Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero
El origen de esta forma de protección es el respeto y acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que los reconoce como sujetos titulares de derechos, en tanto que a sus padres y madres los señala como garantes responsables de asegurar su cumplimiento.
Cuando se habla de la protección de niños, niñas y adolescentes se está abordando un amplio espectro social, en el que no solo intervienen prácticas de padres, madres y cuidadores hacia sus hijos o hijas, sino que se han concretado figuras legales que coadyuvan a ese fin.
Uno de estos conceptos jurídicos es la patria potestad, entendida como el conjunto de derechos y deberes de padres y madres sobre sus hijas e hijos en los asuntos que refieren a su representación, cuidado y administración de bienes. Aunque más allá de los tópicos normativos, esta figura también representa el vínculo afectivo que rige las labores de crianza, enseñanza, guía y tutela.
El origen de esta forma de protección es el respeto y acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que los reconoce como sujetos titulares de derechos, en tanto a sus padres y madres los señala como garantes responsables de asegurar su cumplimiento.
Con el tiempo, esta obligación se ha reforzado con otros deberes con el propósito de salvaguardar a los hijos y las hijas. De este modo se habla de responsabilidad parental como un ejercicio que implica el cuidado, la protección, la educación y la formación de niñas, niños y adolescentes en entornos libres de violencia bajo un principio de respeto mutuo.
Si bien existe una claridad en los preceptos, también con el tiempo se han distorsionado algunos otros que acompañan a la patria potestad, como la autonomía progresiva. En un inicio, principio se centraba en el reconocimiento de que niñas, niños y adolescentes desarrollaran gradualmente capacidades para participar en decisiones que afectan su vida de conformidad con su desarrollo y madurez, pero por desconocimiento a veces se opta por conceder que los menores de edad pueden ser considerados como adultos plenamente autónomos para la toma de decisiones sobre aspectos relevantes de sus vidas. No hay nada más equivocado, pues precisamente por su rol como titulares de derechos, resulta imperativo que niñas, niños y adolescentes cuenten con una protección reforzada y guía por parte de sus tutores e instituciones del Estado.
Este tipo de imprecisiones abre la puerta a decisiones que podrían afectar al referido grupo etario, en tanto hay situaciones que rebasan su entendimiento y, por ende, al dejarlos tomar el rumbo de su vida por su cuenta es un acto de irresponsabilidad absoluta.
Hay que señalar que la patria potestad y la responsabilidad parental no son asuntos únicamente concernientes a las materias legales de niñez o civiles, pues por su relevancia, las acciones u omisiones al respecto pueden trascender hasta la materia penal y terminar en sentencias por delitos como el abandono de personas, violencia familiar, corrupción de menores, violación, etcétera.
En Early Institute buscamos el fortalecimiento de la patria potestad y la responsabilidad parental por considerarlas fundamentales en el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Por ello, hemos propuesto al Senado de la República un paquete integral de reformas legislativas que faciliten ámbitos nucleares como la educación, salud, seguridad y protección. Será en el próximo período ordinario de sesiones del Congreso federal, que daremos un seguimiento puntual a estas propuestas pues sabemos que sin el acompañamiento de políticas públicas el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes podría quedar en el aire cuando su materialización tendría que ser una prioridad.
