Publicación original en ContraReplica

El 10 de diciembre se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 que representa el mapa de ruta que la Secretaría de Gobernación se ha planteado para los próximos 4 años.

El documento nos advierte sobre las deficiencias que de alguna u otra manera ya conocemos: tenemos un campo infinito de normas, instituciones y programas tan poco articulados que ni Kafka en sus mejores momentos habría imaginado; el presupuesto es poco y las necesidades muchas; los servidores públicos tienen escasa capacitación en derechos humanos; y existe una limitada capacidad institucional.

Más allá de las justificaciones expresadas de cómo llegamos a este punto, el documento establece un plan de acción de aquello que sí se puede hacer y que podría resultar eficaz si se pasa del papel a la acción brindando soluciones desde la raíz. Como punto de partida se busca crear un Sistema de Derechos Humanos que, de hacerse realidad, unificará las actividades que están dispersas entre varias autoridades y dependencias.

Aunque parezca algo hetereo y lejano, es relevante y necesario. Hoy una niña víctima de violencia sexual puede ser atendida de manera poco coordinada al menos por 5 autoridades: un hospital público, las procuradurías de protección, la comisión ejecutiva de atención a víctimas, el ministerio público y un juez, que en su afán de hacer lo que les toca, pueden revictimizar en vez de ayudar.

Si este nuevo sistema funciona, estaremos dando los pasos necesarios para dejar atrás la atención burocrática con múltiples ventanillas que aplican su normatividad como si fuera una cadena de producción, pero que no resuelve el problema al no generar una atención colaborativa, “transversal” e “interseccional” con otros “departamentos” que garanticen la atención que merecemos.

De igual forma, el Programa reconoce deudas históricas con los grupos en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, la comunidad LGBTTTIQ, pueblos y comunidades indígenas y personas afromexicanas.

Entre las acciones puntuales que merecen mención aparte encontramos el impulso de reformas laborales para aumentar los días de las licencias de maternidad o paternidad en caso de nacimiento o adopción de una hija o hijo, además, busca implementar medidas de asistencia, atención y apoyo especializado para niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia, garantizando así un enfoque de niñez.

Cabe señalar que desde hace más de 15 años en Early Institute impulsamos y reconocemos las políticas públicas que favorecen las licencias de paternidad, pues fomentan el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como la protección integral y coordinada de niñas y niños en casos de violencia sexual.

Finalmente, el programa propone temas que conllevan polarización y, como en otras ocasiones, llevarán el discurso a debates públicos de blancos y negros y en los que, atendiendo a la máxima aristótelica, los extremos nunca serán la respuesta correcta.