Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
En días recientes se publicó la noticia de la muerte de Bayrón, niño de 7 años que tras varios meses de maltrato murió en manos de quien debía protegerlo.
Su triste historia me hace preguntar, ¿Cuántas personas e instituciones tienen que fallar en su deber de cuidado para que un niño muera por maltrato? ¿Cuántas personas vieron, pero ignoraron su sufrimiento?
Contrario al caso de Bayrón, está el de la niña Mary Ellen en Estados Unidos, quien en 1874 fue rescatada por sus vecinos que, al percatarse de los múltiples abusos a los que estaba expuesta, buscaron la forma de denunciar a los cuidadores de Mary Ellen a pesar de que al momento no existía una ley que prohibiera el maltrato ejercido en contra de niñas y niños. Ellos, y otros aliados que se unieron a su causa, recurrieron a una ley que prohibía la crueldad animal para denunciar que la niña era un ser vivo también y su maltrato debía ser sancionado, logrando rescatar a Mary Ellen y encarcelar a sus cuidadores.
Este acto, aparentemente heroico fue en realidad un acto de responsabilidad colectiva: personas adultas con el compromiso de proteger a una niña o un niño, aunque no sean sus cuidadores primarios, para garantizar un mejor futuro para todas y todos. La serie sobre Desarrollo Infantil de The Lancet -reconocida revista científica- publicada en 2016, ya lo apuntaba al hablar sobre el costo de la inacción: “si los niños no pueden cumplir su potencial social y de desarrollo, esto no solo perjudica su futuro, sino también el de las sociedades en las que viven”.
En México, aún existen múltiples factores que no funcionan adecuadamente para poder garantizar el bienestar y sano desarrollo de nuestra infancia. Por lo pronto, por el bien de nuestra sociedad, es urgente que todas y todos, en mayor o menor medida, asumamos el compromiso de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes.
Recordemos que la violencia contra nuestra infancia traspasa generaciones ¿Qué tipo de sociedad seremos cuando nuestra niñas y niños sobrevivientes de maltratos y abusos sean adultos?
Hoy solo nos queda pedirle una disculpa, Bayrón lamento mucho que este sistema te haya fallado.
Por: Valeria González, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
En días recientes hemos visto amenazadas varias instituciones y programas que tienen por objeto garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) es uno de ellos.
En 2015 se formalizó la creación del SIPINNA, por mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de coordinar las acciones del gobierno y vigilar que todas las políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes se cumplan. Este Sistema representa una estrategia prometedora, que opera en muchos otros países como por ejemplo Ecuador, El Salvador y Uruguay. Surge como respuesta a la necesidad de que exista un responsable cuyas facultades sean transversales para poder -eficazmente- coordinar las acciones de todos los sectores y órdenes gubernamentales.
Desaparecerlo no es una opción, no olvidemos que antes de su creación -en 2006- el Comité de los Derechos del Niño manifestaba su preocupación porque las leyes no se aplicaban correctamente debido a la complejidad de la estructura federal de México y urgía a tomar medidas para su aplicación efectiva.
Mandar sus facultades a una institución enfocada en la asistencia social tampoco es una opción. Lo cierto es que, aunque el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el SIPINNA centran sus esfuerzos en proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, sus objetivos, funcionamiento y -sobre todo- sus atribuciones no son los mismos. Independientemente del presupuesto destinado, la decisión sobre el futuro de estos dos Sistemas debe estar enfocada prioritariamente en garantizar el bienestar y sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes en México.
El SIPINNA es perfectible, tiene muchos aspectos que se pueden mejorar, pero eliminarlo y “enviar” sus facultades a una institución que no tiene la capacidad ni atribuciones para implementarlas sería un grave error y mandaría un mensaje equivocado de que nuestra infancia no es prioridad en la agenda pública.
No olvidemos que, además, al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, México asumió el compromiso de crear las condiciones jurídicas, institucionales, sociales y económicas para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en ella.
Más que nunca debemos de asegurarnos que existan todas las vías y mecanismos necesarios para proteger a las niñas, niños y adolescentes en México; país donde cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio según datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Es necesario que sumemos esfuerzos para garantizar el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, no disminuirlos, solo así mejoraremos como sociedad y país. Recordemos que la infancia es el futuro de nuestro país, la forma en la que la protegemos nos define.