Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
La pandemia del COVID-19 ha traído consigo innumerables secuelas en los distintos sectores de la sociedad, una de las más grandes es el incremento de la brecha educativa en las clases sociales de nuestro país y toda América Latina.
En el “Estudio diagnóstico sobre docentes en América Latina y el Caribe” publicado en 2020, la UNESCO señala que identificó grandes brechas en los resultados educativos que se relacionan con una desigual distribución de docentes mejor calificados, en perjuicio de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar, además, a población indígena y migrante. Sin embargo, el aislamiento social generado por la pandemia simplemente ha hecho que las desigualdades que ya existían en el sector educativo, y que nunca se han abordado de manera adecuada, se agudicen.
La necesidad de modalidades de aprendizaje a distancia -mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas-, así como de mecanismos de seguimiento, evaluación y retroalimentación del proceso educativo, ha incrementado la brecha entre quienes tienen acceso a estos recursos y quienes que no. De manera que la efectividad del aprendizaje no está necesariamente ligada con el mérito y el esfuerzo -como muchas veces se nos ha hecho creer- sino también con el nivel socioeconómico de las y los estudiantes y de los recursos tecnológicos y pedagógicos de la escuela.
De acuerdo con las estimaciones iniciales hechas por el Banco Mundial en el informe “Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños”, publicado este año, el impacto del cierre de las escuelas ampliaría la -ya marcada- brecha socioeconómica de rendimiento académico en un 12 %, o un cuarto de año de escolaridad, y daría lugar a que estudiantes en el primer ciclo de secundaria en el quintil superior de la distribución de ingresos tengan, en promedio, casi 3 años de escolaridad más que sus contemporáneos del quintil inferior de ingresos.
Lo anterior, aunado a el incremento de deserciones escolares que se han registrado y la interrupción de servicios que niñas y niños recibían en las escuelas -como los programas de alimentación-, han creado la “receta perfecta” para una crisis educativa y social con impacto permanente es las generaciones más jóvenes. Sin embargo, según el reporte “Education Finance Watch 2021” del Banco Mundial y la UNESCO, dos terceras partes de los países de ingreso bajo y mediano bajo han reducido sus presupuestos públicos de la educación desde que comenzó la pandemia.
Ante esta catástrofe generacional, es urgente INVERTIR en una educación accesible y de calidad. Si bien, la reapertura segura y efectiva de las escuelas a nivel nacional es una prioridad, también lo es REVERTIR los efectos que se proyectan y DISMINUIR la brecha de aprendizaje que existe entre los sectores sociales de la población. Y, a largo plazo, impulsar transformaciones que representen condiciones efectivas para ejercer en igualdad de condiciones el derecho a la educación, por ejemplo, sistemas educativos más inclusivos que puedan adaptarse a las características particulares de las y los estudiantes y brindar herramientas adecuadas para su aprendizaje efectivo.
La condición social no debería de ser un factor determinante al momento de ejercer un derecho y, mucho menos, uno tan importante como el de la educación, derecho -además- necesario para promover condiciones de igualdad.
