Por Valeria González Ruiz, coordinadora en Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México
- Corresponde a las instituciones traducirlas en decisiones que permitan garantizar una atención oportuna y de calidad, y proteger efectivamente la vida y el bienestar de las mujeres, de las niñas y los niños
No se trata únicamente de recibir atención médica durante el embarazo o el parto, sino de garantizar que ésta sea oportuna, adecuada y de calidad, especialmente cuando enfrentan una situación de emergencia que pone en riesgo su bienestar e incluso su vida.
Sin embargo, la realidad en México aún muestra importantes desafíos. La publicación Atención a la salud materno-infantil y a las emergencias obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio en México de Early Institute, evidencia fallas sistémicas que limitan la capacidad del sistema de salud para responder de manera adecuada a las necesidades de mujeres, niñas y niños ante emergencias obstétricas.
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, México cuenta con 46 mil 435 establecimientos de salud registrados; no obstante, cuando se observa cuántos de ellos dan atención relacionada con la salud materno-infantil, la cifra se reduce notablemente, al ser únicamente mil 312 unidades médicas en todo el país.
Además, solo 358 hospitales cuentan con unidades de cuidados intensivos, 329 con unidades de cuidados intensivos neonatales y 247 unidades médicas cuentan con banco de sangre. Esto quiere decir que, cuando se trata de atención a emergencias obstétricas como hemorragias posparto, preeclampsia y eclampsia, o complicaciones como la prematuridad, sepsis neonatal o la insuficiencia respiratoria del recién nacido, las capacidades del sistema de salud para responder de forma oportuna son aún más limitadas.
La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución mexicana y los tratados internacionales, que establecen la obligación del Estado de garantizarlo; sin embargo, cuando se trata de la salud materno-infantil esta obligación adquiere una importancia mayor pues exige que los servicios de salud cuenten con las capacidades suficientes para responder las distintas necesidades de esta población y para actuar ante situaciones que pongan en riesgo su vida.
Por ello, hablar del acceso a la salud no puede limitarse a su reconocimiento normativo ni a la existencia formal de servicios. Esta investigación evidencia que es necesario eliminar barreras, atender las desigualdades estructurales, adaptar los servicios a las necesidades de las personas y priorizar la atención en casos de alto riesgo. De lo contrario, las consecuencias pueden ser fatales; de acuerdo con la investigación, 4 mil 871 mujeres, niñas y niños murieron por causas relacionadas con una emergencia obstétrica en 2023.
Es urgente implementar acciones progresivas por parte del Estado que hagan efectivo el derecho a la salud materno-infantil. Ahí la importancia de este documento, que plantea recomendaciones normativas y de política pública orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud y a contribuir a la prevención de muertes que, en muchos casos, pueden evitarse.
Así, se hace un llamado a las autoridades, tanto federales como estatales, responsables de garantizar el derecho a la salud, para que asuman como una prioridad la atención médica materno-infantil y fortalezcan las capacidades institucionales de respuesta ante emergencias obstétricas.
Las recomendaciones planteadas en esta investigación ofrecen elementos concretos para avanzar en esta tarea. Ahora corresponde a las instituciones traducirlas en decisiones que permitan garantizar una atención oportuna y de calidad, y proteger efectivamente la vida y el bienestar de las mujeres, de las niñas y los niños.
