Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México
Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México
Caso “Casa del Horror”
En California, Estados Unidos, ha surgido un caso que ha escandalizado al mundo entero: de acuerdo con reportes de medios de comunicación, una pareja pagó a diferentes mujeres para que gestaran a niñas y niños que posteriormente serían objeto de sus abusos y violentarían de las peores formas.
Se ha documentado que fueron al menos 21 niñas y niños nacidos a través de gestación subrogada ante una ausencia total y falta de seguimiento por parte del Estado.
¿Cómo esto fue posible sin que nadie lo impidiera?
¿Cómo nadie le estaba dando seguimiento a tantos acuerdos de gestación subrogada en un Estado abiertamente permisivo como lo es California?
Y en medio de tanta polémica, vale la pena recordar los esfuerzos internacionales que se han hecho hasta ahora por visibilizar las graves violaciones a derechos humanos que esta práctica genera y la necesidad de prohibirla de manera categórica: tal es el caso de la Declaración de Casablanca, instrumento firmado el 3 de marzo del año 2023 por más de 100 expertas y expertos de 75 países del mundo en la que solicitan a los Estados la abolición universal de la gestación subrogada en todas las modalidades, sea o no remunerada, y la aplicación de medidas para combatirla.
Desde entonces y cada año, Casablanca ha llevado a cabo una Conferencia internacional con especialistas de distintas nacionalidades que abordan el tema desde las perspectivas jurídica, médica, bioética, social y de derechos humanos.
Así fue como el pasado 3 y 4 de septiembre Early Institute, en coordinación con los impulsores de la Declaración de Casablanca y la Universidad Panamericana celebraron la IV Conferencia de la Convención de Casa Blanca en México, país que fue escogido por ser uno de los escenarios más relevantes del debate global sobre maternidad subrogada, tanto por su vacío normativo como por su papel en el llamado turismo reproductivo.
México, un país que hasta el momento ha sido tolerante con quienes explotan el cuerpo de mujeres, con quienes lucran en esta industria y quienes compran bebés. Esta tibieza que ha permitido en la práctica que México se vuelva un país atractivo para extranjeros ricos que buscan mujeres en situación de vulnerabilidad para gestarles bebés.
Este espacio se caracterizó por ser una convocatoria internacional del más alto nivel, reunió a 34 especialistas de 9 países: México, España, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Francia y Suiza, destacando Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, junto con Jorge Cardona Llorens y Luis Pedernera, ambos ex integrantes del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Pero más allá de quienes estuvieron, el evento detonó propuestas legislativas que vale la pena visibilizar e impulsar desde la sociedad civil. En primer lugar, generó el interés suficiente para llevar a cabo el Foro Internacional “Los Derechos Humanos y la Maternidad Subrogada” en la Cámara de Diputados en el que participaron Olivia Maurel, portavoz de la Declaración de Casablanca, Patricia Olamendi Torres y Lorena Bolzon.
De lo retroalimentado se integró una iniciativa para tipificar la maternidad subrogada como una forma de explotación reproductiva y una modalidad de trata de personas. El Diputado Reginaldo Sandoval Flores, con aval de Diputadas y Diputados del Partido del Trabajo, presentó una propuesta de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos. Con esta propuesta se pretende incorporar a la explotación reproductiva mediante “gestación subrogada” como una forma de explotación de personas; reconocer a las mujeres gestantes y a niñas y niños recién nacidos la calidad de víctimas; declarar la nulidad de contratos, convenios o acuerdos que tengan por objeto la explotación reproductiva; sancionar a quien la cometa con una pena de 10 a 20 años de prisión, y de 15 a 25 años de prisión a quien lo haga contra menores de 18 años o en situación de vulnerabilidad, con engaño, fines de tráfico o se prive a la mujer de su libertad.
Se sabe que, a pesar de años de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres gestantes, de cientos de casos de niñas y niños abandonados en hospitales por no cumplir con los “requisitos” exigidos por los solicitantes, las autoridades mexicanas siguen sin prohibir la explotación reproductiva.
“Permitir” esta práctica o “no regularla” no debería ser objeto de debate, la evidencia es muy clara al respecto: se trata de una forma moderna de explotación que gesta bebés como un producto comercializable, explota el cuerpo de la mujer gestante como una máquina de producción y lo hace todo a través de una lógica de mercado, con intermediarios que se enriquecen a costa de todo lo demás.
Desde Early Institute hacemos un llamado no solo al Congreso de la Unión, sino también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como autoridades determinantes en el desarrollo y ejercicio de derecho humanos, para dejar de darle vueltas a esta problemática y posicionarse de manera clara y contundente sobre el fondo de esta forma de explotación.
Han tenido varias oportunidades: acciones de inconstitucionalidad impugnando las disposiciones que permiten la gestación subrogada en Tabasco, amparos promovidos por clínicas de fertilidad alegando un supuesto “derecho” a comercializar con esta forma de explotación, iniciativas que pretenden incluir esta práctica como una técnica de reproducción humana asistida, reformar la Ley General de Salud, el Código Civil o el Penal Federal.
Sin embargo, la opacidad persiste, han congelado las propuestas o simplemente han evitado entrar al fondo: es esto una forma de explotación de personas ¿si o no? y ¿qué harán al respecto? ¿permitirán que esto siga sucediendo, protegiendo a los explotadores?
Quizá la presión internacional, la evidencia e información puesta a sus pies y esta posibilidad legislativa sean la combinación adecuada para que por fin tomen acción. Necesitamos vivir en un Estado que no tema en posicionarse en favor de sus mujeres, que no sea tibio en brindar la protección necesaria para de una vez por todas repeler los intereses económicos y utilitaristas que han posicionado a México como un paraíso reproductivo.
En recientes fechas se ha registrado un repunte de violencia en escuelas secundarias de México. Esto no es un fenómeno que surge de la nada, sino es la expresión de acciones que se fueron normalizando o bien van tramándose en hogares con condiciones sociales poco favorables.
Simplemente en la capital del país, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha atendido cerca de 3 mil reportes de violencia escolar desde 2019 y el 46% de ellos corresponde al nivel de secundaria, que concentra a adolescentes entre los 12 y 15 años.
Sucesos como el de Torreón, en el que una maestra fue asesinada por dos hermanos que estudiaron en el plantel "Justo Sierra Méndez", o el de la Secundaria General "Esperanza Cabrera", en Querétaro, en el que un estudiante de 13 años atacó a varios de sus compañeros con dos cuchillos visibilizan un problema que se debe enfrentar de manera inmediata.
De acuerdo con datos del Consejo Ciudadano, 81% de los reportes registrados corresponde a conflictos entre los estudiantes y también llama la atención un crecimiento de 205% en reportes de bullying en 2024 frente a los registrados en 2019.
Lo que reflejan estas cifras son varias cosas: por un lado, las edades que comprenden la etapa de la secundaria son de mayor vulnerabilidad, que en palabras de Ramón Beltrán Arellano, secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano, es cuando crece la necesidad de aceptación del grupo mientras la identidad aún se forma. Por otro lado, a estas necesidades se añaden presiones sociales y económicas, y a veces las familias no siempre saben contener esta transición.
Un factor que se agrega es el uso de la tecnología, porque al analizar los reportes, el Consejo Ciudadano detectó que las ideas de dañar a compañeros o a docentes se expresan primero en plataformas digitales, donde reciben validación de desconocidos.
Asimismo, la salud mental es un asunto determinante. Según el Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) 2026 publicado por el Inegi, 21.8% de la población de 12 años y más presentó indicios de ansiedad y 13.4% de depresión.
La suma de todos estos factores puede derivar en tragedias como las señaladas, cuando podrían ser prevenidas si se presta atención a la situación de los adolescentes.
En este sentido, ¿qué podríamos hacer para evitar que la violencia se agudice en estos escenarios? Primero saber que la prevención funciona cuando cada actor sabe qué observar y a dónde acudir. Por ejemplo, en el caso de los padres y/o cuidadores hay que estar alertas a conductas poco habituales e incluso registrar cambios que se repiten o se intensifican: sueño, apetito, aislamiento, irritabilidad, lesiones sin explicación. También se recomienda vigilar el uso de los dispositivos digitales. En el caso de la escuela se sugiere atender los conflictos desde su primera manifestación, sin minimizarlos como bromas, activar protocolos de convivencia y canalizar a atención psicológica, no sólo sancionar. Además, es necesario fortalecer redes de apoyo entre estudiantes, familias y personal para pedir ayuda a tiempo.
En el caso de los propios adolescentes, se recomienda avisar a un adulto de confianza si se sabe de alguien que expresa la intención de dañar a otros, o lo indica en un grupo o foro. De igual modo se pide no compartir ni reenviar videos o contenido violento. A las autoridades se les pide coordinación para desactivar foros que incitan ataques y formular estrategias para identificar riesgos en los planteles.
En Early Institute hacemos un llamado a la sociedad para tomar conciencia de la gravedad de este tipo de fenómenos y, sobre todo, actuar cuando se noten ciertas conductas de riesgo. Es ante todo un llamado a los padres de familia para que estén realmente presentes en las vidas de sus hijas e hijos, ya que la adolescencia sigue siendo una etapa de vida muy vulnerable y encauzada de manera inadecuada puede provocar no sólo daños a los propios jóvenes, sino a quienes forman parte de su entorno.
Hace unos días, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Intercensal 2025. Las cifras confirmaron lo que anticipaban las proyecciones sociodemográficas: en México nacen menos niñas y niños, al tiempo que la población envejece.
La tasa global de fecundidad pasó de 2.0 en 2019 a 1.2 en 2024, muy por debajo del nivel de 2.1 necesario para mantener estable a una población. Frente a este panorama, la conversación pública se concentró en la baja fecundidad y en las razones por las que las personas no quieren tener hijos, y dejó de lado la discusión sobre la protección y los cuidados de las niñas y los niños, quienes más dependen de las políticas públicas.
En 2020, el Censo contó 12.2 millones de niñas y niños de cero a cinco años; en 2025, la Encuesta estima que había 9.4 millones, casi tres millones menos en cinco años.
Las implicaciones de la baja fecundidad son sociales y de largo plazo. Con generaciones cada vez más pequeñas y una población que envejece, habrá menos personas trabajando por cada persona jubilada, las pensiones serán más difíciles de financiar, el crecimiento económico dependerá de la productividad y no del número de trabajadores, y el cuidado de las personas mayores tendrá cada vez menos personas entre quienes distribuirse.
Por eso, una cohorte más pequeña no reduce las obligaciones del Estado, sino que cambia su escala. El valor de cuidar a la primera infancia no radica en la fuerza de trabajo que aportará dentro de veinte años, sino en lo que las niñas y los niños son y necesitan hoy, así como en el tipo de sociedad que resulta de atenderlos o desatenderlos.
El riesgo es interpretar la caída demográfica como una menor demanda y no como una oportunidad para cerrar rezagos acumulados durante años y ofrecer mejores condiciones a quienes, siendo menos, sostendrán a la sociedad en el futuro.
Los datos intercensales también nos permiten observar el panorama de la crianza y los cuidados. Dos de cada tres niñas y niños de cero a cinco años viven con su madre y su padre, y uno de cada cinco vive solo con su madre; esta última proporción va en aumento.
Cerca de 1.9 millones de niñas y niños de cero a cinco años dependen únicamente de su madre, en un país donde la mayoría de las mujeres no tiene un trabajo remunerado. Por eso, la agenda de cuidados es también una agenda de primera infancia, y es una agenda que se ha debilitado.
En 2019 desapareció el Programa de Estancias Infantiles y se sustituyó por una transferencia monetaria a las madres. Desde entonces, no se cuenta con información que permita conocer integralmente la atención que reciben las niñas y los niños. La Encuesta Intercensal no pregunta quién cuida a los menores de tres años ni si asisten a una guardería, una estancia o un centro de educación inicial.
El único registro nacional disponible, el de la educación inicial escolarizada de la SEP, cubre a menos de cuatro de cada cien niñas y niños de cero a dos años.
En preescolar, el avance es más frágil de lo que parece. La asistencia de las niñas y los niños de tres a cinco años subió de 61.9 a 70.4 por ciento, pero no porque haya más estudiantes en las aulas. La matrícula de la SEP en ese grupo de edad disminuyó; sin embargo, la tasa de asistencia mejoró porque la población de esas edades cayó más rápido que la matrícula.
Aun así, más de un millón de niñas y niños de tres a cinco años siguen fuera del nivel preescolar. No es un problema de cupo. La red de planteles y docentes apenas cambió durante el periodo y hoy hay menos niñas y niños por docente que hace cinco años. El rezago se concentra en los de tres años, de los cuales solo la mitad está inscrita en preescolar.
Las necesidades básicas muestran otro panorama. En cerca de 750 mil hogares con niñas, niños o adolescentes, al menos uno de ellos sintió hambre y no comió por falta de dinero durante los tres meses previos. En unos 650 mil hogares, alguno comió una sola vez al día o dejó de comer durante un día entero.
La encuesta recoge información por hogar, pero en esos hogares suele vivir más de un menor. Esto equivale a alrededor de 1.3 millones de niñas, niños y adolescentes que sintieron hambre y no comieron, unos 350 mil de ellos de cero a cinco años.
El Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI) confirma la magnitud del problema: en 2024, uno de cada siete niñas y niños de cero a cinco años vivía en hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa.
La salud completa el cuadro. Según el SIPI, la carencia por acceso a servicios de salud entre las niñas y los niños de cero a cinco años pasó de 17.6 por ciento en 2018 a 37.7 por ciento en 2024, más del doble. Este es uno de los mayores retrocesos que registra el sistema.
En el mismo periodo, la proporción de niñas y niños con el esquema básico de vacunación iniciado bajó de casi nueve a menos de ocho de cada diez. Mientras tanto, el consultorio de farmacia ya es el lugar de atención de 14 de cada cien personas.
La transición demográfica ya ocurrió y no se revierte por decreto. Una parte de la explicación de la baja fecundidad se encuentra también en estas condiciones, que dificultan la crianza de niñas y niños en entornos seguros y con acceso a servicios básicos.
Millones de ellos crecen todavía en condiciones socioestructurales adversas, y ese es el punto de partida. Una política pública que se preocupe por la natalidad debe comenzar por garantizar licencias de maternidad y paternidad efectivas, jornadas laborales compatibles con el cuidado, un sistema de cuidados que funcione desde el nacimiento y el cierre de las brechas de desigualdad que hoy determinan quién come, quién asiste a la escuela, quién recibe atención médica y quién cuida.
Una generación más pequeña también representa una oportunidad para impulsar agendas concretas en salud, educación y cuidados, con metas alcanzables para una población cuyo tamaño hoy conocemos con precisión.
Medir esas condiciones es el primer paso. Con ese propósito, Early Institute reúne en el SIPI 58 indicadores sobre salud, nutrición, educación y cuidados, seguridad y pobreza de las niñas y los niños de cero a cinco años, con series nacionales y por entidad federativa, para que la discusión sobre la natalidad no vuelva a dejar fuera a las niñas y los niños.
