Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México
Hoy el tema del cuidado se ha puesto al centro de la discusión pública con mayor fuerza. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo en Latinoamérica, lo que significa que su ejercicio no depende de otras garantías ya establecidas como la salud o la educación.
De acuerdo con la resolución del Tribunal regional: “Este derecho protege tanto a las personas que reciben cuidados, como aquellas que los otorgan, y tiene tres dimensiones fundamentales: ser cuidado, cuidar y el autocuidado”, reiterando “que el cuidado constituye una necesidad humana universal y una condición indispensable para gozar de una existencia digna”.
En este sentido, México –en particular la Ciudad de México– ha puesto en la mira el resguardo de este derecho con dos propuestas presentadas por la actual jefa de gobierno, Clara Brugada. En el marco del foro “Justicia Social para las Mujeres, Ley del Sistema Público de Cuidados para la Ciudad de México”, la mandataria local informó que presentará al Congreso de la entidad una iniciativa de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México, así como impulsará la propuesta de Ley del Sistema Público de Cuidados.
El objetivo de estas acciones será reconocer el valor de las tareas de cuidado como un derecho humano universal, indivisible e indispensable para la sostenibilidad de la vida y la sociedad, empezando por la protección desde el vientre materno.
En el caso de la Constitución capitalina se pretende modificar el artículo 9 para consolidar el reconocimiento del cuidado como derecho humano en sus tres dimensiones: derecho a cuidar, ser cuidado y el autocuidado. De igual modo, establece un Sistema de Cuidados de la Ciudad de México que tendrá entre sus propósitos erradicar la división sexual del trabajo por ser un mecanismo que propicia la desigualdad entre los géneros.
Por otra parte, la propuesta de Ley del Sistema Público de Cuidados para la Ciudad de México abonaría a la prestación de servicios que garanticen la protección de diversos grupos sociales en un esquema de coordinación entre las 16 alcaldías. Por ejemplo, se habla de la instauración de servicios gratuitos como estancias para niñas y niños de seis meses a seis años; casas de día para personas adultas mayores; centros de rehabilitación para personas con discapacidad; lavanderías populares y comedores comunitarios, entre otros.
Incluso estipula un plazo de 30 años para lograr la mayor cobertura de infraestructura de cuidados en la capital, para niñas y niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad y añade que cada año deberá establecerse un presupuesto suficiente para el sostenimiento, la ampliación y la mejora del sistema. La idea es que dicho recurso no sea menor al año previo.
La jefa de gobierno declaró que la ley plantea ser “un marco legislativo que busca consagrar el cuidado como un derecho humano en la Constitución local y redistribuir la carga de trabajo que ha recaído históricamente sobre las mujeres; porque el trabajo de cuidados no es una mercancía, tiene un valor”.
Así, se destaca que los trabajos de cuidados, del hogar y domésticos no remunerados son importantes para la producción social, de tal modo que su realización no debe estar determinada por roles de género, sino distribuirse entre las personas, el gobierno, y los sectores privado y social.
En particular para los niños y las niñas que residen en la capital mexicana estas propuestas los dotarían de una mejor calidad de vida, ya que alentaría la protección de sus derechos en diversas vertientes. Para empezar, al ser reconocido el cuidado como un derecho esencial obliga a las autoridades a diseñar y aplicar políticas públicas que garanticen que niñas y niños se desarrollen en las mejores condiciones para su bienestar integral desde el vientre materno. Esto, sin duda, resalta que el derecho a ser cuidado para la niñez significa recibir atenciones de calidad, suficientes y culturalmente apropiadas, que aseguren su bienestar físico, mental, emocional y social con pleno respeto a su dignidad.
De igual forma se asentaría la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia para vigilar que las niñas y los niños reciban la atención adecuada durante su desarrollo y según sus necesidades particulares.
En Early Institute —el único think tank mexicano especializado en el cuidado de la primera infancia— valoramos y reconocemos el esfuerzo por impulsar medidas como las anunciadas por el gobierno capitalino, ya que su adopción ayudaría a garantizar, de manera progresiva y efectiva, el acceso a servicios de cuidado en entornos seguros, inclusivos y con respeto a los derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación.
Como organizaciones de la sociedad civil es primordial apoyar a que se consoliden iniciativas como estas, en un afán por confirmar la responsabilidad compartida, en un interés por elevar la calidad de vida de los más vulnerables y participando activamente en beneficio de una sociedad mejor.
