Chihuahua, Chihuahua a 11 de diciembre, 2019.- De acuerdo con la , realizado por el think tank Early Institute, Chihuahua es uno de los estados con mayores índices de violencia sexual durante la infancia, representada por delitos como la corrupción de menores y el feminicidio.

El estudio, elaborado con datos de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reveló que Chihuahua no sólo es el segundo estado con más niñas y adolescentes víctimas de feminicidio, sino que su tasa de 1.69 por cada 100 mil habitantes menores de 18 años –indicador que representa la frecuencia con la que ocurre el delito– de este delito, también lo ubica en el segundo lugar a nivel nacional.

“Las cifras son alarmantes y nos dan un mensaje muy claro: el cuidado de las niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual debe de ser prioritario, por lo que autoridades, organizaciones y sociedad debemos sumar esfuerzos y trabajar en conjunto para implementar mecanismos de protección de la infancia, así como protocolos de medición y prevención de este tipo de delitos”, indicó el Dr. Mario Arroyo, miembro del Consejo Consultivo e investigador de Early Institute.

En cuanto a la corrupción de menores –que incluye delitos como lenocinio o permitirles el acceso a exhibiciones o espectáculos obscenos–, a nivel nacional se registró un total de 1,393 víctimas menores de edad en 2018, de las cuales el 69% fueron de sexo femenino. Chihuahua es el estado con la tercera mayor tasa de víctimas niñas, niños y adolescentes, con 5.3 por cada 100 mil habitantes menores de 18 años, mayor incluso que la nacional, que es de 2.2.

Con el objetivo de proteger a la niñez mexicana, Early Institute creó ALUMBRA, proyecto colaborativo que busca prevenir el abuso sexual durante la infancia a través de generar conocimiento y desarrollar las capacidades de los encargados de enfrentar la problemática, como autoridades, padres de familia y demás profesionales del cuidado de niñas, niños y adolescentes.

A lo largo de este año se han sumado diversas organizaciones civiles, investigadores, instituciones académicas, gubernamentales tanto federales como estatales, entre otros, enfocados en erradicar el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes a través de la consolidación de una Comunidad de Conocimiento e Información.

Para saber más sobre el proyecto ALUMBRA y los datos presentados, visita https://alumbramx.org

Publicación original en 24 Horas 

El pasado 8 de marzo en el que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, miles de ellas protestaron para exigir un alto a la violencia de género y a los feminicidios. La valla metálica que levantaron las autoridades para proteger el edificio de Palacio Nacional, fue convertida por colectivos feministas en un homenaje con flores, consignas y nombres de las víctimas de feminicidio.

Un factor relevante a mencionar es que la violencia en contra de las mujeres comienza desde la infancia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) 1 de cada 10 mujeres (4.4 millones) fue víctima de alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 15 años. Los agresores sexuales más reportados por las mujeres son el tío(a) (43%), no familiar (34%), primo(a) (33%), desconocido (24%), hermano(a) (18%), otro familiar (13%), padrastro/madrastra (13%), otro (12%), padre (10%), abuelo(a) (8%), y madre (1%).

Además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró un incremento a nivel nacional del 127% de 2015 a 2020 en la tasa de niñas víctimas de feminicidios por cada 100 mil mujeres menores de edad.

Particularmente, en 2020 cada 4 días se registra una víctima de feminicidio menor de edad en México. El 17% fue asesinada con un arma blanca, 9% con un arma de fuego, 69% con otro elemento, 5% no especificado.

Los estados que reportaron las tasas mas altas de víctimas de feminicidios de niñas menores de edad por cada 100 mil niñas fueron: Quintana Roo (1.14), Morelos (1), Nuevo León (0.98), Estado de México (0.87) y Sonora (0.86). Asimismo, resulta alarmante que casi la mitad de las víctimas de feminicidio menores de edad se concentran en estos 5 estados: Estado de México (22), Nuevo León (8), Puebla (8), Chiapas (8) y Veracruz (8).

Lo anterior, no solo implica que una niña fue asesinada, sino que además fue asesinada precisamente por ser mujer. Además, no siempre se adopta este término cuando se trata de niñas y adolescentes ya que actualmente en el Código Penal Federal Art. 325 no específica, de manera contundente, que el feminicidio se extiende a las niñas y adolescentes, ni se tipifica el feminicidio infantil, por lo que es posible que se invisibilice a las víctimas de feminicidio menores de edad. Si bien no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, el SESNSP en 2020 reportó que cada día se registra 1 niña víctima de homicidio menor de edad (529 anual).

Sin embargo, los casos anteriores se refieren únicamente a las víctimas de delitos que tienen una denuncia o una carpeta de investigación abierta, lo cual implica que no es posible dimensionar la problemática en toda su magnitud ya que de acuerdo con la ENVIPE 2020, el 93% de los delitos no son denunciados o no se abre una carpeta de investigación o averiguación previa. Lo anterior implica que muchos de los delitos cometidos quedan impunes.

Por un lado, es bien sabida la relevancia de denunciar cualquier violencia en contra de la infancia sobre todo por el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran. Sin embargo, se debe subrayar también la urgencia de generar mecanismos, en nuestro sistema judicial, capaces de diferenciar grupos etarios en las tipificaciones penales y que cumplan con la identificación, investigación y sanción de estas conductas para que cualquier víctima tenga acceso a la justicia y el delito no quede impune.

Por lo anterior, y dadas las dimensiones de la problemática resulta fundamental visibilizar la situación de violencia, impunidad y desigualdad que persiste y que comienza desde la infancia de las mujeres. Debemos buscar construir una sociedad en la que las futuras generaciones no repliquen la violencia sistematizada en contra de niñas y trabajar en conjunto para garantizar su seguridad.

Publicación original en ContraReplica

¿Cómo podemos ayudar a una niña, niño o adolescente cuya madre ha muerto por feminicidio? ¿Cómo lo vamos a cuidar si precisamente su orfandad deriva de un delito que se tenía que haber prevenido? ¿Qué va a pasar con el feminicida?

Perder a nuestra madre o padre en condiciones ordinarias, es un evento trágico, pero resentirlo en la niñez y adolescencia como consecuencia de un feminicidio deja a los niños en un estado de vulnerabilidad, si a ello le sumamos que el agresor puede formar parte del núcleo familiar, se quiebra la idea de la familia como un espacio seguro.

De conformidad con datos de la Comunidad “Alumbra, una Luz Contra la Violencia Infantil” y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 2015 a la fecha, el número de feminicidios ha aumentado en más de un 100%, pues pasamos de 426 víctimas en 2015 a 977 en 2020 y para junio de este año se llega a 495 casos. De este número, con cifras de INMUJERES, se identificaron para 2020 al menos 796 niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres por feminicidio.

Ante esta realidad, el 4 de agosto de 2021 el DIF publicó el “Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio”, que busca “no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera”.

Entre los grandes aportes de este protocolo destaca la visibilización y aviso inmediato a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que, como su nombre lo indica, tienen por función procurar prioritariamente los derechos de la niñez, están facultadas para ejercer una representación directa o en compañía de los familiares y puede coordinarse con otras autoridades para otorgar la protección especial, integral y reforzada que les corresponde a niñas y niños.

De esta manera se busca satisfacer sus necesidades de salud, apoyo psicológico, encontrar un lugar donde puedan vivir, que tengan una alimentación adecuada, se les otorgue asesoría jurídica y se procure justicia para que el feminicida no quede impune.

Si bien el Protocolo visibiliza una problemática que hasta ahora estaba olvidada, también es cierto que está limitado por la voluntad política de los cambios de sexenio y gobierno en turno, por lo que se requiere de una reforma legal.

Por ello, desde Early Institute, aplaudimos iniciativas como la encabezada por las Diputadas Rocío del Pilar Villarauz Martínez y Rosalba Valencia Cruz que buscan reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y otras leyes para atender el problema de fondo fomentando la prevención, creación de registros específicos de feminicidio y violencia familiar y la necesaria coordinación entre el Ministerio Público y las Procuradurías de Protección para salvaguardas los derechos de niñas, niños y adolescentes.