Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero
La orfandad tiene consecuencias severas en el desarrollo de los niños y las niñas, principalmente en indicadores de bienestar económico, mental y de otro tipo, hasta la vida adulta.
Con el Informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México, recientemente publicado por un grupo multidisciplinario de investigadores y profesionales que se reunieron para estudiar la respuesta del gobierno de México en torno a la contingencia, se revela información preocupante.
Para empezar, se señala que de las más de 800 mil muertes por covid, casi cuatro de cada diez fueron por fallas en la gestión gubernamental; esto da como resultado que cerca de 300 mil personas perdieron la vida por dichas deficiencias.
Entre otras cifras, se destaca que se dio una tasa de 260.7 decesos por cada 100 mil habitantes durante toda la emergencia; los decesos del personal de salud ascendieron a 5 mil 800 durante el periodo de marzo de 2020 al 9 de mayo de 2023; se perdieron más de 10.6 millones de empleos en 2020; la pobreza aumentó en 3.8 millones durante 2020; y 215 mil niños y niñas quedaron en situación de orfandad.
Sobre este último dato, se estima que esta cifra es de las más altas del mundo, colocando a México entre los ocho países más afectados, junto con otros de población total mucho más grande como Indonesia, Nigeria y Estados Unidos.
Como dice el informe: “Atender esta realidad con medidas enfocadas a apoyar el desarrollo integral de los menores afectados es un reto mayúsculo, pero una de las mayores obligaciones colectivas que nos ha legado la pandemia”.
El estudio asocia la alta mortalidad de los adultos jóvenes con la orfandad de niños y niñas, sin embargo, la situación se agrava cuando si el mismo ejercicio de estudio se realiza para personas que fungían como cuidadores principales de los menores, es decir, casos en que la custodia era ejercida por personas diferentes a los padres, como abuelos u otros parientes. En ese sentido, la cifra podría ascender a poco más de 229 mil huérfanos y huérfanas.
Y si el espectro se amplía a cuidadores tanto primarios como secundarios (padres, abuelos o parientes a cargo de la custodia y/o abuelos que vivían con los niños y las niñas) hablamos de que al menos 318 mil menores de edad pudieron haber sufrido la pérdida de una figura adulta con la que vivían y que se encargaba de su cuidado.
Según el reporte, estudios científicos reconocen que la orfandad tiene consecuencias severas en el desarrollo de los niños y las niñas, principalmente en indicadores de bienestar económico, mental y de otro tipo hasta la vida adulta. Entre ellos se incluye una posibilidad más alta de abandono escolar, pobreza, problemas de salud física y mental, así como mayor vulnerabilidad a diversas carencias.
Si bien durante este difícil proceso algunas fundaciones llevaron a cabo programas de asistencia para menores en proceso de duelo, lo cierto es que, hasta la fecha, no existe una política pública del Estado mexicano que otorgue apoyo, acompañamiento y protección a los niños, las niñas y las familias afectadas.
Es por ello que el informe señala que resulta impostergable el diseño e implementación de una política nacional enfocada en proteger el bienestar y los derechos de los menores huérfanos en México y que contemple al menos los siguientes aspectos: acompañamiento psicológico y medidas de atención de la salud física y mental; asistencia económica; y medidas para evitar la deserción escolar y apoyar el aprendizaje.
En Early Institute coincidimos con la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México en calificar la crisis de orfandad como “la pandemia escondida”, pues a pesar de que en nuestro país se han configurado exhortos desde el Congreso de la Unión y los congresos locales para que las instancias gubernamentales se hagan cargo del asunto, aún no se concretan acciones que protejan a este sector. De igual modo, hacemos un llamado a los gobiernos federal y estatales a poner a las niñas y los niños en el centro, especialmente a quienes requieren apoyos especiales y medidas de atención que aseguren la cobertura de sus necesidades. La magnitud del problema así lo demanda y es imperativo actuar.
