Desde 1997 la alternancia de partidos en las cámaras y gobiernos tanto federales como locales, representa una de las características más notorias de la dinámica electoral que atraviesa el país.
Por paradójico que esto hoy resulte, la llamada pluralidad política en México representa más un asunto a resolver que una solución en sí misma. Solo vasta con mirar el desorden de las políticas públicas en los distintos ordenes de gobierno, su intermitencia y la falta de planeación estratégica de largo plazo en temas torales como salud, educación, seguridad, con especial énfasis hacia la población más vulnerable.
Cuando este tema suele analizarse – sea desde un ángulo doctrinal o de opinión pública – casi siempre los reflectores apuntan hacia el comportamiento de los poderes federales, concretamente al Presidente de la República y el Congreso de la Unión, como si únicamente de estos actores dependiera el destino de la Nación.
Sin embargo, hay que decirlo, esta percepción no corresponde ni al tamaño ni a las necesidades de un país que en la práctica se teje desde la realidad local. La alternancia de partidos lleva ya algunos lustros instalada en nuestro país, siendo también un elemento distintivo al interior de las 32 entidades federativas y sus municipios.
En tal sentido, el proceso electoral que inició en septiembre de 2020 y que tendrá su momento decisivo en la jornada electoral del domingo 6 de junio de este año, representará una de las oportunidades más emblemáticas para la participación social que ha tenido la ciudadanía mexicana en su historia; considerando lo que hay en juego y la posibilidad de re-equilibrar la representación local en los asuntos de interés nacional.
¿Qué elegiremos en 2021? En principio se elegirán a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados a nivel federal, así como 15 gubernaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala y Campeche.
También desde lo local, esta elección servirá para renovar los congresos estatales en 30 entidades con excepción de Coahuila y Quintana Roo; ayuntamientos y alcaldías en 30 estados con excepción de Durango e Hidalgo, así como 4 entidades que elegirán cargos municipales como regidurías y sindicaturas.
Pero más allá del tamaño de la elección, creemos que la importancia de este proceso no estriba únicamente en la organización y desarrollo de un proceso meramente de renovación de puestos públicos.
Esta pandemia por COVID-19 y la situación mundial respecto del papel de los gobiernos locales frente a la preservación de la vida y salud de las personas, así como la estabilidad de la economía y la protección de la seguridad de la sociedad, pone de manifiesto que el voto ciudadano adquiere – probablemente hoy más que nunca – un nuevo matiz que deberá ser revaluado por las nuevas generaciones como la única moneda de cambio para lograr que las cosas sucedan en este momento de incertidumbre global.
Por ello, es válido afirmar que las elecciones de este 2021 representarán poco más que un mero trámite ciudadano. Se trata de una renovada oportunidad para exigir a quienes resulten electos, desde el primer momento de su mandato, la responsabilidad de atender de fondo las prioridades en materia económica y de derechos humanos de todos los mexicanos.