Por Sandra Espinosa Rizo, abogada del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México
Esta problemática no se trata solo de conductas individuales o conflictos aislados en el ámbito laboral, sino de prácticas que reflejan estereotipos arraigados
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue publicada en febrero de 2007 para establecer mecanismos para prevenir y atender las formas de violencia que enfrentan las mujeres y que históricamente han sido normalizadas e invisibilizadas.
No obstante, a casi 20 años de su publicación, aún persisten múltiples formas de violencia que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres y que continúan siendo minimizadas e incluso desconocidas. Una de ellas es la discriminación que enfrentan durante el embarazo o el ejercicio de la maternidad, especialmente en el ámbito laboral.
Durante el mes de mayo, gracias al trabajo de Early Institute los congresos locales de Tlaxcala y Querétaro aprobaron reformas legislativas que tienen por objetivo visibilizar, prevenir y atender la discriminación que viven las mujeres con motivo del embarazo o la maternidad.
De acuerdo con el informe de Early Institute “La discriminación laboral por embarazo”, esta forma de violencia genera mayores niveles de estrés, emociones negativas e incluso depresión durante el embarazo y posparto. Además, puede afectar a su hija o hijo, al asociarse con riesgos como parto pretérmino, bajo peso al nacer y mayor sensibilidad al estrés.
Además, enfatiza que esta forma de violencia no implica únicamente el despido de una mujer por estar embarazada; también puede manifestarse mediante la solicitud de pruebas de embarazo, la negación de ascensos, la reducción de salarios, modificaciones arbitrarias de horarios, negación de permisos para ir al sanitario o para sentarse, o incluso el asignar actividades que ponen en riesgo su bienestar. En ocasiones estas conductas están tan normalizadas que pasan desapercibidas, lo que dificulta su denuncia y atención.
Las reformas aprobadas en Tlaxcala y Querétaro constituyen un paso relevante para nombrar y visibilizar la importancia social del embarazo y la protección reforzada que requiere la primera infancia. Sin embargo, aún hay mucho por hacer.
Por un lado, es necesario que estas reformas se traduzcan en acciones de política pública efectivas y accesibles para todas las mujeres; además, se requiere seguir fomentando una cultura en los ámbitos laborales que promuevan que la maternidad no es un obstáculo para la productividad ni tampoco una carga que le corresponde solo a las mujeres. Cuidar de la maternidad es una tarea de corresponsabilidad, entre el Estado, la sociedad, el ámbito privado y las familias.
Asimismo, estos avances no deben quedar en esfuerzos aislados o limitados a estas entidades federativas. Desde Early Institute, esperamos que el ejemplo de Tlaxcala y Querétaro sirva para que se extienda a más estados o incluso se consolide como una política de alcance nacional.
Garantizar que ninguna mujer sea discriminada por estar embarazada o ejercer su maternidad no constituye un privilegio o una concesión, sino una condición que es indispensable para construir una sociedad justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas.
