Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en El Financiero
Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en El Financiero
El decreto de entornos digitales seguros, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un avance positivo, pero con muchas aristas para el análisis. Obligar a las plataformas a verificar edades y retirar contenidos violentos responde a riesgos reales que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el mundo digital. Reconocer que las redes pueden amplificar la violencia escolar o normalizar conductas dañinas es un punto de partida correcto, ciertamente, basado en la evidencia global y que otros países han atendido desde el ámbito legislativo.
Dicho lineamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 14 de octubre, no prohíbe como tal el acceso a redes sociales a niñas, niños y adolescentes, sino que obliga a las plataformas a restringir y corresponsabilizarlos de la distribución de contenidos de riesgo, así como a reforzar protecciones desde una perspectiva preventiva y de coordinación entre sectores.
Se ha dado a conocer que este acuerdo fue resultado del diálogo con empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X, Huawei, las cuales aceptaron las medidas y pidieron un mes para adecuarse. El ordenamiento anunciado desde la conferencia mañanera es de orden público, interés general y observancia obligatoria en todo el país. Define como “plataforma digital” de forma amplia a aquellos servicios de internet que permiten interacción, comunicación o compartición de contenidos, bien sea redes sociales, videojuegos o tiendas de aplicaciones.
En concreto, la nueva reglamentación anunciada prohíbe a las plataformas permitir a niñas, niños y adolescentes el acceso, exposición o recomendación —especialmente por algoritmos — de imágenes, videos o contenidos que generen o promuevan acoso, ciberacoso, abuso, explotación, violencia sexual, discursos de odio, violencia masiva, conductas ilícitas, material sexual explícito, entre otras conductas.
Por su parte, aunque el decreto no es de naturaleza punitiva — es decir no establece sanciones como tal para las empresas—– les obliga entre otras cosas a verificar la edad con mecanismos confiables y seguros, clasificar contenidos por edad y moderarlos, identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos prohibidos, ofrecer herramientas de supervisión parental, garantizar la seguridad “desde el diseño” y evaluar periódicamente los riesgos detectados en los algoritmos.
Sin embargo, dicho lineamiento sólo atiende una fracción del problema. La violencia digital es una realidad innegable en los contextos de nuestra sociedad actual, pero no es la única ni la más estructural que vive la niñez mexicana.
Mucho antes de que una niña o niño abra una cuenta en TikTok o Instagram enfrenta carencias profundas que hemos venido señalando reiteradamente en este espacio: pobreza, desnutrición, falta de acceso a educación inicial de calidad, violencia familiar, abandono institucional y ausencia de redes de cuidado. Estas condiciones se gestan desde la primera infancia y condicionan, en buena medida, la vulnerabilidad posterior en ámbitos comunitarios, educativos y, posteriormente, en los entornos digitales.
Lo más revelador es que, a lo largo de los gobiernos de la llamada “cuarta transformación”, la agenda de niñez nunca ha figurado como prioridad real. Mientras se han impulsado con fuerza programas de transferencias, obras de infraestructura y reformas en otros ámbitos, la protección integral de niñas, niños y adolescentes —especialmente desde la primera infancia— ha quedado relegada a medidas parciales, reactivas o simbólicas. Lo mismo en el ámbito parlamentario, donde la baja o escasa productividad de las comisiones de niñez se refleja en un retraso estructural del marco normativo en esta materia, especialmente en la armonización y actualización de los delitos y formas de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.
En suma, este decreto se presenta en un contexto en el que realmente no ha habido una política de Estado sostenida en materia de protección a la niñez, con presupuesto suficiente, que garantice cuidados de calidad, prevención de la violencia, salud mental y oportunidades desde los primeros años de vida.
Proteger a la niñez exige algo más que regular algoritmos. Se necesitan medidas legislativas que fortalezcan de manera integral el sistema de protección. Sin recursos y sin una visión que abarque el ciclo completo de la vida de un niño o una niña, el decreto corre el riesgo de convertirse en un gesto aislado cuando no incipiente.
La seguridad digital importa. Pero no puede sustituir la construcción de un piso mínimo de bienestar, cuidado y oportunidades desde los primeros años. Mientras las carencias estructurales sigan sin respuesta seria de los gobiernos y congresos de la 4T y la agenda de niñez continúe sin ser prioritaria, cualquier regulación de plataformas será tan solo un parche coyuntural que no resolverá ni por asomo la problemática de fondo.
Caso “Casa del Horror”
En California, Estados Unidos, ha surgido un caso que ha escandalizado al mundo entero: de acuerdo con reportes de medios de comunicación, una pareja pagó a diferentes mujeres para que gestaran a niñas y niños que posteriormente serían objeto de sus abusos y violentarían de las peores formas.
Se ha documentado que fueron al menos 21 niñas y niños nacidos a través de gestación subrogada ante una ausencia total y falta de seguimiento por parte del Estado.
¿Cómo esto fue posible sin que nadie lo impidiera?
¿Cómo nadie le estaba dando seguimiento a tantos acuerdos de gestación subrogada en un Estado abiertamente permisivo como lo es California?
Y en medio de tanta polémica, vale la pena recordar los esfuerzos internacionales que se han hecho hasta ahora por visibilizar las graves violaciones a derechos humanos que esta práctica genera y la necesidad de prohibirla de manera categórica: tal es el caso de la Declaración de Casablanca, instrumento firmado el 3 de marzo del año 2023 por más de 100 expertas y expertos de 75 países del mundo en la que solicitan a los Estados la abolición universal de la gestación subrogada en todas las modalidades, sea o no remunerada, y la aplicación de medidas para combatirla.
Desde entonces y cada año, Casablanca ha llevado a cabo una Conferencia internacional con especialistas de distintas nacionalidades que abordan el tema desde las perspectivas jurídica, médica, bioética, social y de derechos humanos.
Así fue como el pasado 3 y 4 de septiembre Early Institute, en coordinación con los impulsores de la Declaración de Casablanca y la Universidad Panamericana celebraron la IV Conferencia de la Convención de Casa Blanca en México, país que fue escogido por ser uno de los escenarios más relevantes del debate global sobre maternidad subrogada, tanto por su vacío normativo como por su papel en el llamado turismo reproductivo.
México, un país que hasta el momento ha sido tolerante con quienes explotan el cuerpo de mujeres, con quienes lucran en esta industria y quienes compran bebés. Esta tibieza que ha permitido en la práctica que México se vuelva un país atractivo para extranjeros ricos que buscan mujeres en situación de vulnerabilidad para gestarles bebés.
Este espacio se caracterizó por ser una convocatoria internacional del más alto nivel, reunió a 34 especialistas de 9 países: México, España, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Francia y Suiza, destacando Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, junto con Jorge Cardona Llorens y Luis Pedernera, ambos ex integrantes del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Pero más allá de quienes estuvieron, el evento detonó propuestas legislativas que vale la pena visibilizar e impulsar desde la sociedad civil. En primer lugar, generó el interés suficiente para llevar a cabo el Foro Internacional “Los Derechos Humanos y la Maternidad Subrogada” en la Cámara de Diputados en el que participaron Olivia Maurel, portavoz de la Declaración de Casablanca, Patricia Olamendi Torres y Lorena Bolzon.
De lo retroalimentado se integró una iniciativa para tipificar la maternidad subrogada como una forma de explotación reproductiva y una modalidad de trata de personas. El Diputado Reginaldo Sandoval Flores, con aval de Diputadas y Diputados del Partido del Trabajo, presentó una propuesta de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos. Con esta propuesta se pretende incorporar a la explotación reproductiva mediante “gestación subrogada” como una forma de explotación de personas; reconocer a las mujeres gestantes y a niñas y niños recién nacidos la calidad de víctimas; declarar la nulidad de contratos, convenios o acuerdos que tengan por objeto la explotación reproductiva; sancionar a quien la cometa con una pena de 10 a 20 años de prisión, y de 15 a 25 años de prisión a quien lo haga contra menores de 18 años o en situación de vulnerabilidad, con engaño, fines de tráfico o se prive a la mujer de su libertad.
Se sabe que, a pesar de años de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres gestantes, de cientos de casos de niñas y niños abandonados en hospitales por no cumplir con los “requisitos” exigidos por los solicitantes, las autoridades mexicanas siguen sin prohibir la explotación reproductiva.
“Permitir” esta práctica o “no regularla” no debería ser objeto de debate, la evidencia es muy clara al respecto: se trata de una forma moderna de explotación que gesta bebés como un producto comercializable, explota el cuerpo de la mujer gestante como una máquina de producción y lo hace todo a través de una lógica de mercado, con intermediarios que se enriquecen a costa de todo lo demás.
Desde Early Institute hacemos un llamado no solo al Congreso de la Unión, sino también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como autoridades determinantes en el desarrollo y ejercicio de derecho humanos, para dejar de darle vueltas a esta problemática y posicionarse de manera clara y contundente sobre el fondo de esta forma de explotación.
Han tenido varias oportunidades: acciones de inconstitucionalidad impugnando las disposiciones que permiten la gestación subrogada en Tabasco, amparos promovidos por clínicas de fertilidad alegando un supuesto “derecho” a comercializar con esta forma de explotación, iniciativas que pretenden incluir esta práctica como una técnica de reproducción humana asistida, reformar la Ley General de Salud, el Código Civil o el Penal Federal.
Sin embargo, la opacidad persiste, han congelado las propuestas o simplemente han evitado entrar al fondo: es esto una forma de explotación de personas ¿si o no? y ¿qué harán al respecto? ¿permitirán que esto siga sucediendo, protegiendo a los explotadores?
Quizá la presión internacional, la evidencia e información puesta a sus pies y esta posibilidad legislativa sean la combinación adecuada para que por fin tomen acción. Necesitamos vivir en un Estado que no tema en posicionarse en favor de sus mujeres, que no sea tibio en brindar la protección necesaria para de una vez por todas repeler los intereses económicos y utilitaristas que han posicionado a México como un paraíso reproductivo.
En recientes fechas se ha registrado un repunte de violencia en escuelas secundarias de México. Esto no es un fenómeno que surge de la nada, sino es la expresión de acciones que se fueron normalizando o bien van tramándose en hogares con condiciones sociales poco favorables.
Simplemente en la capital del país, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha atendido cerca de 3 mil reportes de violencia escolar desde 2019 y el 46% de ellos corresponde al nivel de secundaria, que concentra a adolescentes entre los 12 y 15 años.
Sucesos como el de Torreón, en el que una maestra fue asesinada por dos hermanos que estudiaron en el plantel "Justo Sierra Méndez", o el de la Secundaria General "Esperanza Cabrera", en Querétaro, en el que un estudiante de 13 años atacó a varios de sus compañeros con dos cuchillos visibilizan un problema que se debe enfrentar de manera inmediata.
De acuerdo con datos del Consejo Ciudadano, 81% de los reportes registrados corresponde a conflictos entre los estudiantes y también llama la atención un crecimiento de 205% en reportes de bullying en 2024 frente a los registrados en 2019.
Lo que reflejan estas cifras son varias cosas: por un lado, las edades que comprenden la etapa de la secundaria son de mayor vulnerabilidad, que en palabras de Ramón Beltrán Arellano, secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano, es cuando crece la necesidad de aceptación del grupo mientras la identidad aún se forma. Por otro lado, a estas necesidades se añaden presiones sociales y económicas, y a veces las familias no siempre saben contener esta transición.
Un factor que se agrega es el uso de la tecnología, porque al analizar los reportes, el Consejo Ciudadano detectó que las ideas de dañar a compañeros o a docentes se expresan primero en plataformas digitales, donde reciben validación de desconocidos.
Asimismo, la salud mental es un asunto determinante. Según el Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) 2026 publicado por el Inegi, 21.8% de la población de 12 años y más presentó indicios de ansiedad y 13.4% de depresión.
La suma de todos estos factores puede derivar en tragedias como las señaladas, cuando podrían ser prevenidas si se presta atención a la situación de los adolescentes.
En este sentido, ¿qué podríamos hacer para evitar que la violencia se agudice en estos escenarios? Primero saber que la prevención funciona cuando cada actor sabe qué observar y a dónde acudir. Por ejemplo, en el caso de los padres y/o cuidadores hay que estar alertas a conductas poco habituales e incluso registrar cambios que se repiten o se intensifican: sueño, apetito, aislamiento, irritabilidad, lesiones sin explicación. También se recomienda vigilar el uso de los dispositivos digitales. En el caso de la escuela se sugiere atender los conflictos desde su primera manifestación, sin minimizarlos como bromas, activar protocolos de convivencia y canalizar a atención psicológica, no sólo sancionar. Además, es necesario fortalecer redes de apoyo entre estudiantes, familias y personal para pedir ayuda a tiempo.
En el caso de los propios adolescentes, se recomienda avisar a un adulto de confianza si se sabe de alguien que expresa la intención de dañar a otros, o lo indica en un grupo o foro. De igual modo se pide no compartir ni reenviar videos o contenido violento. A las autoridades se les pide coordinación para desactivar foros que incitan ataques y formular estrategias para identificar riesgos en los planteles.
En Early Institute hacemos un llamado a la sociedad para tomar conciencia de la gravedad de este tipo de fenómenos y, sobre todo, actuar cuando se noten ciertas conductas de riesgo. Es ante todo un llamado a los padres de familia para que estén realmente presentes en las vidas de sus hijas e hijos, ya que la adolescencia sigue siendo una etapa de vida muy vulnerable y encauzada de manera inadecuada puede provocar no sólo daños a los propios jóvenes, sino a quienes forman parte de su entorno.
