Súmate
Regresar

La explotación reproductiva en México: el paraíso del tráfico humano

Es evidente que el tema no puede darse por zanjado y merece una intervención urgente que atienda de manera integral el otro rostro de profunda injusticia social que conlleva la explotación reproductiva en México.

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso

Algo comienza a preocupar a los sujetos del derecho internacional que desde el más alto nivel normativo suenan alarmas sobre los riesgos sociales que conlleva la existencia del mercado clandestino de renta de mujeres y venta niños vía la denominada figura de la “gestación subrogada” o “vientres de alquiler”.

Durante las últimas dos décadas, en diversas partes del mundo se ha generado evidencia suficiente sobre el comportamiento nocivo de esta práctica que –disfrazada de derechos– en realidad cobija un negocio de intermediarios que permite una avenida de tránsito libre para el tráfico humano, so pretexto de lagunas normativas y la omisión de los órganos legislativos y judiciales en sede nacional.

Contrario a los argumentos de que la “maternidad subrogada” representa un tema de vanguardia y de supuesta progresividad de derechos que admite múltiples ángulos, en la práctica se trata de un fenómeno que asoma con meridiana claridad dos rostros bien definidos: la explotación y cosificación de mujeres con fines reproductivos y la gestación de bebés como un producto comercializable.

No es casualidad que en semanas recientes el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea acordaron reformar la Directiva 2011/36/EU relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, a efecto de dictar parámetros mínimos para que la denominada “maternidad subrogada” se considere finalmente como una forma de explotación y se sancione como delito para aquellos que captan u obligan a una mujer para subrogar su vientre, así como a condicionar la venta de bebés en el contexto de trata de personas.

Esta directriz adoptada por el sistema europeo y sugerida como lineamiento regulatorio para los países de la Eurozona constituye un precedente relevante no sólo para aquella región, sino para el resto de los sistemas de protección a los derechos humanos a escala universal e interamericano, que ahora contarán con un nuevo estándar digno de ser ponderado, pues al considerar que la “maternidad subrogada” es una forma de explotación cuando encuadre en el contexto de la trata de personas, se hace un reconocimiento normativo explícito y del más alto nivel sobre los efectos nocivos contra las mujeres, y niños que nacen mediante esta práctica.

"Países desarrollados como Alemania, Francia y España se han preocupado por examinar a fondo las causas sociales que rodean a esta industria decidiendo prohibir o regular de manera restrictiva la compraventa de estas dignidades en sus marcos legales. Para los parlamentos y tribunales supremos de estas naciones no hay medias tintas, la filiación es un asunto de Estado –no de contratos ni de lucro–, donde el interés superior de la niñez y la protección de las embarazadas debe prevalecer por encima de cualquier perspectiva y no puede regirse bajo una lógica de mercado."

En el caso mexicano este fenómeno no ha sido abordado con la completitud y seriedad que exige, pese a que nuestro contexto social y normativo claramente dista de ser el de los países europeos, no sólo por su diseño, sino sobre todo por la realidad social o cultural en el que se pretenden insertar este tipo de mecanismos.

Aquí la industria de la subrogación ha encontrado en las desigualdades sociales, la precariedad de nuestro Estado de derecho y en el activismo judicial, un ambiente proclive para instalar –sin ningún tipo de control– un mercado de clínicas dedicadas profesionalmente a la captación silenciosa de mujeres para su renta y a la oferta de niños para su comercialización, especialmente en las zonas sur y centro del país.

A escala federal no existe una ley que prohíba la explotación reproductiva en México, tampoco la legislación general en materia de salud establece mecanismos para que las autoridades sanitarias supervisen y, en su caso, sancionen el funcionamiento irregular de clínicas o centros de reproducción asistida cuando realicen procedimientos contrarios a la dignidad de las embarazadas vía contratos que contienen cláusulas ilegales que atentan contra su salud y derechos fundamentales.

En el ámbito estatal, Tabasco y Sinaloa son las únicas entidades que expresamente permiten esta práctica dentro de sus códigos civiles. Mientras que Querétaro y San Luis Potosí la prohíben, en el resto del país la explotación reproductiva no se regula o existen vacíos que convierten a México en un paraíso ideal para el turismo reproductivo.

En 2021 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió una acción de inconstitucionalidad y un amparo relacionados con la regulación de la gestación subrogada en Tabasco. Sorprendentemente, pese a contar con los elementos normativos, recomendaciones internacionales y la evidencia de un buen número de casos de mujeres que han denunciado ser víctimas de esta práctica, así como de testimonios que dan cuenta de las vulneraciones a los derechos de los niños, la interpretación del máximo tribunal en ambos asuntos privilegió la misma narrativa ideológica de escritorio sobre la “libertad de decisión” y “voluntad” de las madres gestantes, así como del “derecho” de dichas clínicas para ofertar este tipo de servicios o la libertad de los solicitantes para acudir a esta práctica. El mundo al revés.

En cambio, la Corte no dedicó ningún renglón, argumento o ponderación jurídica sobre la protección reforzada que precisamente esas mujeres y los niños que nacen mediante estas técnicas requieren para evitar ser –como en la realidad ocurre– víctimas del mercado de lucro, trata, discriminación, explotación y abuso de que son objeto.

En tales resoluciones se ignoró que Tabasco es una de las entidades con los indicadores más significativos de rezago, pobreza y desigualdad social. Pasó por alto que las mujeres jóvenes captadas por las clínicas y orilladas por condiciones precarias en las que viven, por ejemplo, en zonas como el Estado de México y la capital del país, donde también se han detectado casos de este tipo, se encuentran a merced de su situación económica y son obligadas a sujetarse a las cláusulas de estos contratos a cambio de dinero.

De igual manera, ni las organizaciones que promovieron estos litigios ni la Corte se pronunciaron sobre el hecho incuestionable de que los niños que nacen bajo esta práctica son tratados como meros objetos de comercio, vulnerando diversos derechos humanos como su derecho a la nacionalidad, identidad, a conocer su origen genético y biológico, así como el derecho a permanecer con su familia de origen.

Y quizá lo más delicado, en dichas sentencias ni por asomo se realizó un análisis de ponderación sobre los parámetros de protección reforzada que exigen en este tema la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (art. 7, 9 y 35); el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía (art. 2 a y 3); el Protocolo Adicional de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional (art. 3 a); y la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, en sus artículos 3 y 6).

Ante este escenario, es evidente que el tema no puede darse por zanjado y merece una intervención urgente que atienda de manera integral el otro rostro de profunda injusticia social que conlleva la explotación reproductiva en México, vista no sólo a partir del privilegio o del poder económico de quienes acuden y se benefician de esta práctica, pues el fin no justifica los medios.

La decisión que adoptó el Parlamento Europeo representa un mensaje contundente hacia la comunidad internacional, el gremio jurídico, los tribunales constitucionales y sobre todo para los órganos legislativos y parlamentos de los Estados.

En el Early Institute hemos dedicado más de una década en investigar, documentar y visibilizar de manera objetiva los riesgos de la explotación reproductiva en México, creemos que finalmente se está logrando un cambio de paradigma y que existen las condiciones normativas y de evidencia social que permitirán una renovada lectura de esta temática a partir de los próximos años.

Estamos seguros de que la nueva composición del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales comprenderán la necesidad de prohibir esta práctica como una de las formas de explotación, trata y discriminación más severas que actualmente existen contra mujeres y niños en México.

Compartir: Facebook X LinkedIn WhatsApp

Más notas

Hacia la armonización de los códigos penales frente a la violencia sexual infantil
Esto significa que, en México, el 39.9% de todas las víctimas de delitos de carácter sexual son niñas, niños o adolescentes; es decir, cuatro de cada 10 víctimas

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una problemática estructural que afecta de manera grave sus derechos y bienestar. Durante el primer semestre de 2026, diariamente se iniciaron, en promedio, 97 carpetas de investigación por hechos en los que una persona menor de 18 años fue víctima de violencia sexual.

Esto significa que, en México, el 39.9% de todas las víctimas de delitos de carácter sexual son niñas, niños o adolescentes; es decir, cuatro de cada 10 víctimas. Lo anterior, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Estas cifras deben indignarnos como sociedad. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, una de las poblaciones que enfrenta mayores condiciones de vulnerabilidad y que requiere de una protección reforzada, bajo el principio de corresponsabilidad.

Por esta razón, desde Early Institute, a través del programa Alumbra, trabajamos para fortalecer el marco legal y las políticas públicas en materia de prevención, atención y sanción de la violencia sexual contra la niñez y adolescencia en México.

Así, hemos desarrollado una investigación en la que identificamos y analizamos los delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes contenidos en los códigos penales del país. A partir de un análisis minucioso de los códigos penales de las 32 entidades federativas y del Código Penal Federal, en Alumbra presentamos una radiografía de la situación normativa, la cual nos permite reconocer tanto los aciertos como las problemáticas en la tipificación de estos delitos.

En México, existen más de 50 delitos distintos relacionados con la violencia sexual contra la niñez y adolescencia. Sin embargo, las conductas que pueden sancionarse y la forma de hacerlo varían según el código penal de cada entidad federativa, lo que genera disparidades entre los estados: mientras que en Colima se tipifican 18 delitos de violencia sexual, en Querétaro y Guerrero se establecen siete en cada uno.

Podría pensarse que cuantos más delitos existan, mayor será la protección. No obstante, se muestra que la multiplicidad de tipos penales que no están armonizados tiene diversas consecuencias para las víctimas, incluyendo: 1) que ciertas conductas no se investiguen o sancionen de la misma manera en todo el país; 2) se favorezcan interpretaciones subjetivas; 3) se establezcan delitos sin perspectiva de niñez, y; 4)  exista dificultad para medir y conocer la magnitud real de esta violencia.

Además, a través de esta investigación, hemos identificado que una misma conducta se sanciona mediante delitos distintos y con penas diferentes en cada estado. Un ejemplo claro: ¿sabías que, si una persona adulta mantiene una relación sexual con una persona adolescente de 14 años, el delito y la sanción puede ser distinta dependiendo de la entidad federativa en la que ocurra?

Si esta conducta ocurre en Chiapas, el delito se denomina pederastia, y se sanciona con hasta 30 años de prisión. En Aguascalientes, se consideraría violación equiparada, con una pena máxima de 22 años. Mientras tanto, en Guanajuato, el delito sería estupro, siempre y cuando haya mediado seducción o engaño, y la pena máxima sería de seis años de prisión.

Estas disparidades se deben a que cada entidad federativa, a través de su Congreso, determina el contenido y alcance de sus códigos penales. Sin embargo, la consecuencia más grave recae en las víctimas, quienes están sujetas a la jurisdicción de la entidad en la que se encuentran y, por tanto, al marco normativo que determina el nivel de acceso a la justicia que pueden alcanzar.

Desde Alumbra ponemos esta información a disposición de las personas tomadoras de decisiones, especialmente de los congresos locales, con el objetivo de avanzar progresivamente hacia la mejora y armonización de los códigos penales del país. De esta manera, buscamos contribuir a eliminar una de las primeras barreras que enfrentan las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual para acceder a la justicia.

Te invitamos a visitar nuestra página web, alumbramx.org, que ofrece información actualizada, datos, herramientas de prevención, análisis y recomendaciones de políticas públicas, todo presentado de forma accesible y gratuita para promover acciones que contribuyan a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes.

Leer más
Reclutamiento forzado en niñas, niños y adolescentes: un grave pendiente en México
Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero México carece de una estrategia articulada para frenar el reclutamiento de menores por grupos delictivos, mientras miles de niñas, niños y adolescentes están en riesgo

Hoy México es un escenario amenazante para niñas, niños y adolescentes por diferentes problemáticas. Una de ellas es la captación de este grupo vulnerable por las células delictivas, que han encontrado en este sector el semillero idóneo en la comisión de delitos.

Las cifras son de verdad alarmantes: la organización civil Tejiendo Redes Infancia estima que entre 35,000 a 45,000 personas menores de edad son reclutadas de manera forzada cada año; por su parte la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) estima que son entre 145,000 y 250,000 las niñas, los niños y los adolescentes en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos.

La situación es insostenible y hoy ni siquiera el reclutamiento forzado se considera delito federal, pues apenas el 20 de octubre de este año, el Congreso mexicano aprobó incorporarlo a la Ley General en materia de Trata de Personas. La minuta pasó al Senado y está en comisiones para su análisis y posible aprobación. Si bien algunas entidades federativas ya han legislado en este tema, como Hidalgo y Aguascalientes, hay otros estados como Tamaulipas, Ciudad de México y Michoacán en donde sus iniciativas están en curso. Esto significa que las acciones para combatir este delito no están articuladas ni avanzan al mismo tiempo, mientras miles de familias sufren los estragos de tener una hija o un hijo en manos de criminales.

Una muestra más del retraso del combate a este triste fenómeno es lo que dice el Informe sobre Trata de Personas 2026 del Departamento de Estado de EU, el cual señala que México no concluyó el plan nacional 2025-2030 para prevenir el reclutamiento de menores. Sin duda estas omisiones traen profundas repercusiones ya que no se está protegiendo a una parte vulnerable de la población mexicana.

La misma REDIM, que agrupa a cerca de 80 organizaciones civiles, ha documentado el fenómeno en su Balance 2025 junto con el Observatorio Nacional Ciudadano y entre sus hallazgos destacó la presencia de causas estructurales que propician que las personas menores de edad sean víctimas de la delincuencia. Se habla de aspectos como pobreza, violencia, abandono escolar y ruptura del tejido social los que crean ese terreno fértil para que el crimen ofrezca pertenencia, dinero e identidad.

El reto no es fácil, pero tenemos que actuar y para ello, desde Early Institute nos unimos a las organizaciones que han levantado la voz para exigir la tipificación del delito a nivel federal; creación de entornos seguros; garantías para la permanencia escolar, y campañas eficientes de prevención, por mencionar algunas recomendaciones.

Por otro lado, es indispensable un registro oficial que dé claridad sobre la magnitud del problema, ya que las cifras son estimaciones de la sociedad civil. Sabemos que lograr esto amerita cooperación y voluntad.

La protección de niñas, niños y adolescentes en un contexto tan adverso como el nuestro, nos obliga a redoblar esfuerzos y a asumir responsabilidades no sólo gubernamentales sino en los entornos familiares, educativos y sociales. Por años, la evasión del tema lo único que ha dejado es la oportunidad para la delincuencia organizada de fortalecerse a costa del sufrimiento de los menos favorecidos y es momento de hacer frente a este grave pendiente.

Leer más
Regulación de redes sociales, un avance incipiente
Por Abraham Madero, director ejecutivo Early Institute
Publicación original de Proceso A lo largo de los gobiernos de la llamada “Cuarta Transformación”, la agenda de niñez nunca ha figurado como prioridad real. Proteger a la niñez exige algo más que regular algoritmos.

El decreto de entornos digitales seguros, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un avance positivo, pero con muchas aristas para el análisis. Obligar a las plataformas a verificar edades y retirar contenidos violentos responde a riesgos reales que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el mundo digital. Reconocer que las redes pueden amplificar la violencia escolar o normalizar conductas dañinas es un punto de partida correcto, ciertamente, basado en la evidencia global y que otros países han atendido desde el ámbito legislativo.

Dicho lineamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 14 de octubre, no prohíbe como tal el acceso a redes sociales a niñas, niños y adolescentes, sino que obliga a las plataformas a restringir y corresponsabilizarlos de la distribución de contenidos de riesgo, así como a reforzar protecciones desde una perspectiva preventiva y de coordinación entre sectores.

Se ha dado a conocer que este acuerdo fue resultado del diálogo con empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X, Huawei, las cuales aceptaron las medidas y pidieron un mes para adecuarse. El ordenamiento anunciado desde la conferencia mañanera es de orden público, interés general y observancia obligatoria en todo el país. Define como “plataforma digital” de forma amplia a aquellos servicios de internet que permiten interacción, comunicación o compartición de contenidos, bien sea redes sociales, videojuegos o tiendas de aplicaciones.

En concreto, la nueva reglamentación anunciada prohíbe a las plataformas permitir a niñas, niños y adolescentes el acceso, exposición o recomendación —especialmente por algoritmos — de imágenes, videos o contenidos que generen o promuevan acoso, ciberacoso, abuso, explotación, violencia sexual, discursos de odio, violencia masiva, conductas ilícitas, material sexual explícito, entre otras conductas.

Por su parte, aunque el decreto no es de naturaleza punitiva — es decir no establece sanciones como tal para las empresas—– les obliga entre otras cosas a verificar la edad con mecanismos confiables y seguros, clasificar contenidos por edad y moderarlos, identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos prohibidos, ofrecer herramientas de supervisión parental, garantizar la seguridad “desde el diseño” y evaluar periódicamente los riesgos detectados en los algoritmos.

Sin embargo, dicho lineamiento sólo atiende una fracción del problema. La violencia digital es una realidad innegable en los contextos de nuestra sociedad actual, pero no es la única ni la más estructural que vive la niñez mexicana.

Mucho antes de que una niña o niño abra una cuenta en TikTok o Instagram enfrenta carencias profundas que hemos venido señalando reiteradamente en este espacio: pobreza, desnutrición, falta de acceso a educación inicial de calidad, violencia familiar, abandono institucional y ausencia de redes de cuidado. Estas condiciones se gestan desde la primera infancia y condicionan, en buena medida, la vulnerabilidad posterior en ámbitos comunitarios, educativos y, posteriormente, en los entornos digitales.

Lo más revelador es que, a lo largo de los gobiernos de la llamada “cuarta transformación”, la agenda de niñez nunca ha figurado como prioridad real. Mientras se han impulsado con fuerza programas de transferencias, obras de infraestructura y reformas en otros ámbitos, la protección integral de niñas, niños y adolescentes —especialmente desde la primera infancia— ha quedado relegada a medidas parciales, reactivas o simbólicas. Lo mismo en el ámbito parlamentario, donde la baja o escasa productividad de las comisiones de niñez se refleja en un retraso estructural del marco normativo en esta materia, especialmente en la armonización y actualización de los delitos y formas de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.

En suma, este decreto se presenta en un contexto en el que realmente no ha habido una política de Estado sostenida en materia de protección a la niñez, con presupuesto suficiente, que garantice cuidados de calidad, prevención de la violencia, salud mental y oportunidades desde los primeros años de vida.

Proteger a la niñez exige algo más que regular algoritmos. Se necesitan medidas legislativas que fortalezcan de manera integral el sistema de protección. Sin recursos y sin una visión que abarque el ciclo completo de la vida de un niño o una niña, el decreto corre el riesgo de convertirse en un gesto aislado cuando no incipiente.

La seguridad digital importa. Pero no puede sustituir la construcción de un piso mínimo de bienestar, cuidado y oportunidades desde los primeros años. Mientras las carencias estructurales sigan sin respuesta seria de los gobiernos y congresos de la 4T y la agenda de niñez continúe sin ser prioritaria, cualquier regulación de plataformas será tan solo un parche coyuntural que no resolverá ni por asomo la problemática de fondo.

Leer más
® Early Institute A.C. , © Todos los Derechos Reservados
envelopemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram