El estudio menciona datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 2016, que enfatiza un porcentaje muy alto, el 17.3% de las mujeres que laboraron en los últimos 5 años, sufrieron alguna forma de discriminación laboral relacionada al embarazo. Al desagregar este porcentaje, se observa que la discriminación laboral por embarazo comienza incluso antes de estar embarazadas. El 11.5% de las mujeres que trabajaban les pidieron una prueba de embarazo para entrar y al 3.6% una prueba para poder continuar en su puesto.

Lógicamente, la discriminación se hace más grave cuando la mujer reporta estar embarazada; al 3.1% de las mujeres con un embarazo las despidieron, al 2.7% no le renovaron el contrato y al 1.6% les redujeron su sueldo o sus prestaciones.

Aunque las cifras anteriores reflejan las formas más comunes de DLE, el estudio cualitativo a partir de casos reales, da visibilidad a otras formas que también constituyen esta forma de discriminación y que poco se conocen: el acoso y hostigamiento por razón de embarazo, descuento económico por ejercer licencias médicas, obligación de trabajar en periodo de incapacidad, cambio de condiciones laborales, no ser contemplada para ascensos, interrupción o no renovación del contrato en el periodo de incapacidad, obligar a realizar labores que ponen en riesgo la salud de la madre y el hijo(a) y el despido.

Las cifras son alarmantes y el el fenomeno de la DLE persistente. Además, resulta trágico que la inmensa mayoría de los casos no son denunciados, investigados, ni sancionados; pareciera que las leyes existentes solo promueven “derechos fantasmas”, pues al final del día no se da una respuesta adecuada a las millones de mujeres que sufren de discriminación laboral por embarazo a diario. Las mujeres embarazadas aguantan día con día el hostigamiento y acoso por parte de sus empleadores, quienes intentan orillarlas a renunciar.

Este tipo de conductas tienen serias consecuencias, en términos de salud en la mujer, por el desgaste emocional de los conflictos que incluso genera un estrés tóxico que impacta a la salud y bienestar de la madre y el bebé, sin mencionar que el riesgo puede atentar incluso contra la vida del hijo o hija por nacer. En términos sociales, por la vulneración de derechos no sólo laborales si no al trato digno, igualdad de oportunidades y de trato y a la protección de la maternidad; y en términos económicos por la carencia de ingresos por una pérdida o reducción de un salario.

Invariablemente este es un tema que nos aqueja como país, pues existe una discriminación de género desde el momento en el que se tiene una percepción distinta entre lo que percibimos como maternidad y paternidad. Mientras a los hombres se les considera personas responsables cuando se convierten en padres y hasta se les asciende, a las mujeres se les castiga, acosa, y hostiga dentro del ambiente laboral, incluso desde antes de estar embarazadas. El problema real es que se menosprecia el rol y la trascendencia de la maternidad en la sociedad.

Es necesario poner fin a las percepción social de que la maternidad es una desventaja. Los estudios evidencian que las mujeres que han sido apoyadas durante su embarazo, parto y lactancia se encuentran significativamente más comprometidas con la productividad en las empresas. No se puede retrasar el impulsar acciones y estrategias que propicien la integración de la maternidad en el ambiente laboral. No podemos seguirle fallando a las mujeres y madres mexicanas.

Por ello, desde Early Institute se hace un llamado a los tomadores de decisiones, a las autoridades de primer contacto, instituciones y organizaciones empleadoras, para que se garantice que este tipo de conductas, que afectan a millones de mujeres en todo el país se puedan erradicar con la implementación de estrategias integrales y con perspectiva de género y de derechos humanos.