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Maternar es resistir

Por Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo

Todas aquellas mujeres que han tomado el camino de la maternidad lo hacen -bajo las condiciones actuales- con valentía, amor, pero también con mucha resiliencia

“Millones de hombres y mujeres se sacrifican para cuidar la vida de los demás.
Ellos encarnan la resistencia”
Ernesto Sábato

Hoy en día, ejercer la maternidad puede parecer un acto de resistencia: embarazarse, parir, lactar pueden sentirse como actos revolucionarios que desafían a un sistema que, de una u otra forma, nos ha oprimido y dificultado día con día el ejercicio de la maternidad.

Todas aquellas mujeres que han tomado el camino de la maternidad lo hacen -bajo las condiciones actuales- con valentía, amor, pero también con mucha resiliencia. Muchas tienen miedo de dar a conocer su embarazo a sus empleadores por temor a represalias, miles han sido despedidas, otras más han tenido que renunciar a su trabajo porque carecen de redes de apoyo para cuidar de sus bebés.

Y estas historias, familiares para todos, han impactado irremediablemente las dinámicas familiares, la forma en la que nos conducimos como sociedad y, por supuesto, las cifras de natalidad. En el marco del Día Mundial de la Fertilidad, que se conmemora en este mes de junio, se publicaron numerosos estudios que muestran la reducción de la natalidad a nivel global.

Por ejemplo, desde el 2007 los índices de natalidad en Estados Unidos han ido en declive según los registros del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La preocupación sobre la posibilidad de que la economía del país colapse y de un futuro que no cuente con la fuerza de trabajo suficiente para brindar seguridad social y protección a la creciente población de personas mayores, ha generado una “lluvia de propuestas” que se han anunciado en medios de comunicación para incentivar el incremento de nacimientos: un bono a cada mujer después del parto; una “medalla nacional de la maternidad“ a la que podrían aspirar aquellas mujeres que tuvieran seis o más hijos; e incluso reducir el costo de los procesos de fecundación in vitro.

Pero no se trata solo de incrementar los números, sino de brindar las condiciones adecuadas para que las madres y padres cuenten con herramientas para que sus hijas e hijos crezcan en condiciones dignas y libres de violencia.

En contraste Japón, que comparte las mismas inquietudes, ha implementado no “ideas creativas” sino políticas públicas integrales para resolver esta problemática de forma estructural. De acuerdo con la página de la Oficina del Primer Ministro de Japón, la población joven de este país decaerá rápidamente después del 2030, volviendo imposible revertir la tendencia, por lo que han diseñado toda su estrategia sobre por 4 ejes: 1) apoyo financiero, con reducción del costo de las escuelas y creación de becas, no solo para los hijos, sino para aquellos que incluso estudian posgrado y deciden tener hijos, con subsidios para cubrir los costos de las consultas prenatales y el parto, además de uno mensual que puede incrementarse con el número de hijos; 2) apoyo de asesoría, acompañamiento y proveeduría de vivienda para garantizar que existan espacios asequibles donde críar a sus hijos; 3) promoción de la conciliación laboral con la vida familiar, a través del impulso a licencias de paternidad, coordinación con los trabajadores para que escojan el formato de trabajo que mejor se ajuste a su estilo de vida y reducción de horarios laborales; 4) impulso de la “estrategia para el futuro de la niñez”, esto significa que todos los miembros de la sociedad -incluyendo las empresas- aporten recursos para incrementar considerablemente el presupuesto destinado al futuro y estabilidad de la niñez, como una respuesta solidaria a su cuidado.

Y México no se queda atrás: de acuerdo con el Consejo Nacional de Población en 2023 las mexicanas en edad reproductiva tuvieron 1.6 hijas o hijos, en contraste con 2018 que tuvieron 2.07, mientras que en 1997 fue de 2.7.

Aquí la maternidad -en todas sus expresiones- es una de las principales razones por las que se discrimina; ésta es bienvenida y celebrada por todos en la vida privada -por ejemplo, felicitamos a nuestra amiga por su embarazo y la llegada de su bebé-, sin embargo, en la esfera pública -como en el trabajo, la escuela o el sector salud- es tratada con desprecio y violencia. La discriminación laboral por embarazo, la violencia obstétrica, ausencia de espacios de lactancia dignos e higiénicos, presión para abandonar los estudios, horarios de trabajo extenuantes y poco flexibles, imposibilidad para ascender laboralmente y falta de espacios para el cuidado infantil seguros y accesibles son fenómenos que reflejan esta realidad.

Es cierto, hemos tenido enormes avances en materia de derechos humanos los últimos años. Hoy somos un país que es liderado por una mujer presidenta y contamos con congresos legislativos paritarios. Poco a poco se han abierto puertas que antes se encontraban totalmente cerradas para las mujeres; sin embargo, aún existe una deuda pendiente: brindarle una protección reforzada a la maternidad y al embarazo.

Impulsar la igualdad de género de forma estratégica y coherente exige visibilizar la maternidad como una de las facetas de la mujer más susceptible de ser vulnerada y, en consecuencia, brindarle una protección reforzada.

Es por eso que celebro que ya se están haciendo esfuerzos legislativos para brindar una protección reforzada a la maternidad. Destaca una iniciativa presentada en Cámara de Diputados, aprobada por unanimidad y que actualmente está en Comisión de Igualdad de Género esperando a ser dictaminada; ésta tiene por objeto 1) visibilizar a la discriminación laboral por embarazo como una forma de violencia ejercida en contra de la mujer; 2) brindar una protección reforzada al embarazo, la lactancia y la maternidad en el espacio laboral; 3) visibilizar que la mujer embarazada y su bebé pueden sufrir afectaciones a su vida y salud a causa de este tipo de violencia; y 4) establecer mecanismos para sensibilizar, atender adecuadamente y sancionar actos de discriminación laboral por embarazo.

Este ejemplo debe de ser solo el inicio de una ola de protección a la maternidad que permita cambiar el sistema de raíz, un conjunto de cambios profundos y estructurales que envíen un mensaje contundente de aceptación y protección, para que la maternidad ya no sea más sinónimo de resistencia.

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Hacia una política mexicana integral en medios digitales
Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero Es verdad que hay cada vez más evidencia de que un uso inadecuado de la tecnología afecta negativamente a la población más joven, pero también es verdad que limitarse a su prohibición habla de una medida incompleta.

En las últimas semanas, el tema del uso de los dispositivos digitales entre niñas, niños y adolescentes ha sido abordado en distintos espacios públicos. Este continuo discurso sobre los riesgos y las amenazas que enfrenta ese sector frente a las pantallas ha impulsado distintas iniciativas no sólo en México sino en el mundo.

Es verdad que hay cada vez más evidencia de que un uso inadecuado de este tipo de tecnología afecta negativamente a la población más joven, pero también es verdad que limitarse a su prohibición habla de una medida incompleta.

En 2025, Brasil aprobó el “Estatuto Digital del Niño y del Adolescente”, que entró a vigor en marzo de 2026 para establecer la Política Nacional para la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes en el Entorno Digital. Esta política no parte de la prohibición, sino de crear todo un ecosistema regulatorio integral de protección hacia niñas, niños y adolescentes en dichos entornos.

Esta normativa se basa en ejes que incluyen seguridad integral; privacidad y protección de datos personales; supervisión parental; detección de casos, denuncias y respuesta ante violencia; y transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y sanciones.

En ese sentido se privilegia la educación digital donde niñas, niños, adolescentes, familias y autoridades políticas, educativas y sociales se articulan para lograr un bien común: el uso responsable de los medios digitales.

Ahora, ¿qué pasa en México? En nuestro país en noviembre de 2026 entrará en vigor un Acuerdo para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional. Esto significa que las medidas se acotan a los centros escolares de todos los niveles y van desde la restricción de los dispositivos hasta el fomento de su uso responsable.

Si bien están involucradas las áreas educativas todavía hay ámbitos en los que no se da esta corresponsabilidad, por lo que hay recomendaciones que desde Early Institute pensamos que deben ser atendidas para completar un marco de protección integral. Entre ellas proponemos que se evite un modelo estrictamente prohibicionista y dar prioridad a una estrategia integral de acompañamiento y supervisión; promover entornos digitales seguros y adecuados para niñas, niños y adolescentes, independientemente del tiempo que dediquen al uso de dispositivos; crear organismos especializados en regulación, supervisión y evaluación de plataformas digitales; diseñar toda propuesta con perspectiva de niñez, ya que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y no únicamente usuarios que requieren protección. También deben atenderse los estándares y las recomendaciones internacionales, en tanto pueden colaborar en construir políticas coherentes con las obligaciones de derechos humanos y con los principales riesgos identificados a nivel global.

Es importante también adoptar un modelo de corresponsabilidad como eje de la política pública porque la protección de la niñez en el entorno digital requiere una responsabilidad compartida entre Estado, plataformas, escuelas, familias y niñas, niños y adolescentes.

En Early Institute confirmamos nuestro compromiso con el cuidado de la niñez y adolescencia mexicanas y siendo el mundo digital uno de los ámbitos en los que la sociedad está inmersa, es importante reforzar las medidas de seguridad para evitar posibles afectaciones derivadas de estos escenarios.

Sabemos que la tecnología empleada de manera óptima es una herramienta muy eficaz, pero cuando es una amenaza a los más vulnerables es fundamental revisar, proponer y actuar.

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El suicidio en adolescentes crece en México
Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Sol de México

De los temas que se abordan en torno a la infancia y adolescencia, el del suicidio es uno de los más difíciles de entender, pues se evidencian fallas de toda índole en la protección de niñas, niños y adolescentes.

En el reciente Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio cifras sobre las defunciones registradas en México por esta causa durante 2025.

Lamentablemente ocurrieron 8,709 defunciones por suicidio en México, lo que representa una tasa nacional de 6.7 por cada 100 mil habitantes. Del total de casos, 79.9% correspondió a hombres y 20.1% a mujeres. El organismo detalló que la población de 15 a 29 años presentó la tasa más alta de todos los grupos de edad, con 10.2 suicidios por cada 100 mil personas, y que el suicidio es ya la tercera causa de muerte entre los jóvenes de ese rango de edad en el país.

Por si fuera poco, al comparar la última década, el Inegi documentó un incremento sostenido, ya que la tasa nacional pasó de 5.1 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 6.7 en 2025. Esto es un fenómeno que debe atenderse y no pretender que se solucionará por sí solo.

De hecho, los especialistas coinciden en que no existe un factor único que explique la problemática, sino que hay una combinación de condiciones familiares, sociales, económicas, laborales y emocionales. Esto hace más difícil su abordaje, pero no imposible.

Una de las regiones con esta triste situación es Hidalgo, cuya secretaria de Salud estatal, Vanesa Escalante Arroyo, dijo que la entidad acumula más de 40 muertes por suicidio en lo que va de 2026. Si bien se trata de una cifra que, según las propias autoridades, representa una disminución frente a los registros de años anteriores, sigue siendo un foco rojo. Tan sólo en 2025, los servicios de salud de Hidalgo atendieron 1,020 intentos de suicidio, de los cuales 340 correspondieron a adolescentes entre 15 y 19 años.

Al respecto, las autoridades señalaron que más de la mitad de las personas atendidas presenta algún diagnóstico o problemática asociada, como ansiedad, depresión, separaciones, duelos, rechazo, violencia, bullying, problemas económicos o laborales, enfermedades, discapacidades y dolor crónico.

En cuanto a la atención brindada para prevenir este tipo de acciones, en Hidalgo se reconoce la respuesta institucional, pero es todavía insuficiente. Por ejemplo, el estado cuenta con servicios gratuitos de atención a la salud mental, a través de seis Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), y programas como “ABC de las emociones”, dirigido a adolescentes, para detectar señales de riesgo; sin embargo, por las características geográficas de la entidad se deja de cubrir amplias zonas, lo que representa un reto para acercar la atención a quienes más la necesitan.

En Early Institute sabemos que la prevención es una de las mejores formas para disminuir problemáticas tan lacerantes como ésta. En particular, creemos que la salud mental debe ser un aspecto de la vida humana sumamente cuidado para procurar que niñas, niños y adolescentes no recurran a métodos que pongan en riesgo sus vidas.

Las cifras que arroja el Inegi dan cuenta de un panorama en el que se ha descuidado la protección de los más vulnerables y es fundamental estar atentos a las mínimas señales que pudieran reflejar un estado desesperanzador o desesperado. Esto es esencial para acompañar y ofrecer intervenciones oportunas que den alternativas a quienes piensan —a su corta edad— que el suicidio es lo más conveniente.

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Restricción de uso de dispositivos móviles en escuelas: el primer paso
Por Rafael Vincent Morfín Calvo, abogado de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México El ciclo escolar 2026-2027 recibió el pasado 31 de agosto a cerca de 23 millones de niñas, niños y adolescentes dentro de las aulas, por lo que el uso de dispositivos electrónicos por parte de las y los menores se ha posicionado como uno de los tópicos prioritarios de atención

Al día de la redacción de la presente columna, martes 22 de septiembre del 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el que se establece la restricción del uso de dispositivos móviles en escuelas por parte de niñas, niños y adolescentes.

Tal y como fue anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante diversas conferencias “mañaneras” en los meses de julio y agosto, oficialmente se ha dado inicio a la etapa de evaluación de uso de dispositivos móviles por parte de la niñez y la adolescencia desde diversas materias, siendo la acción más reciente, la concerniente al ámbito educativo.

El ciclo escolar 2026-2027 recibió el pasado 31 de agosto a cerca de 23 millones de niñas, niños y adolescentes dentro de las aulas, por lo que el uso de dispositivos electrónicos por parte de las y los menores se ha posicionado como uno de los tópicos prioritarios de atención de cara a la potencial definición de nuevas reglas para su uso y/o restricción.

En un primer momento se celebró la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, en la que se contó con la participación de aproximadamente 1.2 millones de docentes; durante dichas jornadas, uno de los temas nodales se centró en la consulta realizada para recabar la opinión del personal educativo respecto de las necesidades específicas de protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

Los resultados de dicho ejercicio se darán a conocer el 25 de septiembre y se espera que estos consideren directrices adicionales de pronta implementación para la regulación de uso de dispositivos móviles por parte los educandos.

En tanto, el Secretario de Educación Pública en México, Mario Delgado, informó que durante una reunión el pasado viernes 18 de septiembre, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas aprobó por unanimidad la implementación de una estrategia nacional para restringir el uso de teléfonos celulares y tabletas en las aulas de todo el país, particularmente en los niveles de primaria y secundaria.

En ese sentido, el acuerdo publicado en el DOF oficializa la restricción de uso de dispositivos móviles para los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, al tiempo que sugiere el fomento de uso responsable para los niveles de educación medio superior y superior, limitando su uso no pedagógico durante la jornada escolar. En ambos casos, se consideran excepciones por situaciones de emergencias personales, motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o uso para fines educativos previamente programados.

En tanto, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el Senador Higinio Martínez, emitió en días recientes una excitativa a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, para que presenten el dictamen de la iniciativa que plantea prohibir el uso de dispositivos móviles en escuelas de educación básica. Con esta acción, el Legislativo federal se suma al debate nacional para la definición de reglas sobre la materia en comento.

Lo anterior vislumbra de manera clara que la primera fase de la política pública en materia de regulación de entornos digitales y de su acceso por parte de niñas, niños y adolescentes, se centrará en la restricción de uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar, salvo en los casos de necesidades específicas planteados en el acuerdo de la SEP.

Desde Early Institute hacemos un llamado a que las directrices en proceso de implementación únicamente marquen un primer paso en el camino de una regulación integral del entorno digital, es decir, que las disposiciones no se limiten únicamente a restringir el uso de dispositivos móviles por parte del alumnado, sino que centremos los esfuerzos en crear un ecosistema integral de acceso moderado, responsable y seguro.

Recordamos que existen múltiples áreas de intervención prioritaria adicionales que sugerimos sean tomadas en consideración para alcanzar los objetivos de una política pública moderna, vanguardista y proteccionista hacia la niñez y la adolescencia mexicana: 1) Moderación de contenidos, algoritmos y diseño estructural de plataformas; 2) Alfabetización digital desde edades tempranas; 3) Acompañamiento, controles parentales y alfabetización a padres, madres y cuidadores; 4) Uso de la Inteligencia artificial; 5) Tipificación unificada de ciberdelitos; y 6) Fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de denuncia y regulación de plataformas tecnológicas.

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