Los derechos y el pase de vacunación
Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en: El Financiero
Alrededor de las acciones para mitigar los efectos del Covid-19 hay mucho qué decir. Por un lado, estamos convencidos de que la mejor forma es fortalecer la detección temprana de la enfermedad con pruebas suficientes y al alcance de todos. Asimismo, hay que asumir nuestra responsabilidad colectiva en caso de saberse portador de la enfermedad o al haber estado en contacto con alguien positivo, lo que significa atenderse con el rigor necesario. Y en esta línea, es fundamental seguir con los protocolos sanitarios en caso de contraer la enfermedad, es decir, aislarse y evitar, a toda costa, la propagación del virus.
Por supuesto no hay que olvidar los cuidados preventivos que siguen ayudando, tales como lavado de manos frecuente, uso de cubrebocas, sana distancia, ventilación de espacios y evitar sitios concurridos, sobre todo porque la aplicación de vacunas es un tema con algunas consideraciones.
Una es que no son la solución al problema debido a que no ofrecen inmunidad; y la segunda es que su obligatoriedad –reflejada en la expedición de pases sanitarios– vulnera una serie de derechos que van desde la no discriminación hasta el libre desarrollo de la personalidad; libertad de conciencia; el interés superior de la niñez; la libertad de tránsito; el derecho a la reunión; el derecho a la educación; el derecho al trabajo; la libertad religiosa; el derecho al acceso a la cultura; y el derecho al esparcimiento.
Ya son varios los países que limitan el acceso a lugares públicos (transporte, museos, restaurantes, parques, etcétera), y a centros de trabajo y escolares de no presentar el certificado de vacunación. Hay que decir que para la implementación de estas medidas existen dos mecanismos jurídicos: el primero es la emergencia sanitaria y el segundo es el Estado de excepción. La diferencia es importante porque los tribunales utilizan esta distinción para valorar la constitucionalidad de las medidas tomadas por cada país. Si bien hay una coincidencia por hacer frente a la pandemia, es muy relevante asegurar que las autoridades respeten los derechos humanos y el Estado constitucional de derecho.
Por la vía de la emergencia sanitaria, su acción está sujeta a una ley, es emitida por las autoridades sanitarias que dependen del Ejecutivo federal y su aplicación limita o restringe derechos, pero éstos subsisten, nunca se suspenden. En cambio, cuando se trata de un Estado de excepción, son la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 27) las que lo fundamentan; es el presidente de la nación quien lo emite avalado por los otros poderes del Estado y en este escenario, se suspenden los derechos humanos, es decir, se priva a los destinatarios de su ejercicio.
En el caso de México, lo que tenemos ahora es una emergencia sanitaria, a la que se le denomina acción extraordinaria en materia de salubridad y está prevista en la Ley General de Salud. En nuestro país –a diferencia de Austria, Dinamarca, Francia, Italia, por mencionar algunos ejemplos– el pase sanitario (y la vacuna) no se ha implementado como obligatorio, aunque se sabe que en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, desde agosto de 2021 se solicita dicho documento para ingresar a bares, restaurantes y comercios. Habría que revisarse la legalidad de esta situación en tanto la Presidencia ha aclarado que no se requerirán comprobantes de esta índole.
En Early Institute abogamos por un respeto total a las garantías individuales e invitamos a impulsar la aplicación de pruebas que ayuden a la detección temprana del Covid-19; a seguir con las medidas preventivas y a cuidar nuestra salud física, emocional y social no solo para enfrentar la pandemia sino como un compromiso de vida. Sobre todo, hacemos un llamado para solidarizarnos y cuidarnos entre todos en apego a una responsabilidad compartida y cuidadosa en vigilar el libre ejercicio de nuestros derechos.
Silencio colectivo, explotación sexual en preescolares
Por Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute.
Publicación original en 24 Horas
Recientemente decenas de organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron para detener la violencia y explotación sexual infantil que ocurre en las escuelas preescolares mexicanas. Exhortaron a las autoridaexplotación sexual infantil des educativas para crear estrategias de prevención, vigilancia y denuncia ante cualquier delito sexual.
Esta fue una respuesta al informe presentado por la Oficina de los Derechos de la Infancia (ODI) en el que se documentaron casos de violencia y explotación sexual en diversos Estados de la República ocurridos desde el año 2011. El informe visibiliza 37 casos (16 de ellos casos colectivos) que reflejan que niñas y niños en preescolar están sufriendo violencia sexual severa dentro de las escuelas.
Los resultados del informe no sólo indignan por la naturaleza de los delitos sexuales en contra de menores de 6 años, sino también porque se visibiliza que existen patrones reiterativos que reflejan una delincuencia organizada en las múltiples escuelas en las que niñas y niños sufren violencia sexual de manera cotidiana, por más de un delincuente (personal escolar y extraños) y en distintos espacios de la escuela (baño, dirección escolar, salones, espacios abiertos), en ocasiones son sacados de la escuela y llevados a casas con agresores sexuales. Incluso varios casos reflejan la sedación de niñas y niños para la práctica de agresiones sexuales en su contra.
Aunque existen algunos protocolos impulsados por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se establece que en los casos en los que pudiera haber un delito, el Director o Directora del plantel educativo junto con la Supervisión Escolar deben asegurarse que se haga del conocimiento de la Procuraduría de Protección que corresponda. El informe presentado deja ver las carencias en la supervisión efectiva en las escuelas.
Se ha podido constatar que la respuesta de las autoridades escolares es insuficiente, en palabras del informe “La práctica institucionalizada por la SEP de proceder con una investigación interna ante la denuncia de delitos graves, hace difícil distinguir entre la omisión y el encubrimiento”.
Además, el informe enfatiza una problemática estructurada debido a la fragmentación de la investigación, la exclusión de las víctimas y la falta de procedimientos adecuados para la testimonial infantil, lo cual se traduce en una gran impunidad para la delincuencia en contra de la infancia. Resulta evidente que las estrategias de prevención y atención son insuficientes e ineficientes.
Además, el informe concluye que no es únicamente un delincuente el que ejerce, sino que hay varios adultos involucrados en la violencia sexual ejercida y que las conductas se dan a partir de un silencio colectivo lo cual facilita la violencia sistematizada en contra de las niñas y niños dentro de espacios educativos.
Estarán de acuerdo que el tema es de la mayor importancia. Por ello, desde Early Institute coincidimos que es urgente la respuesta de autoridades para prevenir y atender no sólo los casos documentados en el Informe sino muchos otros que también se hallan en el silencio y la indiferencia. Es imposible que las niñas y niños puedan ejercer su derecho a la educación mientras no se tenga la certeza de que la escuela es un ambiente seguro.
Finalmente, quisiera referirme a madres y padres, docentes, directivos y personal que labora en nuestros entornos educativos. La prevención de la violencia sexual es responsabilidad de todos, acabemos con el silencio colectivo y alcemos la voz ante cualquier delito sexual que sea de nuestro conocimiento, no permitamos que ningún caso se quede en una carpeta administrativa y, no menos importante, estemos atentos a cualquier señal que nos indique que algún niño o niña pudiera estar sufriendo cualquier tipo de violencia sexual. Las niñas y niños no pueden protegerse solos, actuemos como comunidad para protegerlos.
Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
En días recientes se publicó la noticia de la muerte de Bayrón, niño de 7 años que tras varios meses de maltrato murió en manos de quien debía protegerlo.
Su triste historia me hace preguntar, ¿Cuántas personas e instituciones tienen que fallar en su deber de cuidado para que un niño muera por maltrato? ¿Cuántas personas vieron, pero ignoraron su sufrimiento?
Contrario al caso de Bayrón, está el de la niña Mary Ellen en Estados Unidos, quien en 1874 fue rescatada por sus vecinos que, al percatarse de los múltiples abusos a los que estaba expuesta, buscaron la forma de denunciar a los cuidadores de Mary Ellen a pesar de que al momento no existía una ley que prohibiera el maltrato ejercido en contra de niñas y niños. Ellos, y otros aliados que se unieron a su causa, recurrieron a una ley que prohibía la crueldad animal para denunciar que la niña era un ser vivo también y su maltrato debía ser sancionado, logrando rescatar a Mary Ellen y encarcelar a sus cuidadores.
Este acto, aparentemente heroico fue en realidad un acto de responsabilidad colectiva: personas adultas con el compromiso de proteger a una niña o un niño, aunque no sean sus cuidadores primarios, para garantizar un mejor futuro para todas y todos. La serie sobre Desarrollo Infantil de The Lancet -reconocida revista científica- publicada en 2016, ya lo apuntaba al hablar sobre el costo de la inacción: “si los niños no pueden cumplir su potencial social y de desarrollo, esto no solo perjudica su futuro, sino también el de las sociedades en las que viven”.
En México, aún existen múltiples factores que no funcionan adecuadamente para poder garantizar el bienestar y sano desarrollo de nuestra infancia. Por lo pronto, por el bien de nuestra sociedad, es urgente que todas y todos, en mayor o menor medida, asumamos el compromiso de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes.
Recordemos que la violencia contra nuestra infancia traspasa generaciones ¿Qué tipo de sociedad seremos cuando nuestra niñas y niños sobrevivientes de maltratos y abusos sean adultos?
Hoy solo nos queda pedirle una disculpa, Bayrón lamento mucho que este sistema te haya fallado.
Contra el ciberacoso, actuemos a tiempo
Por Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute.
Publicación original en 24 Horas
Mientras que la digitalización de las escuelas continúa y se mantienen las medidas restrictivas sanitarias para contener la propagación del COVID-19, los niños pasan su tiempo libre en casa, donde el internet les ha brindado la posibilidad de ver videos, jugar e interactuar con sus amigos a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Sin embargo, un problema que no ha mantenido una sana distancia durante la pandemia, ha sido el ciberacoso que representa un inminente riesgo para niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con la EUROPOL, las restricciones de viaje y otras medidas durante la pandemia probablemente han provocado que la violencia que se estaba ejerciendo en espacios como la escuela, trabajo o en la vía pública, se trasladen a las redes sociales y se ejerza vía digital. Si bien la crisis de COVID-19 ha provocado un aumento de este tipo de violencia, los niveles altos ya existían antes de la pandemia.
Particularmente, en México, el Módulo de Ciberacoso publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó una tasa de crecimiento del 32% de 2017 a 2019 en víctimas de ciberacoso adolescentes de entre 12 y 17 años. En 2019, el 27% de las y los adolescentes que tienen acceso a internet de este grupo de edad fueron víctimas de ciberacoso.
Las conductas de ciberacoso más reportadas por los adolescentes son mensajes ofensivos (44%), provocaciones para reaccionar negativamente (31%), contacto por identidades falsas o mejor conocido como grooming (31%), e insinuaciones o propuestas sexuales (25%).
Además, 6 de cada 10 víctimas adolescentes reportaron desconocer a su agresor, 37% reportó a un amigo(a) y 18% a un compañero de clase.
El daño resultante de ser víctima de este delito es severo, algunas de las consecuencias pueden ser depresión, ansiedad, descenso de autoestima, desconfianza, cambios de humor repentinos y bruscos, bajo rendimiento académico, aislamiento social y suicidio. Además, es importante mencionar que, particularmente para las personas que comparten imágenes o videos de tipo sexual se puede dar una victimización repetida.
A pesar de que los ministerios públicos han permanecido abiertos en los últimos meses, sólo el 0.2% de los ciberacosos son denunciados ante el ministerio público o policía y únicamente el 5% se reporta con el proveedor de servicio o la plataforma.
Dada la estadística, y con el objetivo de visibilizar y prevenir esta problemática, ALUMBRA, una iniciativa de Early Institute, creó una plataforma digital alumbramx.org que pone al alcance de todos y en un mismo punto consejos para padres, madres, cuidadores y todo responsable de niñas, niños y adolescentes así como información sobre cómo denunciar cuando la violencia en línea ya se ha presentado.
Un problema de tales dimensiones apela a la responsabilidad colectiva y a actuar como guardianes, especialmente de niños, niñas y adolescentes que requieren de protección. Es de vital importancia contar con controles parentales y, como adultos, poner especial énfasis a educación digital, que las niñas, niños y adolescentes conozcan qué información es privada y cuál es pública, así como asegurarse que entiendan que un adulto puede aprovecharse del anonimato de la red, para dañarlos.
Prevenir e identificar un ciberacoso a tiempo es toda la diferencia. Es de vital importancia unificar esfuerzos para garantizar la seguridad y protección de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. No dejemos que caigan en sus redes.
‘México requiere una sociedad consciente de que nadie se salva solo y que todos somos uno’
Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en La-Lista
Mi abuela siempre decía: “En los momentos difíciles, paciencia y buen humor”. Esta sabiduría la comparto ahora que es necesario contar con herramientas de encuentro para conectarnos con los demás y con el entorno.
México requiere una sociedad consciente de que nadie se salva solo y que todos somos uno para proveer bienestar. No se trata de cuidados exclusivos de la familia o del gobierno. Es una responsabilidad colectiva, donde cada vida, cada persona y cada institución cuenta.
Por ello, la paciencia y el buen humor son vitales. Ser paciente con uno mismo y con los demás es parte de nuestra salud emocional. Es hacer una pausa en nuestra vida acelerada, conectar con el otro para entenderlo —desde lo más profundo— y poder, así, acompañarnos, en particular a los más vulnerables.
También es dejarse ayudar y buscar apoyo para el cuidado de nuestras emociones y tratarnos con amor y respeto. El buen humor es vivir como si fuera el último día, divertirnos sin quitar la seriedad que ameritan ciertos momentos. Es contagiar de alegría para una mejor convivencia.
Hay que evitar lo que nos aleja y aísla, incluso si se trata de prácticas que pudieran parecer benéficas, como es el uso de la tecnología. Por todos, sanemos a esta gran nación.