Los derechos y el pase de vacunación

Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en: El Financiero

Alrededor de las acciones para mitigar los efectos del Covid-19 hay mucho qué decir. Por un lado, estamos convencidos de que la mejor forma es fortalecer la detección temprana de la enfermedad con pruebas suficientes y al alcance de todos. Asimismo, hay que asumir nuestra responsabilidad colectiva en caso de saberse portador de la enfermedad o al haber estado en contacto con alguien positivo, lo que significa atenderse con el rigor necesario. Y en esta línea, es fundamental seguir con los protocolos sanitarios en caso de contraer la enfermedad, es decir, aislarse y evitar, a toda costa, la propagación del virus.

Por supuesto no hay que olvidar los cuidados preventivos que siguen ayudando, tales como lavado de manos frecuente, uso de cubrebocas, sana distancia, ventilación de espacios y evitar sitios concurridos, sobre todo porque la aplicación de vacunas es un tema con algunas consideraciones.

Una es que no son la solución al problema debido a que no ofrecen inmunidad; y la segunda es que su obligatoriedad –reflejada en la expedición de pases sanitarios– vulnera una serie de derechos que van desde la no discriminación hasta el libre desarrollo de la personalidad; libertad de conciencia; el interés superior de la niñez; la libertad de tránsito; el derecho a la reunión; el derecho a la educación; el derecho al trabajo; la libertad religiosa; el derecho al acceso a la cultura; y el derecho al esparcimiento.

Ya son varios los países que limitan el acceso a lugares públicos (transporte, museos, restaurantes, parques, etcétera), y a centros de trabajo y escolares de no presentar el certificado de vacunación. Hay que decir que para la implementación de estas medidas existen dos mecanismos jurídicos: el primero es la emergencia sanitaria y el segundo es el Estado de excepción. La diferencia es importante porque los tribunales utilizan esta distinción para valorar la constitucionalidad de las medidas tomadas por cada país. Si bien hay una coincidencia por hacer frente a la pandemia, es muy relevante asegurar que las autoridades respeten los derechos humanos y el Estado constitucional de derecho.

Por la vía de la emergencia sanitaria, su acción está sujeta a una ley, es emitida por las autoridades sanitarias que dependen del Ejecutivo federal y su aplicación limita o restringe derechos, pero éstos subsisten, nunca se suspenden. En cambio, cuando se trata de un Estado de excepción, son la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 27) las que lo fundamentan; es el presidente de la nación quien lo emite avalado por los otros poderes del Estado y en este escenario, se suspenden los derechos humanos, es decir, se priva a los destinatarios de su ejercicio.

En el caso de México, lo que tenemos ahora es una emergencia sanitaria, a la que se le denomina acción extraordinaria en materia de salubridad y está prevista en la Ley General de Salud. En nuestro país –a diferencia de Austria, Dinamarca, Francia, Italia, por mencionar algunos ejemplos– el pase sanitario (y la vacuna) no se ha implementado como obligatorio, aunque se sabe que en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, desde agosto de 2021 se solicita dicho documento para ingresar a bares, restaurantes y comercios. Habría que revisarse la legalidad de esta situación en tanto la Presidencia ha aclarado que no se requerirán comprobantes de esta índole.

En Early Institute abogamos por un respeto total a las garantías individuales e invitamos a impulsar la aplicación de pruebas que ayuden a la detección temprana del Covid-19; a seguir con las medidas preventivas y a cuidar nuestra salud física, emocional y social no solo para enfrentar la pandemia sino como un compromiso de vida. Sobre todo, hacemos un llamado para solidarizarnos y cuidarnos entre todos en apego a una responsabilidad compartida y cuidadosa en vigilar el libre ejercicio de nuestros derechos.

Gestación subrogada, una vía para explotar el cuerpo de las mujeres

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

El debate sobre la gestación subrogada se ha centrado en los derechos reproductivos de las personas solicitantes, sin embargo, están ausentes tres enfoques fundamentales en su abordaje: la gestación de bebés como un producto comercializable; la explotación de la mujer gestante como una máquina de producción; y la lógica de mercado que atraviesa estas problemáticas.

Integrar estos tres elementos nos permite visualizar la problemática real que existe en el fondo, una nueva forma de esclavitud: la explotación reproductiva. Esta columna aborda el segundo enfoque: la gestación subrogada como una vía para explotar el cuerpo de las mujeres.

La gestación subrogada es una industria que, en la práctica, se dedica a captar mujeres en situación de vulnerabilidad y -en la mayoría de los casos- en condición de pobreza para explotar y alquilar sus cuerpos y funciones reproductivas.

Bajo la premisa de que la mujer gestante tiene libertad y poder de decisión sobre su cuerpo muchas empresas y personas justifican y promueven un mercado que comercializa con el cuerpo de las personas. Sin embargo, detrás de la fachada de libertad y acuerdo de voluntades, se encuentran las mujeres más vulnerables, aquellas que han tenido un inequitativo acceso a las oportunidades o que viven diversos tipos de violencia que les sitúan en condiciones de vulnerabilidad y que, con tal de encontrar una salida a la situación en la que se encuentran, están dispuestas a pasar por cambios hormonales fuertes, exponer su salud física y mental, perder libertad de movimiento, sexual y de decisión durante un embarazo para después entregar al bebé -que han gestado y con quien han generado un vínculo- a alguien más. En un plano donde existe una posición de notoria ventaja y poder sobre la otra persona, no se puede coexistir igualdad ni libertad.

Se habla de empoderamiento al aludir sobre la decisión de las mujeres gestantes a rentar su vientre, lo cierto es que las personas intermediarias -con sus intereses económicos- no estarán dispuestas a respetar las reglas de las mujeres, a pagar lo que ellas consideren justo, a no explotarlas, a respetar sus decisiones en todo momento y a no violentarlas en cuanto su provecho e interés económico se vea amenazado; ellas nunca van a tener el control, ni la libertad que una transacción en condiciones de igualdad exige, se trata pues de una libertad paradójica.

En el mismo sentido, la gestación subrogada perpetúa la idea de que las mujeres y sus cuerpos pueden ser utilizadas para satisfacer los deseos e intereses económicos de terceros. En este proceso fungen como “fábrica de bebés”, su cuerpo es tratado como un objeto que puede ser comprado, vendido, utilizado y desechado. Pero los cuerpos de las personas no son objetos que pueden usarse, rentarse ni consumirse para el provecho de otros. Precisamente por eso, nos referimos a este fenómeno como una forma de explotación.

Desde esta perspectiva no se pretende juzgar a las mujeres gestantes por sus decisiones, tampoco de tacharlas de débiles o incapaces, todo lo contrario, se trata de visibilizar que ellas son explotadas por personas que se aprovechan y lucran con su condición de vulnerabilidad.

Ante este panorama queda prohibir esta forma de explotación, garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ofrecer trabajos dignos e igualdad de acceso de oportunidades. Recordemos que estamos ante un Estado claudicante cuando éste ha fracasado en cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y decide “legalizar” la explotación de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Niñas y niños huerfanos por feminicidio

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraReplica

¿Cómo podemos ayudar a una niña, niño o adolescente cuya madre ha muerto por feminicidio? ¿Cómo lo vamos a cuidar si precisamente su orfandad deriva de un delito que se tenía que haber prevenido? ¿Qué va a pasar con el feminicida?

Perder a nuestra madre o padre en condiciones ordinarias, es un evento trágico, pero resentirlo en la niñez y adolescencia como consecuencia de un feminicidio deja a los niños en un estado de vulnerabilidad, si a ello le sumamos que el agresor puede formar parte del núcleo familiar, se quiebra la idea de la familia como un espacio seguro.

De conformidad con datos de la Comunidad “Alumbra, una Luz Contra la Violencia Infantil” y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 2015 a la fecha, el número de feminicidios ha aumentado en más de un 100%, pues pasamos de 426 víctimas en 2015 a 977 en 2020 y para junio de este año se llega a 495 casos. De este número, con cifras de INMUJERES, se identificaron para 2020 al menos 796 niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres por feminicidio.

Ante esta realidad, el 4 de agosto de 2021 el DIF publicó el “Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio”, que busca “no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera”.

Entre los grandes aportes de este protocolo destaca la visibilización y aviso inmediato a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que, como su nombre lo indica, tienen por función procurar prioritariamente los derechos de la niñez, están facultadas para ejercer una representación directa o en compañía de los familiares y puede coordinarse con otras autoridades para otorgar la protección especial, integral y reforzada que les corresponde a niñas y niños.

De esta manera se busca satisfacer sus necesidades de salud, apoyo psicológico, encontrar un lugar donde puedan vivir, que tengan una alimentación adecuada, se les otorgue asesoría jurídica y se procure justicia para que el feminicida no quede impune.

Si bien el Protocolo visibiliza una problemática que hasta ahora estaba olvidada, también es cierto que está limitado por la voluntad política de los cambios de sexenio y gobierno en turno, por lo que se requiere de una reforma legal.

Por ello, desde Early Institute, aplaudimos iniciativas como la encabezada por las Diputadas Rocío del Pilar Villarauz Martínez y Rosalba Valencia Cruz que buscan reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y otras leyes para atender el problema de fondo fomentando la prevención, creación de registros específicos de feminicidio y violencia familiar y la necesaria coordinación entre el Ministerio Público y las Procuradurías de Protección para salvaguardas los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La crisis silenciosa: niñez huérfana por COVID-19

Por Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute.

Publicación original en 24 Horas 

De acuerdo a las estadísticas diarias de COVID-19 se sabe que México ocupa el 4 lugar respecto a la cantidad de muertes causadas por el virus, ya que se han pérdido a más de 266,000 personas durante la pandemia. Adicionalmente a estas lamentables pérdidas humanas, poco se visibiliza la crisis que miles de niñas, niños y adolescentes viven al quedarse sin sus cuidadores más queridos y protectores, su mamá, papá o ambos.

De acuerdo con un estudio publicado recientemente por la revista científica The Lancet, a nivel internacional hasta marzo de este año, más de 1,134,000 niñas, niños y adolescentes sufrieron la muerte de al menos uno de sus cuidadores primarios: mamá, papá o abuelos con custodia.

Particularmente México, se encuentra dentro de los países que presentan las tasas más altas en América Latina, y registró más de 131,000 niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus cuidadores primarios. Esta cifra se eleva a 203,549 si se incluyen las pérdidas también de un cuidador secundario como sus abuelos o personas que vivían dentro de su hogar.

Los datos son preocupantes porque la pandemia esta dejando a miles de niñas y niños desprotegidos. La muerte llega en cuestión de días o semanas, las familias tienen muy poco tiempo, si no es que nulo, para preparar a las niñas y niños del trauma que experimentan cuando una persona tan importante en su vida muere.

Adicionalmente a perder a sus seres más queridos, las niñas y niños en situación de orfandad frecuentemente enfrentan consecuencias adicionales como son la pérdida de ingresos, pobreza, abuso y/o institucionalización lo cual vulnera severamente sus derechos fundamentales.

Lo que hace unos meses preocupaba sobre los efectos secundarios del COVID-19 se ha vuelto una realidad y lo más alarmante es que la orfandad continuará creciendo en la medida en la que el virus continúe propagándose. Por lo anterior, es necesario viibilizar estas consecuencias y pasadas por alto que son sumamente perjudiciales para la niñez mexicana.

Si bien en abril de 2021, en el Senado de la República, los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, estimaron que en el país había 185,000 niñas, niñas, niños y adolescentes huérfanos por COVID, aún no se observa, ante la magnitud del problema, interés nacional para mitigar el impacto directo contra la orfandad en nuestro país.

Al respecto, el estudio citado alerta sobre la necesidad de respuesta ante el COVID-19 que además de prevenir, detectar y responder es de suma importancia el cuidado de niñas y niños por lo antes mencionado. Y es por ello que, desde Early Institute, se hace un llamado para fortalecer el aparato público a través de medidas urgentes de atención a poblaciones vulneradas, apoyos económicos, apoyos terapéuticos para auxiliar a las familias a la crianza y evitar en gran medida niñez institucionalizada.

Estamos a tiempo de actuar, es de vital importancia que las políticas públicas reflejen el interés superior de la niñez en México, las niñas y niños son la apuesta para nuestro futuro sostenible. Si no actuamos hoy, esta crisis silenciosa, con el paso de los años, nos va a cobrar factura.

¿Quieres regresar a la escuela?

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraReplica

¿Cuántos de nosotros hemos hecho esta pregunta a nuestras hijas e hijos, principales involucrados en el ejercicio de su derecho a la educación? ¿Cuántos hemos recibido un “sí” con emoción o un “no” con reservas?
El Instituto Interamericano del Niño realizó esta pregunta a 105,949 niñas, niños y adolescentes de 13 países del continente en el que 68% de los niños votaron por el sí.Con el nuevo ciclo escolar en puerta, el tema se vuelve a poner a discusión, pues el Presidente y la Secretaría de Educación Pública atinadamente nos recuerdan que la educación es un derecho y el regreso a clases una necesidad.

A la par, las desigualdades económicas y brechas digitales nos advierten que no todos gozan de televisión para tomar sus clases; si hablamos de entornos digitales, no todas las familias tienen celular o computadora o, en su caso, no cuentan con una conexión para tomar sus clases a distancia y, para aquellos que pueden conectarse, se duda de la calidad de los conocimientos adquiridos, aunado a ello, la pandemia ha precarizado la salud mental de una niñez que vive confinada.
El panorama no es alentador, pues según datos de la Unesco, más de 100 millones de niños no alcanzarán el nivel mínimo en lectura como consecuencia de la crisis sanitaria y existe el riesgo latente de una catástrofe educativa generacional.

Por otro lado, el nuevo ciclo escolar se conjuga con la tercera ola de Covid-19 mientras que el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) nos enfatiza que este sector de la población está en riesgo, pues para el 15 de agosto de 2021 se han registrado 63,182 casos.

Hoy sabemos que 11,746 bebes, niñas y niños de 0 a 5 años se han contagiado; entre los 6 y 11 años se han confirmado 15,097 casos; y 36,339 adolescentes de entre 12 y 17 años han sufrido la enfermedad, lo más preocupante es que de este universo, 623 niñas, niños y adolescentes perdieron la lucha y ya no están con sus familias.

Por su parte, la OMS y Unicef recomiendan con énfasis el regreso a clases valorando: la capacidad de reacción y atención de las autoridades sanitarias, los protocolos y medidas de seguridad específicas en las escuelas así como los mecánismos de rastreo y gestión de brotes, por lo que deberemos advertir la eficacia de la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de la SEP.

Al final, resulta una cuestión compleja en la que debemos respetar el derecho a la educación y procurar la salud de nuestras hijas e hijos, por lo que cualquiera que sea la decisión que tomemos como familias en un nuevo ciclo escolar que promueve las actividades presenciales y voluntarias, es nuestra obligación escucharlos y preguntarles: ¿Quieres regresar a la escuela?

Más allá de la vacunación

Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en: El Financiero

Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, la información va y viene. De repente nos vimos inundados por una avalancha de malas noticias y miles de datos, entre los que destacan las medidas para evitar el contagio, los daños generados y la aparición de una vacuna que aparentemente salvaría la situación. Lo cierto es que hoy pese al suministro de los biológicos, el panorama sigue siendo incierto.

Precisamente en este tema se han dado múltiples escenarios que vale la pena reflexionar ante la polarización de la sociedad y la incertidumbre que ha surgido en los últimos meses.

El manejo de esta pandemia es algo inédito, ya que en una cuarentena, se aísla a los enfermos y no a las personas sanas. Cuando alguien tiene varicela o sarampión, lo pones en cuarentena, ¿por qué seguir confinando a los sanos? Hasta el día de hoy pareciera que todos los esfuerzos para hacer frente a la contingencia sanitaria se han centrado en la vacuna y, desafortunadamente, se ha comprobado que la inmunidad sigue muy lejana. La propagación del virus sigue presente tanto en personas vacunadas como en quienes no lo están. En este sentido, se está viendo que la gran solución no está en ellas sino en las medidas de detección temprana, protocolos de atención médica a quienes enferman y el seguimiento a los cuidados preventivos: uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente, higiene, distanciamiento social de los enfermos, evitar aglomeraciones y ventilación de espacios, principalmente.

El asunto ahora es la obligatoriedad de las vacunas cuando deberíamos centrarnos en la detección de la enfermedad a tiempo y en la atención de la misma porque, dicho sea de paso, nos vamos a seguir enfermando. Lamentablemente con el virus que nos aqueja, los esfuerzos por contar con una detección temprana son incipientes, cuando debería ser primordial disponer de pruebas confiables para identificar la aparición de la enfermedad y proceder al aislamiento.

Obligar a las personas a vacunarse y reflejarlo en pases sanitarios ha sido causa de enojo en diferentes partes del mundo, como Francia e Italia, sobre todo porque de no contarse con dicha muestra no se tiene acceso a lugares públicos como museos, restaurantes, gimnasios, parques, transporte, entre otros, incluso, abarcaría centros de trabajo y escuelas.

La aparición de estos pasaportes sanitarios se está convirtiendo en una tendencia global, lo que podría vulnerar distintos derechos humanos como son: no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, interés superior de la niñez, libertad de tránsito, derecho de reunión, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al acceso a la cultura y derecho al esparcimiento.

En definitiva, la vacunación obligatoria no es el antídoto cuando sí tendría mayor valor el fortalecimiento de protocolos de atención y de prevención para evitar contagios, el impulso a la ciencia para obtener una medicina que garantice la inmunidad y, primordialmente, proveer los recursos para una correcta y temprana detección de la enfermedad.

Todavía más importante es hablar de lo que podemos hacer en nuestro entorno inmediato como la relevancia de practicar deportes para activar las hormonas que producen bienestar; cuidar nuestros pensamientos; y fortalecer nuestros vínculos personales para combatir lo que está generando el aislamiento. En sí, hay que proteger nuestra mente y cuerpo y tener la confianza de que podremos salir adelante cuidándonos como se debe.

Las gobernadoras: oxígeno para la democracia

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en: El Sol de México 

Se viven tiempos sin precedente histórico en distintos ámbitos de la vida democrática de México. La nueva composición y alternancia de gobiernos y congresos en las entidades federativas que recientemente celebraron comicios, no solo representa un signo relevante para el análisis político, sino que en la práctica se trata de un fenómeno que avizora una nueva gobernanza para la ejecución de políticas públicas.

Me refiero a un hecho de particular significación política para el país en momentos en que, por primera vez en nuestra historia, a partir de enero del próximo año, asumirán el Poder Ejecutivo estatal un número importante de mujeres, posiciones a las deberá sumarse las correspondientes estructuras de la administración pública, así como las asambleas legislativas y ayuntamientos.

Con cierta proclividad y no menos profundidad, se han escrito diversos análisis que documentan el papel histórico de la mujer y su esfuerzo ascendente para ocupar espacios de decisión en el ámbito público. Sin embargo, el propósito que persiguen estas líneas consiste en colocar los reflectores a un suceso de tal envergadura para no caer en el error de considerarlo meramente coyuntural, pues la llegada de seis mujeres gobernadoras, más la jefa de gobierno de la Ciudad de México, constituye un detonante para impulsar cambios favorables en la forma de conducir las políticas estatales.

Además de la capital del país, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero y Tlaxcala, estarán gobernados por mandatarias que les caracteriza un bagaje de experiencia en la arena pública lograda a través del trabajo social y partidista, que abre la puerta para oxigenar la de por si atribulada congestión del mal gobierno local, acentuado por una reciente generación de gobernantes que pasó del escándalo a la cárcel por contubernios abiertos o simulados con el crimen.

La oportunidad a que hago referencia, permitirá con el liderazgo de las gobernadoras, configurar esquemas de gobierno bajo una visión vanguardista y con profundo sentido social, especialmente en favor de las poblaciones vulnerables como la niñez, las mujeres y los adultos mayores.

Además, no menos relevante es el hecho de que por primera vez la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), tendrá una participación con mayor presencia de mujeres. Será interesante ver si las mandatarias logran reavivar con sentido práctico y nuevo enfoque, la razón de ser de esta plataforma de colaboración intergubernamental frente a los retos del federalismo mexicano y considerando que desde ahí pueden impulsarse políticas con impacto no solo en la agenda local, sino en regiones estratégicas del país.

Tampoco debemos menospreciar los retos que enfrentarán las nuevas gobernadoras al asumir su gestión, pero en nuestra opinión dos de ellos pueden significar un punto de inflexión si logran abordarse con prioridad y estrategia.

Primero, atender las desigualdades sociales y avanzar en la tutela efectiva de los derechos humanos, cuya brecha se ha incrementado ante el contexto de las medidas dictadas para contener la pandemia por COVID-19. En este rubro, las gobernadoras - por su perfil y liderazgo natural - contarán con legitimidad y respaldo social para impulsar políticas de fondo que resuelvan los problemas de salud, educación, violencia y empleo.

Y, en segundo lugar, como hemos insistido desde la misión institucional de Early Institute, tenemos la convicción que las gobernadoras pueden hacer una apuesta estratégica en materia de inversión social para la seguridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, dando pie a nuevos planes y esquemas de gobierno que coloquen en el centro las políticas de cuidado y protección hacia las nuevas generaciones.

Desde luego que no se lanza una apuesta al vacío. Las gobernadoras, como quienes gobiernan en cualquier ámbito, necesitan asumir con valiente autocrítica, los graves riesgos que han llevado al país a potenciar la problemática en rubros que son vitales para una convivencia democrática y valores sociales. Si bien las gobernadoras tienen el uso de la palabra, la acción es corresponsabilidad de todas y todos.

Yucatán: referente en materia de protección a la niñez.

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en: El Sol de México 

Si bien México no es un país especialmente proclive a regirse por los planes y programas que las leyes de planeación prevén para el desarrollo nacional, es innegable que cualquier gobierno entrante debe anticipar la planeación de sus asuntos prioritarios y el diseño informado de las políticas que pretendan llevar a cabo durante sus periodos de gestión.

Al margen de los procesos y plazos legales de entrega-recepción, las semanas que corren representan un momento oportuno para que las futuras administraciones estatales elaboren diagnósticos y revisen mejores prácticas en temas sociales como seguridad, salud, educación y tutela de los derechos de los grupos vulnerables.

En este último eje, desde Early Institute hemos apostado a que el diseño de todo plan de política pública y acción gubernativa ponga en el centro los derechos de las futuras generaciones; no como un tema de causas o banderas, sino como una apuesta estratégica de inversión y retornos sociales efectivos.

Particularmente en materia de niñez, quizá sirva a las gobernadoras y gobernadores electos durante este periodo de transiciones, echar una mirada al andamiaje institucional que durante la última década se ha construido en el estado de Yucatán.

Además de ser una entidad referente en materia de prevención de delito y seguridad ciudadana, Yucatán representa hoy por hoy uno de los pocos estados que han sabido llevar a la práctica – no solo en los derroteros del texto legal – la colaboración institucional y la planificación de políticas a largo plazo en favor de niñas, niños y adolescentes.

Ello se observa porque en Yucatán, el papel de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) no es decorativo y muestra signos de madurez institucional. Se trata de una instancia especializada, con funcionarios capacitados que comprenden la necesidad de coordinación efectiva hacia el resto de las instituciones clave como la Fiscalía de Estado, el Sistema Estatal de Educación, la Secretaria de Salud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y desde luego el congreso local.

Hoy en Yucatán, las autoridades estatales cuentan con información al mismo nivel en cuanto a las formas y tiempos para actuar con mayor efectividad, apegadas a plazos legales y conocen el papel de otras instancias vinculadas con la atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que permite dar una atención idónea a sector de la población.

Pero quizá, el gran acierto de Yucatán en materia de niñez ha sido escuchar a la sociedad civil e involucrarla en la hechura de sus políticas públicas.

Esto ha sido posible, por ejemplo, gracias a la experiencia y trabajo colectivo de organizaciones como la Red de Protección a la Infancia de Yucatán integrada por asociaciones civiles, médicos, especialistas, padres de familia y maestros, quienes desde hace varios años, mantienen un diálogo permanente y constructivo con las instituciones locales para mejorar y revisar los mecanismos de protección de niñas y niños en dicha región.

Es una buena noticia que existan estos referentes en el país, ojalá la experiencia de Yucatán sirva como punta de lanza y sea revisada como una buena práctica a nivel nacional que permita incluir como prioridad la protección de niñas, niños y adolescentes en los planes y programas de los 15 nuevos gobiernos estatales que habrán de tomar posesión este año.

Crianza con ternura: un acompañamiento integral

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en El Financiero

Es un hecho que vivimos tiempos violentos y complejos que nos afectan en los distintos ámbitos de la vida personal y social. Hoy se da una exigencia para hacer cambios y reconfiguraciones con el objetivo de afrontar los retos, en especial si se habla de la educación de niños y niñas. Precisamente uno de los ajustes indiscutibles es sobre la forma como los estamos criando, sobre todo, porque se ha visto que los escenarios hostiles son cada vez más cercanos y requieren herramientas para encararlos. Dicho esto, no se trata de educar mediante la imposición sino acompañarlos partiendo del respeto que merecen como personas y como sujetos de derecho.

Esta es básicamente la propuesta de la organización Save the Children, la cual invita a adoptar y seguir una crianza con ternura. En palabras de Sandy Poiré, directora de Calidad y Asuntos Internacionales de tal asociación, la crianza con ternura es una perspectiva para formar niños y niñas con nuevos modos de ser, de sentir, de actuar, de amar y de relacionarse con su entorno. Para ello se parte de la sabiduría de la niñez y se impulsa un desarrollo integral, que abarque aspectos físicos e intelectuales, pero también emocionales y espirituales.

La crianza con ternura es una manera de aprender holísticamente partiendo de valores como la empatía, la equidad, la participación activa y la inclusión. “Se trata de fomentar otro tipo de valores para relacionarnos”.

Por supuesto, esto exige una transformación cultural y de conciencia en los métodos que se han caracterizado por privilegiar la competencia, la dominación y la exclusión.

En esta nueva dinámica para acercarse al aprendizaje, los adultos somos facilitadores y damos la bienvenida a los niños y las niñas tal y como son, tratándolos con absoluto respeto.

Los principios que sustentan la crianza con ternura son: cuidadores presentes (padres, madres, educadores, etcétera) que estén atentos a las necesidades de los niños y las niñas; dar un trato con ternura; apertura para el juego y la libertad; aceptación; garantía de espacios seguros; ofrecer cuidados amorosos y respetuosos; establecer límites respetuosos y asegurar una crianza integral.

Para Sandy Poiré la violencia estructural con la que se ha formado el patrón de crianza puede ser erradicada con la construcción de una noción de niñez, según los principios señalados. Esto, además, sentará las bases para su salud emocional y mental y alentará un cambio cultural. En este sentido, el reto es guiarlos de un modo distinto al que estamos acostumbrados y relacionarnos con ellos desde el respeto y la aceptación.

En Early Institute estamos convencidos de que la crianza con ternura es una oportunidad para implementar transformaciones de fondo en el desarrollo físico, mental, emocional y hasta espiritual de niñas y niños, ya que sabemos que las situaciones que viven en sus primeros años influyen en su futuro. También nos pronunciamos por construir entornos que aseguren su bienestar integral y a velar por su protección con iniciativas propositivas que motiven la construcción de un mundo en el que los niños puedan ser niños.

Derechos de niñas y niños, pendientes en la Corte

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en: El Sol de México 

Hace algunas semanas el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió una Acción de Inconstitucionalidad y un Amparo relacionados con la regulación de la gestación subrogada en el estado de Tabasco.

Contrario a quienes sostienen que la maternidad subrogada es un tema “complejo” que admite múltiples vertientes, en nuestra opinión se trata de un fenómeno que asoma con meridiana claridad dos rostros bien definidos: la renta de mujeres y la venta de niños.

No en vano, países desarrollados como Alemania, Francia y España, se han preocupado por examinar a fondo las causas sociales que rodean a esta industria decidiendo prohibir o regular de manera restrictiva la compra-venta de estas dignidades. Para los parlamentos y tribunales supremos de estas Naciones no hay medias tintas, la filiación es un asunto de Estado —no de contratos ni de lucro— en donde el interés superior de la niñez y su debida protección prevalece por encima de cualquier perspectiva.

No resultó novedoso que el proyecto presentado por la ministra Norma Piña y aplaudido por la mayoría de sus pares, tuvo como fundamento una visión meramente ideológica y un abordaje de escritorio.

Con argumentos parciales proporcionados por las organizaciones e informes de siempre, se brinda al máximo tribunal una supuesta idea basada en “derechos y progresividad” la cual da la espalda a una práctica que se encuentra visiblemente documentada a nivel global, y que ha sido objeto de múltiples recomendaciones de organizaciones internacionales por el mercado de lucro, trata, explotación y abuso de que son objeto mujeres y niños.

Bajo el lente de la realidad nacional, el proyecto de la ministra Piña ignoró que Tabasco es una de las entidades con los indicadores más significativos de rezago, pobreza y desigualdad social. Pasó por alto que las mujeres jóvenes captadas por las clínicas y orilladas por condiciones precarias en las que viven, se encuentran a merced de su situación económica y son obligadas a firmar contratos que atentan contra su dignidad y derechos fundamentales.

Sobre todo, el proyecto de resolución hizo a un lado el hecho incuestionable de que las niñas y niños que nacen bajo esta práctica son tratados como meros objetos de comercio, vulnerando sus derechos humanos más elementales como lo son: el derecho a la nacionalidad, a la identidad, a conocer su origen genético y/o biológico, así como a permanecer con su familia de origen.

El activismo y la ideologización que propenden resoluciones judiciales como la que nos ocupa, no pueden tener cabida en nuestra Corte pues desnaturaliza la esencia de su función como tribunal constitucional de los derechos humanos. Máxime cuando en el tema se cuentan con parámetros internacionales obligatorios como la Convención de los Derechos del Niño, protocolos y recomendaciones que expresamente advierten los riesgos de la explotación reproductiva.

Ante este escenario, no está de más vislumbrar los horizontes del derecho y no de la política. La voz disonante del Ministro Presidente Arturo Zaldívar durante la discusión, resulta un precedente esperanzador, pues fue la única ponencia capaz de ver más allá de la bruma del discurso ideológico, para señalar con impecable rigor técnico todo lo que resta por analizar, discutir y legislar sobre el tema.

Sobre todo, para responder a la imperiosa prioridad de ubicarnos en el mirador de la protección de los derechos de niñas y niños, porque ese es el camino de una sociedad justa con derechos y dignidades plenas.