Progresivamente las Naciones, han desarrollado la idea de construir no solo gobierno abiertos, sino Estados abiertos, cuyas implicaciones no se limiten a mejorar los procesos de obtención de datos y acceso a la información que producen los entes públicos, si no a dar pie a todo un ejercicio cultural – incluso educativo – que permita el involucramiento, escrutinio y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas, sin importar si estas derivan de un gobierno, congreso o tribunal.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha definido al Estado abierto como la capacidad de implementación de políticas públicas innovadoras que permitan crear una nueva cultura de confianza hacia la ciudadanía, a través de esquemas de nueva generación tales como la modernización de la gestión pública y la aplicación de tecnologías de información a los procesos de gobernanza.

Ciertamente en México este tema no representa una novedad. A la par de los avances en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, desde 2011 nuestro país forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), iniciativa multilateral integrada gobiernos de todas las latitudes y organizaciones de la sociedad civil cuyos objetivos consisten justamente en impulsar modelos de gobernanza abiertos y horizontales para mejorar la colaboración entre la ciudadanía y las instituciones públicas a través de cuatro ejes fundamentales: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en el caso de México desde hace una década se han implementado algunos planes de acción que establecen compromisos enfocados a la apertura de todos los estratos del orden publico, con énfasis en elevar la calidad de vida de la población y la efectiva tutela de los derechos humanos.

Pero más allá de estas referencias, resulta evidente que el reto de construir un auténtico modelo de Estado abierto – al menos en México – representará una tarea que desdobla la meta de crear leyes y diseñar o replantear estructuras burocráticas.

En realidad, la apertura del Estado debe ser vista como un proceso progresivo de carácter más bien colectivo, en donde no solo de las instituciones públicas dependa la posibilidad de generar espacios y encontrar nuevas formas de interacción o comunicación entre el gobierno-sociedad y viceversa. Aquí, las organizaciones de la sociedad civil tendremos un papel crucial en las próximas décadas.

Por la novedad del tema, queremos proponer al lector dedicar los siguientes espacios a dos elementos que derivan de esta reflexión inicial: el parlamento y la justicia abierta. Tópicos que desde la experiencia de Early Institute comenzarán a dar mucho de que hablar sobre todo a partir de la necesaria apertura tecnológica en la que se encuentra la sociedad global.

En este último eje, desde Early Institute hemos apostado a que el diseño de todo plan de política pública y acción gubernativa ponga en el centro los derechos de las futuras generaciones; no como un tema de causas o banderas, sino como una apuesta estratégica de inversión y retornos sociales efectivos.

Particularmente en materia de niñez, quizá sirva a las gobernadoras y gobernadores electos durante este periodo de transiciones, echar una mirada al andamiaje institucional que durante la última década se ha construido en el estado de Yucatán.

Además de ser una entidad referente en materia de prevención de delito y seguridad ciudadana, Yucatán representa hoy por hoy uno de los pocos estados que han sabido llevar a la práctica – no solo en los derroteros del texto legal – la colaboración institucional y la planificación de políticas a largo plazo en favor de niñas, niños y adolescentes.

Ello se observa porque en Yucatán, el papel de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) no es decorativo y muestra signos de madurez institucional. Se trata de una instancia especializada, con funcionarios capacitados que comprenden la necesidad de coordinación efectiva hacia el resto de las instituciones clave como la Fiscalía de Estado, el Sistema Estatal de Educación, la Secretaria de Salud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y desde luego el congreso local.

Hoy en Yucatán, las autoridades estatales cuentan con información al mismo nivel en cuanto a las formas y tiempos para actuar con mayor efectividad, apegadas a plazos legales y conocen el papel de otras instancias vinculadas con la atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que permite dar una atención idónea a sector de la población.

Pero quizá, el gran acierto de Yucatán en materia de niñez ha sido escuchar a la sociedad civil e involucrarla en la hechura de sus políticas públicas.

Esto ha sido posible, por ejemplo, gracias a la experiencia y trabajo colectivo de organizaciones como la Red de Protección a la Infancia de Yucatán integrada por asociaciones civiles, médicos, especialistas, padres de familia y maestros, quienes desde hace varios años, mantienen un diálogo permanente y constructivo con las instituciones locales para mejorar y revisar los mecanismos de protección de niñas y niños en dicha región.

Es una buena noticia que existan estos referentes en el país, ojalá la experiencia de Yucatán sirva como punta de lanza y sea revisada como una buena práctica a nivel nacional que permita incluir como prioridad la protección de niñas, niños y adolescentes en los planes y programas de los 15 nuevos gobiernos estatales que habrán de tomar posesión este año.