Por Cándido Pérez, investigador de Early Institute
Publicación original de El Sol de México
Hace casi cien años, John Dewey —renombrado filósofo estadounidense— abordaba lo que hoy conocemos como políticas públicas para hablar de “lo público y sus problemas”.
En donde lo público, que surge de las relaciones privadas, tiene consecuencias que afectan a terceros y, por lo tanto, se requiere de políticas para intervenir. Demanda la conformación de un Estado y del desarrollo de una ciudadanía democrática.
En el mismo tenor, Wayne Parsons afirmaba, muchos años después, que una de las razones por las que las políticas públicas han demostrado ser tan difíciles de comprender es que se refieren a la propiedad de todos y de nadie, pues así es la naturaleza de los problemas públicos.
Entendiendo dicha complejidad, durante decenas de años los Estados, a través de los gobiernos, han puesto en marcha innumerables mecanismos —políticas públicas—, mediante los cuales se pretende ya no solo resolver problemas sino impulsar el desarrollo social. Y si bien hemos facultado a los gobiernos a que hagan propias tales políticas, en países democráticos su construcción es propiedad de todos.
Los actuales planes, programas, estrategias y todo el accionar que establecemos como “público” son obras en las que en esencia todos tenemos parte, con independencia de que seamos una población directamente afectada o beneficiada.
Así como muchas otras políticas públicas, con esa idea se elaboró la recientemente publicada Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (2026-2030), la ENAPI, que según se expresa en la publicación oficial “se construye bajo los principios del humanismo mexicano, la igualdad sustantiva, la corresponsabilidad social…”. Para esto último integra una Comisión con la participación de entidades públicas, organizaciones sociales y organismos internacionales.
Para quienes trabajamos por el beneficio de la primera infancia esta política pública es el referente más claro de la apuesta que hace el gobierno federal por atender problemas graves, y a partir de las voces escuchadas trazar un camino y objetivos a alcanzar.
Este ejercicio colectivo dio frutos, entre otros, respecto a la priorización de la Ruta Integral de Atenciones —que marca la pauta de atenciones y servicios a los que deben acceder las niñas y niños, y que son implementados por la ENAPI—.
En la ENAPI se dedica parte importante al diagnóstico de la situación actual y al trazado de metas, con el apoyo de 15 indicadores (dentro de ellos tres indicadores de gestión y 12 sustantivos) que prometen medir, año con año, los avances a alcanzar. Esto también es un gran paso hacia adelante con respecto a la anterior ENAPI, pues por primera vez cada indicador viene acompañado de una ficha técnica que precisa lo que mide, el valor de línea base, la fuente de información, la fórmula para el cálculo, la meta para 2030, entre otros datos para el monitoreo. Hago este énfasis pues un sinfín de políticas públicas en nuestro país no están motivadas ni interesadas en trazar objetivos, metas y vías para su seguimiento. Muy por el contrario, procuran eliminar o dificultar toda posibilidad de escrutinio público.
Al replicar los cálculos con las bases de datos públicas que el propio documento cita, cuatro de los 12 indicadores sustantivos coinciden de forma exacta con lo publicado, mientras que otros seis quedan a menos de un punto y medio porcentual de diferencia. En este sentido, se puede confiar en tomar el dato y corroborarlo con la fuente pública, lo cual es plausible.
Sin embargo, la ENAPI también deja ver limitaciones serias. La manera en que fueron construidas las líneas base presenta deficiencias relevantes. Ocho de los 12 indicadores sustantivos agrupan varios años en una sola estimación y luego se expresa como una fotografía anual. Por ejemplo, se dice que el porcentaje de niñas y niños de uno a cinco años expuestos a disciplina violenta fue de 52.7 por ciento en 2021, 2022, 2023 y 2024. Lo mismo pasa con el dato de sobrepeso en niñas y niños menores de cinco años, que según el documento se estacionó en 7.7 por ciento cuatro años seguidos, al igual que la baja talla o desnutrición crónica, que se dice permaneció en 14 por ciento los mismos años. La línea base no es una cuestión menor, pues es el dato que sirve como punto inicial o de referencia para medir los cambios. En estos casos, claramente los datos no se estancaron, sino que se repitió un dato sin la debida precisión anual.
Por otro lado, se observaron indicadores como control prenatal y vacunación en los que no se declaran el numerador y denominador con los que fueron calculados, lo que imposibilita verificarlos. Inclusive cuando se intenta reproducir el dato de control prenatal con la fuente pública correspondiente, el resultado difiere del publicado.
Asimismo, a pesar de que la propia ENAPI dedica páginas completas a explicar que en diversas situaciones la desigualdad y los focos rojos se encuentran al observar la condición indígena, discapacidad, ámbito rural o sexo de las niñas y niños, la información en los indicadores pasa por alto el desglose correspondiente. Tampoco se establecen indicadores de seguimiento ni metas a alcanzar en problemáticas tan importantes como la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la atención del parto por personal capacitado y el peso al nacer, a pesar de que el propio documento reconoce como centrales.
A estas omisiones se suma el hecho de que las metas trazadas carecen de fundamento; son más bien líneas entre el dato de partida y una cifra estimada para 2030, sin razones en las que se base la progresión. En otros indicadores, como el de asistencia a educación inicial, la meta apenas se mueve, al pasar de 4 por ciento en 2026 a 4.5 por ciento en 2030, medio punto porcentual en todo el periodo. O como en el caso del indicador de vacunación donde la meta se estima en 90 por ciento en 2026, sin cambios en ninguno de los años siguientes.
Finalmente, la ENAPI nuevamente llega tarde; pareciera que ya nos hemos acostumbrado a que es una estrategia que no alcanza el sexenio, pues se publica casi dos años después de la entrada del actual gobierno federal y eso acorta sus posibilidades. Esta situación debería llamarnos a la acción en tanto cada uno de los temas que abarca la ENAPI nos concierne a todos, no solo porque la primera infancia se refiere a una etapa prioritaria, sino porque cada problema público y su posible solución nos pertenece a cada uno de nosotros.
La corresponsabilidad no termina con la elaboración de una política, sino que exige también la participación de la sociedad en su seguimiento y evaluación. Tenemos poco tiempo para confirmar si el rumbo es el correcto y si la ruta trazada nos lleva al destino deseado.
