Cuidar a niños, niñas y adolescentes de violencia sexual en línea
Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en El Financiero
En un esfuerzo por proteger a niños, niñas y adolescentes de violencia sexual en línea, la comunidad de conocimiento y práctica, Alumbra, lanza la campaña #QueNoCaiganEnSusRedes, en la que participan instituciones públicas y privadas para evitar riesgos por el uso de internet en ese sector.
Alumbra es una iniciativa de Early Institute y su objetivo es prevenir la violencia sexual infantil en México. Este organismo reúne a más de 50 aliados y hoy actúa ante los altos índices de violencia sexual en línea que se han registrado en nuestro país en los últimos años y que han aumentado por el confinamiento sanitario.
En 2019, en México alrededor de 12 millones de niños, niñas y adolescentes utilizaron diferentes plataformas en línea y 27 por ciento de los usuarios entre 12 y 17 años reportaron ciberacoso, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De igual modo, alarma saber que, de acuerdo con la División Científica de la Guardia Nacional, incrementó 73 por ciento el consumo y la búsqueda de pornografía infantil, en marzo y abril de 2020.
Hay que decir que las formas de violencia sexual en línea van desde el acoso hasta la obligación a efectuar acciones en perjuicio de su integridad física y emocional e, incluso, su captación para redes de explotación sexual.
Por ello, la campaña #QueNoCaiganEnSusRedes busca erradicar estos peligros a través de cinco pasos: a) hablar sobre los riesgos en internet, lo que implica tener una comunicación franca y directa con niños, niñas y adolescentes; b) involucrarse en su mundo digital, lo que equivale a pasar tiempo con ellos y conocer sus hábitos en línea; c) conocer con quién se conectan, es decir, asegurarse de que sus contactos sean quienes dicen ser; d) usar controles de privacidad y seguridad que los mantengan a salvo de contenidos inapropiados, y e) bloquear y reportar a personas que los incomoden, es decir, hay que actuar en cuanto se identifique algún riesgo y avisar a las autoridades.
Hay también algunas señales que pudieran indicarnos si ya están sufriendo alguna forma de violencia sexual en línea. Si presentan depresión, ansiedad, desconfianza, descenso de autoestima, bajo rendimiento escolar, aislamiento social o cambios de humor repentinos y bruscos acércate para conocer lo que está ocurriendo. Este acercamiento debe ser amoroso, cuidadoso y respetuoso para que haya apertura y la víctima pueda confiar sin temor alguno.
Por otro lado, si se ha comprobado que se ha dado un acto de violencia sexual es necesario acudir a especialistas para determinar el grado de afectación y las medidas a seguir para reparar los daños físicos, psicológicos y emocionales.
Con la campaña nacional #QueNoCaiganEnSusRedes, en Early Institute hacemos un llamado a toda la sociedad mexicana a proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes sobre todo porque seguimos en emergencia sanitaria, se continuará conviviendo en el entorno virtual y debemos alejarlos de experiencias que dejan heridas profundas. Te invito a visitar el sitio https://alumbramx.org/protegelos/; compartir y asumir la responsabilidad en la prevención de este tipo de amenazas y participar en las acciones que ayuden a detener esta terrible problemática.
La revictimización en la violencia sexual infantil en Internet
Por Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute.
Publicación original en 24 Horas
Desafortunadamente, existe una línea muy fina entre lo que se considera privado y público cuando se trata del internet debido a que la información que puede considerarse privada está a sólo un clic de volverse pública y viralizarse. Lo anterior, es especialmente alarmante cuando la difusión de información incluye contenido sexual de menores de edad.
En los últimos años se ha puesto especial interés en la necesidad de la perspectiva de niñez al juzgar delitos, como la violencia sexual que ocurre en internet, para evitar la revictimización. Se reconoce que, debido a fallas en el sistema judicial, es común que una víctima reviva la situación traumática. Sin embargo, poco se habla de la revictimización que sufren niños, niñas y adolescentes cada vez que una imagen o video con contenido sexual se observa y/o difunde por millones de “usuarios”.
Cada vez existen más víctimas de este complejo fenómeno. Por ejemplo, en 2019 el Módulo de Ciberacoso generado por el INEGI, reportó que 3 de cada 10 adolescentes de entre 12 y 17 años con acceso a internet fue víctima de ciberacoso en el último año.
Un dato muy relevante respecto a los agresores es que no son únicamente personas desconocidas, pues 4 de cada 10 víctimas reportó a un amigo(a) y 2 de cada 10 víctimas a un compañero de clase.
En relación con lo anterior, un fenómeno poco visibilizado es el sexting. Esta es una nueva práctica extendida en la cual se intercambian imágenes o videos de contenido sexual lo cual implica una conducta de alto riesgo, particularmente para niños niñas y adolescentes.
La realidad es que en el momento en el que se envía cualquier contenido sexual, la víctima pierde control sobre el mismo, y este puede ser compartido a innumerables personas sin la autorización para difundir. Estas imágenes o videos incluso pueden llegar a subirse a internet en plataformas que ponen a disposición de un tercero este tipo de materiales, como, por ejemplo, un sitio web de pornografía.
Resulta muy relevante subrayar que este tipo de conductas son una grave forma de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, así como también lo es ser “usuario” de dichos materiales.
Sufrir violencia sexual en internet constituye una experiencia que influye en el desarrollo cognitivo, afectivo y social de las niñas, niños y adolescentes. Además, por su naturaleza, cada vez que es compartido o se le da un clic a este tipo de contenidos, se alimenta un proceso de revictimización persistente.
Socialmente la revictimización se potencia y como consecuencia la víctima sufre de aislamiento social, vergüenza, miedo, soledad, autoinculpación, indefensión, paranoia, e impotencia. Lo cual implica, en muchos casos, que la víctima se vea en la necesidad de cambiar por completo de contexto ya sea en el ámbito escolar o incluso geográfico. E incluso el que intente o complete un suicidio.
¿Quién es responsable?
Por lo anterior, resulta realmente preocupante que se invisibilice a los victimarios de esta situación. Si bien, el victimario directo es quien obtuvo la imagen o video y difundió, cada persona que da un clic, que lo observa, que lo comparte, contribuye a esta fuerte revictimización.
La revictimización sucede no sólo por autoridades que no atienden a las víctimas, o por procesos burocráticos que hacen repetir una y otra vez una experiencia de violencia, sino desde cada individuo de una sociedad que es incapaz de poner un alto a la revictimización.
Un problema de tales dimensiones apela a la responsabilidad colectiva y a actuar como guardianes, especialmente de niños, niñas y adolescentes que requieren de protección. Necesitamos personas protectoras, preparadas e informadas para prevenir y mitigar los daños; apoyar a las víctimas y no contribuir a su revictimización.
Solo a través de la unificación de esfuerzos como sociedad es posible garantizar la seguridad y protección de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
Paola Guzmán, impunidad para el violador, sanción para el Estado.
Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en ContraReplica
Hay una historia que sacudió a Ecuador desde el año 2002 y que culminó con una sentencia condenatoria 18 años después.
Paola del Rosario Guzmán Albarracín nació el 10 de diciembre de 1986 en Guayaquil, Ecuador, a sus 14 años estudiaba el segundo año de secundaria y comenzó a tener problemas con ciertas materias, el Vicerrector de la escuela, haciendo uso de su relación de poder, acosó a Paola ofreciéndole aprobar sus materias con la condición de mantener relaciones sexuales; a partir de ese momento, fue sometida a situaciones de acoso sexual y violación que produjeron un embarazo.
El Vicerrector exigió a Paola que abortara y la llevó con el médico del servicio escolar, quien accedió a solapar los abusos y realizar el aborto, siempre y cuando Paola tuviera relaciones con él. Derivado de este tortuoso camino y con graves afectaciones psicológicas, Paola se suicidó a los 16 años.
El 24 de junio de 2020, después de 18 años de limitantes en el acceso a la justicia, la madre de Paola, Pepita Albarracín, obtuvo una sentencia de la Corte Interamericana en la que se consideró como responsable: no al violador, sino al propio Estado de Ecuador.
La Corte concluyó que el Estado no hizo aquello que le correspondía, como es: prevenir e identificar los casos de violencia sexual; establecer medidas especiales de protección para Paola en su calidad de niña y perseguir y castigar a un violador que quedó impune. Además, nos recordó que la violencia contra niñas y niños tiene consecuencias psicológicas y emocionales, trastornos afectivos, traumas, temores, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima que afectan la toma de decisiones y puede llevar a pensamientos suicidas.
La historia de Paola no nos es ajena y nos hace preguntarnos: ¿Cuántos casos como este se presentan en nuestro país todos los días? ¿Qué medidas toman las autoridades de educación y salud cuando tienen conocimiento de que una niña o adolescente fue violada? ¿Cuántos violadores viven en la impunidad?
Con datos de alumbramx.org, podemos señalar que sólo en 2019 se presentaron 23,191 casos de abuso sexual infantil y que cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio; de conformidad con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de 2020 se han presentado más de 199 mil llamadas de emergencia de violencia contra la mujer de las cuales 3,910 corresponden a abuso sexual, 6,311 corresponden a acoso y 2,785 a violación.
Ante un panorama nada alentador, el 19 de noviembre nuestro país conmemoró el “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil” para hacernos reflexionar sobre las medidas que toman nuestros legisladores, jueces, fiscalías y autoridades administrativas para atender casos como el de Paola, esperando que las medidas de protección, acceso a la justicia y reparación no lleguen años después de que nuestras niñas y adolescentes estén muertas.
Preocupa el funcionamiento del Congreso de la Unión
Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original en: ContraReplica
En nuestra columna anterior, hacíamos referencia a un contexto en donde la priorización de la agenda en materia de niñez, a nuestro juicio, requiere poco más que buenas intenciones de carácter político y de la elaboración de documentos o estrategias que desde el papel hacen todo el sentido, pero que en el terreno de lo práctico no suelen llegar a buen puerto.
La experiencia indica que para dar resultados concretos de política pública y mejorar en lo cotidiano las condiciones de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, es menester crear una agenda pública lo suficiente robusta y convencida de que la inversión en la infancia es una apuesta estratégica para la sostenibilidad de nuestras generaciones.
Para lograr esto, las sociedades que así se lo han propuesto con visión de largo plazo, han apostado por generar en su proceso de toma de decisiones al menos dos condiciones muy claras: a) favorecer de manera permanente el consenso entre todos los actores involucrados para evitar que la agenda se polarice; y b) anticipar, planear y ejecutar una andamiaje mínimo y progresivo de recursos humanos, materiales y financieros que permitan construir políticas públicas con sentido de practicidad, lo cual implica no solo emitir leyes o reglamentos, sino ejecutar verdaderas acciones de gobierno y participación entre sectores que sean susceptibles de ser implementadas y evaluadas.
Así, mientras más fuerte y sólido sea el nivel de consenso entre los actores, más efectiva y visible será la inversión en acciones concretas.
Uno de los errores que suelen cometerse en este proceso, se da justamente en la forma en la que el consenso es construido. De hecho, sin ignorar su dimensión en la esfera privada, la sola palabra que consenso nos remite casi de manera automática al terreno de la deliberación política y los procesos de formación de acuerdos que son exclusivos del fenómeno político, en donde pareciera que únicamente los partidos políticos, gobernantes, legisladores y tomadores de decisión son quienes deben participar en la dialéctica para construir mayorías en democracia y adoptar decisiones.
No obstante, la propia raíz etimológica de la palabra consenso nos recuerda que en realidad la formación del mismo, es una tarea que compete – sin distinguir – a todos los involucrados en una determinada materia. Si extrapolamos esta reflexión básica al caso que nos ocupa, entonces valdría la pena cuestionarnos ¿Cómo deberían construirse los consensos para mejorar los derechos de la infancia y adolescencia? ¿Es una tarea que debe quedar únicamente en manos de los gobernantes en curso?
Para tratar de responder el planteamiento me permitiré utilizar un ejemplo reciente. Desde la experiencia que hemos delineado en Early Institute a través de la iniciativa ALUMBRA, creada en 2018 y cuyo objetivo es contribuir a la prevención de la violencia sexual infantil en México, nos hemos propuesto justamente acelerar los procesos de formación de consensos y la creación de agendas comunes para hacer de la protección de la infancia una tarea compartida.
En tal sentido, la apuesta al cambio de ALUMBRA busca replantear la manera en la que construimos los consensos y definimos las agendas prioritarias para avanzar en lo esencial.
A través de la creación de una Comunidad de Conocimiento y Práctica, conformada de manera voluntaria por instituciones públicas, organismos internacionales, investigadores y organizaciones sociales involucradas en el tema. ALUMBRA ha puesto sobre la mesa la necesidad generar información y conocimiento a partir de la participación y co-creación entre los sectores social, público y privado, sin distinción alguna y con la única intención de desarrollar estrategias bajo una visón integral y sistémica del problema de la violencia sexual infantil.
Bajo la evidencia de que la violencia sexual infantil es una problemática multidimensional, que admite diversos enfoques y requiere la participación de diversos agentes, la Comunidad desarrollada por ALUMBRA, durante los últimos dos años busca, en esencia, amplificar el impacto de las estrategias, para generar más información en el tema; incidir de manera más efectiva en las políticas públicas; así como desarrollar experiencias formativas y de comunicación hacia la sociedad, para incrementar la formación de habilidades y prácticas para prevenir esta forma de violencia.
El reto es amplio, porque la participación colegiada entre actores siempre supone desafíos importantes, no solo por lo que conlleva la formulación de acuerdos y la definición de temáticas prioritarias, sino, sobre todo, por la necesidad de construir una cultura de diálogo permanente, que se asuma como la regla y no como la excepción entre los involucrados, incluido, desde luego, el sector público.
A casi dos años de esta iniciativa, la Comunidad ALUMBRA ha transitado por una primera fase en su arquitectura, en donde se ha logrado integrar a más de 40 aliados de todos los sectores para intercambiar información, prácticas, contenidos y diseñar estrategias de prevención que puedan sistematizarse en un solo espacio, incluso aprovechando las ventajas que hoy ofrece la tecnología.
En tal sentido, el trabajo colegiado de ALUMBRA se ha materializado en la plataforma digital www.alumbramx.org, desde donde se han creado contenidos y materiales específicos para dar recomendaciones a padres, educadores y cuidadores, sobre cómo prevenir la violencia sexual e incluso se cuenta con un canal de asesoría telefónica y online hacia la ciudadanía, para brindar información y canalizar denuncias.
Si bien la experiencia acumulada durante los últimos meses en ALUMBRA nos ha hecho ver el enorme potencial que plantean las iniciativas y plataformas de trabajo colaborativo, también es cierto que, dada la magnitud y urgencia del problema a resolver, debemos ser cada vez más eficaces y precisos en la construcción de soluciones. De tal suerte, que la formación de consensos y la integración de acciones para la protección de la infancia no debe ser una tarea en manos únicamente del poder político, sino una responsabilidad colectiva, desde la cual se congreguen todos quienes tenemos en nuestras manos una parte de la solución.
Se trata de un propósito que, desde luego, no será sencillo y del cual nos entusiasma ir dando cuenta a los lectores de sus resultados e invitándolos a formar parte de las estrategias e iniciativas que se desprendan de la comunidad ALUMBRA, todo ello como el nombre lo sugiere, para brindar una luz en contra de la violencia infantil.
Alumbra: una nueva forma de construir consensos
Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original en: ContraReplica
En nuestra columna anterior, hacíamos referencia a un contexto en donde la priorización de la agenda en materia de niñez, a nuestro juicio, requiere poco más que buenas intenciones de carácter político y de la elaboración de documentos o estrategias que desde el papel hacen todo el sentido, pero que en el terreno de lo práctico no suelen llegar a buen puerto.
La experiencia indica que para dar resultados concretos de política pública y mejorar en lo cotidiano las condiciones de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, es menester crear una agenda pública lo suficiente robusta y convencida de que la inversión en la infancia es una apuesta estratégica para la sostenibilidad de nuestras generaciones.
Para lograr esto, las sociedades que así se lo han propuesto con visión de largo plazo, han apostado por generar en su proceso de toma de decisiones al menos dos condiciones muy claras: a) favorecer de manera permanente el consenso entre todos los actores involucrados para evitar que la agenda se polarice; y b) anticipar, planear y ejecutar una andamiaje mínimo y progresivo de recursos humanos, materiales y financieros que permitan construir políticas públicas con sentido de practicidad, lo cual implica no solo emitir leyes o reglamentos, sino ejecutar verdaderas acciones de gobierno y participación entre sectores que sean susceptibles de ser implementadas y evaluadas.
Así, mientras más fuerte y sólido sea el nivel de consenso entre los actores, más efectiva y visible será la inversión en acciones concretas.
Uno de los errores que suelen cometerse en este proceso, se da justamente en la forma en la que el consenso es construido. De hecho, sin ignorar su dimensión en la esfera privada, la sola palabra que consenso nos remite casi de manera automática al terreno de la deliberación política y los procesos de formación de acuerdos que son exclusivos del fenómeno político, en donde pareciera que únicamente los partidos políticos, gobernantes, legisladores y tomadores de decisión son quienes deben participar en la dialéctica para construir mayorías en democracia y adoptar decisiones.
No obstante, la propia raíz etimológica de la palabra consenso nos recuerda que en realidad la formación del mismo, es una tarea que compete - sin distinguir - a todos los involucrados en una determinada materia. Si extrapolamos esta reflexión básica al caso que nos ocupa, entonces valdría la pena cuestionarnos ¿Cómo deberían construirse los consensos para mejorar los derechos de la infancia y adolescencia? ¿Es una tarea que debe quedar únicamente en manos de los gobernantes en curso?
Para tratar de responder el planteamiento me permitiré utilizar un ejemplo reciente. Desde la experiencia que hemos delineado en Early Institute a través de la iniciativa ALUMBRA, creada en 2018 y cuyo objetivo es contribuir a la prevención de la violencia sexual infantil en México, nos hemos propuesto justamente acelerar los procesos de formación de consensos y la creación de agendas comunes para hacer de la protección de la infancia una tarea compartida.
En tal sentido, la apuesta al cambio de ALUMBRA busca replantear la manera en la que construimos los consensos y definimos las agendas prioritarias para avanzar en lo esencial.
A través de la creación de una Comunidad de Conocimiento y Práctica, conformada de manera voluntaria por instituciones públicas, organismos internacionales, investigadores y organizaciones sociales involucradas en el tema. ALUMBRA ha puesto sobre la mesa la necesidad generar información y conocimiento a partir de la participación y co-creación entre los sectores social, público y privado, sin distinción alguna y con la única intención de desarrollar estrategias bajo una visón integral y sistémica del problema de la violencia sexual infantil.
Bajo la evidencia de que la violencia sexual infantil es una problemática multidimensional, que admite diversos enfoques y requiere la participación de diversos agentes, la Comunidad desarrollada por ALUMBRA, durante los últimos dos años busca, en esencia, amplificar el impacto de las estrategias, para generar más información en el tema; incidir de manera más efectiva en las políticas públicas; así como desarrollar experiencias formativas y de comunicación hacia la sociedad, para incrementar la formación de habilidades y prácticas para prevenir esta forma de violencia.
El reto es amplio, porque la participación colegiada entre actores siempre supone desafíos importantes, no solo por lo que conlleva la formulación de acuerdos y la definición de temáticas prioritarias, sino, sobre todo, por la necesidad de construir una cultura de diálogo permanente, que se asuma como la regla y no como la excepción entre los involucrados, incluido, desde luego, el sector público.
A casi dos años de esta iniciativa, la Comunidad ALUMBRA ha transitado por una primera fase en su arquitectura, en donde se ha logrado integrar a más de 40 aliados de todos los sectores para intercambiar información, prácticas, contenidos y diseñar estrategias de prevención que puedan sistematizarse en un solo espacio, incluso aprovechando las ventajas que hoy ofrece la tecnología.
En tal sentido, el trabajo colegiado de ALUMBRA se ha materializado en la plataforma digital www.alumbramx.org, desde donde se han creado contenidos y materiales específicos para dar recomendaciones a padres, educadores y cuidadores, sobre cómo prevenir la violencia sexual e incluso se cuenta con un canal de asesoría telefónica y online hacia la ciudadanía, para brindar información y canalizar denuncias.
Si bien la experiencia acumulada durante los últimos meses en ALUMBRA nos ha hecho ver el enorme potencial que plantean las iniciativas y plataformas de trabajo colaborativo, también es cierto que, dada la magnitud y urgencia del problema a resolver, debemos ser cada vez más eficaces y precisos en la construcción de soluciones. De tal suerte, que la formación de consensos y la integración de acciones para la protección de la infancia no debe ser una tarea en manos únicamente del poder político, sino una responsabilidad colectiva, desde la cual se congreguen todos quienes tenemos en nuestras manos una parte de la solución.
Se trata de un propósito que, desde luego, no será sencillo y del cual nos entusiasma ir dando cuenta a los lectores de sus resultados e invitándolos a formar parte de las estrategias e iniciativas que se desprendan de la comunidad ALUMBRA, todo ello como el nombre lo sugiere, para brindar una luz en contra de la violencia infantil.
Enfoque de niñez para atacar la violencia sexual infantil
Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en El Sol de México
En un tema tan indignante y doloroso como es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA), todo esfuerzo para erradicarlo es bienvenido y necesario, pero hay que hacer cada vez más.
En 2019, México registró 51 mil 662 delitos sexuales en contra de este sector, lo que equivale a un aumento de 20% con respecto a 2018. La situación es alarmante y se agrava por la falta de una perspectiva de niñez en su combate, entre otros factores de carácter legal.
Para empezar, en nuestro país, tanto la Federación como los estados tienen las facultades para crear y reformar los tipos penales que crean necesarios en sus respectivas jurisdicciones. Esto genera una diversidad de tipos penales en cada entidad federativa, los cuales carecen de lineamientos homologados, claros y objetivos.
Esto viene al caso porque hoy se cuenta con al menos 40 delitos sexuales tipificados en los 32 estados de la República Mexicana y a nivel federal. En resumen, el problema de esta diversidad: a) crea confusión de las conductas sancionadas; b) la legislación penal no respeta el interés superior de la niñez; y c) hay interpretaciones que llevan a la impunidad y poco acceso a la justicia.
En particular, y por mencionar una consecuencia de esta heterogeneidad, hoy 30 estados (junto con la Federación) regulan el abuso sexual en contra de NNA con distintos nombres, mientras que Aguascalientes y Nayarit no contemplan ningún tipo penal específico en sus códigos penales bajo esa denominación, sino como atentados al pudor. Evidentemente esto minimiza el problema. Es así como la multiplicidad y la falta de homologación de delitos, origina una falta de visibilización y abre la posibilidad de que los delitos de esta índole queden sin castigo.
Es obligación del Estado, en corresponsabilidad con los particulares, prevenir, atender, denunciar y sancionar la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, pero urge que el problema se atienda con una perspectiva de niñez, hasta ahora inexistente.
Actuar con este enfoque implicaría, según el Análisis de los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes en México, editado por Early Institute: “el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos, con base en el respeto de su dignidad, vida, supervivencia, bienestar, salud, desarrollo, participación y no discriminación, garantizando el disfrute de sus derechos de manera integral”.
Lo anterior porque cuando un niño, niña o adolescente sufre de violencia sexual, no solo se da una afectación de carácter sexual, sino que se violentan otros derechos.
Hay que decir que en los últimos meses se ha propuesto en el Congreso de la Unión, la creación de un Código Penal Único que homologue los delitos de abuso sexual contra NNA en todo el país. La propuesta, además de buscar la unificación de criterios en torno a estas graves faltas, también homologaría las penas. Hoy, por ejemplo, en Yucatán se prevén sanciones de uno a cinco años de prisión y de 40 a 100 días de multa; mientras que en Veracruz se establecen de seis a 12 años de prisión y hasta dos mil días de multa, debido a que la configuración de los delitos es diferente.
Por la relevancia de atender esta problemática de una manera distinta a como se ha estado haciendo, Alumbra Contigo —iniciativa de Early Institute que reúne a más de 40 aliados en una comunidad de conocimiento— pone a disposición una plataforma con recomendaciones a padres y educadores para identificar la violencia sexual contra NNA, ofrecer asesoría telefónica y canalizar denuncias. Asimismo, da a conocer una serie de estadísticas sobre el tema en su portal alumbramx.org que está disponible para quien desee más información. Nuestras intenciones son contundentes: por un lado, visibilizar las deficiencias en el respeto, la protección y la garantía al acceso a una vida sin violencia de este grupo social, pero sobre todo, evitar que se enfrente a una de las experiencias que, sin duda, deja huellas muy profundas de por vida.
Bajan denuncias por delitos sexuales por contingencia
Por Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute.
Publicación original en 24 Horas
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó una disminución a nivel nacional del 1%, durante los primeros dos trimestres del 2020, en la incidencia delictiva de temas sexuales. De entre los que destacan el abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, incesto, violación simple y violación equiparada.
Particularmente, la violación equiparada -que incluye la violación contra menores de edad aún cuando no concurra violencia- aumentó 2% en 2020 en comparación con los primeros dos trimestres de 2019. Aumento muy inferior al observado en 2019 donde se registró un incremento del 31% respecto a 2018
Una suposición lógica del comportamiento general a la baja en los dos primeros trimestres de 2020 es que lo que ha decrecido son las denuncias y no necesariamente los delitos sexuales. El decremento del 1% contrasta con lo ocurrido en el mismo periodo en 2019, donde hubo más bien un crecimiento del 25%, una diferencia notoria. Al tomar el mismo periodo con respecto a los últimos 5 años, se observa una tendencia al alza del 64%.
Aunque los Ministerios Públicos han permanecido abiertos en los últimos meses, el decrecimiento de los delitos sexuales podría deberse a una reducción significativa en las denuncias durante el confinamiento.
De hecho, la Secretaría de Gobernación alertó que la violencia y abuso sexual contra menores se ha agravado durante el confinamiento generado por la pandemia mundial. Esto se debe a que, con frecuencia, las víctimas se han visto obligadas a quedarse en casa o cerca de su abusador.
En este sentido, resulta preocupante que los principales abusadores son del contexto familiar. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016) las víctimas mujeres que sufrieron alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 15 años reportaron como principales agresores al tío (43%) y/o primo (33%).
Por lo anterior, es muy importante tener en cuenta que las cifras de incidencia delictiva proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo son la punta del iceberg pues se refieren a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación a partir de denuncias reportadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades federativas. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE), con datos de 2019, en México el 93% de los delitos no se denuncian.
En este sentido, aunque las cifras de delitos sexuales hayan decrecido, es necesario observar estos datos con prudencia y reservas sobre su interpretación pues la pandemia tiene efectos en la denuncia y en la detección de casos, particularmente aquellos que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.
Por un lado, es bien sabida la relevancia de denunciar cualquier delito sexual. Sin embargo, se debe subrayar también la urgencia de generar mecanismos, en nuestro sistema judicial, capaces de responder a contingencias que requieren un mayor esfuerzo e incluso creatividad para que cualquier víctima tenga acceso a la justicia.
Finalmente, pero no menos importante, la alta incidencia de delitos sexuales que enfrenta el país demanda la actuación conjunta. Un problema de tales dimensiones apela a la responsabilidad colectiva y a actuar como guardianes, especialmente de niños, niñas y adolescentes que requieren de nuestra protección.
Violencia digital en tiempos de COVID-19
Por Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
En el cuaderno de investigación Abuso sexual infantil y otras formas de violencia hacia la niñez en México, Análisis de indicadores de incidencia delictiva –publicado en noviembre de 2019 por Early Institute a través del proyecto Alumbra–, se dio a conocer que el uso de nuevas tecnologías implica una ventana de riesgos para las niñas, niños y adolescentes.
En el documento se informa que, de acuerdo con cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el año 2017, 20 por ciento de los niños y adolescentes entre 12 y 17 años de edad que utilizaron internet, vivieron alguna forma de ciberacoso.
La cifra sin duda es preocupante, sobre todo si consideramos que esta problemática se agrava ante la actual crisis sanitaria que vivimos por el coronavirus COVID-19.
El pasado 23 de marzo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado advirtiendo que, ante las medidas tomadas para combatir la pandemia –como el cierre de las escuelas y el distanciamiento social– niñas, niños y adolescentes extenderán el tiempo que pasan conectados, situación que incrementa el riesgo de ser víctimas de explotación sexual infantil.
Así, actividades como los juegos en línea y el uso de redes sociales los exponen a depredadores sexuales y al grooming, técnica empleada por una persona adulta para engañar a una niña, niño o adolescente y conseguir fotos, videos o incluso coordinar un encuentro con fines sexuales.
Ante los retos que trae esta contingencia, mamás, papás, cuidadores, especialistas, sociedad y autoridades, debemos estar más alerta que nunca, poner un alto definitivo a la violencia ejercida contra nuestra niñez y garantizar su bienestar físico y emocional.
De no actuar a tiempo condenaremos a toda una generación a sufrir daños irreparables, mismos que se extenderán en toda la sociedad.
Autoridades especializadas recomiendan tomar medidas como las siguientes: a) instalar un antivirus y un programa de control parental; b) reportar usuarios, perfiles, enlaces o foros con contenidos abusivos, sospechosos o inapropiados; y c) mantener aparatos electrónicos en espacios comunes de la casa.
También, crear conciencia en las niñas, los niños y los adolescentes sobre los riesgos que pueden enfrentar en internet, observar con mayor atención comportamientos extraños y tener un diálogo abierto con ellos, para que sepan que cuentan con el apoyo de su familia frente a cualquier situación, son herramientas efectivas para prevenir la violencia digital.
En caso de conocer o ser víctima de este tipo de violencia, rompe el silencio, llama al 088 y haz el reporte correspondiente.
Recuerda que la denuncia es anónima, ésta puede ayudar a identificar a los agresores, rescatar a otras víctimas, detener a los probables responsables y prevenir nuevos casos.
Unidos por la seguridad de las niñas y los niños
Por Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en ContraRéplica
La violencia ejercida en contra de niñas, niños y adolescentes es una realidad que carcome a nuestra sociedad, sin embargo, las actuales condiciones derivadas de la contingencia sanitaria tienden a agravarla. A pesar de que el aislamiento social es una medida necesaria para combatir la pandemia del Covid-19, es un factor que inevitablemente incrementa la exposición al riesgo de la población infantil, pues les impone convivir con sus agresores y los aleja de sus redes de apoyo.
Diversos análisis advierten que en situaciones de crisis —como la que se vive actualmente en todo el mundo por el Coronavirus— se exacerba la violencia. El estrés colectivo, la incertidumbre financiera y el deterioro o afectación de las condiciones de vida, son los principales detonantes.
En el caso de nuestro país, ya existen indicios que nos confirman lo anterior: según datos de la Fiscalía General de la Ciudad de México, en las fases 1 y 2 del Covid-19 creció 7.2 por ciento el número de detenidos por violencia doméstica; tan sólo del 9 al 25 de febrero se abrieron mil 581 carpetas de investigación; y la Red Nacional de Refugios reportó que del 17 al 28 de marzo pasaron de 60 a 160 el número de llamadas recibidas. Sin embargo, no tenemos que aceptar esta realidad, como sociedad y en lo individual, podemos poner un alto a la violencia e impedir que se replique generación tras generación.
Cuando planteo que estamos a tiempo de frenar y revertir esta problemática, lo hago con la convicción de que somos una sociedad unida, empática y comprometida con la niñez. Por ello, debemos actuar con firmeza y asumir la responsabilidad colectiva de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, especialmente en estos momentos de incertidumbre. Ahora es el mejor momento de dejar de lado la indiferencia y romper el silencio.
Cada uno de nosotros, desde nuestras respectivas trincheras, debemos de ayudarlos y asegurar su bienestar, como si fueran nuestros. Esto implica —entre otras cosas— advertir y señalar situaciones de riesgo que puedan afectar a una niña o niño, denunciar casos de violencia o agresiones en su contra y generar espacios seguros para su vida y desarrollo. Por nuestra parte y desde Alumbra —proyecto colaborativo de Early Institute que suma los esfuerzos, experiencia y conocimiento de la sociedad civil, agencias internacionales, autoridades gubernamentales e investigadores — trabajamos en la generación de información y en el diseño e implementación de estrategias para prevenir la violencia sexual cometida contra niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, si estás en riesgo o eres víctima de violencia, recuerda que no estás sola, acá afuera hay un ejército de personas que queremos ayudarte. Puedes llamar a los Centros de Justicia para las Mujeres, ahí se concentran servicios de tipo legal, psicológico y médico, algunos cuentan con agentes del Ministerio Público y proporcionan refugio temporal u ofrecen ayuda para encontrarlo. También ten presente que la principal línea de emergencia es el 911, ahí pueden canalizarte con el servicio que necesites.
Por una responsabilidad colectiva
Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original en El Financiero
Cada día confirmamos que las amenazas a niñas, niños y adolescentes están en todas partes, lo que nos provoca conmoción e indignación. En definitiva, las reacciones y los sentimientos son válidos, pero quizá no hemos reparado en un asunto vital; se trata de la responsabilidad colectiva. Es decir, ejercer un compromiso por mirarnos y responsabilizarnos por otros, pese a no ser próximos.
En el caso de la protección a la población infantil y adolescente, asumir una responsabilidad conjunta –que no sea exclusiva de los cuidadores inmediatos: padres, tutores, maestros– colaboraría no solo en la sensibilización, sino en la prevención, vigilancia y acción ante los riesgos que aquejan a este sector.
Lo que se propone es que asumamos un rol activo para cuidarlos, convertirnos en sus guardianes y evitemos situaciones que puedan dañar su salud física, mental y emocional, construyendo entornos sanos y confiables.
Un guardián es un agente prosocial, es decir, una persona que tiene una participación activa en la prevención de la violencia: da información clara, crea ambientes seguros y ayuda a reestablecer la confianza en los niños y las niñas. También conoce cuáles son los síntomas que alertan si alguien sufre una situación de violencia sexual. En caso de reconocer una posible situación de esta índole, por un lado, le cree a la víctima, le brinda apoyo emocional y lo orienta para que reciba la ayuda necesaria, tanto legal como psicológica. Por otro lado, al saber que el proceso de restauración es largo y difícil, transmite al entorno social la información adecuada para no ver y tratar a la víctima de un modo diferente, en beneficio de su recuperación. Un guardián no es omiso, actúa.
Por supuesto, es fundamental exigir al Estado el cumplimiento de las garantías que aseguren ambientes idóneos a los infantes, así como su pronta actuación cuando su integridad esté en peligro, pero es una labor conjunta propiciar su desarrollo y bienestar. Sobre todo, ahora que la propia dinámica social ha dejado de proveer escenarios seguros.
Recientemente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y The Lancet advirtieron en el informe ¿Qué futuro les espera a los niños del mundo? que la salud y el futuro de niñas, niños y adolescentes están comprometidos por aspectos como la degradación ecológica, el cambio climático y las prácticas de comercialización explotadoras que originan el consumo de productos que los dañan.
Según la exprimera ministra de Nueva Zelanda y participante en el informe, Helen Clark: “Los países deben revisar sus enfoques de la salud de los niños y los adolescentes para garantizar que no solo cuidemos de nuestros niños hoy, sino que también protejamos el mundo que heredarán en el futuro”.
Aceptemos la corresponsabilidad, actuemos conscientemente y procuremos a las niñas, los niños y los adolescentes un ambiente más amable del que conocen. Dejemos a un lado la indiferencia y cooperemos en su cuidado. En suma, seamos sus guardianes.