Menos pobreza pero aumentan carencias sociales

La pobreza —y particularmente la pobreza durante la primera infancia— no puede medirse únicamente en función de los ingresos de los hogares. Limitarse a ese enfoque invisibiliza las carencias que enfrentan niñas y niños y que limitan sustancialmente su desarrollo integral a corto y largo plazos.

La metodología de pobreza multidimensional es, en ese sentido, una herramienta insustituible. No sólo cuantifica cuántas niñas y niños viven en pobreza, sino que revela en qué aspectos concretos se concentran sus carencias: alimentación, salud, educación, vivienda, saneamiento y acceso a la seguridad social.

Desde 2008 hasta 2022, esta tarea estuvo en manos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Con la reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 y reglamentada en julio de 2025, sus atribuciones pasaron al Inegi, que ahora cuenta con la Coordinación General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social. La primera medición a cargo del instituto, a partir de la ENIGH 2024, se realizó bajo los mismos criterios que empleaba el Coneval, lo que permite dar continuidad a la serie histórica.

Los resultados muestran avances, pero también retos importantes. La pobreza durante la primera infancia (0-5 años), que había alcanzado 52.5 por ciento en 2018, subió en 2020 hasta 54.3 por ciento en el contexto de la pandemia. Desde entonces, ha mostrado una tendencia sostenida a la baja: 48.1 por ciento en 2022 y 41.9 por ciento en 2024. Esto implica una reducción neta de 10.6 puntos porcentuales respecto a 2018, equivalente a 20 por ciento menos. La pobreza extrema siguió una ruta similar: de 9.9 por ciento en 2018 a un pico de 11.8 por ciento en 2020, para cerrar en 8.8 por ciento en 2024, una disminución de 11 por cientp respecto a 2018.

En términos de derechos sociales, se observan reducciones importantes: carencia de alimentación (-25 por ciento), calidad y espacios de la vivienda (-22 por ciento), servicios básicos (-18 por ciento), rezago educativo (-11 por ciento) y seguridad social (-4 por ciento). Además, disminuyó la proporción de niñas y niños con al menos una carencia social (-7 por ciento) y quienes son vulnerables por ingresos (-17 por ciento). Sin embargo, las señales de alerta son claras: la carencia por acceso a servicios de salud se disparó (+115 por ciento) y aumentó la población infantil vulnerable por carencias sociales (+25 por ciento), así como quienes enfrentan tres o más carencias simultáneas (+8 por ciento).

Profundizando respecto a las carencias sociales, el número promedio de carencias por niña y niño de la primera infancia pasó de 2.2 en 2018 a 2.4 en 2024, lo que representa un aumento de 10 por ciento. Las entidades que han tenido mayores aumentos son Durango (de 1.7 a 2.4, +40 por ciento), Chihuahua (de 1.9 a 2.3, +19 por ciento), Zacatecas (de 1.7 a 2.0, +18 por ciento), Michoacán (de 2.1 a 2.5, +17 por ciento) y San Luis Potosí (de 1.9 a 2.3, +16 por ciento).

Como se puede observar, los avances en ingreso y en varias carencias conviven con un deterioro grave en el acceso a la salud y con la persistencia de más de tres carencias. La política social debe, por tanto, concentrar sus esfuerzos en cerrar esta brecha, con un enfoque territorial y de derechos.

A nivel territorial, la pobreza cayó en casi todos los estados entre 2018 y 2024. Los mayores descensos se observan en Tamaulipas (-15.3 pp), Chihuahua (-14.9 pp), Guanajuato (-14.4 pp), Tabasco (-12.9 pp) y Estado de México (-12.5 pp). Los menores descensos se observan en Durango (-2.3 pp), Quintana Roo (-2.9 pp), Coahuila (-3.5 pp), Aguascalientes (-3.1 pp) y Morelos (-4.0 pp).

Independientemente de los cambios entre 2018 y 2024 observamos que el sur-sureste sigue siendo el epicentro del problema: Chiapas (79 por ciento), Guerrero (72 por ciento) y Oaxaca (64 por ciento), Puebla (57 por ciento) y Veracruz (57 por ciento) mantienen los niveles más altos de pobreza, lo cual significa que aunque haya mejoras, en estas entidades más de 50 por ciento estan en situaciones de pobreza.

México avanza, pero no lo hace por igual. La infancia del norte experimenta mejoras mientras que en el sur persisten los problemas. El reto de la política pública es sostener el ritmo en las regiones donde ya se consolidan avances pero también atacar de raíz las desigualdades territoriales que mantienen a millones de niñas y niños en pobreza extrema.

El éxito no debe medirse sólo en estadísticas nacionales, sino en la capacidad de garantizar que nacer en Chiapas no signifique partir con tres veces más desventajas que hacerlo en Baja California.

Urge una mirada integral que de visibilidad a las desigualdades persistentes y es indispensable para diseñar políticas públicas que trasciendan el simple aumento del ingreso, y garanticen en cambio el pleno ejercicio de derechos, sentando las bases para romper los ciclos intergeneracionales de pobreza en nuestro país.