¿Eutanasia o abandono? El Estado debe garantizar una vida digna

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Seguramente muchos de los lectores conocen la historia de una joven holandesa que solicitó la eutanasia, no debido a ninguna enfermedad física, sino más bien a una profunda depresión que experimentó durante gran parte de su vida.

Se ha relatado en diversos medios, su depresión, junto con el autismo y un trastorno límite de la personalidad, han sido impedimentos para continuar sus estudios y su trayectoria profesional.

La historia de esta joven ha generado debate en Holanda, pues mientras algunos consideran que esta medida debe estar a disposición de cualquier persona que viva algún tipo de sufrimiento persistente, otros expresan preocupación por el abandono terapéutico que puede sufrir una persona en situaciones como esta.

Respecto a este debate, lo primero que hay que aclarar es que actualmente existen estudios muy rigurosos que muestran que la petición de eutanasia por parte de los enfermos disminuye al mejorar la formación de los profesionales que atienden estos casos y al implementar políticas públicas para garantizar tratamientos que aborden padecimientos físicos y mentales.

Diversos especialistas han argumentado que la eutanasia refleja la incapacidad de cuidar adecuadamente a las personas, especialmente a aquellas que sufren de manera permanente. Sostienen que la razón por la que las leyes de suicidio asistido y eutanasia están obteniendo apoyo público tiene mucho que ver con el miedo, la ira, la desconfianza o la pérdida de esperanza en la posibilidad de encontrar soluciones.

Sin lugar a dudas, en debates de esta naturaleza debemos impulsar el respeto a la libertad humana. Sin embargo, como Estado, la primera responsabilidad es optar por la vida; el sistema de salud debe hacer todo, absolutamente todo, para apoyar a los pacientes y a sus familias a fin de que tengan la mejor calidad de vida posible hasta el último momento.

El Estado debe asegurar el derecho a ser admitido en alguna institución de salud, a recibir información clara, suficiente y oportuna sobre el tratamiento y las alternativas médicas disponibles, a ser tratado de manera digna, respetuosa y profesional por parte del personal médico, y a recibir apoyo psicológico y espiritual hasta el final.

El Estado simplemente no puede claudicar bajo ninguna circunstancia.