Publicación original en Infobae

Si algo invita a reflexionar durante esta crisis sanitaria de COVID-19, lo es la imperiosa necesidad de volver a los fundamentos que permitan a las nuevas generaciones rehacer las normas de convivencia social de cara al futuro.

Prácticamente en todos los campos, actividades y sectores de la sociedad se debate y reflexiona cómo deben retomarse los parámetros de lo que hasta hoy se denomina como el retorno a la “normalidad” en congruencia con cuales tendrán que ser las lecciones aprendidas luego de esta sacudida humanitaria, que todavía no asoma puntos de solución.

Sin pretender anticipar tiempos, pero si con la urgencia de la que dan cuenta los titulares y columnas de cada mañana, la pandemia ha tenido una suerte de efecto dual en donde claramente se produjo una parálisis de los sectores, pero al mismo tiempo se han dejado ver avances y oportunidades claras en diversos temas que seguramente resultarán fortalecidos luego de esta etapa.

Precisamente, uno de los ámbitos más sensibles en donde de manera evidente se han develado cambios sustanciales – de forma y fondo – luego de esta dinámica de aislamiento social, lo es en el funcionamiento de los sistemas educativos.

Al tratarse de un eje esencial para el desarrollo de cualquier país, la necesidad de continuidad de los procesos formativos – especialmente en los niveles de educación básica por las repercusiones hacia la infancia – han generado una nueva forma de interacción entre los actores centrales que convergen en este proceso.

Tan solo hace apenas algunos meses, las autoridades educativas, la planta docente y administrativa de las instituciones que en ellas laboran, los padres de familia y desde luego los alumnos, desempeñaban sus funciones en el proceso de enseñanza siguiendo la lógica del año calendario, sin tener el apremio de replantearse los desafíos que puede suscitar una emergencia y la necesidad de coordinación y complementación entre unos y otros.

Tras el rompimiento de esta dinámica, y la abrupta pero necesaria incursión del ámbito digital para dar cumplimiento a los planes de estudio, se revelaron importantes retos del sistema educativo que vale la pena traerlos a colación a propósito de esta coyuntura.

En primer lugar, la participación de los padres de familia en el proceso se ha potencializado, al grado de que buena parte de la responsabilidad de la tarea pedagógica durante los últimos meses, ha recaído justamente en ellos, como facilitadores de las actividades de acompañamiento y supervisión cotidiana de miles de niñas y niños que, gracias a ellos, cuentan con la posibilidad de no mermar o interrumpir sus estudios.

Si bien este punto admite varios ángulos de discusión, conscientes de que este tiempo no ha sido fácil en entornos familiares inmersos en el desempleo o marginación, al igual que en hogares en donde se tiene que compaginar la intensa actividad laboral con las tareas de cuidado, es evidente que el involucramiento de los padres de familia dentro de los procesos de aprendizaje de sus hijos resulta un elemento sumamente positivo que debe promoverse y alentarse como resultado de esta experiencia, lo cual además ejercita los derechos que la legislación ya contempla en su favor para convertirse en sujetos plenamente participativos de las tareas educativas de las niñas, niños y adolescentes.

Un segundo apunte lo encontramos en el uso de la tecnología para fines de aprendizaje. Es aquí donde quizá se ha llegado a un punto sin retorno y que seguramente obligará a las autoridades del sector educativo a replantear en el futuro inmediato y en todos los niveles, diversos procesos de cara a un mejor aprovechamiento y efectividad de los recursos que ofrecen las plataformas en línea en aras de perfeccionar la función educativa.

Por mencionar algunos ejemplos, pensemos tan solo en el terreno de la evaluación, el aprovechamiento de las herramientas digitales brinda la oportunidad para que los maestros den prioridad a la elaboración de análisis y ensayos, resolución de casos prácticos o el desarrollo de otro tipo de habilidades formativas y de expresión a libro abierto y con la posibilidad de que los niños consulten fuentes diversas o recursos en línea, que no necesariamente impliquen el empleo de métodos tradicionales de pregunta-respuesta o de memorización que todavía suelen predominar en algunos planes de estudio, especialmente en los niveles de educación básica.

Desde luego, este punto requerirá para su plena eficacia, que del lado del Estado se asuma un papel preponderante en cuanto hace a la inversión de recursos y capacitación de personal docente, alumnos y padres de familia para el uso de estas herramientas, a la par de una revisión del marco legal y su infraestructura presupuestal que permita modernizar las capacidades de enseñanza que hasta ahora están diseñadas para ser implementadas desde una perspectiva estrictamente presencial.

Al decir esto, no estamos sugiriendo en modo alguno que la educación deba de hoy en delante, ser un proceso completamente digitalizado. Se trata de encontrar los equilibrios necesarios para que estas herramientas complementen de la mejor manera posible los procesos didácticos y fomenten un diálogo de calidad entre los actores involucrados.

Henry Giroux, académico norteamericano y uno de los principales exponentes la pedagogía crítica, señalaba que los procesos de reforma educativa modernos deben poner en el centro el valor cívico de la educación y su capacidad para formar mejores ciudadanos y generaciones que enfrenten los problemas que hoy, claramente se vislumbran más complejos.

La formación de una nueva ciudadanía a la que se refiere Giroux, exigirá de todo sistema educativo y de su marco normativo y administrativo, un golpe de timón que debe leerse a tiempo.

Hace algunos días, tuve la oportunidad de releer detenidamente y desde la perspectiva que ofrece la crisis sanitaria por la que atravesamos, el texto del artículo 3°de nuestra Constitución Federal que configura el derecho fundamental a la educación de todos los mexicanos y los principios que lo rigen.

En algunos de sus incisos que parecieran ser letra oculta de un contrato, encontré una expresión que cobra plena vigencia a propósito de estas líneas que se escriben. De acuerdo con nuestra máxima norma, y cito textual: la educación debe regirse por criterios de excelencia, que busquen el mejoramiento constante del aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.

Este parafraseo constitucional no es menor. Hoy más que nunca, el fortalecimiento de dichos lazos entre la escuela y la comunidad que la sostiene debe hacerse patente en beneficio del desarrollo inicial de las niñas y niños de nuestro país, y con mayor razón, en estos tiempos de crisis de los que seguramente quedarán grandes aprendizajes.

Publicación original en: ContraReplica 

En nuestra columna anterior, hacíamos referencia a un contexto en donde la priorización de la agenda en materia de niñez, a nuestro juicio, requiere poco más que buenas intenciones de carácter político y de la elaboración de documentos o estrategias que desde el papel hacen todo el sentido, pero que en el terreno de lo práctico no suelen llegar a buen puerto.

La experiencia indica que para dar resultados concretos de política pública y mejorar en lo cotidiano las condiciones de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, es menester crear una agenda pública lo suficiente robusta y convencida de que la inversión en la infancia es una apuesta estratégica para la sostenibilidad de nuestras generaciones.

Para lograr esto, las sociedades que así se lo han propuesto con visión de largo plazo, han apostado por generar en su proceso de toma de decisiones al menos dos condiciones muy claras: a) favorecer de manera permanente el consenso entre todos los actores involucrados para evitar que la agenda se polarice; y b) anticipar, planear y ejecutar una andamiaje mínimo y progresivo de recursos humanos, materiales y financieros que permitan construir políticas públicas con sentido de practicidad, lo cual implica no solo emitir leyes o reglamentos, sino ejecutar verdaderas acciones de gobierno y participación entre sectores que sean susceptibles de ser implementadas y evaluadas.

Así, mientras más fuerte y sólido sea el nivel de consenso entre los actores, más efectiva y visible será la inversión en acciones concretas.

Uno de los errores que suelen cometerse en este proceso, se da justamente en la forma en la que el consenso es construido. De hecho, sin ignorar su dimensión en la esfera privada, la sola palabra que consenso nos remite casi de manera automática al terreno de la deliberación política y los procesos de formación de acuerdos que son exclusivos del fenómeno político, en donde pareciera que únicamente los partidos políticos, gobernantes, legisladores y tomadores de decisión son quienes deben participar en la dialéctica para construir mayorías en democracia y adoptar decisiones.

No obstante, la propia raíz etimológica de la palabra consenso nos recuerda que en realidad la formación del mismo, es una tarea que compete – sin distinguir – a todos los involucrados en una determinada materia. Si extrapolamos esta reflexión básica al caso que nos ocupa, entonces valdría la pena cuestionarnos ¿Cómo deberían construirse los consensos para mejorar los derechos de la infancia y adolescencia? ¿Es una tarea que debe quedar únicamente en manos de los gobernantes en curso?

Para tratar de responder el planteamiento me permitiré utilizar un ejemplo reciente. Desde la experiencia que hemos delineado en Early Institute a través de la iniciativa ALUMBRA, creada en 2018 y cuyo objetivo es contribuir a la prevención de la violencia sexual infantil en México, nos hemos propuesto justamente acelerar los procesos de formación de consensos y la creación de agendas comunes para hacer de la protección de la infancia una tarea compartida.

En tal sentido, la apuesta al cambio de ALUMBRA busca replantear la manera en la que construimos los consensos y definimos las agendas prioritarias para avanzar en lo esencial.

A través de la creación de una Comunidad de Conocimiento y Práctica, conformada de manera voluntaria por instituciones públicas, organismos internacionales, investigadores y organizaciones sociales involucradas en el tema. ALUMBRA ha puesto sobre la mesa la necesidad generar información y conocimiento a partir de la participación y co-creación entre los sectores social, público y privado, sin distinción alguna y con la única intención de desarrollar estrategias bajo una visón integral y sistémica del problema de la violencia sexual infantil.

Bajo la evidencia de que la violencia sexual infantil es una problemática multidimensional, que admite diversos enfoques y requiere la participación de diversos agentes, la Comunidad desarrollada por ALUMBRA, durante los últimos dos años busca, en esencia, amplificar el impacto de las estrategias, para generar más información en el tema; incidir de manera más efectiva en las políticas públicas; así como desarrollar experiencias formativas y de comunicación hacia la sociedad, para incrementar la formación de habilidades y prácticas para prevenir esta forma de violencia.

El reto es amplio, porque la participación colegiada entre actores siempre supone desafíos importantes, no solo por lo que conlleva la formulación de acuerdos y la definición de temáticas prioritarias, sino, sobre todo, por la necesidad de construir una cultura de diálogo permanente, que se asuma como la regla y no como la excepción entre los involucrados, incluido, desde luego, el sector público.

A casi dos años de esta iniciativa, la Comunidad ALUMBRA ha transitado por una primera fase en su arquitectura, en donde se ha logrado integrar a más de 40 aliados de todos los sectores para intercambiar información, prácticas, contenidos y diseñar estrategias de prevención que puedan sistematizarse en un solo espacio, incluso aprovechando las ventajas que hoy ofrece la tecnología.

En tal sentido, el trabajo colegiado de ALUMBRA se ha materializado en la plataforma digital www.alumbramx.org, desde donde se han creado contenidos y materiales específicos para dar recomendaciones a padres, educadores y cuidadores, sobre cómo prevenir la violencia sexual e incluso se cuenta con un canal de asesoría telefónica y online hacia la ciudadanía, para brindar información y canalizar denuncias.

Si bien la experiencia acumulada durante los últimos meses en ALUMBRA nos ha hecho ver el enorme potencial que plantean las iniciativas y plataformas de trabajo colaborativo, también es cierto que, dada la magnitud y urgencia del problema a resolver, debemos ser cada vez más eficaces y precisos en la construcción de soluciones. De tal suerte, que la formación de consensos y la integración de acciones para la protección de la infancia no debe ser una tarea en manos únicamente del poder político, sino una responsabilidad colectiva, desde la cual se congreguen todos quienes tenemos en nuestras manos una parte de la solución.

Se trata de un propósito que, desde luego, no será sencillo y del cual nos entusiasma ir dando cuenta a los lectores de sus resultados e invitándolos a formar parte de las estrategias e iniciativas que se desprendan de la comunidad ALUMBRA, todo ello como el nombre lo sugiere, para brindar una luz en contra de la violencia infantil.

Publicación original en ContraReplica 

Durante los últimos años ha surgido un debate amplio sobre los derechos y obligaciones de los padres y las obligaciones del Estado frente a niñas, niños y adolescentes; hoy tenemos posturas encontradas que se resumen en frases como: “Con mis hijos no te metas”, o declaraciones como las de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha manifestado defender “hasta mi tumba el derecho a los niños y adolescentes a ser educados, y a que la educación sea laica”, lo que lleva el discurso a extremos que se descalifican entre sí y en medio quedan los derechos de niñas, niños y adolescentes, como si se tratase de un divorcio en el que cada parte quiere llevarse todo.

Más allá de los discursos existentes es necesario considerar que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, pero no son personas adultas, por lo que la atención y las políticas públicas de la administración en turno dirigidas a este sector de la población deben ser diferenciadas.

De conformidad con la Convención de los Derechos del Niño, la orientación y dirección de los padres permite que el niño ejerza su derecho a vivir en familia y su desarrollo; por su parte, el Estado, tiene la obligación de respetar esos derechos, así como tomar las medidas legislativas y administrativas adecuadas que fomenten la coordinación necesaria entre familia, sociedad y autoridades.

Así lo ha dicho la Corte, en el amparo en revisión 203/2016 reconoció que el Estado debe prestar asesoría, orientación y acceso a servicios de salud, educación, justicia, pero no puede desplazar la función protectora y orientadora de la familia, además, en el amparo directo en revisión 2994/2015 reconoció que la patria potestad se encuentra estrechamente vinculada con la protección a la familia y entre sus finalidades se encuentra la protección integral del niño.

A pesar de que estos parámetros son claros, hoy en el Congreso se discuten iniciativas como la de las senadoras Martha Lucía Micher, Citlalli Hernández y Jesusa Rodríguez, que buscan establecer que una niña víctima de violación pueda solicitar sola la Interrupción Voluntaria del Embarazo sin el acompañamiento de su madre, padre o tutor y sin un plan de restitución elaborado por las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes; o la del senador Ricardo Monreal que con el objetivo de “simplificar” los trámites administrativos de reasignación sexo genérica en el Código Civil Federal, omite considerar la participación oficiosa y acompañamiento de las citadas Procuradurías cuando quien solicita el cambio de género es una niña, niño o adolescente.

En conclusión, tanto padres como autoridades, tenemos funciones distintas, pero complementarias, en las que se requiere una actuación coordinada, pues sólo así podremos diseñar políticas públicas con un verdadero enfoque de niñez.

Publicación original en 24 Horas 

La crisis abre una nueva oportunidad para impulsar la perspectiva de niñez en las políticas públicas mexicanas

Durante las últimas semanas, innumerables organizaciones nacionales e internacionales han alertado sobre los efectos negativos globales de la crisis del COVID-19 en la vida de niñas y niños.

En el ámbito educativo, Human Rights Watch ha subrayado la existencia de enormes disparidades.

Muy pocos niñas y niños tienen herramientas y habilidades para continuar con programas escolares desde casa, mientras la mayoría vive entre grandes limitaciones o nulas posibilidades de hacerlo. En el ámbito de la salud, UNICEF ha mostrado especial preocupación en aquellas niñas y niños que viven en hogares de bajos ingresos y que requieren vacunas, medicamentos o servicios básicos, los cuales, ante esta pandemia son escasos o se encuentra interrumpido su abastecimiento.

Ha sido también de gran preocupación el ámbito de la seguridad y protección en casa. La ONU afirma que la combinación del estrés económico y social traídos por la pandemia, así como el confinamiento, han incrementado dramáticamente el número de niñas y mujeres que experimentan violencia en prácticamente todos los países.

Son diversas las esferas en las que se observa que esta crisis vulnera el bienestar infantil y, aunque aún es difícil dimensionar el impacto, ya preocupan los efectos de la disminución en el ingreso familiar y, los derivados de la muerte de padres, madres o cuidadores.

La niñez es especialmente vulnerable y su vida está en riesgo. La evidencia de crisis económicas que ha vivido México muestra que la mortalidad infantil puede incrementarse entre un 6.9 y un 10.3 por ciento. A resultados como este podría enfrentarse el país los años siguientes.

Ante esta pandemia, la visión de políticas para “salir del paso” es miope. Por el contrario, observar esta crisis desde una perspectiva de niñez es una oportunidad para afrontar los problemas actuales desde la posición de los más vulnerables y una posibilidad única para ver más allá e invertir en quienes deberán afrontar las crisis venideras.

México sigue en deuda con la infancia. Aunque se han dado avances significativos durante los últimos años como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la, recientemente publicada, Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), los pasos son lentos, los recursos insuficientes y la respuesta ante problemáticas como la que se enfrenta el país, muy limitada.

Son muchas las dudas respecto a las medidas que tomará el gobierno mexicano -en sus distintos niveles- para proteger el bienestar de la infancia. La preocupación es latente sobre los efectos adversos que esta coyuntura provocará en el corto y largo plazos. Sin embargo, se ha observado que políticas mal diseñadas o aquellas que son tardías en su implementación efectiva pueden ser, incluso, perjudiciales.

El gobierno mexicano, históricamente, ha actuado a posteriori ante los desafíos de la niñez, pero hoy se requieren acciones urgentes. Esta es una oportunidad única de tomar el timón, fortalecer el aparato público y evitar el naufragio. En el “barco” vienen 40 millones de niñas, niños y adolescentes y la tempestad a penas comienza.

Publicación original en El Financiero

Con el tiempo, aprendemos a cuidar nuestra salud, ya sea física o emocional. Sin embargo, hay un aspecto que también es relevante para nuestro bienestar; me refiero a la salud financiera. En estos días, a propósito de El Buen Fin, vimos tiendas abarrotadas, pese a las medidas de distanciamiento social. Más allá de las implicaciones sanitarias, el caso es que de nueva cuenta es inevitable pensar cómo manejamos nuestro dinero.

Si bien se pueden disfrutar comodidades o bienes materiales, gracias a lo que obtenemos por nuestro trabajo, es fundamental no caer en gastos innecesarios y ahorrar para situaciones inesperadas, pensando en nuestro futuro o para cumplir una meta.

Desafortunadamente la cultura del ahorro, en México, no es una práctica arraigada. Se estima que 37.3 millones de personas de 18 a 70 años (47 por ciento) tienen al menos una cuenta bancaria, pero sólo 13.5 millones usan una de ahorro. Esto según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, que organiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Es importante señalar que la práctica del ahorro requiere cierta disciplina, en tanto se trata de dejar de gastar ahora para hacerlo después. Ello implica un esfuerzo por guardar parte de nuestros ingresos –aunque sea mínima, pero constante– y no utilizarla hasta que ocurra el propósito para la cual fue reservada.

Por ejemplo, hoy estamos obligados a enfrentar gastos que no estaban contemplados y que, seguramente, permanecerán por un buen tiempo, de ahí la relevancia por tratar de vivir de un modo más sencillo, sin deudas y, por ende, con menos preocupaciones (al menos de tipo económico). También la ENIF 2018 señala que la tarjeta de crédito departamental o de tienda de autoservicio es el producto de crédito formal que usan más personas (15.1 millones de adultos).

Si se hace un buen uso de herramientas como el crédito, se podrán disfrutar de los bienes adquiridos mediante esta forma; pero si hay un uso irresponsable y excesivo, a la larga habrá problemas que afectarán al núcleo familiar.

Sin duda, tenemos que pensar en lo que realmente necesitamos para vivir tranquilamente y qué cosas, de verdad, no requerimos. Las circunstancias que se nos presentan derivadas de la pandemia nos obligan a ser precavidos con el uso de nuestros ingresos no sólo por la posibilidad del desempleo sino por las necesidades médicas o de otra especie que puedan surgir en esta nueva normalidad.

Un asunto primordial es la enseñanza del ahorro en casa y el ejemplo sigue siendo el modo más eficaz para transmitir que la salud financiera es básica y responsabilidad de todos. En Early Institute atendemos el desarrollo de la primera infancia y buena parte de sus afectaciones deriva de conflictos, que en muchas ocasiones son producto de una economía inestable. Por tal, invitamos a fomentar la cultura de ahorro para asegurar la tranquilidad y el equilibro en nuestro entorno, pero ante todo para construir un ambiente que ofrezca bienestar integral a las niñas, los niños y los adolescentes, partiendo de un modo de vida un poco más simple pero rico en otro tipo de valores.

Publicación original en El Financiero

De cara a la Cuarta Revolución Industrial derivada por los cambios tecnológicos de los últimos años, los niños, las niñas y los adolescentes se enfrentan a desafíos, oportunidades y amenazas. Esto significa no sólo estar atentos, sino actuar para que la tecnología sea una aliada, una guía y no un riesgo.

En el reporte El estado mundial de la infancia 2107. Niños en un mundo digital del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), se habla del entorno en el que vive este sector ante la expansión virtual.

Para empezar, es innegable que este ambiente ha transformado las dinámicas en la etapa de la infancia. Según el reporte, los menores de 18 años representan, aproximadamente, uno de cada tres usuarios de internet en todo el mundo y hay evidencia que revela que los niños están accediendo a internet a edades cada vez más tempranas. Desde el contacto con los videojuegos hasta la socialización a través de dispositivos móviles, la exposición a las herramientas digitales es una práctica común. En este sentido, es importante la supervisión por parte de sus cuidadores y el incentivo a otras actividades (deporte, lectura, arte, etcétera) para alentar un desarrollo sano e integral.

Por otro lado, tampoco se pueden negar las bondades en la adquisición de conocimientos gracias a las herramientas digitales, sin embargo, sus ventajas no necesariamente se comparten. De acuerdo con la UNICEF: “alrededor del 29 por ciento de los jóvenes de todo el mundo, unos 346 millones de personas, no están conectados en línea. Los jóvenes africanos son los menos conectados. Alrededor del 60 por ciento no están en línea, en comparación con solo el 4 por ciento en Europa”. Dado que no es parejo el aprendizaje de aptitudes –debido a la diferencia de condiciones socio-económicas– se abren brechas sustanciales que llevan a la inequidad. Aquí los educadores toman relevancia como agentes para evitar la desigualdad, pero ellos a su vez deben contar con la capacitación necesaria para encauzar esta labor.

En cuanto a los riesgos que expone el reporte se habla de nuevas formas de intimidación, acoso, abuso y explotación infantil. Dice la UNICEF: “Ningún niño está a salvo del riesgo en línea, y nunca ha sido más fácil para los acosadores, los delincuentes sexuales, los tratantes de seres humanos y aquellos que hacen daño a los niños, atacar a los más vulnerables”. Dicho esto, es fundamental actuar con decisión y fortalecer los mecanismos de protección. Entre otras acciones, es indispensable ampliar las medidas de seguridad en los dispositivos, pero sobre todo, reforzar la comunicación al interior de los núcleos familiar y educativo para detectar cualquier amenaza. Incluso, si se requiere hay que acudir con especialistas para aprender a manejar los efectos de un suceso de esta índole.

Si bien la tecnología por sí misma no es nociva, es en su uso, mediación y regulación donde hay que enfocarnos para dotar a nuestros niños, niñas y adolescentes de los recursos necesarios para que la aprovechen al máximo y en condiciones seguras.

En particular es que nos hagamos responsables como cuidadores de quienes no tienen las posibilidades de detectar los riesgos. La ausencia de vigilancia –ya sea por ignorancia, irresponsabilidad, exceso de confianza, falta de tiempo, etcétera– lo que ocasiona es que sean mayores las amenazas.

En Early Institute sabemos que los retos en el entorno digital para asegurar el bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes son profundos. Por ello, hacemos un llamado a los padres, educadores y autoridades a tomar con seriedad nuestro papel en su total cuidado, asumiendo plenamente la responsabilidad de que en nuestras manos está el uso adecuado de estas nuevas herramientas. En la medida que nos involucremos, serán más los beneficios y menos los daños.

Publicación original en El Heraldo 

En días recientes hemos visto amenazadas varias instituciones y programas que tienen por objeto garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) es uno de ellos.

En 2015 se formalizó la creación del SIPINNA, por mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de coordinar las acciones del gobierno y vigilar que todas las políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes se cumplan. Este Sistema representa una estrategia prometedora, que opera en muchos otros países como por ejemplo Ecuador, El Salvador y Uruguay. Surge como respuesta a la necesidad de que exista un responsable cuyas facultades sean transversales para poder -eficazmente- coordinar las acciones de todos los sectores y órdenes gubernamentales.

Desaparecerlo no es una opción, no olvidemos que antes de su creación -en 2006- el Comité de los Derechos del Niño manifestaba su preocupación porque las leyes no se aplicaban correctamente debido a la complejidad de la estructura federal de México y urgía a tomar medidas para su aplicación efectiva.

Mandar sus facultades a una institución enfocada en la asistencia social tampoco es una opción. Lo cierto es que, aunque el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el SIPINNA centran sus esfuerzos en proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, sus objetivos, funcionamiento y -sobre todo- sus atribuciones no son los mismos. Independientemente del presupuesto destinado, la decisión sobre el futuro de estos dos Sistemas debe estar enfocada prioritariamente en garantizar el bienestar y sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes en México.

El SIPINNA es perfectible, tiene muchos aspectos que se pueden mejorar, pero eliminarlo y “enviar” sus facultades a una institución que no tiene la capacidad ni atribuciones para implementarlas sería un grave error y mandaría un mensaje equivocado de que nuestra infancia no es prioridad en la agenda pública.

No olvidemos que, además, al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, México asumió el compromiso de crear las condiciones jurídicas, institucionales, sociales y económicas para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en ella.

Más que nunca debemos de asegurarnos que existan todas las vías y mecanismos necesarios para proteger a las niñas, niños y adolescentes en México; país donde cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio según datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Es necesario que sumemos esfuerzos para garantizar el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, no disminuirlos, solo así mejoraremos como sociedad y país. Recordemos que la infancia es el futuro de nuestro país, la forma en la que la protegemos nos define.

Publicación original en ContraReplica

Imagine que es dueño de un equipo deportivo y solicita formar parte de una contienda mundial. Los requisitos son muchos, los parámetros y la capacidad de los contrincantes, bastante alta, pero a pesar de ello, decide hacer su solicitud y es admitido.

El desempeño de su equipo es promedio, sus números y forma de juego lo posicionan a mitad de la tabla. Después de una trayectoria de 25 años formando parte de la liga, llega el momento de impulsar una reestructura en su equipo, generar nuevas estrategias, directivos y jugadores para estar a la altura en la contienda contra los equipos referentes del mundo.

Sus estrategias y sus números mejoran, tiene mayor control y soporte, más reconocimiento nacional e internacional, el juego se visibiliza cada vez más, se hace popular y es replicado en todo el país, los estados y municipios, haciendo ver que aquello que está en juego importa, e importa mucho.

A pesar de los avances, después de 5 años se empieza a dudar del equipo y del camino recorrido, se comenta que la estrategia no sirve, que es vaga, que es mejor eliminar la estructura, economizar, quitar al directivo y entregarle las actividades a otro equipo que, si bien tiene actividades similares, no juega el mismo deporte.

En esta contienda se juegan las políticas públicas que inciden en más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes; su salud, nutrición, seguridad, educación, vida libre de violencia y sano desarrollo, entre muchos otros derechos.

Desde 1990 México decidió formar parte de la “liga universal” denominada “Convención de los Derechos del Niño” con el objetivo de impulsar y tener como principal referente de sus actuaciones a la niñez. Sólo después de 24 años, en 2014, logró impulsar de manera efectiva este torneo con la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que da origen al “Director Técnico”, que es el SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes), capaz de promover, defender y coordinar las acciones de todos los jugadores.

A 5 años de su existencia, el SIPINNA se ha replicado en las 32 entidades federativas del país y en más de mil 800 municipios, lo que ha implicado una labor de coordinación sustantiva con actores públicos, privados y sociales y el reconocimiento internacional de actores clave como Unicef o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy, tenemos mensajes encontrados que nos hacen pensar que la niñez ya no importa, que el interés superior de niñas, niños y adolescentes pasa a segundo término y, en un afán de concentración de actividades en unas pocas dependencias, se corre el riesgo de desaparecer órganos especializados que sí funcionan.

Al final, el torneo en el que nos jugamos el bienestar de la niñez mexicana sigue su curso, pero corremos el riesgo de perder los avances que como país nos tomaron más de 30 años.

Publicación original en ContraReplica

¿Cómo podemos ayudar a una niña, niño o adolescente cuya madre ha muerto por feminicidio? ¿Cómo lo vamos a cuidar si precisamente su orfandad deriva de un delito que se tenía que haber prevenido? ¿Qué va a pasar con el feminicida?

Perder a nuestra madre o padre en condiciones ordinarias, es un evento trágico, pero resentirlo en la niñez y adolescencia como consecuencia de un feminicidio deja a los niños en un estado de vulnerabilidad, si a ello le sumamos que el agresor puede formar parte del núcleo familiar, se quiebra la idea de la familia como un espacio seguro.

De conformidad con datos de la Comunidad “Alumbra, una Luz Contra la Violencia Infantil” y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 2015 a la fecha, el número de feminicidios ha aumentado en más de un 100%, pues pasamos de 426 víctimas en 2015 a 977 en 2020 y para junio de este año se llega a 495 casos. De este número, con cifras de INMUJERES, se identificaron para 2020 al menos 796 niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres por feminicidio.

Ante esta realidad, el 4 de agosto de 2021 el DIF publicó el “Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio”, que busca “no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera”.

Entre los grandes aportes de este protocolo destaca la visibilización y aviso inmediato a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que, como su nombre lo indica, tienen por función procurar prioritariamente los derechos de la niñez, están facultadas para ejercer una representación directa o en compañía de los familiares y puede coordinarse con otras autoridades para otorgar la protección especial, integral y reforzada que les corresponde a niñas y niños.

De esta manera se busca satisfacer sus necesidades de salud, apoyo psicológico, encontrar un lugar donde puedan vivir, que tengan una alimentación adecuada, se les otorgue asesoría jurídica y se procure justicia para que el feminicida no quede impune.

Si bien el Protocolo visibiliza una problemática que hasta ahora estaba olvidada, también es cierto que está limitado por la voluntad política de los cambios de sexenio y gobierno en turno, por lo que se requiere de una reforma legal.

Por ello, desde Early Institute, aplaudimos iniciativas como la encabezada por las Diputadas Rocío del Pilar Villarauz Martínez y Rosalba Valencia Cruz que buscan reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y otras leyes para atender el problema de fondo fomentando la prevención, creación de registros específicos de feminicidio y violencia familiar y la necesaria coordinación entre el Ministerio Público y las Procuradurías de Protección para salvaguardas los derechos de niñas, niños y adolescentes.