Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original en: El Sol de México
Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original en: El Sol de México
Hace unos días, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Intercensal 2025. Las cifras confirmaron lo que anticipaban las proyecciones sociodemográficas: en México nacen menos niñas y niños, al tiempo que la población envejece.
La tasa global de fecundidad pasó de 2.0 en 2019 a 1.2 en 2024, muy por debajo del nivel de 2.1 necesario para mantener estable a una población. Frente a este panorama, la conversación pública se concentró en la baja fecundidad y en las razones por las que las personas no quieren tener hijos, y dejó de lado la discusión sobre la protección y los cuidados de las niñas y los niños, quienes más dependen de las políticas públicas.
En 2020, el Censo contó 12.2 millones de niñas y niños de cero a cinco años; en 2025, la Encuesta estima que había 9.4 millones, casi tres millones menos en cinco años.
Las implicaciones de la baja fecundidad son sociales y de largo plazo. Con generaciones cada vez más pequeñas y una población que envejece, habrá menos personas trabajando por cada persona jubilada, las pensiones serán más difíciles de financiar, el crecimiento económico dependerá de la productividad y no del número de trabajadores, y el cuidado de las personas mayores tendrá cada vez menos personas entre quienes distribuirse.
Por eso, una cohorte más pequeña no reduce las obligaciones del Estado, sino que cambia su escala. El valor de cuidar a la primera infancia no radica en la fuerza de trabajo que aportará dentro de veinte años, sino en lo que las niñas y los niños son y necesitan hoy, así como en el tipo de sociedad que resulta de atenderlos o desatenderlos.
El riesgo es interpretar la caída demográfica como una menor demanda y no como una oportunidad para cerrar rezagos acumulados durante años y ofrecer mejores condiciones a quienes, siendo menos, sostendrán a la sociedad en el futuro.
Los datos intercensales también nos permiten observar el panorama de la crianza y los cuidados. Dos de cada tres niñas y niños de cero a cinco años viven con su madre y su padre, y uno de cada cinco vive solo con su madre; esta última proporción va en aumento.
Cerca de 1.9 millones de niñas y niños de cero a cinco años dependen únicamente de su madre, en un país donde la mayoría de las mujeres no tiene un trabajo remunerado. Por eso, la agenda de cuidados es también una agenda de primera infancia, y es una agenda que se ha debilitado.
En 2019 desapareció el Programa de Estancias Infantiles y se sustituyó por una transferencia monetaria a las madres. Desde entonces, no se cuenta con información que permita conocer integralmente la atención que reciben las niñas y los niños. La Encuesta Intercensal no pregunta quién cuida a los menores de tres años ni si asisten a una guardería, una estancia o un centro de educación inicial.
El único registro nacional disponible, el de la educación inicial escolarizada de la SEP, cubre a menos de cuatro de cada cien niñas y niños de cero a dos años.
En preescolar, el avance es más frágil de lo que parece. La asistencia de las niñas y los niños de tres a cinco años subió de 61.9 a 70.4 por ciento, pero no porque haya más estudiantes en las aulas. La matrícula de la SEP en ese grupo de edad disminuyó; sin embargo, la tasa de asistencia mejoró porque la población de esas edades cayó más rápido que la matrícula.
Aun así, más de un millón de niñas y niños de tres a cinco años siguen fuera del nivel preescolar. No es un problema de cupo. La red de planteles y docentes apenas cambió durante el periodo y hoy hay menos niñas y niños por docente que hace cinco años. El rezago se concentra en los de tres años, de los cuales solo la mitad está inscrita en preescolar.
Las necesidades básicas muestran otro panorama. En cerca de 750 mil hogares con niñas, niños o adolescentes, al menos uno de ellos sintió hambre y no comió por falta de dinero durante los tres meses previos. En unos 650 mil hogares, alguno comió una sola vez al día o dejó de comer durante un día entero.
La encuesta recoge información por hogar, pero en esos hogares suele vivir más de un menor. Esto equivale a alrededor de 1.3 millones de niñas, niños y adolescentes que sintieron hambre y no comieron, unos 350 mil de ellos de cero a cinco años.
El Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI) confirma la magnitud del problema: en 2024, uno de cada siete niñas y niños de cero a cinco años vivía en hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa.
La salud completa el cuadro. Según el SIPI, la carencia por acceso a servicios de salud entre las niñas y los niños de cero a cinco años pasó de 17.6 por ciento en 2018 a 37.7 por ciento en 2024, más del doble. Este es uno de los mayores retrocesos que registra el sistema.
En el mismo periodo, la proporción de niñas y niños con el esquema básico de vacunación iniciado bajó de casi nueve a menos de ocho de cada diez. Mientras tanto, el consultorio de farmacia ya es el lugar de atención de 14 de cada cien personas.
La transición demográfica ya ocurrió y no se revierte por decreto. Una parte de la explicación de la baja fecundidad se encuentra también en estas condiciones, que dificultan la crianza de niñas y niños en entornos seguros y con acceso a servicios básicos.
Millones de ellos crecen todavía en condiciones socioestructurales adversas, y ese es el punto de partida. Una política pública que se preocupe por la natalidad debe comenzar por garantizar licencias de maternidad y paternidad efectivas, jornadas laborales compatibles con el cuidado, un sistema de cuidados que funcione desde el nacimiento y el cierre de las brechas de desigualdad que hoy determinan quién come, quién asiste a la escuela, quién recibe atención médica y quién cuida.
Una generación más pequeña también representa una oportunidad para impulsar agendas concretas en salud, educación y cuidados, con metas alcanzables para una población cuyo tamaño hoy conocemos con precisión.
Medir esas condiciones es el primer paso. Con ese propósito, Early Institute reúne en el SIPI 58 indicadores sobre salud, nutrición, educación y cuidados, seguridad y pobreza de las niñas y los niños de cero a cinco años, con series nacionales y por entidad federativa, para que la discusión sobre la natalidad no vuelva a dejar fuera a las niñas y los niños.
En las últimas semanas, el tema del uso de los dispositivos digitales entre niñas, niños y adolescentes ha sido abordado en distintos espacios públicos. Este continuo discurso sobre los riesgos y las amenazas que enfrenta ese sector frente a las pantallas ha impulsado distintas iniciativas no sólo en México sino en el mundo.
Es verdad que hay cada vez más evidencia de que un uso inadecuado de este tipo de tecnología afecta negativamente a la población más joven, pero también es verdad que limitarse a su prohibición habla de una medida incompleta.
En 2025, Brasil aprobó el “Estatuto Digital del Niño y del Adolescente”, que entró a vigor en marzo de 2026 para establecer la Política Nacional para la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes en el Entorno Digital. Esta política no parte de la prohibición, sino de crear todo un ecosistema regulatorio integral de protección hacia niñas, niños y adolescentes en dichos entornos.
Esta normativa se basa en ejes que incluyen seguridad integral; privacidad y protección de datos personales; supervisión parental; detección de casos, denuncias y respuesta ante violencia; y transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y sanciones.
En ese sentido se privilegia la educación digital donde niñas, niños, adolescentes, familias y autoridades políticas, educativas y sociales se articulan para lograr un bien común: el uso responsable de los medios digitales.
Ahora, ¿qué pasa en México? En nuestro país en noviembre de 2026 entrará en vigor un Acuerdo para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional. Esto significa que las medidas se acotan a los centros escolares de todos los niveles y van desde la restricción de los dispositivos hasta el fomento de su uso responsable.
Si bien están involucradas las áreas educativas todavía hay ámbitos en los que no se da esta corresponsabilidad, por lo que hay recomendaciones que desde Early Institute pensamos que deben ser atendidas para completar un marco de protección integral. Entre ellas proponemos que se evite un modelo estrictamente prohibicionista y dar prioridad a una estrategia integral de acompañamiento y supervisión; promover entornos digitales seguros y adecuados para niñas, niños y adolescentes, independientemente del tiempo que dediquen al uso de dispositivos; crear organismos especializados en regulación, supervisión y evaluación de plataformas digitales; diseñar toda propuesta con perspectiva de niñez, ya que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y no únicamente usuarios que requieren protección. También deben atenderse los estándares y las recomendaciones internacionales, en tanto pueden colaborar en construir políticas coherentes con las obligaciones de derechos humanos y con los principales riesgos identificados a nivel global.
Es importante también adoptar un modelo de corresponsabilidad como eje de la política pública porque la protección de la niñez en el entorno digital requiere una responsabilidad compartida entre Estado, plataformas, escuelas, familias y niñas, niños y adolescentes.
En Early Institute confirmamos nuestro compromiso con el cuidado de la niñez y adolescencia mexicanas y siendo el mundo digital uno de los ámbitos en los que la sociedad está inmersa, es importante reforzar las medidas de seguridad para evitar posibles afectaciones derivadas de estos escenarios.
Sabemos que la tecnología empleada de manera óptima es una herramienta muy eficaz, pero cuando es una amenaza a los más vulnerables es fundamental revisar, proponer y actuar.
De los temas que se abordan en torno a la infancia y adolescencia, el del suicidio es uno de los más difíciles de entender, pues se evidencian fallas de toda índole en la protección de niñas, niños y adolescentes.
En el reciente Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio cifras sobre las defunciones registradas en México por esta causa durante 2025.
Lamentablemente ocurrieron 8,709 defunciones por suicidio en México, lo que representa una tasa nacional de 6.7 por cada 100 mil habitantes. Del total de casos, 79.9% correspondió a hombres y 20.1% a mujeres. El organismo detalló que la población de 15 a 29 años presentó la tasa más alta de todos los grupos de edad, con 10.2 suicidios por cada 100 mil personas, y que el suicidio es ya la tercera causa de muerte entre los jóvenes de ese rango de edad en el país.
Por si fuera poco, al comparar la última década, el Inegi documentó un incremento sostenido, ya que la tasa nacional pasó de 5.1 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 6.7 en 2025. Esto es un fenómeno que debe atenderse y no pretender que se solucionará por sí solo.
De hecho, los especialistas coinciden en que no existe un factor único que explique la problemática, sino que hay una combinación de condiciones familiares, sociales, económicas, laborales y emocionales. Esto hace más difícil su abordaje, pero no imposible.
Una de las regiones con esta triste situación es Hidalgo, cuya secretaria de Salud estatal, Vanesa Escalante Arroyo, dijo que la entidad acumula más de 40 muertes por suicidio en lo que va de 2026. Si bien se trata de una cifra que, según las propias autoridades, representa una disminución frente a los registros de años anteriores, sigue siendo un foco rojo. Tan sólo en 2025, los servicios de salud de Hidalgo atendieron 1,020 intentos de suicidio, de los cuales 340 correspondieron a adolescentes entre 15 y 19 años.
Al respecto, las autoridades señalaron que más de la mitad de las personas atendidas presenta algún diagnóstico o problemática asociada, como ansiedad, depresión, separaciones, duelos, rechazo, violencia, bullying, problemas económicos o laborales, enfermedades, discapacidades y dolor crónico.
En cuanto a la atención brindada para prevenir este tipo de acciones, en Hidalgo se reconoce la respuesta institucional, pero es todavía insuficiente. Por ejemplo, el estado cuenta con servicios gratuitos de atención a la salud mental, a través de seis Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), y programas como “ABC de las emociones”, dirigido a adolescentes, para detectar señales de riesgo; sin embargo, por las características geográficas de la entidad se deja de cubrir amplias zonas, lo que representa un reto para acercar la atención a quienes más la necesitan.
En Early Institute sabemos que la prevención es una de las mejores formas para disminuir problemáticas tan lacerantes como ésta. En particular, creemos que la salud mental debe ser un aspecto de la vida humana sumamente cuidado para procurar que niñas, niños y adolescentes no recurran a métodos que pongan en riesgo sus vidas.
Las cifras que arroja el Inegi dan cuenta de un panorama en el que se ha descuidado la protección de los más vulnerables y es fundamental estar atentos a las mínimas señales que pudieran reflejar un estado desesperanzador o desesperado. Esto es esencial para acompañar y ofrecer intervenciones oportunas que den alternativas a quienes piensan —a su corta edad— que el suicidio es lo más conveniente.
