Romper el silencio: la imprescriptibilidad de los delitos sexuales
Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en ContraReplica
Durante la última semana de abril el Senado nos dio una grata sorpresa, más allá de los tiempos electorales, se discutieron y analizaron de manera conjunta 7 iniciativas presentadas por Josefina Vázquez Mota, Ricardo Monreal, Lilly Téllez, Martí Batres, Samuel García, Raúl Bolaños Cacho Cue y Guadalupe Vázquez Alatorre.
Los nombres, los partidos a los que pertenecen y la votación son importantes, ya que el Senado concluyó de manera unánime, que debemos contar con parámetros que establezcan la imprescriptibilidad de todos los delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes y que los agresores sexuales no queden impunes.
No está por demás recordar que una de las peores formas de violencia en contra de la niñez es la sexual, pues son delitos silenciosos que pueden estar ocultos durante muchos años y que se originan con mayor frecuencia en entornos cercanos en los que el victimario tiene un deber de cuidado.
Así, una niña, niño o adolescente que es víctima de este tipo de delito se enfrenta a una situación de vulnerabilidad emocional, mental y/o física, en la que las agresiones pudieron iniciar cuando no se tenía la capacidad de comprender el significado de lo que ocurría o no se sabía en quién confiar o a quién contarle, sumando a ello el miedo a ser estigmatizado, por lo que el silencio parece la salida más segura.
Ante este panorama, la iniciativa que hoy se encuentra pendiente de análisis en la Cámara de Diputados, establece que la distribución de pornografía infantil, turismo sexual, abuso sexual, pederastia, la cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18 o la violación equiparada, se suman a la imprescriptibilidad existente para delitos como la corrupción de menores y el lenocinio.
Lo anterior implica que, con independencia de que la víctima de estos delitos hubiese sufrido la agresión en su niñez o adolescencia y hoy cuente con 28, 35, 50 años o más, podrá denunciar el delito en cualquier tiempo y las autoridades federales deberán investigar y sancionar al agresor.
Cabe destacar que dicha reforma, de ser aprobada, resultará positiva en el plano Federal, sin embargo, no debemos olvidar que la mayor parte de estos delitos son competencia de las autoridades de cada uno de los 32 estados que hoy en día verifican si el delito ha prescrito o no conforme a las reglas de sus Códigos Penales locales, destacando que en el Estado de México y Coahuila ya se considera dicha imprescriptibilidad.
Por tal motivo, desde la Comunidad de Conocimiento Alumbra, una luz contra la violencia infantil, aplaudimos la iniciativa aprobada de manera únanime en el Senado y hacemos un llamado a todos los Diputados Federales y Locales a sumarse a este tipo de iniciativas que permitirán romper el silencio y evitar la impunidad.
Paola Guzmán, impunidad para el violador, sanción para el Estado.
Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en ContraReplica
Hay una historia que sacudió a Ecuador desde el año 2002 y que culminó con una sentencia condenatoria 18 años después.
Paola del Rosario Guzmán Albarracín nació el 10 de diciembre de 1986 en Guayaquil, Ecuador, a sus 14 años estudiaba el segundo año de secundaria y comenzó a tener problemas con ciertas materias, el Vicerrector de la escuela, haciendo uso de su relación de poder, acosó a Paola ofreciéndole aprobar sus materias con la condición de mantener relaciones sexuales; a partir de ese momento, fue sometida a situaciones de acoso sexual y violación que produjeron un embarazo.
El Vicerrector exigió a Paola que abortara y la llevó con el médico del servicio escolar, quien accedió a solapar los abusos y realizar el aborto, siempre y cuando Paola tuviera relaciones con él. Derivado de este tortuoso camino y con graves afectaciones psicológicas, Paola se suicidó a los 16 años.
El 24 de junio de 2020, después de 18 años de limitantes en el acceso a la justicia, la madre de Paola, Pepita Albarracín, obtuvo una sentencia de la Corte Interamericana en la que se consideró como responsable: no al violador, sino al propio Estado de Ecuador.
La Corte concluyó que el Estado no hizo aquello que le correspondía, como es: prevenir e identificar los casos de violencia sexual; establecer medidas especiales de protección para Paola en su calidad de niña y perseguir y castigar a un violador que quedó impune. Además, nos recordó que la violencia contra niñas y niños tiene consecuencias psicológicas y emocionales, trastornos afectivos, traumas, temores, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima que afectan la toma de decisiones y puede llevar a pensamientos suicidas.
La historia de Paola no nos es ajena y nos hace preguntarnos: ¿Cuántos casos como este se presentan en nuestro país todos los días? ¿Qué medidas toman las autoridades de educación y salud cuando tienen conocimiento de que una niña o adolescente fue violada? ¿Cuántos violadores viven en la impunidad?
Con datos de alumbramx.org, podemos señalar que sólo en 2019 se presentaron 23,191 casos de abuso sexual infantil y que cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio; de conformidad con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de 2020 se han presentado más de 199 mil llamadas de emergencia de violencia contra la mujer de las cuales 3,910 corresponden a abuso sexual, 6,311 corresponden a acoso y 2,785 a violación.
Ante un panorama nada alentador, el 19 de noviembre nuestro país conmemoró el “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil” para hacernos reflexionar sobre las medidas que toman nuestros legisladores, jueces, fiscalías y autoridades administrativas para atender casos como el de Paola, esperando que las medidas de protección, acceso a la justicia y reparación no lleguen años después de que nuestras niñas y adolescentes estén muertas.
Bajan denuncias por delitos sexuales por contingencia
Por Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute.
Publicación original en 24 Horas
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó una disminución a nivel nacional del 1%, durante los primeros dos trimestres del 2020, en la incidencia delictiva de temas sexuales. De entre los que destacan el abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, incesto, violación simple y violación equiparada.
Particularmente, la violación equiparada -que incluye la violación contra menores de edad aún cuando no concurra violencia- aumentó 2% en 2020 en comparación con los primeros dos trimestres de 2019. Aumento muy inferior al observado en 2019 donde se registró un incremento del 31% respecto a 2018
Una suposición lógica del comportamiento general a la baja en los dos primeros trimestres de 2020 es que lo que ha decrecido son las denuncias y no necesariamente los delitos sexuales. El decremento del 1% contrasta con lo ocurrido en el mismo periodo en 2019, donde hubo más bien un crecimiento del 25%, una diferencia notoria. Al tomar el mismo periodo con respecto a los últimos 5 años, se observa una tendencia al alza del 64%.
Aunque los Ministerios Públicos han permanecido abiertos en los últimos meses, el decrecimiento de los delitos sexuales podría deberse a una reducción significativa en las denuncias durante el confinamiento.
De hecho, la Secretaría de Gobernación alertó que la violencia y abuso sexual contra menores se ha agravado durante el confinamiento generado por la pandemia mundial. Esto se debe a que, con frecuencia, las víctimas se han visto obligadas a quedarse en casa o cerca de su abusador.
En este sentido, resulta preocupante que los principales abusadores son del contexto familiar. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016) las víctimas mujeres que sufrieron alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 15 años reportaron como principales agresores al tío (43%) y/o primo (33%).
Por lo anterior, es muy importante tener en cuenta que las cifras de incidencia delictiva proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo son la punta del iceberg pues se refieren a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación a partir de denuncias reportadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades federativas. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE), con datos de 2019, en México el 93% de los delitos no se denuncian.
En este sentido, aunque las cifras de delitos sexuales hayan decrecido, es necesario observar estos datos con prudencia y reservas sobre su interpretación pues la pandemia tiene efectos en la denuncia y en la detección de casos, particularmente aquellos que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.
Por un lado, es bien sabida la relevancia de denunciar cualquier delito sexual. Sin embargo, se debe subrayar también la urgencia de generar mecanismos, en nuestro sistema judicial, capaces de responder a contingencias que requieren un mayor esfuerzo e incluso creatividad para que cualquier víctima tenga acceso a la justicia.
Finalmente, pero no menos importante, la alta incidencia de delitos sexuales que enfrenta el país demanda la actuación conjunta. Un problema de tales dimensiones apela a la responsabilidad colectiva y a actuar como guardianes, especialmente de niños, niñas y adolescentes que requieren de nuestra protección.