Alentar a las organizaciones civiles y no criminalizarlas

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en El Financiero

A principios de junio de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una reforma al Código Penal de la capital mexicana. Se trata de una modificación agresiva y peligrosa, ya que desde ahora aquellos directivos y administradores de cualquier asociación civil que reciban recursos públicos en la Ciudad de México, serán catalogados como servidores públicos y, si se determina que incurren en alguna falta, serán juzgados bajo esa figura.

¿Qué implica esto? Quizá el riesgo más importante es que, al final, la reforma pueda ser empleada como un instrumento político para presionar, acallar e incluso desaparecer a instituciones de la sociedad civil que incomoden o hagan contrapeso a las decisiones del propio gobierno de la Ciudad de México, ya que estarán sujetos a la discrecionalidad de la autoridad judicial dependiente del gobierno capitalino.

En este sentido, un director o administrador de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos de la Ciudad de México, podrá ser juzgado por delitos como: corrupción; ejercicio ilegal y abandono del servicio público; abuso de autoridad; uso ilegal de la fuerza pública; uso ilegal de atribuciones y facultades; intimidación; tráfico de influencias; remuneración ilícita, entre otros.

La gravedad de la medida radica en que el encargado de la organización pueda ser sujeto de prisión preventiva oficiosa en tanto se demuestra su culpabilidad en caso de cometer un posible delito, vulnerando completamente sus derechos.

Por supuesto, no se está en contra de sancionar a quien cometa alguna falla, sin embargo, la preocupación se basa en que, ante este tipo de medidas persecutorias, cabe la posibilidad de que desaparezcan organizaciones dedicadas a apoyar a los grupos sociales más vulnerables.

La propuesta fue hecha por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y con ello se modificó, entre otros aspectos, el contenido del artículo 256 del Código Penal de la capital del país para considerar como servidores públicos a quienes tengan la dirección o administración de una asociación civil siempre y cuando esa asociación reciba fondos, recursos o apoyos públicos de la Ciudad de México.

Es lamentable que lejos de alentar la libre asociación y la participación colectiva en apoyo a causas sociales se siga con la implementación de restricciones operativas como las dispuestas, en 2020, en la Ley del Impuesto sobre la Renta; la Ley del Impuesto al Valor Agregado; la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Código Fiscal de la Federación para controlar a las donatarias.

Por el impacto en la labor que desempeñamos, en Early Institute nos pronunciamos por evitar que se atente contra las asociaciones civiles. Si bien estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, es primordial que se deje de criminalizar el trabajo de este sector y que se revise con responsabilidad la serie de medidas autoritarias y restrictivas que se ha gestado en los últimos meses para trabajar en regulaciones más constructivas y acordes con la realidad.

2021: más allá de una elección

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en: El Sol de México 

Desde 1997 la alternancia de partidos en las cámaras y gobiernos tanto federales como locales, representa una de las características más notorias de la dinámica electoral que atraviesa el país.

Hace un par de décadas el “anhelo democrático” era justamente lograr mayor pluralidad de partidos en los puestos de representación popular, de tal suerte que no existiera ninguna fuerza hegemónica capaz de controlar por sí misma las decisiones políticas fundamentales sin mayores contrapesos políticos, jurídicos e institucionales.

Por paradójico que esto hoy resulte, la llamada pluralidad política en México representa más un asunto a resolver que una solución en sí misma. Solo vasta con mirar el desorden de las políticas públicas en los distintos ordenes de gobierno, su intermitencia y la falta de planeación estratégica de largo plazo en temas torales como salud, educación, seguridad, con especial énfasis hacia la población más vulnerable.

Cuando este tema suele analizarse – sea desde un ángulo doctrinal o de opinión pública – casi siempre los reflectores apuntan hacia el comportamiento de los poderes federales, concretamente al Presidente de la República y el Congreso de la Unión, como si únicamente de estos actores dependiera el destino de la Nación.

Sin embargo, hay que decirlo, esta percepción no corresponde ni al tamaño ni a las necesidades de un país que en la práctica se teje desde la realidad local. La alternancia de partidos lleva ya algunos lustros instalada en nuestro país, siendo también un elemento distintivo al interior de las 32 entidades federativas y sus municipios.

En tal sentido, el proceso electoral que inició en septiembre de 2020 y que tendrá su momento decisivo en la jornada electoral del domingo 6 de junio de este año, representará una de las oportunidades más emblemáticas para la participación social que ha tenido la ciudadanía mexicana en su historia; considerando lo que hay en juego y la posibilidad de re-equilibrar la representación local en los asuntos de interés nacional.

¿Qué elegiremos en 2021? En principio se elegirán a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados a nivel federal, así como 15 gubernaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala y Campeche.

También desde lo local, esta elección servirá para renovar los congresos estatales en 30 entidades con excepción de Coahuila y Quintana Roo; ayuntamientos y alcaldías en 30 estados con excepción de Durango e Hidalgo, así como 4 entidades que elegirán cargos municipales como regidurías y sindicaturas.

Pero más allá del tamaño de la elección, creemos que la importancia de este proceso no estriba únicamente en la organización y desarrollo de un proceso meramente de renovación de puestos públicos.

Esta pandemia por COVID-19 y la situación mundial respecto del papel de los gobiernos locales frente a la preservación de la vida y salud de las personas, así como la estabilidad de la economía y la protección de la seguridad de la sociedad, pone de manifiesto que el voto ciudadano adquiere – probablemente hoy más que nunca – un nuevo matiz que deberá ser revaluado por las nuevas generaciones como la única moneda de cambio para lograr que las cosas sucedan en este momento de incertidumbre global.

Por ello, es válido afirmar que las elecciones de este 2021 representarán poco más que un mero trámite ciudadano. Se trata de una renovada oportunidad para exigir a quienes resulten electos, desde el primer momento de su mandato, la responsabilidad de atender de fondo las prioridades en materia económica y de derechos humanos de todos los mexicanos.