Paola Guzmán, impunidad para el violador, sanción para el Estado.
Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en ContraReplica
Hay una historia que sacudió a Ecuador desde el año 2002 y que culminó con una sentencia condenatoria 18 años después.
Paola del Rosario Guzmán Albarracín nació el 10 de diciembre de 1986 en Guayaquil, Ecuador, a sus 14 años estudiaba el segundo año de secundaria y comenzó a tener problemas con ciertas materias, el Vicerrector de la escuela, haciendo uso de su relación de poder, acosó a Paola ofreciéndole aprobar sus materias con la condición de mantener relaciones sexuales; a partir de ese momento, fue sometida a situaciones de acoso sexual y violación que produjeron un embarazo.
El Vicerrector exigió a Paola que abortara y la llevó con el médico del servicio escolar, quien accedió a solapar los abusos y realizar el aborto, siempre y cuando Paola tuviera relaciones con él. Derivado de este tortuoso camino y con graves afectaciones psicológicas, Paola se suicidó a los 16 años.
El 24 de junio de 2020, después de 18 años de limitantes en el acceso a la justicia, la madre de Paola, Pepita Albarracín, obtuvo una sentencia de la Corte Interamericana en la que se consideró como responsable: no al violador, sino al propio Estado de Ecuador.
La Corte concluyó que el Estado no hizo aquello que le correspondía, como es: prevenir e identificar los casos de violencia sexual; establecer medidas especiales de protección para Paola en su calidad de niña y perseguir y castigar a un violador que quedó impune. Además, nos recordó que la violencia contra niñas y niños tiene consecuencias psicológicas y emocionales, trastornos afectivos, traumas, temores, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima que afectan la toma de decisiones y puede llevar a pensamientos suicidas.
La historia de Paola no nos es ajena y nos hace preguntarnos: ¿Cuántos casos como este se presentan en nuestro país todos los días? ¿Qué medidas toman las autoridades de educación y salud cuando tienen conocimiento de que una niña o adolescente fue violada? ¿Cuántos violadores viven en la impunidad?
Con datos de alumbramx.org, podemos señalar que sólo en 2019 se presentaron 23,191 casos de abuso sexual infantil y que cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio; de conformidad con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de 2020 se han presentado más de 199 mil llamadas de emergencia de violencia contra la mujer de las cuales 3,910 corresponden a abuso sexual, 6,311 corresponden a acoso y 2,785 a violación.
Ante un panorama nada alentador, el 19 de noviembre nuestro país conmemoró el “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil” para hacernos reflexionar sobre las medidas que toman nuestros legisladores, jueces, fiscalías y autoridades administrativas para atender casos como el de Paola, esperando que las medidas de protección, acceso a la justicia y reparación no lleguen años después de que nuestras niñas y adolescentes estén muertas.
Niñas y Niños en vísperas de un naufragio
Por: Renata Diaz Barreiro, Investigadora de Early Institute
Publicación original en 24 Horas
La crisis abre una nueva oportunidad para impulsar la perspectiva de niñez en las políticas públicas mexicanas
Durante las últimas semanas, innumerables organizaciones nacionales e internacionales han alertado sobre los efectos negativos globales de la crisis del COVID-19 en la vida de niñas y niños.
En el ámbito educativo, Human Rights Watch ha subrayado la existencia de enormes disparidades.
Muy pocos niñas y niños tienen herramientas y habilidades para continuar con programas escolares desde casa, mientras la mayoría vive entre grandes limitaciones o nulas posibilidades de hacerlo. En el ámbito de la salud, UNICEF ha mostrado especial preocupación en aquellas niñas y niños que viven en hogares de bajos ingresos y que requieren vacunas, medicamentos o servicios básicos, los cuales, ante esta pandemia son escasos o se encuentra interrumpido su abastecimiento.
Ha sido también de gran preocupación el ámbito de la seguridad y protección en casa. La ONU afirma que la combinación del estrés económico y social traídos por la pandemia, así como el confinamiento, han incrementado dramáticamente el número de niñas y mujeres que experimentan violencia en prácticamente todos los países.
Son diversas las esferas en las que se observa que esta crisis vulnera el bienestar infantil y, aunque aún es difícil dimensionar el impacto, ya preocupan los efectos de la disminución en el ingreso familiar y, los derivados de la muerte de padres, madres o cuidadores.
La niñez es especialmente vulnerable y su vida está en riesgo. La evidencia de crisis económicas que ha vivido México muestra que la mortalidad infantil puede incrementarse entre un 6.9 y un 10.3 por ciento. A resultados como este podría enfrentarse el país los años siguientes.
Ante esta pandemia, la visión de políticas para “salir del paso” es miope. Por el contrario, observar esta crisis desde una perspectiva de niñez es una oportunidad para afrontar los problemas actuales desde la posición de los más vulnerables y una posibilidad única para ver más allá e invertir en quienes deberán afrontar las crisis venideras.
México sigue en deuda con la infancia. Aunque se han dado avances significativos durante los últimos años como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la, recientemente publicada, Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), los pasos son lentos, los recursos insuficientes y la respuesta ante problemáticas como la que se enfrenta el país, muy limitada.
Son muchas las dudas respecto a las medidas que tomará el gobierno mexicano -en sus distintos niveles- para proteger el bienestar de la infancia. La preocupación es latente sobre los efectos adversos que esta coyuntura provocará en el corto y largo plazos. Sin embargo, se ha observado que políticas mal diseñadas o aquellas que son tardías en su implementación efectiva pueden ser, incluso, perjudiciales.
El gobierno mexicano, históricamente, ha actuado a posteriori ante los desafíos de la niñez, pero hoy se requieren acciones urgentes. Esta es una oportunidad única de tomar el timón, fortalecer el aparato público y evitar el naufragio. En el “barco” vienen 40 millones de niñas, niños y adolescentes y la tempestad a penas comienza.
Enfoque de niñez para atacar la violencia sexual infantil
Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en El Sol de México
En un tema tan indignante y doloroso como es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA), todo esfuerzo para erradicarlo es bienvenido y necesario, pero hay que hacer cada vez más.
En 2019, México registró 51 mil 662 delitos sexuales en contra de este sector, lo que equivale a un aumento de 20% con respecto a 2018. La situación es alarmante y se agrava por la falta de una perspectiva de niñez en su combate, entre otros factores de carácter legal.
Para empezar, en nuestro país, tanto la Federación como los estados tienen las facultades para crear y reformar los tipos penales que crean necesarios en sus respectivas jurisdicciones. Esto genera una diversidad de tipos penales en cada entidad federativa, los cuales carecen de lineamientos homologados, claros y objetivos.
Esto viene al caso porque hoy se cuenta con al menos 40 delitos sexuales tipificados en los 32 estados de la República Mexicana y a nivel federal. En resumen, el problema de esta diversidad: a) crea confusión de las conductas sancionadas; b) la legislación penal no respeta el interés superior de la niñez; y c) hay interpretaciones que llevan a la impunidad y poco acceso a la justicia.
En particular, y por mencionar una consecuencia de esta heterogeneidad, hoy 30 estados (junto con la Federación) regulan el abuso sexual en contra de NNA con distintos nombres, mientras que Aguascalientes y Nayarit no contemplan ningún tipo penal específico en sus códigos penales bajo esa denominación, sino como atentados al pudor. Evidentemente esto minimiza el problema. Es así como la multiplicidad y la falta de homologación de delitos, origina una falta de visibilización y abre la posibilidad de que los delitos de esta índole queden sin castigo.
Es obligación del Estado, en corresponsabilidad con los particulares, prevenir, atender, denunciar y sancionar la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, pero urge que el problema se atienda con una perspectiva de niñez, hasta ahora inexistente.
Actuar con este enfoque implicaría, según el Análisis de los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes en México, editado por Early Institute: “el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos, con base en el respeto de su dignidad, vida, supervivencia, bienestar, salud, desarrollo, participación y no discriminación, garantizando el disfrute de sus derechos de manera integral”.
Lo anterior porque cuando un niño, niña o adolescente sufre de violencia sexual, no solo se da una afectación de carácter sexual, sino que se violentan otros derechos.
Hay que decir que en los últimos meses se ha propuesto en el Congreso de la Unión, la creación de un Código Penal Único que homologue los delitos de abuso sexual contra NNA en todo el país. La propuesta, además de buscar la unificación de criterios en torno a estas graves faltas, también homologaría las penas. Hoy, por ejemplo, en Yucatán se prevén sanciones de uno a cinco años de prisión y de 40 a 100 días de multa; mientras que en Veracruz se establecen de seis a 12 años de prisión y hasta dos mil días de multa, debido a que la configuración de los delitos es diferente.
Por la relevancia de atender esta problemática de una manera distinta a como se ha estado haciendo, Alumbra Contigo —iniciativa de Early Institute que reúne a más de 40 aliados en una comunidad de conocimiento— pone a disposición una plataforma con recomendaciones a padres y educadores para identificar la violencia sexual contra NNA, ofrecer asesoría telefónica y canalizar denuncias. Asimismo, da a conocer una serie de estadísticas sobre el tema en su portal alumbramx.org que está disponible para quien desee más información. Nuestras intenciones son contundentes: por un lado, visibilizar las deficiencias en el respeto, la protección y la garantía al acceso a una vida sin violencia de este grupo social, pero sobre todo, evitar que se enfrente a una de las experiencias que, sin duda, deja huellas muy profundas de por vida.