cada vez más evidencia de que un uso inadecuado de la tecnología afecta negativamente a la población más joven, pero también es verdad que limitarse a su prohibición habla de una medida incompleta.

En las últimas semanas, el tema del uso de los dispositivos digitales entre niñas, niños y adolescentes ha sido abordado en distintos espacios públicos. Este continuo discurso sobre los riesgos y las amenazas que enfrenta ese sector frente a las pantallas ha impulsado distintas iniciativas no sólo en México sino en el mundo.

Es verdad que hay cada vez más evidencia de que un uso inadecuado de este tipo de tecnología afecta negativamente a la población más joven, pero también es verdad que limitarse a su prohibición habla de una medida incompleta.

En 2025, Brasil aprobó el “Estatuto Digital del Niño y del Adolescente”, que entró a vigor en marzo de 2026 para establecer la Política Nacional para la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes en el Entorno Digital. Esta política no parte de la prohibición, sino de crear todo un ecosistema regulatorio integral de protección hacia niñas, niños y adolescentes en dichos entornos.

Esta normativa se basa en ejes que incluyen seguridad integral; privacidad y protección de datos personales; supervisión parental; detección de casos, denuncias y respuesta ante violencia; y transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y sanciones.

En ese sentido se privilegia la educación digital donde niñas, niños, adolescentes, familias y autoridades políticas, educativas y sociales se articulan para lograr un bien común: el uso responsable de los medios digitales.

Ahora, ¿qué pasa en México? En nuestro país en noviembre de 2026 entrará en vigor un Acuerdo para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional. Esto significa que las medidas se acotan a los centros escolares de todos los niveles y van desde la restricción de los dispositivos hasta el fomento de su uso responsable.

Si bien están involucradas las áreas educativas todavía hay ámbitos en los que no se da esta corresponsabilidad, por lo que hay recomendaciones que desde Early Institute pensamos que deben ser atendidas para completar un marco de protección integral. Entre ellas proponemos que se evite un modelo estrictamente prohibicionista y dar prioridad a una estrategia integral de acompañamiento y supervisión; promover entornos digitales seguros y adecuados para niñas, niños y adolescentes, independientemente del tiempo que dediquen al uso de dispositivos; crear organismos especializados en regulación, supervisión y evaluación de plataformas digitales; diseñar toda propuesta con perspectiva de niñez, ya que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y no únicamente usuarios que requieren protección. También deben atenderse los estándares y las recomendaciones internacionales, en tanto pueden colaborar en construir políticas coherentes con las obligaciones de derechos humanos y con los principales riesgos identificados a nivel global.

Es importante también adoptar un modelo de corresponsabilidad como eje de la política pública porque la protección de la niñez en el entorno digital requiere una responsabilidad compartida entre Estado, plataformas, escuelas, familias y niñas, niños y adolescentes.

En Early Institute confirmamos nuestro compromiso con el cuidado de la niñez y adolescencia mexicanas y siendo el mundo digital uno de los ámbitos en los que la sociedad está inmersa, es importante reforzar las medidas de seguridad para evitar posibles afectaciones derivadas de estos escenarios.

Sabemos que la tecnología empleada de manera óptima es una herramienta muy eficaz, pero cuando es una amenaza a los más vulnerables es fundamental revisar, proponer y actuar.

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El suicidio en adolescentes crece en México
Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Sol de México

De los temas que se abordan en torno a la infancia y adolescencia, el del suicidio es uno de los más difíciles de entender, pues se evidencian fallas de toda índole en la protección de niñas, niños y adolescentes.

En el reciente Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio cifras sobre las defunciones registradas en México por esta causa durante 2025.

Lamentablemente ocurrieron 8,709 defunciones por suicidio en México, lo que representa una tasa nacional de 6.7 por cada 100 mil habitantes. Del total de casos, 79.9% correspondió a hombres y 20.1% a mujeres. El organismo detalló que la población de 15 a 29 años presentó la tasa más alta de todos los grupos de edad, con 10.2 suicidios por cada 100 mil personas, y que el suicidio es ya la tercera causa de muerte entre los jóvenes de ese rango de edad en el país.

Por si fuera poco, al comparar la última década, el Inegi documentó un incremento sostenido, ya que la tasa nacional pasó de 5.1 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 6.7 en 2025. Esto es un fenómeno que debe atenderse y no pretender que se solucionará por sí solo.

De hecho, los especialistas coinciden en que no existe un factor único que explique la problemática, sino que hay una combinación de condiciones familiares, sociales, económicas, laborales y emocionales. Esto hace más difícil su abordaje, pero no imposible.

Una de las regiones con esta triste situación es Hidalgo, cuya secretaria de Salud estatal, Vanesa Escalante Arroyo, dijo que la entidad acumula más de 40 muertes por suicidio en lo que va de 2026. Si bien se trata de una cifra que, según las propias autoridades, representa una disminución frente a los registros de años anteriores, sigue siendo un foco rojo. Tan sólo en 2025, los servicios de salud de Hidalgo atendieron 1,020 intentos de suicidio, de los cuales 340 correspondieron a adolescentes entre 15 y 19 años.

Al respecto, las autoridades señalaron que más de la mitad de las personas atendidas presenta algún diagnóstico o problemática asociada, como ansiedad, depresión, separaciones, duelos, rechazo, violencia, bullying, problemas económicos o laborales, enfermedades, discapacidades y dolor crónico.

En cuanto a la atención brindada para prevenir este tipo de acciones, en Hidalgo se reconoce la respuesta institucional, pero es todavía insuficiente. Por ejemplo, el estado cuenta con servicios gratuitos de atención a la salud mental, a través de seis Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), y programas como “ABC de las emociones”, dirigido a adolescentes, para detectar señales de riesgo; sin embargo, por las características geográficas de la entidad se deja de cubrir amplias zonas, lo que representa un reto para acercar la atención a quienes más la necesitan.

En Early Institute sabemos que la prevención es una de las mejores formas para disminuir problemáticas tan lacerantes como ésta. En particular, creemos que la salud mental debe ser un aspecto de la vida humana sumamente cuidado para procurar que niñas, niños y adolescentes no recurran a métodos que pongan en riesgo sus vidas.

Las cifras que arroja el Inegi dan cuenta de un panorama en el que se ha descuidado la protección de los más vulnerables y es fundamental estar atentos a las mínimas señales que pudieran reflejar un estado desesperanzador o desesperado. Esto es esencial para acompañar y ofrecer intervenciones oportunas que den alternativas a quienes piensan —a su corta edad— que el suicidio es lo más conveniente.

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