La industria de la gestación subrogada

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

El debate sobre la gestación subrogada se ha centrado en los derechos reproductivos de las personas solicitantes, sin embargo, están ausentes tres enfoques fundamentales en su abordaje: la gestación de bebés como un producto comercializable; la explotación de la mujer gestante como una máquina de producción; y la lógica de mercado que atraviesa estas problemáticas.

Integrar estos tres elementos nos permite visualizar la problemática real que existe en el fondo, una nueva forma de esclavitud: la explotación reproductiva. Esta columna aborda el tercer enfoque: la gestación subrogada como una industria que comercializa con bebés y el cuerpo de mujeres.

La gestación subrogada no es acuerdo de voluntades entre las partes ni una oportunidad de enriquecimiento para las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Detrás del disfraz que promete una vida mejor, se esconde la satisfacción del deseo de consumo de unos y el enriquecimiento de otros a costa de la explotación.

La industria de la explotación reproductiva se sostiene porque por un lado provee de bebés a personas que están dispuestas a pagar mucho dinero por ellos, y por otro, enriquece a intermediarios a costa de muchas mujeres en situación de vulnerabilidad que pueden explotar y controlar. Bajo esta lógica de mercado, las mujeres gestantes y los bebés son vistos como un objeto, no como sujetos de derechos y, con ellos, los intermediarios obtienen ganancias multimillonarias.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía establece en su artículo segundo a) que se entiende por venta de niños a todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.

En ese sentido, la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de niños ha enfatizado que “todos los Estados están obligados a prohibir la venta de niños y a crear salvaguardias para su prevención” y en 2019 exhortó a los Estados a “velar por que las leyes y políticas que prohíben la venta, la trata, el abuso y la explotación de los niños, así como las salvaguardias generales contra la venta y la trata de niños se apliquen en el contexto de la gestación por sustitución”. Incluso ha mencionado que en lugares que, en teoría, la gestación subrogada se encuentra bien regulada ha documentado casos de prácticas abusivas.

En los enfoques regulatorios a nivel internacional la lógica de mercado nos muestra que la prohibición de la industria de la explotación reproductiva en un país orilla al consumidor a buscar en otro lugar facilidad para “adquirir” el “producto” que se desea. Así pues, la explotación reproductiva -como cualquier industria- precisa de certeza y facilidad jurídica para subsistir, para garantizar la oferta y fomentar la demanda. Bajo el manto de la legalidad, sacar provecho de la vulnerabilidad de las personas es fácilmente manejable y el ambiente es propicio para atraer la demanda; se establece un sistema que permite que el mercado funcione.

Sin embargo, los acuerdos de gestación subrogada pueden acarrear violaciones graves a derechos humanos como el abandono de niñas y niños por parte de los solicitantes; la falta de idoneidad de los solicitantes para ser madres y/o padres generando un alto riesgo de tráfico de menores de edad; la vulneración de los derechos de identidad, origen y filiación; problemas relativos a la libertad del consentimiento de las gestantes; y malas prácticas por parte de los intermediarios. Así lo alertó el Consejo sobre Asuntos Generales y Política de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en su Informe de 2015.

Pretender que regular evitará la clandestinidad y vulneración de los derechos de los bebés y las mujeres gestantes es ignorar que este fenómeno existe porque representa una industria y como tal buscará un terreno fértil para su mercado: producción de bebés barata y facilidad de compra para la demanda. Los múltiples vacíos que toda ley tiene, manipulaciones y engaños arrasan con los posibles “candados legales” que pretendan controlar este fenómeno para evitar violaciones a derechos humanos.

En tanto no hablemos abiertamente de estos tres elementos de la explotación reproductiva, el mercado de bebés y mujeres seguirá aumentando. Desgraciadamente, por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran millones de mujeres, la falta de coordinación entre las autoridades, la corrupción, la impunidad, los vacíos legales y la ausencia de una ley federal que la prohíba, México es un terreno fértil para la industria de la explotación reproductiva.

 

Priorizar el interés superior de los niños en la gestación subrogada

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en El Financiero

En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió una acción de inconstitucionalidad promovida por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) al considerar que la regulación de Tabasco en materia de gestación subrogada supera las facultades del Congreso local.

En clara violación a los derechos de los más vulnerables en prácticas de reproducción asistida, como son los niños nacidos a través de dichas técnicas y las mujeres gestantes, el proyecto presentado por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, careció del enfoque de niñez. Esto quiere decir que se dejó fuera el interés superior de los niños para privilegiar el supuesto derecho a convertirse en padres a quienes buscan estos métodos.

La gravedad no es menor ya que fue evidente que no se efectuó una revisión integral en la que resaltara una genuina preocupación por velar por los derechos de las niñas y los niños y fue más notoria una protección ideológica y subjetiva hacia los llamados “derechos reproductivos y sexuales”.

De los ministros participantes, quien se pronunció por atender la problemática de manera integral, sobre todo para asegurar el bienestar de los niños y las niñas, fue el Ministro Presidente Arturo Zaldívar, al señalar que en la regulación debe prevalecer la salvaguarda de sus derechos. Esto significa evitar la venta de menores; establecer la inexistencia del derecho a tener un hijo; posicionar regulaciones y limitaciones estrictas con relación a las transacciones financieras derivadas de la gestación subrogada; y regular los derechos de identidad y de acceso a los orígenes genéticos.

El Ministro Zaldívar hizo un llamado a garantizar los derechos de las mujeres gestantes, no a través del privilegio sino a partir de su débil situación para evitar que sean discriminadas, violentadas o explotadas. En este sentido, urgió a que se regulen las prácticas ya que se corre el riesgo de que ellas sean explotadas. En sí, la regulación debe considerar lineamientos claros que prohíban la explotación de mujeres con fines reproductivos y protejan los derechos de los más vulnerables: los niños.

Hay que decir, que en curso también en la SCJN hay un amparo que presentó Fertility Center Tabasco S.A de C.V. para ofrecer sus servicios en la entidad. El proyecto ha sido tomado por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y, entre otros argumentos, considera que es “discriminatorio” que la normatividad tabasqueña prohíba a los extranjeros participar en contratos de gestación subrogada. Obviamente lo que se busca es atender los intereses comerciales de dicha industria, dejando de lado la salud de las mujeres que por necesidad son explotadas y de los bebés nacidos a través de esas técnicas.

Por lo anterior, en Early Institute nos pronunciamos por el bienestar superior de los niños y las niñas, en tanto sigue pendiente que la Federación marque las directrices normativas para prohibir la explotación de mujeres con fines reproductivos y se evite la renta de mujeres y la venta de bebés, en México, alentados por el Poder Judicial.