Por Abraham Madero, director ejecutivo de Early Institute
Publicación original de Proceso
Es importante mencionar que a 11 años de su creación progresiva dentro de los aparatos de gobierno federal, estatal y municipal, las procuradurías de protección enfrentan retos de diversa índole operativa y presupuestal que merman su capacidad de respuesta frente a las necesidades inmediatas de protección y restitución de derechos requeridos por la niñez y adolescencia en todo el territorio nacional
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) de 2014 creó una de las instituciones más relevantes y retadoras del sistema normativo e institucional mexicano. Se trata de la atípica figura de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que, si bien se insertan como instancias de la administración pública federal, estatal y municipal, mantienen funciones de vital trascendencia en ámbitos como la restitución de derechos y el acceso a la justicia en favor de las niñas y niños de México.
Atendiendo al origen del término procurare, estas procuradurías de protección ejercen una función primordial de cuidar o representar a niñas, niños y adolescentes en situaciones o contextos que representen riesgo o vulneración a sus derechos. Desde el mandato legal, su objetivo es claro: promover políticas preventivas para evitar entornos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes (NNA), así como brindar acompañamiento legal, psicológico y coordinar el acceso a servicios esenciales como salud y educación.
En un país donde la infancia y adolescencia representa alrededor del treinta por ciento de la población, las procuradurías de protección son instancias cruciales para impulsar su desarrollo, interviniendo en problemáticas como la institucionalización de NNA en centros de asistencia social; la atención a casos de violencia, o bien, asuntos relacionados al desempeño escolar o al acompañamiento de NNA en situaciones de exclusión, rezago y pobreza.
Lejos de concebirse como instancias burocráticas, la esencia de estas procuradurías consiste en asegurar que NNA reciban caso por caso una restitución integral cuando sus derechos han sido vulnerados mediante la definición de medidas especiales de protección y acciones coordinadas con todas las instancias necesarias para ello.
Además, tratándose de niñez indígena o regiones de especial vulnerabilidad, actúan como defensoras de la diversidad cultural procurando que NNA cuenten, por ejemplo, con acceso a una justicia adecuada a su desarrollo, lenguaje y condiciones socioculturales específicas.
No obstante, es importante mencionar que, a 11 años de su creación progresiva dentro de los aparatos de gobierno federal, estatal y municipal, las procuradurías de protección enfrentan retos de diversa índole operativa y presupuestal que merman su capacidad de respuesta frente a las necesidades inmediatas de protección y restitución de derechos requeridos por la niñez y adolescencia en todo el territorio nacional.
En primer lugar, las procuradurías son instancias cuya relevancia debe visibilizarse y asegurar que existe una comprensión social sobre su competencia y funciones, inclusive dentro del mismo sector gubernamental, aún persiste desconocimiento entre las propias dependencias públicas sobre los procesos en los que estas intervienen. Poco o nada se les menciona desde el discurso oficial del gobierno o congresos. Se les percibe como instancias de “bajo perfil” reducidas a oficinas administrativas adscritas al interior de los sistemas DIF municipales y estatales.
Sin embargo, en los hechos su papel es neurálgico incluso para la narrativa del bienestar social que enarbolan los gobiernos de la 4T, por ejemplo, frente a la comisión de delitos en contra de NNA o bien como instancias clave en su coordinación con centros de asistencia social y poderes judiciales en casos de reinserción familiar y adopciones.
La priorización del rol de estas procuradurías —especialmente dentro de los gobiernos estatales y municipales— debe ser resultado de una ruta crítica para el fortalecimiento progresivo que permita ampliar su capacidad operativa y presupuestal, así como contar con procesos de especialización y capacitación permanente para su personal, en un contexto donde la agenda de niñez y las temáticas que la integran se han vuelto cada vez más complejas y específicas.
En segundo lugar, dadas las condiciones del sistema federal mexicano, la coordinación interinstitucional entre las procuradurías y el resto de las instituciones que integran los sistemas estatales y municipales de protección, representa uno de los retos de mayor complejidad de esta agenda.
Las funciones de representación legal, asistencia y protección de NNA que encabezan estas procuradurías invariablemente requieren de una intensa y eficaz coordinación con áreas de seguridad, ministerios públicos, tribunales, instancias del sector salud, educativas, casas hogar, registros civiles y organizaciones sociales. Esto plantea una serie de desafíos operativos que varían de región en región atendiendo a la capacidad de respuesta de los aparatos burocráticos estatales y municipales.
UNICEF ha encabezado un esfuerzo en México por impulsar, junto con los gobiernos de los estados, una ruta crítica para fortalecer a todas las procuradurías de protección. Se coincide en trabajar de manera prioritaria en una cuestión primordial: mejorar el diseño orgánico y la estructura mínima deseable para estas instancias, con abogados, psicólogos y peritos suficientes para atender las áreas sensibles en materia de reinserción familiar, restitución de derechos a NNA y seguimiento a niñez institucionalizada o en entornos de violencia.
A la par de esto, nos parece que el reto central consiste en lograr que las procuradurías de protección adquieran una mayor visibilidad pública como instituciones medulares en el ámbito de los derechos humanos de niñas y niños. Para colocarlas dentro del discurso social y político, será necesario redoblar esfuerzos y trabajar de la mano con los poderes legislativos, apretar el paso con los poderes judiciales para insertar la perspectiva de niñez en su función y desde la sociedad civil exigir que esta temática sea revisada con sentido de urgencia dentro de los planes de desarrollo y las agendas parlamentarias.
Estamos entrando a otra etapa en la agenda gubernamental y en el tablero de prioridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a dos años de su mandato, este tema claramente sigue sin perfilarse como un asunto de relevancia nacional. La falta de resultados y los focos rojos en innumerables indicadores de salud, seguridad, educación, nutrición y pobreza de niñas y niños, obligan a replantear la forma en que esta materia es presentada y gestionada también desde el terreno social.
La debilidad de las instituciones que rigen en el sector —como es el caso de estas procuradurías— no es una casualidad o producto de la mala fortuna, es un resultado directamente proporcional a la necesidad de dar un viraje contundente a la narrativa y a las formas como históricamente se ha presentado el trabajo a favor de los derechos de la niñez.
Seguir instalados en el discurso del altruismo o en la visión reducida al asistencialismo de la infancia, es no reconocer que la época ya es otra y que los fenómenos globales van a una velocidad mayor que la capacidad de respuesta de los gobiernos.
La agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes requiere de información basada evidencia para potenciar la toma de decisiones; implementar esquemas de evaluación de impacto para quienes diseñamos programas en este sector; priorizar la puesta en marcha de estrategias de incidencia efectivas y compatibles con la realidad política del momento, pero sobre todo plantear una nueva conversación social que permita llevar esta agenda al siguiente nivel. Esta tarea no solo es del gobierno.
De no hacerlo más de 38 mil niñas, niños y adolescentes seguirán a la suerte de instituciones debilitadas y sin presupuestos suficientes para cumplir lo que mandata la Constitución y las leyes: garantizar la protección prioritaria a sus derechos fundamentales.
