Publicación original en Infobae

Si algo invita a reflexionar durante esta crisis sanitaria de COVID-19, lo es la imperiosa necesidad de volver a los fundamentos que permitan a las nuevas generaciones rehacer las normas de convivencia social de cara al futuro.

Prácticamente en todos los campos, actividades y sectores de la sociedad se debate y reflexiona cómo deben retomarse los parámetros de lo que hasta hoy se denomina como el retorno a la “normalidad” en congruencia con cuales tendrán que ser las lecciones aprendidas luego de esta sacudida humanitaria, que todavía no asoma puntos de solución.

Sin pretender anticipar tiempos, pero si con la urgencia de la que dan cuenta los titulares y columnas de cada mañana, la pandemia ha tenido una suerte de efecto dual en donde claramente se produjo una parálisis de los sectores, pero al mismo tiempo se han dejado ver avances y oportunidades claras en diversos temas que seguramente resultarán fortalecidos luego de esta etapa.

Precisamente, uno de los ámbitos más sensibles en donde de manera evidente se han develado cambios sustanciales – de forma y fondo – luego de esta dinámica de aislamiento social, lo es en el funcionamiento de los sistemas educativos.

Al tratarse de un eje esencial para el desarrollo de cualquier país, la necesidad de continuidad de los procesos formativos – especialmente en los niveles de educación básica por las repercusiones hacia la infancia – han generado una nueva forma de interacción entre los actores centrales que convergen en este proceso.

Tan solo hace apenas algunos meses, las autoridades educativas, la planta docente y administrativa de las instituciones que en ellas laboran, los padres de familia y desde luego los alumnos, desempeñaban sus funciones en el proceso de enseñanza siguiendo la lógica del año calendario, sin tener el apremio de replantearse los desafíos que puede suscitar una emergencia y la necesidad de coordinación y complementación entre unos y otros.

Tras el rompimiento de esta dinámica, y la abrupta pero necesaria incursión del ámbito digital para dar cumplimiento a los planes de estudio, se revelaron importantes retos del sistema educativo que vale la pena traerlos a colación a propósito de esta coyuntura.

En primer lugar, la participación de los padres de familia en el proceso se ha potencializado, al grado de que buena parte de la responsabilidad de la tarea pedagógica durante los últimos meses, ha recaído justamente en ellos, como facilitadores de las actividades de acompañamiento y supervisión cotidiana de miles de niñas y niños que, gracias a ellos, cuentan con la posibilidad de no mermar o interrumpir sus estudios.

Si bien este punto admite varios ángulos de discusión, conscientes de que este tiempo no ha sido fácil en entornos familiares inmersos en el desempleo o marginación, al igual que en hogares en donde se tiene que compaginar la intensa actividad laboral con las tareas de cuidado, es evidente que el involucramiento de los padres de familia dentro de los procesos de aprendizaje de sus hijos resulta un elemento sumamente positivo que debe promoverse y alentarse como resultado de esta experiencia, lo cual además ejercita los derechos que la legislación ya contempla en su favor para convertirse en sujetos plenamente participativos de las tareas educativas de las niñas, niños y adolescentes.

Un segundo apunte lo encontramos en el uso de la tecnología para fines de aprendizaje. Es aquí donde quizá se ha llegado a un punto sin retorno y que seguramente obligará a las autoridades del sector educativo a replantear en el futuro inmediato y en todos los niveles, diversos procesos de cara a un mejor aprovechamiento y efectividad de los recursos que ofrecen las plataformas en línea en aras de perfeccionar la función educativa.

Por mencionar algunos ejemplos, pensemos tan solo en el terreno de la evaluación, el aprovechamiento de las herramientas digitales brinda la oportunidad para que los maestros den prioridad a la elaboración de análisis y ensayos, resolución de casos prácticos o el desarrollo de otro tipo de habilidades formativas y de expresión a libro abierto y con la posibilidad de que los niños consulten fuentes diversas o recursos en línea, que no necesariamente impliquen el empleo de métodos tradicionales de pregunta-respuesta o de memorización que todavía suelen predominar en algunos planes de estudio, especialmente en los niveles de educación básica.

Desde luego, este punto requerirá para su plena eficacia, que del lado del Estado se asuma un papel preponderante en cuanto hace a la inversión de recursos y capacitación de personal docente, alumnos y padres de familia para el uso de estas herramientas, a la par de una revisión del marco legal y su infraestructura presupuestal que permita modernizar las capacidades de enseñanza que hasta ahora están diseñadas para ser implementadas desde una perspectiva estrictamente presencial.

Al decir esto, no estamos sugiriendo en modo alguno que la educación deba de hoy en delante, ser un proceso completamente digitalizado. Se trata de encontrar los equilibrios necesarios para que estas herramientas complementen de la mejor manera posible los procesos didácticos y fomenten un diálogo de calidad entre los actores involucrados.

Henry Giroux, académico norteamericano y uno de los principales exponentes la pedagogía crítica, señalaba que los procesos de reforma educativa modernos deben poner en el centro el valor cívico de la educación y su capacidad para formar mejores ciudadanos y generaciones que enfrenten los problemas que hoy, claramente se vislumbran más complejos.

La formación de una nueva ciudadanía a la que se refiere Giroux, exigirá de todo sistema educativo y de su marco normativo y administrativo, un golpe de timón que debe leerse a tiempo.

Hace algunos días, tuve la oportunidad de releer detenidamente y desde la perspectiva que ofrece la crisis sanitaria por la que atravesamos, el texto del artículo 3°de nuestra Constitución Federal que configura el derecho fundamental a la educación de todos los mexicanos y los principios que lo rigen.

En algunos de sus incisos que parecieran ser letra oculta de un contrato, encontré una expresión que cobra plena vigencia a propósito de estas líneas que se escriben. De acuerdo con nuestra máxima norma, y cito textual: la educación debe regirse por criterios de excelencia, que busquen el mejoramiento constante del aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.

Este parafraseo constitucional no es menor. Hoy más que nunca, el fortalecimiento de dichos lazos entre la escuela y la comunidad que la sostiene debe hacerse patente en beneficio del desarrollo inicial de las niñas y niños de nuestro país, y con mayor razón, en estos tiempos de crisis de los que seguramente quedarán grandes aprendizajes.

Publicación original en El Financiero

En días pasados estaba previsto discutir en el Congreso de la Ciudad de México la llamada Ley de Infancia Trans, impulsada por la diputada Paula Soto del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La sesión no se llevó a cabo, no obstante es oportuno señalar tan sólo algunas de las implicaciones de dicha iniciativa.

La reforma propuesta tiene por objetivo reformar el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles locales en materia de rectificación de actas de nacimiento por reasignación sexogenérica. Esto para que niñas, niños y adolescentes puedan solicitar una nueva acta de nacimiento en reconocimiento a su identidad de género sin necesidad de presentar una demanda ante un juez de lo familiar.

La diputada promovente alude a que la llamada “identidad de género” es según su dicho, un derecho humano, motivo por el cual a los ciudadanos –en este caso niños, niñas y adolescentes– se les debe garantizar su ejercicio, ya que son titulares como en el caso de una persona adulta.

Lo que no se dice es que la iniciativa representa riesgos graves para los menores de edad en varias líneas. Para empezar, la rectificación de actas para el cambio de sexo en menores de edad es incompatible con diversas instituciones jurídicas que establecen derechos y obligaciones y genera contradicciones con las relaciones del derecho de familia. De igual modo, pone en riesgo la identidad y seguridad de este grupo, ya que este tipo de acciones puede emplearse para generar actos de simulación jurídica, falsificación de documentos, suplantación de identidad, hasta incluso facilitar el tráfico y la trata de menores, entre otras afectaciones.

Asimismo, el dictamen parte de que un menor de edad tiene la capacidad jurídica, física, emocional y mental de decidir un cambio de esta magnitud, sin embargo, es evidente que hay una mala interpretación del principio de autonomía progresiva del menor. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que la reasignación sexual constituye una decisión que influye decisivamente en el proyecto de vida de la persona y en todas sus relaciones dentro de la sociedad. Esta iniciativa de reforma ignora que difícilmente una niña o un niño tiene la capacidad y madurez para entender y hacerse responsable de una decisión tan delicada que, actualmente, toma un juez civil previo análisis y presentación de estudios diversos para la justificación de dicha reasignación.

De aprobarse esta reforma, dejaría fuera la investigación y validación por parte del juez reduciendo dicha decisión a un mero trámite administrativo.

De igual modo, si se aprueba el Congreso de la Ciudad de México violaría de manera directa la Constitución federal, ya que desde 2017, sólo el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir legislación en materia procesal civil y familiar. En tanto no se emita el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los estados carecen de facultades para legislar sobre el tema.

Pero todavía hay más. Por tratarse del cambio de nombre en un acta, a través de un trámite administrativo, la reforma habla de la designación de un “representante especial”, cuando alguno de los padres o tutores se oponga al cambio de género. Sin embargo, esta figura “especial” no cuenta con una regulación específica en el derecho civil y sus alcances no son claros.

En Early Institute sabemos que las experiencias que viven los niños, niñas y adolescentes, en sus primeros años, influyen de manera determinante en su futuro, por ello abogamos por iniciativas de ley y reformas bien fundamentadas y responsables que garanticen la salvaguarda integral de los ciudadanos, en particular de los más vulnerables.

Publicación original en: ContraReplica 

En nuestra columna anterior, hacíamos referencia a un contexto en donde la priorización de la agenda en materia de niñez, a nuestro juicio, requiere poco más que buenas intenciones de carácter político y de la elaboración de documentos o estrategias que desde el papel hacen todo el sentido, pero que en el terreno de lo práctico no suelen llegar a buen puerto.

La experiencia indica que para dar resultados concretos de política pública y mejorar en lo cotidiano las condiciones de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, es menester crear una agenda pública lo suficiente robusta y convencida de que la inversión en la infancia es una apuesta estratégica para la sostenibilidad de nuestras generaciones.

Para lograr esto, las sociedades que así se lo han propuesto con visión de largo plazo, han apostado por generar en su proceso de toma de decisiones al menos dos condiciones muy claras: a) favorecer de manera permanente el consenso entre todos los actores involucrados para evitar que la agenda se polarice; y b) anticipar, planear y ejecutar una andamiaje mínimo y progresivo de recursos humanos, materiales y financieros que permitan construir políticas públicas con sentido de practicidad, lo cual implica no solo emitir leyes o reglamentos, sino ejecutar verdaderas acciones de gobierno y participación entre sectores que sean susceptibles de ser implementadas y evaluadas.

Así, mientras más fuerte y sólido sea el nivel de consenso entre los actores, más efectiva y visible será la inversión en acciones concretas.

Uno de los errores que suelen cometerse en este proceso, se da justamente en la forma en la que el consenso es construido. De hecho, sin ignorar su dimensión en la esfera privada, la sola palabra que consenso nos remite casi de manera automática al terreno de la deliberación política y los procesos de formación de acuerdos que son exclusivos del fenómeno político, en donde pareciera que únicamente los partidos políticos, gobernantes, legisladores y tomadores de decisión son quienes deben participar en la dialéctica para construir mayorías en democracia y adoptar decisiones.

No obstante, la propia raíz etimológica de la palabra consenso nos recuerda que en realidad la formación del mismo, es una tarea que compete – sin distinguir – a todos los involucrados en una determinada materia. Si extrapolamos esta reflexión básica al caso que nos ocupa, entonces valdría la pena cuestionarnos ¿Cómo deberían construirse los consensos para mejorar los derechos de la infancia y adolescencia? ¿Es una tarea que debe quedar únicamente en manos de los gobernantes en curso?

Para tratar de responder el planteamiento me permitiré utilizar un ejemplo reciente. Desde la experiencia que hemos delineado en Early Institute a través de la iniciativa ALUMBRA, creada en 2018 y cuyo objetivo es contribuir a la prevención de la violencia sexual infantil en México, nos hemos propuesto justamente acelerar los procesos de formación de consensos y la creación de agendas comunes para hacer de la protección de la infancia una tarea compartida.

En tal sentido, la apuesta al cambio de ALUMBRA busca replantear la manera en la que construimos los consensos y definimos las agendas prioritarias para avanzar en lo esencial.

A través de la creación de una Comunidad de Conocimiento y Práctica, conformada de manera voluntaria por instituciones públicas, organismos internacionales, investigadores y organizaciones sociales involucradas en el tema. ALUMBRA ha puesto sobre la mesa la necesidad generar información y conocimiento a partir de la participación y co-creación entre los sectores social, público y privado, sin distinción alguna y con la única intención de desarrollar estrategias bajo una visón integral y sistémica del problema de la violencia sexual infantil.

Bajo la evidencia de que la violencia sexual infantil es una problemática multidimensional, que admite diversos enfoques y requiere la participación de diversos agentes, la Comunidad desarrollada por ALUMBRA, durante los últimos dos años busca, en esencia, amplificar el impacto de las estrategias, para generar más información en el tema; incidir de manera más efectiva en las políticas públicas; así como desarrollar experiencias formativas y de comunicación hacia la sociedad, para incrementar la formación de habilidades y prácticas para prevenir esta forma de violencia.

El reto es amplio, porque la participación colegiada entre actores siempre supone desafíos importantes, no solo por lo que conlleva la formulación de acuerdos y la definición de temáticas prioritarias, sino, sobre todo, por la necesidad de construir una cultura de diálogo permanente, que se asuma como la regla y no como la excepción entre los involucrados, incluido, desde luego, el sector público.

A casi dos años de esta iniciativa, la Comunidad ALUMBRA ha transitado por una primera fase en su arquitectura, en donde se ha logrado integrar a más de 40 aliados de todos los sectores para intercambiar información, prácticas, contenidos y diseñar estrategias de prevención que puedan sistematizarse en un solo espacio, incluso aprovechando las ventajas que hoy ofrece la tecnología.

En tal sentido, el trabajo colegiado de ALUMBRA se ha materializado en la plataforma digital www.alumbramx.org, desde donde se han creado contenidos y materiales específicos para dar recomendaciones a padres, educadores y cuidadores, sobre cómo prevenir la violencia sexual e incluso se cuenta con un canal de asesoría telefónica y online hacia la ciudadanía, para brindar información y canalizar denuncias.

Si bien la experiencia acumulada durante los últimos meses en ALUMBRA nos ha hecho ver el enorme potencial que plantean las iniciativas y plataformas de trabajo colaborativo, también es cierto que, dada la magnitud y urgencia del problema a resolver, debemos ser cada vez más eficaces y precisos en la construcción de soluciones. De tal suerte, que la formación de consensos y la integración de acciones para la protección de la infancia no debe ser una tarea en manos únicamente del poder político, sino una responsabilidad colectiva, desde la cual se congreguen todos quienes tenemos en nuestras manos una parte de la solución.

Se trata de un propósito que, desde luego, no será sencillo y del cual nos entusiasma ir dando cuenta a los lectores de sus resultados e invitándolos a formar parte de las estrategias e iniciativas que se desprendan de la comunidad ALUMBRA, todo ello como el nombre lo sugiere, para brindar una luz en contra de la violencia infantil.

Publicación original en ContraReplica 

Durante los últimos años ha surgido un debate amplio sobre los derechos y obligaciones de los padres y las obligaciones del Estado frente a niñas, niños y adolescentes; hoy tenemos posturas encontradas que se resumen en frases como: “Con mis hijos no te metas”, o declaraciones como las de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha manifestado defender “hasta mi tumba el derecho a los niños y adolescentes a ser educados, y a que la educación sea laica”, lo que lleva el discurso a extremos que se descalifican entre sí y en medio quedan los derechos de niñas, niños y adolescentes, como si se tratase de un divorcio en el que cada parte quiere llevarse todo.

Más allá de los discursos existentes es necesario considerar que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, pero no son personas adultas, por lo que la atención y las políticas públicas de la administración en turno dirigidas a este sector de la población deben ser diferenciadas.

De conformidad con la Convención de los Derechos del Niño, la orientación y dirección de los padres permite que el niño ejerza su derecho a vivir en familia y su desarrollo; por su parte, el Estado, tiene la obligación de respetar esos derechos, así como tomar las medidas legislativas y administrativas adecuadas que fomenten la coordinación necesaria entre familia, sociedad y autoridades.

Así lo ha dicho la Corte, en el amparo en revisión 203/2016 reconoció que el Estado debe prestar asesoría, orientación y acceso a servicios de salud, educación, justicia, pero no puede desplazar la función protectora y orientadora de la familia, además, en el amparo directo en revisión 2994/2015 reconoció que la patria potestad se encuentra estrechamente vinculada con la protección a la familia y entre sus finalidades se encuentra la protección integral del niño.

A pesar de que estos parámetros son claros, hoy en el Congreso se discuten iniciativas como la de las senadoras Martha Lucía Micher, Citlalli Hernández y Jesusa Rodríguez, que buscan establecer que una niña víctima de violación pueda solicitar sola la Interrupción Voluntaria del Embarazo sin el acompañamiento de su madre, padre o tutor y sin un plan de restitución elaborado por las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes; o la del senador Ricardo Monreal que con el objetivo de “simplificar” los trámites administrativos de reasignación sexo genérica en el Código Civil Federal, omite considerar la participación oficiosa y acompañamiento de las citadas Procuradurías cuando quien solicita el cambio de género es una niña, niño o adolescente.

En conclusión, tanto padres como autoridades, tenemos funciones distintas, pero complementarias, en las que se requiere una actuación coordinada, pues sólo así podremos diseñar políticas públicas con un verdadero enfoque de niñez.

Publicación original en El Financiero

Con el tiempo, aprendemos a cuidar nuestra salud, ya sea física o emocional. Sin embargo, hay un aspecto que también es relevante para nuestro bienestar; me refiero a la salud financiera. En estos días, a propósito de El Buen Fin, vimos tiendas abarrotadas, pese a las medidas de distanciamiento social. Más allá de las implicaciones sanitarias, el caso es que de nueva cuenta es inevitable pensar cómo manejamos nuestro dinero.

Si bien se pueden disfrutar comodidades o bienes materiales, gracias a lo que obtenemos por nuestro trabajo, es fundamental no caer en gastos innecesarios y ahorrar para situaciones inesperadas, pensando en nuestro futuro o para cumplir una meta.

Desafortunadamente la cultura del ahorro, en México, no es una práctica arraigada. Se estima que 37.3 millones de personas de 18 a 70 años (47 por ciento) tienen al menos una cuenta bancaria, pero sólo 13.5 millones usan una de ahorro. Esto según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, que organiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Es importante señalar que la práctica del ahorro requiere cierta disciplina, en tanto se trata de dejar de gastar ahora para hacerlo después. Ello implica un esfuerzo por guardar parte de nuestros ingresos –aunque sea mínima, pero constante– y no utilizarla hasta que ocurra el propósito para la cual fue reservada.

Por ejemplo, hoy estamos obligados a enfrentar gastos que no estaban contemplados y que, seguramente, permanecerán por un buen tiempo, de ahí la relevancia por tratar de vivir de un modo más sencillo, sin deudas y, por ende, con menos preocupaciones (al menos de tipo económico). También la ENIF 2018 señala que la tarjeta de crédito departamental o de tienda de autoservicio es el producto de crédito formal que usan más personas (15.1 millones de adultos).

Si se hace un buen uso de herramientas como el crédito, se podrán disfrutar de los bienes adquiridos mediante esta forma; pero si hay un uso irresponsable y excesivo, a la larga habrá problemas que afectarán al núcleo familiar.

Sin duda, tenemos que pensar en lo que realmente necesitamos para vivir tranquilamente y qué cosas, de verdad, no requerimos. Las circunstancias que se nos presentan derivadas de la pandemia nos obligan a ser precavidos con el uso de nuestros ingresos no sólo por la posibilidad del desempleo sino por las necesidades médicas o de otra especie que puedan surgir en esta nueva normalidad.

Un asunto primordial es la enseñanza del ahorro en casa y el ejemplo sigue siendo el modo más eficaz para transmitir que la salud financiera es básica y responsabilidad de todos. En Early Institute atendemos el desarrollo de la primera infancia y buena parte de sus afectaciones deriva de conflictos, que en muchas ocasiones son producto de una economía inestable. Por tal, invitamos a fomentar la cultura de ahorro para asegurar la tranquilidad y el equilibro en nuestro entorno, pero ante todo para construir un ambiente que ofrezca bienestar integral a las niñas, los niños y los adolescentes, partiendo de un modo de vida un poco más simple pero rico en otro tipo de valores.

Publicación original en ContraReplica

Hay una historia que sacudió a Ecuador desde el año 2002 y que culminó con una sentencia condenatoria 18 años después.

Paola del Rosario Guzmán Albarracín nació el 10 de diciembre de 1986 en Guayaquil, Ecuador, a sus 14 años estudiaba el segundo año de secundaria y comenzó a tener problemas con ciertas materias, el Vicerrector de la escuela, haciendo uso de su relación de poder, acosó a Paola ofreciéndole aprobar sus materias con la condición de mantener relaciones sexuales; a partir de ese momento, fue sometida a situaciones de acoso sexual y violación que produjeron un embarazo.

El Vicerrector exigió a Paola que abortara y la llevó con el médico del servicio escolar, quien accedió a solapar los abusos y realizar el aborto, siempre y cuando Paola tuviera relaciones con él. Derivado de este tortuoso camino y con graves afectaciones psicológicas, Paola se suicidó a los 16 años.

El 24 de junio de 2020, después de 18 años de limitantes en el acceso a la justicia, la madre de Paola, Pepita Albarracín, obtuvo una sentencia de la Corte Interamericana en la que se consideró como responsable: no al violador, sino al propio Estado de Ecuador.

La Corte concluyó que el Estado no hizo aquello que le correspondía, como es: prevenir e identificar los casos de violencia sexual; establecer medidas especiales de protección para Paola en su calidad de niña y perseguir y castigar a un violador que quedó impune. Además, nos recordó que la violencia contra niñas y niños tiene consecuencias psicológicas y emocionales, trastornos afectivos, traumas, temores, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima que afectan la toma de decisiones y puede llevar a pensamientos suicidas.

La historia de Paola no nos es ajena y nos hace preguntarnos: ¿Cuántos casos como este se presentan en nuestro país todos los días? ¿Qué medidas toman las autoridades de educación y salud cuando tienen conocimiento de que una niña o adolescente fue violada? ¿Cuántos violadores viven en la impunidad?

Con datos de alumbramx.org, podemos señalar que sólo en 2019 se presentaron 23,191 casos de abuso sexual infantil y que cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio; de conformidad con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de 2020 se han presentado más de 199 mil llamadas de emergencia de violencia contra la mujer de las cuales 3,910 corresponden a abuso sexual, 6,311 corresponden a acoso y 2,785 a violación.

Ante un panorama nada alentador, el 19 de noviembre nuestro país conmemoró el “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil” para hacernos reflexionar sobre las medidas que toman nuestros legisladores, jueces, fiscalías y autoridades administrativas para atender casos como el de Paola, esperando que las medidas de protección, acceso a la justicia y reparación no lleguen años después de que nuestras niñas y adolescentes estén muertas.

Publicación original en El Financiero

De cara a la Cuarta Revolución Industrial derivada por los cambios tecnológicos de los últimos años, los niños, las niñas y los adolescentes se enfrentan a desafíos, oportunidades y amenazas. Esto significa no sólo estar atentos, sino actuar para que la tecnología sea una aliada, una guía y no un riesgo.

En el reporte El estado mundial de la infancia 2107. Niños en un mundo digital del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), se habla del entorno en el que vive este sector ante la expansión virtual.

Para empezar, es innegable que este ambiente ha transformado las dinámicas en la etapa de la infancia. Según el reporte, los menores de 18 años representan, aproximadamente, uno de cada tres usuarios de internet en todo el mundo y hay evidencia que revela que los niños están accediendo a internet a edades cada vez más tempranas. Desde el contacto con los videojuegos hasta la socialización a través de dispositivos móviles, la exposición a las herramientas digitales es una práctica común. En este sentido, es importante la supervisión por parte de sus cuidadores y el incentivo a otras actividades (deporte, lectura, arte, etcétera) para alentar un desarrollo sano e integral.

Por otro lado, tampoco se pueden negar las bondades en la adquisición de conocimientos gracias a las herramientas digitales, sin embargo, sus ventajas no necesariamente se comparten. De acuerdo con la UNICEF: “alrededor del 29 por ciento de los jóvenes de todo el mundo, unos 346 millones de personas, no están conectados en línea. Los jóvenes africanos son los menos conectados. Alrededor del 60 por ciento no están en línea, en comparación con solo el 4 por ciento en Europa”. Dado que no es parejo el aprendizaje de aptitudes –debido a la diferencia de condiciones socio-económicas– se abren brechas sustanciales que llevan a la inequidad. Aquí los educadores toman relevancia como agentes para evitar la desigualdad, pero ellos a su vez deben contar con la capacitación necesaria para encauzar esta labor.

En cuanto a los riesgos que expone el reporte se habla de nuevas formas de intimidación, acoso, abuso y explotación infantil. Dice la UNICEF: “Ningún niño está a salvo del riesgo en línea, y nunca ha sido más fácil para los acosadores, los delincuentes sexuales, los tratantes de seres humanos y aquellos que hacen daño a los niños, atacar a los más vulnerables”. Dicho esto, es fundamental actuar con decisión y fortalecer los mecanismos de protección. Entre otras acciones, es indispensable ampliar las medidas de seguridad en los dispositivos, pero sobre todo, reforzar la comunicación al interior de los núcleos familiar y educativo para detectar cualquier amenaza. Incluso, si se requiere hay que acudir con especialistas para aprender a manejar los efectos de un suceso de esta índole.

Si bien la tecnología por sí misma no es nociva, es en su uso, mediación y regulación donde hay que enfocarnos para dotar a nuestros niños, niñas y adolescentes de los recursos necesarios para que la aprovechen al máximo y en condiciones seguras.

En particular es que nos hagamos responsables como cuidadores de quienes no tienen las posibilidades de detectar los riesgos. La ausencia de vigilancia –ya sea por ignorancia, irresponsabilidad, exceso de confianza, falta de tiempo, etcétera– lo que ocasiona es que sean mayores las amenazas.

En Early Institute sabemos que los retos en el entorno digital para asegurar el bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes son profundos. Por ello, hacemos un llamado a los padres, educadores y autoridades a tomar con seriedad nuestro papel en su total cuidado, asumiendo plenamente la responsabilidad de que en nuestras manos está el uso adecuado de estas nuevas herramientas. En la medida que nos involucremos, serán más los beneficios y menos los daños.

Con motivo de la celebración del Día de Reyes, la Comunidad de Conocimiento Alumbramx y Early Institute, hacen un llamado a padres, tutores y cuidadores a que actúen de manera informada y responsable con la compra de dispositivos móviles, tabletas o computadoras portátiles, para evitar que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia y delitos sexuales en línea que dañen su integridad física o emocional.

Según cifras de la Unicef, un 80 por ciento de los delitos cometidos en línea son contra menores de 18 años y uno de cada tres usuarios de internet en el mundo son niños y adolescentes, precisó Alumbramx y Early Institute, el único think tank en México especializado en primera infancia.

Sin negar su utilidad como herramientas de aprendizaje, desarrollo  y entretenimiento, precisaron,  los dispositivos móviles son también un factor de riesgo, en caso de no ser utilizados con el acompañamiento adecuado tratándose de población infantil, ya que existen muchas condiciones de vulnerabilidad para niños, niñas y adolescentes.

En víspera de este seis de enero, en ocasión de la llegada de los “Reyes Magos”, una tradición con un fuerte arraigo en la sociedad mexicana, dijeron las organizaciones, es necesario considerar que la creciente demanda de los llamados “gadgets” de última generación, son  también mecanismos para la comisión de delitos contra menores de edad.

Según datos y estudios de www.alumbramx.org, un proyecto colaborativo de Early Institute, ningún menor de edad está a salvo de ser víctima de alguna práctica delictiva contra su integridad o identidad de manera virtual.

De acuerdo con la UNICEF, precisó Alumbramx, en la actualidad a nivel global se registra un incremento de delitos sexuales cometidos en línea en contra de personas menores de 18 años, que incluyen la autogeneración de contenidos inadecuados e ilegales hasta la realización de materiales sexuales obtenidos de manera no consentida.

Conectados bajo el amparo de una falsa identidad en redes sociales o aplicaciones digitales, personas sin escrúpulos cometen una serie de prácticas invasivas a la intimidad e identidad de menores de edad que van desde el ciberacoso, el grooming, el sexting y el ciberbullying hasta la trata y explotación infantil, entre otros.

Ante esta problemática, en pleno apogeo del uso de dispositivos móviles, los padres de familia deben considerar a la tecnología como aliada y no un factor de riesgo para niños y jóvenes., pero con el debido acompañamiento hacia niñas y niños.

En ese sentido, la comunidad de www.alumbramx.org exhorta a padres y tutores a actuar con decisión y fortalecer los mecanismos  para proteger de amenazas a niños, niñas y adolescentes en el cada vez más extenso universo digital.

La corresponsabilidad comienza con la propia actuación de padres y cuidadores ante el uso de redes, aplicaciones, juegos y otros  mecanismos de interacción digital, por lo que deben evitar compartir información propia y de su familia ya que la evidencia muestra que muchos de los perfiles activos en las plataformas son falsos y de alto riesgo.

La recomendación que formula Alumbramx-Early Institute es contundente, por la seguridad de niñas, niños y adolescentes y la de los propios padres y cuidadores: no compartir fotografías de menores, ni personales, tampoco información personal de cualquier índole.

Por ello hicieron las siguientes recomendaciones a quienes regalan y/o utilizan dispositivos electrónicos con acceso a internet:

Cuida tu privacidad, analiza qué información guardas en los dispositivos electrónicos y garantiza  que está protegida con contraseñas sólidas de acceso a tus aparatos digitales.

• Asegúrate de mantener apagada la red Bluetooth.

• Evita conectarte a redes públicas, de ser así no la guardes como confiable.

• Bajo ninguna circunstancia compartas imágenes o fotografías privadas. Especialmente no compartas fotos de tus hijos o de niñas, niños y adolescentes ya que pueden ser utilizadas con fines ilegales.

• Acompaña a tus hijos con el uso de medios digitales.

• Con­figura tus redes sociales de manera en que sólo las personas que te conocen puedan acceder a ella.

• Mantén actualizado tu celular y aparatos digitales, de esa manera evitas que un hacker pueda fi­ltrarse en tu información.

• Antes de compartir cualquier información piensa:

– ¿Qué quieres compartir?

– ¿Por qué lo quieres compartir?

– ¿Dónde quieres compartirlo?

– ¿Con quién lo quieres compartir?

– ¿Cuántas personas quieres que lo sepan?

Y después decide si lo compartes o no.

Asimismo, evita utilizar la misma contraseña para todas tus redes sociales o correo electrónico.

Publicación original en ContraReplica

El 10 de diciembre se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 que representa el mapa de ruta que la Secretaría de Gobernación se ha planteado para los próximos 4 años.

El documento nos advierte sobre las deficiencias que de alguna u otra manera ya conocemos: tenemos un campo infinito de normas, instituciones y programas tan poco articulados que ni Kafka en sus mejores momentos habría imaginado; el presupuesto es poco y las necesidades muchas; los servidores públicos tienen escasa capacitación en derechos humanos; y existe una limitada capacidad institucional.

Más allá de las justificaciones expresadas de cómo llegamos a este punto, el documento establece un plan de acción de aquello que sí se puede hacer y que podría resultar eficaz si se pasa del papel a la acción brindando soluciones desde la raíz. Como punto de partida se busca crear un Sistema de Derechos Humanos que, de hacerse realidad, unificará las actividades que están dispersas entre varias autoridades y dependencias.

Aunque parezca algo hetereo y lejano, es relevante y necesario. Hoy una niña víctima de violencia sexual puede ser atendida de manera poco coordinada al menos por 5 autoridades: un hospital público, las procuradurías de protección, la comisión ejecutiva de atención a víctimas, el ministerio público y un juez, que en su afán de hacer lo que les toca, pueden revictimizar en vez de ayudar.

Si este nuevo sistema funciona, estaremos dando los pasos necesarios para dejar atrás la atención burocrática con múltiples ventanillas que aplican su normatividad como si fuera una cadena de producción, pero que no resuelve el problema al no generar una atención colaborativa, “transversal” e “interseccional” con otros “departamentos” que garanticen la atención que merecemos.

De igual forma, el Programa reconoce deudas históricas con los grupos en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, la comunidad LGBTTTIQ, pueblos y comunidades indígenas y personas afromexicanas.

Entre las acciones puntuales que merecen mención aparte encontramos el impulso de reformas laborales para aumentar los días de las licencias de maternidad o paternidad en caso de nacimiento o adopción de una hija o hijo, además, busca implementar medidas de asistencia, atención y apoyo especializado para niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia, garantizando así un enfoque de niñez.

Cabe señalar que desde hace más de 15 años en Early Institute impulsamos y reconocemos las políticas públicas que favorecen las licencias de paternidad, pues fomentan el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como la protección integral y coordinada de niñas y niños en casos de violencia sexual.

Finalmente, el programa propone temas que conllevan polarización y, como en otras ocasiones, llevarán el discurso a debates públicos de blancos y negros y en los que, atendiendo a la máxima aristótelica, los extremos nunca serán la respuesta correcta.

Publicación original en 24 Horas 

Mientras que la digitalización de las escuelas continúa y se mantienen las medidas restrictivas sanitarias para contener la propagación del COVID-19, los niños pasan su tiempo libre en casa, donde el internet les ha brindado la posibilidad de ver videos, jugar e interactuar con sus amigos a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Sin embargo, un problema que no ha mantenido una sana distancia durante la pandemia, ha sido el ciberacoso que representa un inminente riesgo para niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la EUROPOL, las restricciones de viaje y otras medidas durante la pandemia probablemente han provocado que la violencia que se estaba ejerciendo en espacios como la escuela, trabajo o en la vía pública, se trasladen a las redes sociales y se ejerza vía digital. Si bien la crisis de COVID-19 ha provocado un aumento de este tipo de violencia, los niveles altos ya existían antes de la pandemia.

Particularmente, en México, el Módulo de Ciberacoso publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó una tasa de crecimiento del 32% de 2017 a 2019 en víctimas de ciberacoso adolescentes de entre 12 y 17 años. En 2019, el 27% de las y los adolescentes que tienen acceso a internet de este grupo de edad fueron víctimas de ciberacoso.

Las conductas de ciberacoso más reportadas por los adolescentes son mensajes ofensivos (44%), provocaciones para reaccionar negativamente (31%), contacto por identidades falsas o mejor conocido como grooming (31%), e insinuaciones o propuestas sexuales (25%).

Además, 6 de cada 10 víctimas adolescentes reportaron desconocer a su agresor, 37% reportó a un amigo(a) y 18% a un compañero de clase.

El daño resultante de ser víctima de este delito es severo, algunas de las consecuencias pueden ser depresión, ansiedad, descenso de autoestima, desconfianza, cambios de humor repentinos y bruscos, bajo rendimiento académico, aislamiento social y suicidio. Además, es importante mencionar que, particularmente para las personas que comparten imágenes o videos de tipo sexual se puede dar una victimización repetida.

A pesar de que los ministerios públicos han permanecido abiertos en los últimos meses, sólo el 0.2% de los ciberacosos son denunciados ante el ministerio público o policía y únicamente el 5% se reporta con el proveedor de servicio o la plataforma.

Dada la estadística, y con el objetivo de visibilizar y prevenir esta problemática, ALUMBRA, una iniciativa de Early Institute, creó una plataforma digital alumbramx.org que pone al alcance de todos y en un mismo punto consejos para padres, madres, cuidadores y todo responsable de niñas, niños y adolescentes así como información sobre cómo denunciar cuando la violencia en línea ya se ha presentado.

Un problema de tales dimensiones apela a la responsabilidad colectiva y a actuar como guardianes, especialmente de niños, niñas y adolescentes que requieren de protección. Es de vital importancia contar con controles parentales y, como adultos, poner especial énfasis a educación digital, que las niñas, niños y adolescentes conozcan qué información es privada y cuál es pública, así como asegurarse que entiendan que un adulto puede aprovecharse del anonimato de la red, para dañarlos.

Prevenir e identificar un ciberacoso a tiempo es toda la diferencia. Es de vital importancia unificar esfuerzos para garantizar la seguridad y protección de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. No dejemos que caigan en sus redes.