Publicación original en ContraReplica

El 10 de diciembre se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 que representa el mapa de ruta que la Secretaría de Gobernación se ha planteado para los próximos 4 años.

El documento nos advierte sobre las deficiencias que de alguna u otra manera ya conocemos: tenemos un campo infinito de normas, instituciones y programas tan poco articulados que ni Kafka en sus mejores momentos habría imaginado; el presupuesto es poco y las necesidades muchas; los servidores públicos tienen escasa capacitación en derechos humanos; y existe una limitada capacidad institucional.

Más allá de las justificaciones expresadas de cómo llegamos a este punto, el documento establece un plan de acción de aquello que sí se puede hacer y que podría resultar eficaz si se pasa del papel a la acción brindando soluciones desde la raíz. Como punto de partida se busca crear un Sistema de Derechos Humanos que, de hacerse realidad, unificará las actividades que están dispersas entre varias autoridades y dependencias.

Aunque parezca algo hetereo y lejano, es relevante y necesario. Hoy una niña víctima de violencia sexual puede ser atendida de manera poco coordinada al menos por 5 autoridades: un hospital público, las procuradurías de protección, la comisión ejecutiva de atención a víctimas, el ministerio público y un juez, que en su afán de hacer lo que les toca, pueden revictimizar en vez de ayudar.

Si este nuevo sistema funciona, estaremos dando los pasos necesarios para dejar atrás la atención burocrática con múltiples ventanillas que aplican su normatividad como si fuera una cadena de producción, pero que no resuelve el problema al no generar una atención colaborativa, “transversal” e “interseccional” con otros “departamentos” que garanticen la atención que merecemos.

De igual forma, el Programa reconoce deudas históricas con los grupos en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, la comunidad LGBTTTIQ, pueblos y comunidades indígenas y personas afromexicanas.

Entre las acciones puntuales que merecen mención aparte encontramos el impulso de reformas laborales para aumentar los días de las licencias de maternidad o paternidad en caso de nacimiento o adopción de una hija o hijo, además, busca implementar medidas de asistencia, atención y apoyo especializado para niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia, garantizando así un enfoque de niñez.

Cabe señalar que desde hace más de 15 años en Early Institute impulsamos y reconocemos las políticas públicas que favorecen las licencias de paternidad, pues fomentan el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como la protección integral y coordinada de niñas y niños en casos de violencia sexual.

Finalmente, el programa propone temas que conllevan polarización y, como en otras ocasiones, llevarán el discurso a debates públicos de blancos y negros y en los que, atendiendo a la máxima aristótelica, los extremos nunca serán la respuesta correcta.

Publicación original en El Financiero

Por todos es sabido que en las fronteras mexicanas se viven severas crisis. Por un lado, en la frontera sur hay miles de personas que buscan transitar por nuestro país hasta llegar a Estados Unidos. En tanto, en la del norte se han quedado varadas miles más en espera de audiencias que les permitan ingresar al país vecino. Lastimosamente, durante el gobierno de Donald Trump y en colaboración con la administración mexicana actual, en 2019 se firmó un tratado para implementar el Programa Quédate en México, en el marco de los Protocolos de Protección al Migrante, orquestados por Estados Unidos. Digo que es lastimoso porque el programa en cuestión lo que hace es obligar a los migrantes que salen de sus países, principalmente del centro y sur de América, a quedarse en la frontera mexicana esperando que les permitan el ingreso a Estados Unidos.

Pese a los esfuerzos de diversos organismos internacionales por evidenciar los riesgos de este programa, sigue aplicándose ocasionando que los migrantes sean afectados en diversos ámbitos. Para empezar, son susceptibles a secuestros, extorsiones, abusos sexuales, torturas, entre otras prácticas delictivas e, incluso, la población más vulnerable, como son mujeres, niños, niñas y adolescentes, está sujeta a la aplicación de este programa, en perjuicio de su seguridad. Por ejemplo, se habla de que de noviembre de 2019 a enero de 2020, 38 niños fueron secuestrados o se vieron involucrados en un intento de secuestro, según Human Rights Watch.

Con el nuevo gobierno de Joe Biden, si bien se ha hablado de anular este programa, aún no se tiene conocimiento de una posible fecha para desmantelarlo. La preocupación no es menor, ya que se conoce que Biden protagonizó una de las políticas migratorias más agresivas durante el gobierno de Barack Obama.

Por supuesto, se confía en que los pronunciamientos hechos por el ahora presidente norteamericano para garantizar un mejor trato a los migrantes sean una realidad y medidas como el Programa Quédate en México queden en el olvido para dar paso a estrategias más humanitarias y respetuosas.

Hay que decir también que México falló al aceptar el Programa Quédate en México, no sólo por los riesgos a las personas que buscan protección sino porque se dio en un contexto de total ilegalidad. Para empezar, fue firmado por un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores que carecía de las facultades para signar un tratado internacional y, además, el acuerdo se llevó a cabo sin la coordinación de la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de los asuntos migratorios.

Por tal razón y en apoyo a los niños, las niñas y los adolescentes que hoy están siendo afectados por el Programa Quédate en México en cuanto al ejercicio de sus derechos humanos, Early Institute hace un llamado a su completa protección desde la formulación y adopción de iniciativas más sensibles y apegadas a derecho. Esto para garantizarles un trato digno, en congruencia con su derecho a la libertad de tránsito y la búsqueda de mejores condiciones de vida.