El Derecho al medio ambiente sano

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraReplica

Vale la pena hacer un alto en aquellos temas que damos por hecho pero que, salvo una contingencia, volteamos a ver: ¿qué estamos haciendo para prevenir o resolver? Ejemplo de ello son las lluvias torrenciales que generan inundaciones cada vez menos “atípicas”, deslaves, aumentos de temperaturas, sargazo en los mares, entre muchos otros casos que inclusive han cobrado vidas en el mundo entero.

Únicamente en estos casos radicales nos damos cuenta que algo está cambiando, que el medio ambiente cada vez es más extremo y que tiene repercusiones en nuestras actividades diarias.

Bajo esta perspectiva, cobra relevancia que durante sus últimas sesiones desarrolladas en octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó contar con un relator especial en la materia y ha reconocido, por primera vez en su historia, que existe el derecho humano a un medio ambiente sano para proteger a las personas y al planeta, el aire que respiramos, el agua que bebemos y la comida que comemos.

Sólo unos días después, el Comité de los Derechos del Niño, en atención a la petición de un colectivo de niños analizó el cumplimiento de las obligaciones de Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquia encontrando a estos países responsables internacionalmente por la violación a la vida, salud y cultura de los niños al no proveer medidas suficientes para prevenir las afectaciones ambientales en cada uno de esos países.

Valdría preguntar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación, al SIPINNA y al Senado de la República sobre la urgente necesidad de aprobar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones con la niñez de nuestro país, deuda pendiente que debe ser subsanada durante este sexenio.

En el ámbito interamericano debemos tener presente, entre muchos otros tratados, el Acuerdo de Escazú, publicado en abril de 2021, que establece obligaciones específicas para la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente sano, así como obligaciones del Estado para garantizar el acceso a la información y la participación pública.

Por otro lado, debe tomarse en cuenta la opinión consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana que crea obligaciones de prevención, precaución, cooperación y procedimiento necesarios para respetar un derecho interdependiente e indivisible, ligado con el desarrollo sostenible y que constituye un derecho autónomo con connotaciones individuales y colectivas.

En el ámbito nacional la protección al medio ambiente resulta amplia y cuenta con una evolución constitucional y legal de poco más de 20 años, en la que convergen multiplicidad de normas que, incluso, ya han sido interpretadas por la Corte.

Hoy el tema ambiental ya no es un reto, sino una urgencia, tampoco es una mera coyuntura, sino una obligación que definirá la realidad de un país y su impacto en el mundo entero.

Gestación subrogada, una vía para explotar el cuerpo de las mujeres

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

El debate sobre la gestación subrogada se ha centrado en los derechos reproductivos de las personas solicitantes, sin embargo, están ausentes tres enfoques fundamentales en su abordaje: la gestación de bebés como un producto comercializable; la explotación de la mujer gestante como una máquina de producción; y la lógica de mercado que atraviesa estas problemáticas.

Integrar estos tres elementos nos permite visualizar la problemática real que existe en el fondo, una nueva forma de esclavitud: la explotación reproductiva. Esta columna aborda el segundo enfoque: la gestación subrogada como una vía para explotar el cuerpo de las mujeres.

La gestación subrogada es una industria que, en la práctica, se dedica a captar mujeres en situación de vulnerabilidad y -en la mayoría de los casos- en condición de pobreza para explotar y alquilar sus cuerpos y funciones reproductivas.

Bajo la premisa de que la mujer gestante tiene libertad y poder de decisión sobre su cuerpo muchas empresas y personas justifican y promueven un mercado que comercializa con el cuerpo de las personas. Sin embargo, detrás de la fachada de libertad y acuerdo de voluntades, se encuentran las mujeres más vulnerables, aquellas que han tenido un inequitativo acceso a las oportunidades o que viven diversos tipos de violencia que les sitúan en condiciones de vulnerabilidad y que, con tal de encontrar una salida a la situación en la que se encuentran, están dispuestas a pasar por cambios hormonales fuertes, exponer su salud física y mental, perder libertad de movimiento, sexual y de decisión durante un embarazo para después entregar al bebé -que han gestado y con quien han generado un vínculo- a alguien más. En un plano donde existe una posición de notoria ventaja y poder sobre la otra persona, no se puede coexistir igualdad ni libertad.

Se habla de empoderamiento al aludir sobre la decisión de las mujeres gestantes a rentar su vientre, lo cierto es que las personas intermediarias -con sus intereses económicos- no estarán dispuestas a respetar las reglas de las mujeres, a pagar lo que ellas consideren justo, a no explotarlas, a respetar sus decisiones en todo momento y a no violentarlas en cuanto su provecho e interés económico se vea amenazado; ellas nunca van a tener el control, ni la libertad que una transacción en condiciones de igualdad exige, se trata pues de una libertad paradójica.

En el mismo sentido, la gestación subrogada perpetúa la idea de que las mujeres y sus cuerpos pueden ser utilizadas para satisfacer los deseos e intereses económicos de terceros. En este proceso fungen como “fábrica de bebés”, su cuerpo es tratado como un objeto que puede ser comprado, vendido, utilizado y desechado. Pero los cuerpos de las personas no son objetos que pueden usarse, rentarse ni consumirse para el provecho de otros. Precisamente por eso, nos referimos a este fenómeno como una forma de explotación.

Desde esta perspectiva no se pretende juzgar a las mujeres gestantes por sus decisiones, tampoco de tacharlas de débiles o incapaces, todo lo contrario, se trata de visibilizar que ellas son explotadas por personas que se aprovechan y lucran con su condición de vulnerabilidad.

Ante este panorama queda prohibir esta forma de explotación, garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ofrecer trabajos dignos e igualdad de acceso de oportunidades. Recordemos que estamos ante un Estado claudicante cuando éste ha fracasado en cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y decide “legalizar” la explotación de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Aborto en México: lo que sucedió con los fallos de la Corte

Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en: El Financiero

Con las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la legislación, en los estados de Coahuila y Sinaloa, en materia de aborto es necesario esclarecer lo que sí y lo que no sucedió con dichos fallos.

En el caso de Coahuila, la Corte sólo analizó el delito de aborto autoprocurado o voluntario en el Código Penal de Coahuila y concluyó que ese delito es inconstitucional. La discusión se centró en los artículos 196, 198 y 199, pero permanece el delito de aborto previsto en su artículo 195.

Con ello, hay que señalar que la Corte no analizó los tipos penales de aborto de otros estados, por lo que no se ha manifestado expresamente sobre ellos y, en consecuencia, siguen vigentes. En ese sentido, la SCJN no falló para despenalizar el aborto en cualquier circunstancia y mucho menos, en todo el país.

Lo que se determinó fue que no es delito que las mujeres voluntariamente cometan un aborto, pero de eso a que el delito de aborto se haya despenalizado existe una gran diferencia. El delito de aborto existe y es vigente en los 32 estados del país.

Si bien las decisiones del máximo tribunal afectan a los jueces de todo el país, ya que están obligados a aplicar la jurisprudencia de la Corte en materia de aborto voluntario, no es que en automático se aplique en otras entidades ni tampoco obliga a los legisladores de otros estados a reformar sus códigos penales.

Asimismo, es fundamental puntualizar que los ministros de la Corte concluyeron que la práctica no puede realizarse en cualquier momento, pues la vida que se está gestando merece mayor protección conforme va “evolucionando” el embarazo. Por ello, dejó abierta la posibilidad al Congreso local de que, en el ejercicio de sus facultades legislativas, establezca “un plazo razonable” a partir del cual el aborto sí es punible.

Por su parte, en Sinaloa, la Corte concluyó el análisis de la acción de inconstitucionalidad sobre el derecho a la vida desde la concepción, previsto en la Constitución de ese estado. La discusión se centró en el artículo 4, bis A, fracción I de la Constitución local y se determinó inválido que el poder legislativo local haya reformado su Constitución para considerar ese derecho desde el momento de la concepción.

En este caso la sentencia sólo tiene efectos sobre la Constitución Política de Sinaloa, pero no en las de otros estados. Incluso, algunos ministros de la SCJN subrayaron que la vida humana está garantizada y protegida por nuestra Constitución y tratados internacionales. En este sentido hay que indicar que el derecho a la vida no ha sido revisado por la Suprema Corte; sólo invalida que sea desde el inicio en la concepción en el caso de Sinaloa, respetándose lo determinado en otras entidades.

Otro punto que sí sucedió fue que las resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación violaron la soberanía de los congresos locales al intervenir en decisiones que le competen, exclusivamente, a las legislaciones de los estados involucrados. Con esto, hay que ser muy enfáticos al decir que el Poder Judicial no es una institución para legislar.

En Early Institute señalamos que la realidad es que hay una deuda social de cara a la verdadera justicia y a la dignidad de las mujeres, lo cual sigue siendo un anhelo en tanto no existen las condiciones que impidan que ellas tomen decisiones que ponen en riesgo su vida y su salud. Asimismo, nos pronunciamos por privilegiar un México en donde una madre pueda dotar de vida, salud, desarrollo y educación a sus hijos con pleno respeto a sus derechos humanos y bienestar integral.

Niñas y niños huerfanos por feminicidio

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraReplica

¿Cómo podemos ayudar a una niña, niño o adolescente cuya madre ha muerto por feminicidio? ¿Cómo lo vamos a cuidar si precisamente su orfandad deriva de un delito que se tenía que haber prevenido? ¿Qué va a pasar con el feminicida?

Perder a nuestra madre o padre en condiciones ordinarias, es un evento trágico, pero resentirlo en la niñez y adolescencia como consecuencia de un feminicidio deja a los niños en un estado de vulnerabilidad, si a ello le sumamos que el agresor puede formar parte del núcleo familiar, se quiebra la idea de la familia como un espacio seguro.

De conformidad con datos de la Comunidad “Alumbra, una Luz Contra la Violencia Infantil” y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 2015 a la fecha, el número de feminicidios ha aumentado en más de un 100%, pues pasamos de 426 víctimas en 2015 a 977 en 2020 y para junio de este año se llega a 495 casos. De este número, con cifras de INMUJERES, se identificaron para 2020 al menos 796 niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres por feminicidio.

Ante esta realidad, el 4 de agosto de 2021 el DIF publicó el “Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio”, que busca “no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera”.

Entre los grandes aportes de este protocolo destaca la visibilización y aviso inmediato a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que, como su nombre lo indica, tienen por función procurar prioritariamente los derechos de la niñez, están facultadas para ejercer una representación directa o en compañía de los familiares y puede coordinarse con otras autoridades para otorgar la protección especial, integral y reforzada que les corresponde a niñas y niños.

De esta manera se busca satisfacer sus necesidades de salud, apoyo psicológico, encontrar un lugar donde puedan vivir, que tengan una alimentación adecuada, se les otorgue asesoría jurídica y se procure justicia para que el feminicida no quede impune.

Si bien el Protocolo visibiliza una problemática que hasta ahora estaba olvidada, también es cierto que está limitado por la voluntad política de los cambios de sexenio y gobierno en turno, por lo que se requiere de una reforma legal.

Por ello, desde Early Institute, aplaudimos iniciativas como la encabezada por las Diputadas Rocío del Pilar Villarauz Martínez y Rosalba Valencia Cruz que buscan reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y otras leyes para atender el problema de fondo fomentando la prevención, creación de registros específicos de feminicidio y violencia familiar y la necesaria coordinación entre el Ministerio Público y las Procuradurías de Protección para salvaguardas los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La crisis silenciosa: niñez huérfana por COVID-19

Por Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute.

Publicación original en 24 Horas 

De acuerdo a las estadísticas diarias de COVID-19 se sabe que México ocupa el 4 lugar respecto a la cantidad de muertes causadas por el virus, ya que se han pérdido a más de 266,000 personas durante la pandemia. Adicionalmente a estas lamentables pérdidas humanas, poco se visibiliza la crisis que miles de niñas, niños y adolescentes viven al quedarse sin sus cuidadores más queridos y protectores, su mamá, papá o ambos.

De acuerdo con un estudio publicado recientemente por la revista científica The Lancet, a nivel internacional hasta marzo de este año, más de 1,134,000 niñas, niños y adolescentes sufrieron la muerte de al menos uno de sus cuidadores primarios: mamá, papá o abuelos con custodia.

Particularmente México, se encuentra dentro de los países que presentan las tasas más altas en América Latina, y registró más de 131,000 niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus cuidadores primarios. Esta cifra se eleva a 203,549 si se incluyen las pérdidas también de un cuidador secundario como sus abuelos o personas que vivían dentro de su hogar.

Los datos son preocupantes porque la pandemia esta dejando a miles de niñas y niños desprotegidos. La muerte llega en cuestión de días o semanas, las familias tienen muy poco tiempo, si no es que nulo, para preparar a las niñas y niños del trauma que experimentan cuando una persona tan importante en su vida muere.

Adicionalmente a perder a sus seres más queridos, las niñas y niños en situación de orfandad frecuentemente enfrentan consecuencias adicionales como son la pérdida de ingresos, pobreza, abuso y/o institucionalización lo cual vulnera severamente sus derechos fundamentales.

Lo que hace unos meses preocupaba sobre los efectos secundarios del COVID-19 se ha vuelto una realidad y lo más alarmante es que la orfandad continuará creciendo en la medida en la que el virus continúe propagándose. Por lo anterior, es necesario viibilizar estas consecuencias y pasadas por alto que son sumamente perjudiciales para la niñez mexicana.

Si bien en abril de 2021, en el Senado de la República, los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, estimaron que en el país había 185,000 niñas, niñas, niños y adolescentes huérfanos por COVID, aún no se observa, ante la magnitud del problema, interés nacional para mitigar el impacto directo contra la orfandad en nuestro país.

Al respecto, el estudio citado alerta sobre la necesidad de respuesta ante el COVID-19 que además de prevenir, detectar y responder es de suma importancia el cuidado de niñas y niños por lo antes mencionado. Y es por ello que, desde Early Institute, se hace un llamado para fortalecer el aparato público a través de medidas urgentes de atención a poblaciones vulneradas, apoyos económicos, apoyos terapéuticos para auxiliar a las familias a la crianza y evitar en gran medida niñez institucionalizada.

Estamos a tiempo de actuar, es de vital importancia que las políticas públicas reflejen el interés superior de la niñez en México, las niñas y niños son la apuesta para nuestro futuro sostenible. Si no actuamos hoy, esta crisis silenciosa, con el paso de los años, nos va a cobrar factura.

Pobreza en México

Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en: El Financiero

A nivel mundial, uno de los temas que generan preocupación por sus diversas implicaciones es el de la pobreza. En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es el órgano encargado de medir la pobreza y genera información para la toma de decisiones sobre la materia. Precisamente fue el Coneval quien dio a conocer la última medición multidimensional de la pobreza 2018-2020, arrojando cifras que hay que considerar. Para empezar, se debe decir que de acuerdo con el Coneval: “la pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades e imposibilitan su plena integración social”.

En este sentido, no se trata de una medición dirigida exclusivamente al nivel de ingresos en los hogares, sino que abarca más dimensiones relacionadas con la educación, la salud, la seguridad, la alimentación, los servicios básicos de vivienda, por mencionar algunas.

En nuestro país, entre 2018 y 2020, se han identificado rezagos importantes en varios de los rubros. Por ejemplo, en materia de salud hubo un aumento en el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud al pasar de 16.2 por ciento (en 2018) a 28.2 por ciento (2020). Esto significa que en 2018 había 20.1 millones de personas en estas condiciones y en 2020 fueron 35.7 millones de personas.

Por otro lado, a nivel nacional, en ese mismo periodo, el porcentaje de la población con la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad se mantuvo en niveles similares al pasar de 22.2 a 22.5 por ciento. Esto significa un incremento de un poco más de un millón de personas en esta situación.

En cuanto a la educación, el porcentaje de la población con rezago educativo se mantuvo en niveles similares, pero con un ligero aumento al pasar de 19.0 a 19.2 por ciento, es decir, incrementó de 23.5 a 24.4 millones de personas.

Ahora bien, entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9 a 43.9 por ciento. Esto es, que el número de personas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas, de los cuales 19.5 millones son menores de 18 años.

Asimismo, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema se incrementó de 7.0 a 8.5 por ciento en ese mismo periodo. Es decir, el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.8 millones de personas, de los cuales 3.9 millones son menores de 18 años.

Todos estos datos, pero en particular los últimos, nos hablan de la urgencia por responder a lo que está ocurriendo en nuestro país. Es cierto que la pandemia por Covid-19 y sus efectos sociales y económicos contribuyeron a la desestabilización, pero también es cierto que el gobierno mexicano enfrenta serios desafíos para implementar medidas que erradiquen las carencias sociales de manera eficaz.

En Early Institute sabemos que la pobreza en la niñez puede desencadenar otros problemas que afectan su bienestar integral. De ahí que reconocemos la importancia por contar con la suficiente información que dé cuenta del contexto en el que viven niñas, niños y adolescentes para formular políticas públicas que garanticen el respeto a sus derechos y protejan su sano desarrollo.

Volvamos a clases

Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en: El Financiero

Con el inicio del ciclo escolar, las interrogantes para volver a las clases presenciales en México siguen en el aire. Por la trascendencia, retomaré algunas de las preguntas que, sin duda, nos hemos planteado para definir lo que será mejor para nuestros hijos e hijas, pero es un hecho que el momento de regresar a las aulas ha llegado.

Para empezar, ¿cuáles son las principales afectaciones que han sufrido niños, niñas y adolescentes durante el confinamiento? Se puede decir que son varias y muy importantes: han sufrido daños en su desarrollo emocional ante la falta de socialización. Recordemos que somos seres sociales y la privación de la libertad ha generado cansancio emocional, evidenciado por desinterés; cambios de humor; alteraciones en el sueño; y apego ansioso, por mencionar algunos trastornos. La sociabilidad es un músculo que hay que ejercitar. Otro daño es su derecho a la educación. En este punto se habla de que en nuestro país más de 5 millones de estudiantes no se inscribirán, siendo 3 millones niños y niñas. Una consecuencia más es la exposición a la creciente violencia familiar, que afecta de manera profunda todo su crecimiento.

Así, ¿cuáles son los beneficios de regresar a las aulas? Se recupera un adecuado desarrollo socio-emocional de niños, niñas y adolescentes; se alienta a la adaptación del mundo que les ha tocado vivir; se respeta el derecho a la educación; y se advierte la presencia de casos de violencia, que podrían ser atendidos de manera integral.

¿Qué es lo mejor para ellos? Ante todo, hay que escucharlos y tomar en cuenta su opinión. Es notorio que hoy se enfrentan a escenarios adversos, pero con las herramientas adecuadas podrán aprender a minimizar los riesgos. Hay que reconocer que nunca hay un escenario de cero riesgo, de ahí la importancia por enfatizar en la salud física y emocional, motivar su resiliencia y fortalecer la responsabilidad colectiva.

¿Qué podemos hacer ante el regreso a clases? La psicóloga Julia Borbolla propone varios puntos para hacer frente a la situación: primero hay que analizar los propios frenos por los que se decide no llevar a niños, niñas y adolescentes a la escuela (miedo, culpa, control, duelos no tratados, etcétera); capacitarlos para hacer frente a la contingencia dándoles consignas, tomando en cuenta que son ya una generación con mayor conciencia en materia ambiental; reforzar sus conductas de autocuidado (uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia); fortalecer sus conductas de responsabilidad social (además de cuidarse, ayudar a que otros no se contagien); e involucrarlos en el problema (motivar a que los niños grandes cuiden a los pequeños, por ejemplo). También se recomienda pedir a la escuela protocolos de seguridad y verificar que se cumplan; participar en las labores escolares que garanticen los cuidados de prevención, es decir, hoy más que nunca hay que ser y hacer comunidad con el colegio; confiar en los profesionales de la salud y de la educación, y sobre todo, confiar en los propios hijos e hijas. Este punto es crucial, ya que implica creer en ellos y confiar en su capacidad para cuidarse y adaptarse. En la medida en que confiemos en ellos se fortalecerá su confianza en sí mismos; las niñas y los niños son lo que les decimos qué son.

En Early Institute sabemos que construir un entorno que asegure el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida y la socialización en la escuela es parte fundamental en su desarrollo. Trabajemos para establecer las condiciones de regreso a las aulas y protejamos a las nuevas generaciones desde la comunicación, la confianza y el respeto a sus derechos.

Más allá de la vacunación

Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en: El Financiero

Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, la información va y viene. De repente nos vimos inundados por una avalancha de malas noticias y miles de datos, entre los que destacan las medidas para evitar el contagio, los daños generados y la aparición de una vacuna que aparentemente salvaría la situación. Lo cierto es que hoy pese al suministro de los biológicos, el panorama sigue siendo incierto.

Precisamente en este tema se han dado múltiples escenarios que vale la pena reflexionar ante la polarización de la sociedad y la incertidumbre que ha surgido en los últimos meses.

El manejo de esta pandemia es algo inédito, ya que en una cuarentena, se aísla a los enfermos y no a las personas sanas. Cuando alguien tiene varicela o sarampión, lo pones en cuarentena, ¿por qué seguir confinando a los sanos? Hasta el día de hoy pareciera que todos los esfuerzos para hacer frente a la contingencia sanitaria se han centrado en la vacuna y, desafortunadamente, se ha comprobado que la inmunidad sigue muy lejana. La propagación del virus sigue presente tanto en personas vacunadas como en quienes no lo están. En este sentido, se está viendo que la gran solución no está en ellas sino en las medidas de detección temprana, protocolos de atención médica a quienes enferman y el seguimiento a los cuidados preventivos: uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente, higiene, distanciamiento social de los enfermos, evitar aglomeraciones y ventilación de espacios, principalmente.

El asunto ahora es la obligatoriedad de las vacunas cuando deberíamos centrarnos en la detección de la enfermedad a tiempo y en la atención de la misma porque, dicho sea de paso, nos vamos a seguir enfermando. Lamentablemente con el virus que nos aqueja, los esfuerzos por contar con una detección temprana son incipientes, cuando debería ser primordial disponer de pruebas confiables para identificar la aparición de la enfermedad y proceder al aislamiento.

Obligar a las personas a vacunarse y reflejarlo en pases sanitarios ha sido causa de enojo en diferentes partes del mundo, como Francia e Italia, sobre todo porque de no contarse con dicha muestra no se tiene acceso a lugares públicos como museos, restaurantes, gimnasios, parques, transporte, entre otros, incluso, abarcaría centros de trabajo y escuelas.

La aparición de estos pasaportes sanitarios se está convirtiendo en una tendencia global, lo que podría vulnerar distintos derechos humanos como son: no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, interés superior de la niñez, libertad de tránsito, derecho de reunión, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al acceso a la cultura y derecho al esparcimiento.

En definitiva, la vacunación obligatoria no es el antídoto cuando sí tendría mayor valor el fortalecimiento de protocolos de atención y de prevención para evitar contagios, el impulso a la ciencia para obtener una medicina que garantice la inmunidad y, primordialmente, proveer los recursos para una correcta y temprana detección de la enfermedad.

Todavía más importante es hablar de lo que podemos hacer en nuestro entorno inmediato como la relevancia de practicar deportes para activar las hormonas que producen bienestar; cuidar nuestros pensamientos; y fortalecer nuestros vínculos personales para combatir lo que está generando el aislamiento. En sí, hay que proteger nuestra mente y cuerpo y tener la confianza de que podremos salir adelante cuidándonos como se debe.

Las gobernadoras: oxígeno para la democracia

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en: El Sol de México 

Se viven tiempos sin precedente histórico en distintos ámbitos de la vida democrática de México. La nueva composición y alternancia de gobiernos y congresos en las entidades federativas que recientemente celebraron comicios, no solo representa un signo relevante para el análisis político, sino que en la práctica se trata de un fenómeno que avizora una nueva gobernanza para la ejecución de políticas públicas.

Me refiero a un hecho de particular significación política para el país en momentos en que, por primera vez en nuestra historia, a partir de enero del próximo año, asumirán el Poder Ejecutivo estatal un número importante de mujeres, posiciones a las deberá sumarse las correspondientes estructuras de la administración pública, así como las asambleas legislativas y ayuntamientos.

Con cierta proclividad y no menos profundidad, se han escrito diversos análisis que documentan el papel histórico de la mujer y su esfuerzo ascendente para ocupar espacios de decisión en el ámbito público. Sin embargo, el propósito que persiguen estas líneas consiste en colocar los reflectores a un suceso de tal envergadura para no caer en el error de considerarlo meramente coyuntural, pues la llegada de seis mujeres gobernadoras, más la jefa de gobierno de la Ciudad de México, constituye un detonante para impulsar cambios favorables en la forma de conducir las políticas estatales.

Además de la capital del país, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero y Tlaxcala, estarán gobernados por mandatarias que les caracteriza un bagaje de experiencia en la arena pública lograda a través del trabajo social y partidista, que abre la puerta para oxigenar la de por si atribulada congestión del mal gobierno local, acentuado por una reciente generación de gobernantes que pasó del escándalo a la cárcel por contubernios abiertos o simulados con el crimen.

La oportunidad a que hago referencia, permitirá con el liderazgo de las gobernadoras, configurar esquemas de gobierno bajo una visión vanguardista y con profundo sentido social, especialmente en favor de las poblaciones vulnerables como la niñez, las mujeres y los adultos mayores.

Además, no menos relevante es el hecho de que por primera vez la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), tendrá una participación con mayor presencia de mujeres. Será interesante ver si las mandatarias logran reavivar con sentido práctico y nuevo enfoque, la razón de ser de esta plataforma de colaboración intergubernamental frente a los retos del federalismo mexicano y considerando que desde ahí pueden impulsarse políticas con impacto no solo en la agenda local, sino en regiones estratégicas del país.

Tampoco debemos menospreciar los retos que enfrentarán las nuevas gobernadoras al asumir su gestión, pero en nuestra opinión dos de ellos pueden significar un punto de inflexión si logran abordarse con prioridad y estrategia.

Primero, atender las desigualdades sociales y avanzar en la tutela efectiva de los derechos humanos, cuya brecha se ha incrementado ante el contexto de las medidas dictadas para contener la pandemia por COVID-19. En este rubro, las gobernadoras - por su perfil y liderazgo natural - contarán con legitimidad y respaldo social para impulsar políticas de fondo que resuelvan los problemas de salud, educación, violencia y empleo.

Y, en segundo lugar, como hemos insistido desde la misión institucional de Early Institute, tenemos la convicción que las gobernadoras pueden hacer una apuesta estratégica en materia de inversión social para la seguridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, dando pie a nuevos planes y esquemas de gobierno que coloquen en el centro las políticas de cuidado y protección hacia las nuevas generaciones.

Desde luego que no se lanza una apuesta al vacío. Las gobernadoras, como quienes gobiernan en cualquier ámbito, necesitan asumir con valiente autocrítica, los graves riesgos que han llevado al país a potenciar la problemática en rubros que son vitales para una convivencia democrática y valores sociales. Si bien las gobernadoras tienen el uso de la palabra, la acción es corresponsabilidad de todas y todos.

Yucatán: referente en materia de protección a la niñez.

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en: El Sol de México 

Si bien México no es un país especialmente proclive a regirse por los planes y programas que las leyes de planeación prevén para el desarrollo nacional, es innegable que cualquier gobierno entrante debe anticipar la planeación de sus asuntos prioritarios y el diseño informado de las políticas que pretendan llevar a cabo durante sus periodos de gestión.

Al margen de los procesos y plazos legales de entrega-recepción, las semanas que corren representan un momento oportuno para que las futuras administraciones estatales elaboren diagnósticos y revisen mejores prácticas en temas sociales como seguridad, salud, educación y tutela de los derechos de los grupos vulnerables.

En este último eje, desde Early Institute hemos apostado a que el diseño de todo plan de política pública y acción gubernativa ponga en el centro los derechos de las futuras generaciones; no como un tema de causas o banderas, sino como una apuesta estratégica de inversión y retornos sociales efectivos.

Particularmente en materia de niñez, quizá sirva a las gobernadoras y gobernadores electos durante este periodo de transiciones, echar una mirada al andamiaje institucional que durante la última década se ha construido en el estado de Yucatán.

Además de ser una entidad referente en materia de prevención de delito y seguridad ciudadana, Yucatán representa hoy por hoy uno de los pocos estados que han sabido llevar a la práctica – no solo en los derroteros del texto legal – la colaboración institucional y la planificación de políticas a largo plazo en favor de niñas, niños y adolescentes.

Ello se observa porque en Yucatán, el papel de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) no es decorativo y muestra signos de madurez institucional. Se trata de una instancia especializada, con funcionarios capacitados que comprenden la necesidad de coordinación efectiva hacia el resto de las instituciones clave como la Fiscalía de Estado, el Sistema Estatal de Educación, la Secretaria de Salud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y desde luego el congreso local.

Hoy en Yucatán, las autoridades estatales cuentan con información al mismo nivel en cuanto a las formas y tiempos para actuar con mayor efectividad, apegadas a plazos legales y conocen el papel de otras instancias vinculadas con la atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que permite dar una atención idónea a sector de la población.

Pero quizá, el gran acierto de Yucatán en materia de niñez ha sido escuchar a la sociedad civil e involucrarla en la hechura de sus políticas públicas.

Esto ha sido posible, por ejemplo, gracias a la experiencia y trabajo colectivo de organizaciones como la Red de Protección a la Infancia de Yucatán integrada por asociaciones civiles, médicos, especialistas, padres de familia y maestros, quienes desde hace varios años, mantienen un diálogo permanente y constructivo con las instituciones locales para mejorar y revisar los mecanismos de protección de niñas y niños en dicha región.

Es una buena noticia que existan estos referentes en el país, ojalá la experiencia de Yucatán sirva como punta de lanza y sea revisada como una buena práctica a nivel nacional que permita incluir como prioridad la protección de niñas, niños y adolescentes en los planes y programas de los 15 nuevos gobiernos estatales que habrán de tomar posesión este año.