Publicación original en: El Financiero

A nivel mundial, uno de los temas que generan preocupación por sus diversas implicaciones es el de la pobreza. En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es el órgano encargado de medir la pobreza y genera información para la toma de decisiones sobre la materia. Precisamente fue el Coneval quien dio a conocer la última medición multidimensional de la pobreza 2018-2020, arrojando cifras que hay que considerar. Para empezar, se debe decir que de acuerdo con el Coneval: “la pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades e imposibilitan su plena integración social”.

En este sentido, no se trata de una medición dirigida exclusivamente al nivel de ingresos en los hogares, sino que abarca más dimensiones relacionadas con la educación, la salud, la seguridad, la alimentación, los servicios básicos de vivienda, por mencionar algunas.

En nuestro país, entre 2018 y 2020, se han identificado rezagos importantes en varios de los rubros. Por ejemplo, en materia de salud hubo un aumento en el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud al pasar de 16.2 por ciento (en 2018) a 28.2 por ciento (2020). Esto significa que en 2018 había 20.1 millones de personas en estas condiciones y en 2020 fueron 35.7 millones de personas.

Por otro lado, a nivel nacional, en ese mismo periodo, el porcentaje de la población con la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad se mantuvo en niveles similares al pasar de 22.2 a 22.5 por ciento. Esto significa un incremento de un poco más de un millón de personas en esta situación.

En cuanto a la educación, el porcentaje de la población con rezago educativo se mantuvo en niveles similares, pero con un ligero aumento al pasar de 19.0 a 19.2 por ciento, es decir, incrementó de 23.5 a 24.4 millones de personas.

Ahora bien, entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9 a 43.9 por ciento. Esto es, que el número de personas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas, de los cuales 19.5 millones son menores de 18 años.

Asimismo, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema se incrementó de 7.0 a 8.5 por ciento en ese mismo periodo. Es decir, el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.8 millones de personas, de los cuales 3.9 millones son menores de 18 años.

Todos estos datos, pero en particular los últimos, nos hablan de la urgencia por responder a lo que está ocurriendo en nuestro país. Es cierto que la pandemia por Covid-19 y sus efectos sociales y económicos contribuyeron a la desestabilización, pero también es cierto que el gobierno mexicano enfrenta serios desafíos para implementar medidas que erradiquen las carencias sociales de manera eficaz.

En Early Institute sabemos que la pobreza en la niñez puede desencadenar otros problemas que afectan su bienestar integral. De ahí que reconocemos la importancia por contar con la suficiente información que dé cuenta del contexto en el que viven niñas, niños y adolescentes para formular políticas públicas que garanticen el respeto a sus derechos y protejan su sano desarrollo.

Publicación original en 24 Horas 

De acuerdo a las estadísticas diarias de COVID-19 se sabe que México ocupa el 4 lugar respecto a la cantidad de muertes causadas por el virus, ya que se han pérdido a más de 266,000 personas durante la pandemia. Adicionalmente a estas lamentables pérdidas humanas, poco se visibiliza la crisis que miles de niñas, niños y adolescentes viven al quedarse sin sus cuidadores más queridos y protectores, su mamá, papá o ambos.

De acuerdo con un estudio publicado recientemente por la revista científica The Lancet, a nivel internacional hasta marzo de este año, más de 1,134,000 niñas, niños y adolescentes sufrieron la muerte de al menos uno de sus cuidadores primarios: mamá, papá o abuelos con custodia.

Particularmente México, se encuentra dentro de los países que presentan las tasas más altas en América Latina, y registró más de 131,000 niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus cuidadores primarios. Esta cifra se eleva a 203,549 si se incluyen las pérdidas también de un cuidador secundario como sus abuelos o personas que vivían dentro de su hogar.

Los datos son preocupantes porque la pandemia esta dejando a miles de niñas y niños desprotegidos. La muerte llega en cuestión de días o semanas, las familias tienen muy poco tiempo, si no es que nulo, para preparar a las niñas y niños del trauma que experimentan cuando una persona tan importante en su vida muere.

Adicionalmente a perder a sus seres más queridos, las niñas y niños en situación de orfandad frecuentemente enfrentan consecuencias adicionales como son la pérdida de ingresos, pobreza, abuso y/o institucionalización lo cual vulnera severamente sus derechos fundamentales.

Lo que hace unos meses preocupaba sobre los efectos secundarios del COVID-19 se ha vuelto una realidad y lo más alarmante es que la orfandad continuará creciendo en la medida en la que el virus continúe propagándose. Por lo anterior, es necesario viibilizar estas consecuencias y pasadas por alto que son sumamente perjudiciales para la niñez mexicana.

Si bien en abril de 2021, en el Senado de la República, los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, estimaron que en el país había 185,000 niñas, niñas, niños y adolescentes huérfanos por COVID, aún no se observa, ante la magnitud del problema, interés nacional para mitigar el impacto directo contra la orfandad en nuestro país.

Al respecto, el estudio citado alerta sobre la necesidad de respuesta ante el COVID-19 que además de prevenir, detectar y responder es de suma importancia el cuidado de niñas y niños por lo antes mencionado. Y es por ello que, desde Early Institute, se hace un llamado para fortalecer el aparato público a través de medidas urgentes de atención a poblaciones vulneradas, apoyos económicos, apoyos terapéuticos para auxiliar a las familias a la crianza y evitar en gran medida niñez institucionalizada.

Estamos a tiempo de actuar, es de vital importancia que las políticas públicas reflejen el interés superior de la niñez en México, las niñas y niños son la apuesta para nuestro futuro sostenible. Si no actuamos hoy, esta crisis silenciosa, con el paso de los años, nos va a cobrar factura.

Publicación original en ContraReplica

¿Cómo podemos ayudar a una niña, niño o adolescente cuya madre ha muerto por feminicidio? ¿Cómo lo vamos a cuidar si precisamente su orfandad deriva de un delito que se tenía que haber prevenido? ¿Qué va a pasar con el feminicida?

Perder a nuestra madre o padre en condiciones ordinarias, es un evento trágico, pero resentirlo en la niñez y adolescencia como consecuencia de un feminicidio deja a los niños en un estado de vulnerabilidad, si a ello le sumamos que el agresor puede formar parte del núcleo familiar, se quiebra la idea de la familia como un espacio seguro.

De conformidad con datos de la Comunidad “Alumbra, una Luz Contra la Violencia Infantil” y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 2015 a la fecha, el número de feminicidios ha aumentado en más de un 100%, pues pasamos de 426 víctimas en 2015 a 977 en 2020 y para junio de este año se llega a 495 casos. De este número, con cifras de INMUJERES, se identificaron para 2020 al menos 796 niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres por feminicidio.

Ante esta realidad, el 4 de agosto de 2021 el DIF publicó el “Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio”, que busca “no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera”.

Entre los grandes aportes de este protocolo destaca la visibilización y aviso inmediato a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que, como su nombre lo indica, tienen por función procurar prioritariamente los derechos de la niñez, están facultadas para ejercer una representación directa o en compañía de los familiares y puede coordinarse con otras autoridades para otorgar la protección especial, integral y reforzada que les corresponde a niñas y niños.

De esta manera se busca satisfacer sus necesidades de salud, apoyo psicológico, encontrar un lugar donde puedan vivir, que tengan una alimentación adecuada, se les otorgue asesoría jurídica y se procure justicia para que el feminicida no quede impune.

Si bien el Protocolo visibiliza una problemática que hasta ahora estaba olvidada, también es cierto que está limitado por la voluntad política de los cambios de sexenio y gobierno en turno, por lo que se requiere de una reforma legal.

Por ello, desde Early Institute, aplaudimos iniciativas como la encabezada por las Diputadas Rocío del Pilar Villarauz Martínez y Rosalba Valencia Cruz que buscan reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y otras leyes para atender el problema de fondo fomentando la prevención, creación de registros específicos de feminicidio y violencia familiar y la necesaria coordinación entre el Ministerio Público y las Procuradurías de Protección para salvaguardas los derechos de niñas, niños y adolescentes.